CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. PROCEDE DECRETARLA CUANDO TRANSCURREN DOS AÑOS CONSECUTIVOS SIN IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES, AUN CUANDO EXISTAN ACTUACIONES POSTERIORES A DICHO TÉRMINO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 108/2008-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con un asunto de carácter civil, de su exclusiva competencia.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, lo que configura el estudio de la presente denuncia de contradicción, pues formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. En primer lugar, debe determinarse cuáles son los requisitos para la existencia de contradicción de criterios.
Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, es necesaria la existencia de, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión. Es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de las sentencias respectivas.
En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En este sentido, resulta aplicable la tesis jurisprudencial número P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", visible en el Tomo XIII, abril de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 76, Pleno, Novena Época.
Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no la contradicción de criterios, de acuerdo a lo siguiente:
A. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, resolvió el amparo en revisión civil 79/2007 en sesión de veintiuno de septiembre de dos mil siete, en el que determinó lo siguiente:
Los ahora quejosos, demandados en el juicio de origen (juicio ordinario civil), solicitaron al Juez de Primera Instancia que decretara la caducidad en dicho juicio, al considerar que había transcurrido el plazo que establece el artículo 192, fracción II, inciso c), del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. Al respecto, dicho Juez determinó no declararla debido a que se había actuado con posterioridad al término establecido por la ley para tal efecto.
Inconformes con la resolución anterior, la parte demandada interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por el Segundo Tribunal Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, en el sentido de confirmar la resolución reclamada.
En contra de tal determinación promovieron juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, quien determinó negar el amparo a los quejosos (demandados en el juicio de origen).
Inconformes, los quejosos interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, quien dictó sentencia en el sentido de revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo a los quejosos. Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones:
"...
"QUINTO. Las manifestaciones expuestas como agravio por la recurrente, son fundadas; ello, con base en lo siguiente: Es menester indicar en primer término que, como se alega en el escrito que se atiende, el punto a dilucidar en el presente juicio es en esencia, si se violaron o no los derechos constitucionales de la parte quejosa, cuando se decide por parte de la responsable que precluyó el derecho de aquélla para solicitar la declaración de caducidad de la instancia en el juicio de origen, por la circunstancia de haberse continuado con la substanciación de la misma, a pesar de haberse consumado el plazo de perención. Asimismo, se comparte lo aducido por la inconforme, en el sentido de que en el propio acto reclamado, la responsable acepta que en el juicio de origen, efectivamente transcurrió el plazo de caducidad de la instancia, previsto por el primer párrafo de la fracción II, del artículo 192, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. Por tanto, como también lo menciona la recurrente, el problema legal planteado se reduce a determinar lo siguiente: a) Si las actuaciones judiciales practicadas con posterioridad a la consumación del término previsto por el primer párrafo de la fracción II, del mencionado artículo 192, constituyen un obstáculo insuperable para que se produzca la declaración de caducidad de la instancia a que se refiere el inciso c) del invocado precepto legal; y b) Si puede operar o no la preclusión de un derecho cuando ha transcurrido en exceso el plazo establecido en la ley para la extinción de la propia instancia. En contravención a lo sostenido por el Juez Décimo de Distrito en el Estado, en el caso concreto, las citadas actuaciones posteriores no constituyen un obstáculo insuperable para que se produzca la declaración de caducidad, ni opera la preclusión del derecho por haber transcurrido el plazo para la extinción de la instancia. Al respecto, el artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en la parte que interesa a la letra dice: (se transcribe). Del precepto legal transcrito, se advierte que para la operancia de la caducidad de la instancia, en un procedimiento civil, es necesario que transcurran dos años consecutivos sin que las partes hagan promoción alguna, dando impulso al procedimiento. Supuesto que aconteció en el juicio de origen (pues así se reconoce por la autoridad responsable y por el Juez de Distrito sin que haya oposición a tales determinaciones); en concreto, dicho plazo transcurrió en dos ocasiones, que son, en las épocas que van del cinco de marzo de mil novecientos ochenta y cinco al cinco de abril de mil novecientos ochenta y ocho, y del diecinueve de abril de mil novecientos noventa y tres al veintitrés de abril de mil novecientos noventa y ocho. Por su parte, en relación a la figura de preclusión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido mediante jurisprudencia 1a./J. 21/2002, que se localiza en la página 314, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, Novena Época, Materia Común (a la cual hace referencia tanto el Juez de Distrito como la recurrente), estableció lo siguiente: (se transcribe). Como se aprecia de las transcripciones que preceden, mediante jurisprudencia se ha establecido, que a consecuencia del principio de la preclusión, no es factible regresar a momentos procesales ya extinguidos o consumados y si en la parte que interesa del pretranscrito artículo 192, se dispone que la instancia se extingue por caducidad debida a la inactividad de las partes durante dos años consecutivos; tal y como lo hace valer la inconforme, resulta inconcuso que una vez transcurrido el plazo de extinción de la instancia (el cual las autoridades responsables, las partes contendientes y el propio Juez de Distrito, reconocen transcurrió en el juicio de origen, hasta en dos ocasiones), sólo restaba declarar la caducidad, pues dicho plazo se consuma por el solo transcurso del tiempo y porque las actuaciones judiciales subsecuentes al agotamiento del mismo, no tienen el efecto de alterar una situación indefectiblemente consumada, ya que no existe disposición legal que así lo determine. Es decir, no existe duda, de que al no haberse impulsado el procedimiento natural por alguna de las partes, antes de que transcurriera el término de dos años señalados por la ley, para dar cabida a la figura jurídica de la caducidad, de conformidad con el mencionado artículo 192, se considera que con ese solo evento, o sea, la omisión de las partes para impulsar el citado procedimiento, se da el supuesto de la inactividad procesal indispensable para que opere la caducidad de la instancia; ello, ni siquiera se impide sopretexto de haberse realizado actos incompatibles con la extinción, tal y como lo menciona el Juez de Distrito en la sentencia combatida, pues como se dijo, el fundamento de la preclusión es precisamente la imposibilidad de volver a momentos procesales ya consumados por la conclusión de un término fatal. Así, en contravención a lo resuelto por el Juez de Distrito, la consideración en el sentido de que gran parte de los conceptos de violación se originaron en dos premisas fundamentales, como son, el hecho de que la caducidad es de orden público y que dicha figura jurídica se había consumado por el simple transcurso del tiempo, lo cierto es, que como lo hace valer la inconforme, la litis en el amparo se constriñó fundamentalmente, a determinar si se violaron o no derechos constitucionales, al estimarse que le precluyó el derecho a solicitar la declaración de caducidad por haber continuado con la sustanciación de la instancia, en tanto se argumenta, que una vez concluido el término respectivo, no queda otra sino declarar la caducidad cuando lo pidan las partes dada la naturaleza genérica de esa figura. Del mismo modo, como también lo alega la recurrente, de la demanda de amparo no se advierte afirmación en el sentido de que la caducidad deba ser declarada de oficio y no a instancia de parte, puesto que en los citados motivos de disenso no existe reclamación en ese sentido, sino la determinación mediante la cual, se estima que no procede declarar la caducidad por haber precluido el derecho para hacerlo, al haberse continuado con la sustanciación de la instancia después de consumado el término, lo que hace inaplicable al caso concreto, lo dispuesto por el artículo 6o. del código procesal civil para nuestro Estado. Por otro lado, se estima inexacto lo sostenido por el juzgador federal, en el sentido de que el estudio de si se consumó o no la caducidad en el juicio natural partió de la premisa siguiente: "... para estar en posibilidad de determinar si en el caso la caducidad de la instancia ya se encontraba consumada, esto es, si se actualizó, cobró vigencia, nació a la vida jurídica, etcétera, resulta necesario dilucidar si una vez transcurrido el plazo estimado por la ley, dicha figura surtió sus efectos automáticamente, sin que se requiriera de declaración de ningún tipo de autoridad ..." y por ende, tal apreciación resulta violatoria de los artículos que van del 76 al 79 de la Ley de Amparo, puesto que como lo sostiene la inconforme, de su parte, en ningún momento se sostuvo que no se requiriera de declaración judicial al respecto. En efecto, tal y como se hace valer en el escrito de agravios que se atiende, en la demanda de amparo se alegó en varios apartados, que el tribunal responsable debió tener por extinguida la instancia al solicitarse la declaración respectiva y constatar que efectivamente se consumó en el asunto, el plazo de la caducidad correspondiente; es decir, lo realmente planteado en los motivos de disenso, es que la caducidad se consuma por el solo transcurso del plazo establecido por la ley y que la declaración correspondiente debe producirse siempre que se constate dicha circunstancia, no obstante la existencia de actuaciones judiciales posteriores al término de perención del proceso, precisamente porque estas últimas, no tienen el efecto o la consecuencia reconocida por la ley de privar de efectos legales al plazo transcurrido, ni revivir una instancia; mas no como lo estimó el Juez de Distrito que la caducidad se actualiza automáticamente o sin necesidad de declaración judicial. Con independencia de lo anterior, es preciso destacar, que como lo alega la inconforme, la única forma que existe para constatar si se consumó o no la caducidad, es, según se infiere del citado artículo 192, verificando si las partes dejaron de impulsar el procedimiento por dos años consecutivos, de donde resulta precisamente lo que se toma en cuenta para formular la declaración correspondiente, por tanto, se estima violatoria de los preceptos legales mencionados por la recurrente, la determinación del Juez de Distrito, cuando sostiene que la caducidad de la instancia sólo se consuma hasta que se produce tal declaración, pues si bien es cierto, la ley exige que se emita, también lo es, que dicha declaración no tiene otro efecto que el de constatar si efectivamente hubo inactividad procesal por el tiempo marcado por la ley, es decir, la instancia se extingue por el transcurso del plazo de dos años de inactividad procesal de las partes, mas no por la formalidad de su declaración judicial. Además, en contravención a lo resuelto en la sentencia combatida, en la caducidad, como la generalidad de las figuras donde se involucran términos judiciales, es el vencimiento del plazo el que origina la pérdida de todos los derechos procesales de las partes, y a consecuencia de ello, la extinción de la propia instancia, pues con independencia de si se declara por el juzgador la perención, lo cierto es, de cualquier forma, que existe disposición legal que así lo ordena, toda vez que, conforme al artículo 182 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio de curso y se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercerse. El precepto legal en cita a la letra reza: (se transcribe). Adminiculado el contenido del precepto legal apenas transcrito, con el diverso 192 fracción II, ambos del código procesal civil para el Estado de Sonora, las condiciones o requisitos que exige el segundo de dichos numerales, para que opere la caducidad de la instancia son: Que transcurran dos años de inactividad procesal y, que sea a petición de parte. Ese término (dos años), de conformidad con lo establecido por el mencionado artículo 182 es perentorio, es decir, basta el solo transcurso del tiempo para que se actualice el primero de los requisitos, en el caso, mantener inactivo el juicio natural por dos años, lo que se traduciría en la falta de interés que la actora debe tener para la continuación del juicio con todas las etapas procesales correspondientes y evitar que por ese solo transcurso del tiempo, se actualice el aludido primer requisito, para la caducidad de la instancia, sin que la existencia de actuaciones posteriores puedan hacer desaparecer la situación jurídica en que se ubicó el procedimiento, por falta de impulso procesal, pues el señalado dispositivo 192 fracción II, refiere ‘... Inactividad de las partes durante dos años consecutivos ...’; lo que significa, basta que transcurrido ese término de dos años, la parte interesada pida la caducidad de la instancia en cualquier momento, hasta antes de la sentencia (límite establecido por el dispositivo legal en cita, para la procedencia de dicha figura jurídica), con independencia de que transcurrido ese lapso, se efectúen o no, actuaciones judiciales que impulsen el procedimiento, pues como sea, ese término ya se consumó. Como corolario de lo hasta aquí resuelto, es menester precisar que, en tratándose de la caducidad de la instancia y de conformidad con el artículo 192 fracción II, adminiculado con el diverso precepto 182, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, una vez transcurrido el término de dos años, se actualiza dicha figura, por lo que la parte interesada puede pedir en cualquier momento (mientras no se dicte sentencia definitiva), la declaratoria de caducidad de la instancia, pues si se pondera que atento al preindicado numeral 182, con el solo transcurso del tiempo se pierden los derechos procesales de las partes, entonces para la actualización de dicha figura basta que un juicio se encuentre inactivo por dos años consecutivos, sin que la existencia de actuaciones posteriores se traduzca en una interrupción de la referida caducidad, tomando en cuenta que ésta opera desde el preciso momento en que se dejó de actuar por el tiempo que al efecto prevé la ley. Cabe agregar a lo expuesto, que como lo alega la recurrente, la falta de declaración de caducidad de la instancia, no da derecho a reiniciar el cómputo de perención, con la circunstancia adicional de que cuando se emite, se tiene por caduca la instancia, desde que se consuma el plazo respectivo y no desde el momento en que aquel pronunciamiento se produce; de ahí, que tal declaración no tenga efectos constitutivos de la caducidad, sino meramente declarativos, ya que la misma se consuma por el simple transcurso de dicho plazo, que el Juez deberá comprobar para efectuarla. Las consideraciones que anteceden, encuentran apoyo por analogía al caso, en el criterio sustentado por el entonces Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 219, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, febrero de 1993, Octava Época, Materia Civil, que este órgano jurisdiccional comparte y es del tenor literal siguiente: (se transcribe). En tal contexto, al no haber apreciado el Juez de Distrito el acto reclamado en los términos que le fue planteado, como se puso de manifiesto en párrafos precedentes, es inconcuso que transgredió en perjuicio de la aquí inconforme, lo dispuesto por los preceptos legales que se señalan como violentados en el escrito de agravios que se atiende, por lo que se estima fundada la inconformidad en los aspectos hasta aquí analizados, lo que resulta suficiente para declarar en el mismo sentido el recurso de revisión que se atiende, sin que se requiera de mayor análisis. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de Amparo, se revoca la sentencia combatida y toda vez que para efectos de emitir tal determinación atento al análisis que se hizo de los agravios planteados por la inconforme, se analizaron a la vez los motivos de disenso hechos valer por la quejosa, ya que en ambos se trata el tema toral sobre el cual gravita el problema legal planteado y los mismos resultaron fundados, es imperativo concederle a dicha inconforme el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para que la autoridad responsable ordenadora deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar pronuncie otra, en la que, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria revoque la determinación del Juez de primer grado, mediante la cual, decidió la inoperancia, en lo que corresponde a la caducidad de la instancia, debido a que se había actuado con posterioridad al término establecido por la ley para tal efecto y, prescindiendo de la consideración de que actuaciones posteriores impiden la eventual declaración de aquélla, resuelva lo que en derecho corresponda."
De la transcripción anterior, se desprende, esencialmente, lo siguiente:
i) Determinó que de la fracción II del artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, se advierte que para la operancia de la caducidad de la instancia, en un procedimiento civil, es necesario que transcurran dos años consecutivos sin que las partes hagan promoción alguna dando impulso al procedimiento.
ii) Consideró, con base en lo establecido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 21/2002,(1) emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es factible regresar a momentos procesales ya extinguidos o consumados. Así, si en el artículo 192 mencionado, se dispone que la instancia se extingue por caducidad debida a la inactividad de las partes durante dos años consecutivos, resulta inconcuso que una vez transcurrido el plazo de extinción de la instancia (el cual las autoridades responsables, las partes contendientes y el propio Juez de Distrito, reconocen transcurrió en el juicio de origen, hasta en dos ocasiones), sólo restaba declarar la caducidad, pues dicho plazo se consumó por el solo transcurso del tiempo, por tanto, las actuaciones judiciales subsecuentes al agotamiento del mismo, no tenían el efecto de alterar una situación indefectiblemente consumada, ya que no existe disposición legal que así lo determine.
iii) Estimó también que en la caducidad es el vencimiento del plazo el que origina la pérdida de todos los derechos procesales de las partes, y a consecuencia de ello, la extinción de la propia instancia, pues con independencia de si se declara por el juzgador la perención, lo cierto es que existe disposición legal que así lo ordena, toda vez que, conforme al artículo 182 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora,(2) una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercerse.
De tal manera que la falta de declaración de caducidad de la instancia, no da derecho a reiniciar el cómputo de perención, con la circunstancia adicional de que cuando se emite, se tiene por caduca la instancia, desde que se consuma el plazo respectivo y no desde el momento en que aquel pronunciamiento se produce. Pues dicha declaración no tiene efectos constitutivos de la caducidad, sino meramente declarativos, ya que la misma se consuma por el simple transcurso de dicho plazo, por lo que la parte interesada puede pedir que se decrete en cualquier momento, mientras no se dicte sentencia definitiva, ya que las actuaciones judiciales subsecuentes al agotamiento del plazo, no tienen el efecto de alterar una situación indefectiblemente consumada.
En síntesis, concluyó que para la actualización de la caducidad, basta que un juicio se encuentre inactivo por dos años consecutivos, sin que la existencia de actuaciones posteriores se traduzca en una interrupción de la referida caducidad, tomando en cuenta que ésta opera desde el preciso momento en que se dejó de actuar por el tiempo que al efecto prevé la ley.
En consecuencia, determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo a los quejosos, para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar pronunciara otra, en la que, siguiendo los lineamientos de la sentencia por él dictada, revocara la determinación del Juez de primer grado, mediante la cual decidió la inoperancia, en lo que corresponde a la caducidad de la instancia, debido a que se había actuado con posterioridad al término establecido por la ley para tal efecto y, prescindiendo de la consideración de que actuaciones posteriores impiden la eventual declaración de aquélla, resolviera lo que en derecho correspondiera.
Las anteriores consideraciones dieron lugar a la formación de la tesis cuyo rubro, texto y datos son del tenor siguiente:
"No. Registro: 169,955
"Tesis aislada
"Materia(s): Civil
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXVII, abril de 2008
"Tesis: V.1o.C.T.114 C
"Página: 2315
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. OPERA TRANSCURRIDOS DOS AÑOS, SIN IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES, AUN CUANDO EXISTAN ACTUACIONES POSTERIORES A ESE TÉRMINO (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL ESTADO DE SONORA). Tratándose de la caducidad de la instancia y de conformidad con el artículo 192, fracción II, adminiculado con el diverso precepto 182, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, una vez transcurrido el término de dos años, se actualiza dicha figura, por lo que la parte interesada puede pedir en cualquier momento (mientras no se dicte sentencia definitiva), la declaratoria correspondiente, pues si se pondera que atento al indicado numeral 182, con el solo transcurso del tiempo se pierden los derechos procesales de las partes, entonces para la actualización de aquella figura basta que un juicio se encuentre inactivo por dos años consecutivos, sin que la existencia de actuaciones posteriores se traduzca en una interrupción de la referida caducidad, tomando en cuenta que ésta opera desde el preciso momento en que se dejó de actuar por el tiempo que al efecto prevé la ley."
B. En discrepancia con lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito resolvió el amparo directo civil 275/2008, en sesión de veinticinco de junio de dos mil ocho.
La quejosa en dicho juicio de amparo, es cesionaria de los derechos litigiosos de la actora (institución de crédito) en el juicio de origen (juicio especial hipotecario), en el que, a petición de la parte demandada, el Juez de Primera Instancia decretó la caducidad de la instancia al considerar que había transcurrido el plazo que establece el artículo 192, fracción II, inciso c), del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.
Inconforme con la resolución anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por el Primer Tribunal Regional del Segundo Circuito del Estado de Sonora, en el sentido de confirmar la resolución reclamada.
En contra de tal determinación promovieron juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, quien determinó conceder el amparo a la ahora quejosa (actora en el juicio de origen). Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones:
"... SEXTO. ...
"Tales conceptos de violación son esencialmente fundados. El artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, dispone: (se transcribe). Del referido precepto se advierten diversos requisitos para que se actualice la extinción del juicio por caducidad, a saber que: 1. Transcurran al menos dos años consecutivos de inactividad procesal; esto es, falta de promoción de las partes que implique ordenación o impulso procesal. 2. Alguna de las partes solicite la declaración de la caducidad, esto es, únicamente se decreta a instancia de las contendientes. 3. La petición de la parte interesada debe hacerse antes de dictarse sentencia definitiva. Ahora bien, para explicar la relación de la figura de la caducidad de la instancia, su relación con el derecho a la jurisdicción y el principio dispositivo, es menester recurrir a la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 23/2006-PS, en la que se señala: (transcribe). De lo expuesto por el Alto Tribunal, es posible entender la intrínseca relación que existe entre el derecho a la jurisdicción, el principio dispositivo y la caducidad de la instancia; pero también debe tomarse en cuenta que la caducidad, en cada caso, se regirá por una reglamentación distinta, según la materia de que se trata y la legislación que corresponda en particular. Esto es, que según las reglas que contempló el legislador, la caducidad puede contar con diferentes reglas y requisitos, como en el caso, que la legislación local no concuerda del todo con la forma en que se contempla la figura jurídica por otros ordenamientos. A guisa de ejemplo, en el Código de Comercio se establece la caducidad de la manera siguiente: (transcribe). Este ordenamiento también prevé la figura jurídica, pero la instituye con elementos o requisitos distintos, principalmente con un término menor de inactividad procesal, opera de pleno derecho y procede declararla de oficio, y eso no sucede en la legislación procesal civil del Estado de Sonora, en que necesariamente debe existir petición de parte. En efecto, en función del principio dispositivo que rige en materia civil, la ley establece para las partes dentro del juicio ciertas cargas procesales, como es la de impulsar el procedimiento, de tal manera que manifiesten su interés en proseguirlo a través de promociones que activen y exciten al órgano jurisdiccional hasta dictar sentencia. La sanción que se impone a las partes por no activar o impulsar el procedimiento, se constituye a través de la figura de la caducidad de la instancia, institución procesal que, como ya se dijo, se origina por la inactividad de los sujetos procesales y del propio órgano jurisdiccional en el plazo señalado por la ley y que tiene como finalidad la extinción de la relación procesal sin pronunciamiento sobre el aspecto de fondo. La caducidad como figura jurídica se justifica desde dos aspectos: 1. De orden subjetivo, consistente en la intención de las partes de abandonar el proceso que se refleja en el desinterés de continuar y culminar con el juicio; 2. De orden objetivo, que descansa en la necesidad de evitar el trámite indefinido de los procesos, lo que traería una falta de seguridad jurídica. Por su parte, el Estado está interesado en liberar a los órganos de la carga del impulso procesal, para que no sustituyan las obligaciones de las partes, cuando muestran un evidente desinte
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21484-ac643140/caducidad-de-la-instancia-en-materia-civil-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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