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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS EN EL AMPARO. EL INFORME SOLICITADO A UN FUNCIONARIO O AUTORIDAD QUE NO ES PARTE EN EL JUICIO, SOBRE ALGUNA CIRCUNSTANCIA DESCONOCIDA PARA LAS PARTES, ES EQUIPARABLE A UNA TESTIMONIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2009. · Registro digital (IUS): 21555
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, , Pág. 487.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIA: BLANCA LOBO DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, y el sentido de los Acuerdos Plenarios 4/2002 y 6/2003, pues si bien se trata de una contradicción de criterios en materia común entre Tribunales Colegiados de Circuito, es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

En efecto, los dos últimos Acuerdos anotados dicen, en la parte que interesa, lo siguiente:

Acuerdo 4/2002:

"Segundo. Las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito que se encuentren en las ponencias y las que estén con proyecto en la Secretaría General de Acuerdos serán enviadas a las Salas de este Alto Tribunal, excepto las que determinen los señores Ministros integrantes del Comité de listas."

Acuerdo 6/2003:

"Primero. El Pleno enviará a las Salas y, en su caso, éstas conservarán para su resolución, los asuntos anteriores al año dos mil tres, con excepción de los siguientes: ...

"e) Contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados que se encuentren en la Secretaría General de Acuerdos con proyecto; ..."

Ahora bien, atendiendo a las razones que dieron origen a esos acuerdos, subsiste la clara intención por parte del Tribunal Pleno de agilizar la resolución de asuntos que se tramitan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando al mismo los de mayor interés y relevancia para el ámbito jurídico nacional.

Lo anterior se advierte de las partes considerativas de dichos acuerdos que señalan:

Acuerdo 4/2002:

"Séptimo. Que si bien la aplicación de los acuerdos citados en el considerando que antecede permitió al Pleno de la Suprema Corte de Justicia pronunciarse sobre asuntos de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional; sin embargo, a la fecha se encuentran pendientes de resolución en el propio Pleno más de cuarenta contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, así como más de cuarenta amparos en revisión programados en términos de lo ordenado en el punto segundo del Acuerdo General 2/2001, de diecinueve de febrero de dos mil uno;

"Octavo. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia debe pronunciarse sobre diversos asuntos que revisten un interés excepcional como son, entre otros, las controversias constitucionales relacionadas con el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, las reformas a la Constitución Política del Estado de Veracruz, la reforma constitucional en materia indígena y los conflictos de límites entre diversos Estados de la Unión; las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, los amparos en revisión relacionados con la constitucionalidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 224 del Código Penal Federal; las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas y por los Tribunales Colegiados cuando sean varias sobre el mismo tema y las suscitadas entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este Pleno; lo que le impide resolver con la prontitud necesaria los asuntos referidos en la parte final del considerando que antecede;

"Noveno. Que para agilizar la resolución de las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito resulta conveniente que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia conozcan, incluso, de las que por razón de la materia no sean exclusivas de la competencia de alguna de ellas, pues aun cuando puedan surgir criterios disímiles al seno de este Alto Tribunal, los que deberán resolverse con la mayor prontitud, se establecerá el criterio jurisprudencial que genere certidumbre a los gobernados sobre los respectivos puntos de derecho y permitirá cumplir con la finalidad de esa institución; máxime que, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tales criterios son obligatorios con independencia de la Sala que los haya emitido;"

Acuerdo 6/2003:

"Séptimo. Que para avanzar en el cumplimiento de la garantía de una justicia pronta y completa establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es conveniente remitir a las Salas de la Suprema Corte de Justicia los asuntos anteriores al año dos mil tres de la competencia originaria de este Pleno."

Así, con la finalidad de resolver un asunto cuya naturaleza no exige la intervención del Tribunal Pleno, el mismo debe resolverse en la Sala correspondiente, en el caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues la formula **********, quien hizo valer **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, donde se sostuvo la tesis denunciada como contradictoria, de la sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en **********.

TERCERO. Antes de analizar las cuestiones planteadas en las ejecutorias que motivan la denuncia de contradicción de tesis, es oportuno precisar los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.

Para ello, cabe decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, ha estimado que para configurar la existencia de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Así se advierte de la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001 sustentada por el Tribunal Pleno, consultable a foja setenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de dos mil uno, que dice a la letra:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Atento a las anteriores precisiones, debe establecerse si los criterios cuya aparente contradicción se denuncia se ajustan a los requisitos señalados en la jurisprudencia previamente transcrita, para lo cual conviene destacar los antecedentes y consideraciones que informan las respectivas ejecutorias.

Así, de la correspondiente al recurso de **********, del que conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se advierte:

1. Que ********** interpuso ********** en contra de la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil seis, por la Juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, en el juicio **********.

El acuerdo recurrido dice en lo conducente:

"... Visto el estado de los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa ofreció como pruebas en escrito de quince de agosto de dos mil seis, la documental, consistente en los informes que rinda la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que proporcione información respecto del **********, no se admiten dichas probanzas, en razón de que no fueron solicitadas a las autoridades a que hace referencia, en términos del artículo 152 de la Ley de Amparo ..."

2. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito estimó fundado el agravio que invocó la recurrente contra esa determinación, al considerar:

"... Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima que la decisión de la Juez de Distrito de desechar las pruebas ofrecidas por el quejoso, consistentes en los informes que rindan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue incorrecta.

"En efecto, el artículo 152 de la Ley de Amparo dispone:

"‘Artículo 152. ...’ (se transcribe).

"Como se advierte, el precepto legal en cita señala que los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir las ‘copias o documentos’ que les soliciten las partes, a fin de que las puedan rendir como prueba en la audiencia; es decir, al referirse la norma jurídica a copias o documentos, lo hace de manera genérica, aunque debe entenderse que la intención del legislador fue la de referirse a toda clase de copias o documentos que las autoridades tengan en su poder y que puedan servir como prueba en el juicio constitucional.

"Sobre la interpretación del artículo 152, al resolver la contradicción de tesis número 24/95, entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia (sic) Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la obligación de las autoridades y funcionarios de expedir las copias o documentos para ser ofrecidas como prueba en el juicio constitucional, debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, no únicamente a las responsables.

"Dicho criterio quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 46/96 que aparece publicada con el número 129, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, en las páginas 105 y 106, cuyo rubro y texto son: ‘COPIAS Y DOCUMENTOS EN EL AMPARO, OBLIGACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES PARA EXPEDIRLAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO) ...’ (se transcribe).

"Aun cuando el punto de contradicción se limitó a dilucidar si cualquier autoridad estaba obligada a expedir copias o documentos, o esa obligación sólo vinculaba a las señaladas como responsables en el juicio de garantías, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal interpretó el artículo 152 de la Ley de Amparo, de manera relacionada con el 150 de la misma ley, y 129 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como sigue:

"... (transcribe).

"Como se advierte, la interpretación hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sustentó, esencialmente, en el significado genérico de ‘copia’ y ‘documento’, tal y como se encuentran previstos en el precepto legal en estudio; es decir, cuando en la ejecutoria se hizo referencia a ‘elementos de prueba’, ‘elementos probatorios’ y ‘probanzas’, estos enunciados estaban vinculados únicamente al concepto de copias o documentos que las autoridades tienen en su poder, pero no en relación con otro tipo de pruebas, como pudiera ser el informe de autoridad; de tal forma que en la contradicción de tesis no se abordó el análisis del informe de autoridad distinta de la responsable que se ofrece en el juicio de amparo, ni tampoco si éste se encuentra contemplado en la acepción genérica de documentos a que alude el artículo 152 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque no fue punto de contradicción.

"Así, este Tribunal Colegiado estima que las copias o documentos a que se refiere el artículo en comento, tienen distinta naturaleza que los informes de autoridad ofrecidos como prueba en el juicio de garantías, motivo por el cual no se puede aplicar similar condición para su admisión, que la que se exige para las copias o documentos, esto es, que se solicite previamente a la autoridad.

"En efecto, los conceptos ‘copias’ y ‘documentos’ previstos en el artículo 152, deben entenderse limitados a la existencia de aquellos documentos, instrumentos, papeles o escritos, que las autoridades tienen en sus archivos; esto es, cuya existencia sea previa a la solicitud del particular y respecto de los cuales la autoridad pueda expedir copias o el documento en sí mismo considerado; pues se parte del supuesto que la persona que ofrece la copia o documento en el juicio de amparo, sabe que la autoridad tiene en su poder ese instrumento.

"En cambio, tratándose de los informes de autoridad, lo que se requiere para ser ofrecido en el juicio de garantías, en la mayoría de los casos, no son los documentos o copias que obran en los archivos, sino cierta información concerniente a determinadas personas privadas o públicas, o datos específicos que se relacionen con las facultades o actividades de las propias autoridades, que éstas generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan en sus registros y, que incluso, pueden no estar contenidos en un documento, sino en un sistema computarizado, en una base de datos o en cualquier otro medio sea sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, en cuyo caso la autoridad tendrá que proporcionar, sujetándose a los puntos que el oferente del informe pretenda demostrar en el juicio.

"En suma, este órgano jurisdiccional estima que no es lo mismo que se pretenda ofrecer en el juicio de amparo un documento o copia que previamente exista en los archivos de alguna autoridad, que la información de registros o datos que la misma autoridad genere, obtenga, adquiera o conserve en cualquier formato electrónico; pues en el primero de los casos, la autoridad se limitará a expedir la copia o el documento, pero en el segundo, ésta tendrá que vaciar la información requerida en un documento que elaborará expresamente a partir de la solicitud; de forma tal que en el desahogo del informe la autoridad no expedirá un documento que previamente exista en sus archivos, sino que procesará la información a fin de proporcionarla al juicio de amparo.

"No pasa inadvertido que la forma común en que las autoridades suministran información es a través de un formato impreso, genéricamente conocido como documento; pero esta circunstancia no implica que ese documento sea de aquéllos a los que alude el artículo 152 de la Ley de Amparo, porque se insiste que el sentido de este artículo es el de considerar a los documentos o copias que existen, como represtación (sic) impresa, en los archivos de las autoridades, y de esta concepción escapa la información o datos que las autoridades conservan en un sistema computarizado, en una base de datos o en cualquier otro medio electrónico.

"Por lo tanto, en el caso de que se ofrezca en el juicio de garantías un informe de autoridad, el oferente de la prueba no tiene la obligación de solicitarlo previamente a la dependencia como lo prevé el artículo 152 de la Ley de Amparo para los documentos o copias, porque esta hipótesis no contempla a los informes de autoridad; además, puede darse el supuesto de que la información requerida sea considerada como reservada por la ley, en cuyo caso la autoridad se encontraría obligada a negarla al gobernado, de donde resulta ocioso exigir al oferente que la solicite previamente, en el entendido de que necesariamente le va a ser negada, pues en este caso será la jurisdicción del Juez de Distrito la vía directa para allegarse de esa información al juicio de garantías, con apoyo además en el artículo 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

"Conforme a lo anterior, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio contenido en la tesis XXI.1o.91 K, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 1393; ni el contenido en la tesis XXI.2o.58 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 489; que respectivamente dicen:

"‘INFORME DE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE OFRECIDO COMO PRUEBA EN EL AMPARO. CONSTITUYE UN DOCUMENTO Y PUEDE SER REQUERIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE LA MATERIA ...’ (se transcribe).

"‘PRUEBAS EN EL AMPARO. EL INFORME DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE PRUEBA DOCUMENTAL QUE DEBE RECABAR EL QUEJOSO ...’ (se transcribe).

"Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 197-B de la Ley de Amparo, se ordena denunciar la posible contradicción de criterios entre el sustentado por este Tribunal Colegiado y los del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito."

Por su parte, de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en **********, se advierte lo siguiente:

1. ********** interpuso ********** en contra del acuerdo dictado el veinticinco de abril de dos mil ocho, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, que dice en lo que interesa:

"... Asimismo, del estado de los autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de abril del año en curso, se reservó proveer en relación al escrito signado por la impetrante de garantías, a través del cual ofrece la prueba documental consistente en el informe que rinda la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Guerrero, respecto a proporcionar diversos datos que solicita; en atención a lo anterior, dígasele que por el momento no ha lugar a acordar favorablemente lo que solicita, en razón de que no demuestra por lo menos, que hubiese elevado una petición formal y por escrito a la autoridad referida, solicitando copias o documentos para allegarlas (sic) como prueba en este juicio de garantías para que este órgano de control constitucional en caso de su negativa u omisión en expedirlas, se encuentre en aptitud legal de requerirla.

"En efecto lo anterior es así, en razón de que si bien es cierto que la quejosa en el escrito de cuenta, ofrece como prueba documental el informe que rinda la autoridad mencionada, con la finalidad de ofrecerla como tal, también lo es que constituye propiamente un documento, porque de esa manera tendrá que rendirlo para hacer constar su existencia o inexistencia y en su caso, otorgar la copia que avale su contenido; de ahí que la impetrante está en condición de solicitar directamente ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Guerrero, ya que de conformidad con el numeral 152 de la Ley de Amparo, son las partes quienes tienen la obligación de recabar las pruebas, y sólo en caso de que la secretaría aludida fuera omisa o se negara a expedirlas, este Juzgado Federal, previa solicitud del interesado, podrá requerir tal documental.

"Tiene aplicación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 2683, Tomo XXVI, Julio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de la literalidad siguiente:

"‘PRUEBA DOCUMENTAL VÍA INFORME EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO PUEDE SOLICITARLA CON LA SIMPLE MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE, SI CORRESPONDE A ÉSTE LA OBLIGACIÓN DE GESTIONAR Y REQUERIRLA DIRECTAMENTE A LA AUTORIDAD, Y SÓLO EN CASO DE NEGATIVA INTERVENIR PARA QUE SE LE EXPIDA ...’ (la transcribe).

"Igualmente, por las razones que la informan es de citarse la tesis de jurisprudencia II.1o.A.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 1397, Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee:

"‘PRUEBAS DOCUMENTALES. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR PARTE DEL JUEZ DE DISTRITO PARA EL ENVÍO DE LAS OFRECIDAS POR LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO ...’ (la transcribe)."

2. En contra de ese proveído, ********** interpuso ********** del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que lo registró con el número ********** y en ejecutoria del veintiuno de agosto los declaró infundados, por las siguientes razones:

"... En su segundo agravio la quejosa sostiene la ilegalidad del proveído impugnado, pues aduce que la a quo, pretende ceñir, la regulación del informe que ofertó a lo dispuesto por el artículo 152, de la Ley de Amparo, relativo a la expedición de copias y documentos que la autoridad tuviese en sus archivos, virtud que lo que anunció, fue la prueba de informe que rindiera la autoridad; transcribe parte de una supuesta **********, además argumenta que de acuerdo a lo que establece el artículo 150 de la ley invocada, prevé la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas, como en el caso la solicitud de informe de una autoridad, que no está regulada por la ley en cuanto a plazos para su ofrecimiento, de ahí la ilegalidad del proveído recurrido; además hace suyos los argumentos de la ejecutoria de contradicción de tesis número 30/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente el cuarto considerando de dicha ejecutoria.

"Son infundados los argumentos que externa la quejosa, virtud que es cierto que el artículo 150 de la Ley de Amparo, establece que en el juicio de garantías es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueran contra la moral y del derecho, pero no deja de ser menos cierto, que el artículo 152, de la ley en comento es categórico el establecer la obligación de las autoridades y funcionarios de expedir las copias o documentos que soliciten las partes para que sean ofertados como pruebas en la audiencia constitucional del juicio de amparo, además de que dicha obligación debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, no únicamente las señaladas en la demanda de amparo como responsables, y para que el Juez de Distrito, esté en aptitud legal de acordar el aplazamiento de la audiencia constitucional y de requerir a la autoridad o funcionario del gobierno que le expida copias o documentos que se le solicitaron, es requisito indispensable que la parte interesada exhiba, junto con su solicitud de requerimiento de documentos, la copia del escrito a través del cual solicitó la expedición del documento aludido, para presentarlos como pruebas en el juicio de garantías, la que debe ostentar el sello de recepción correspondiente o, en su defecto, constancia fehaciente de que la autoridad se negó a recibirlo.

"Por tanto, si de las constancias de autos que remitió el Juzgado de Distrito en apoyo de su informe, ni de lo expresado por la recurrente en sus agravios de queja, se advierte que formuló petición por escrito a la autoridad que solicitó el informe o que le haya solicitada (sic) copias o documentos para ofertarlas (sic) como pruebas en el juicio constitucional o que la autoridad se hubiese negado u omitido expedirlas, razón por la cual se ajusta a derecho el proveído pronunciado por la a quo el veinticinco de abril de dos mil ocho, en el **********.

"Del mismo modo no asiste razón a la recurrente, cuando en sus agravios manifiesta que la prueba que ofertó en el juicio de garantías no fue la documental en términos del artículo 152 de la Ley de Amparo, relativa en la expedición de copias y documentos que la autoridad tuviese en sus archivos, sino propiamente la de un informe o proporción de datos; sin embargo, contrariamente a ese argumento, del escrito de veintitrés de abril de dos mil ocho, suscrito por **********, consultable a foja 130, de la queja de mérito, se evidencía que en términos de los artículos 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la quejosa ofertó en el juicio de garantías como prueba de su parte la documental pública que resultare del informe que rindiera la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, entonces, estuvo en lo correcto el Juzgado de Distrito, al haber decretado en el proveído impugnado que no era de acordar favorablemente la petición de la inconforme, (sic) virtud que no demostró que hubiese hecho tal petición por escrito ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Guerrero, y haya solicitado copias o documentos referentes al padrón de obras de construcción que se encontraba realizando en el primer cuadro de la ciudad de Acapulco, entre el mes de octubre de dos mil seis, y el veintitrés de abril de dos mil ocho, en donde conste ubicación y propietarios de la misma o en su defecto que se hubiese negado a la impetrante la petición formulada o se haya omitido expedirles (sic) los documentos solicitados, para que en su caso el juzgado constitucional estuviese en posibilidades de solicitar directamente esos documentos en términos del artículo 152 de la Ley de Amparo, virtud que las partes en el juicio constitucional tienen en principio la obligación de recabar las pruebas para demostrar el acto reclamado y su inconstitucionalidad, cuando no lo es por si mismo con las excepciones que en materia probatoria establece la Ley de Amparo (sic) sus artículos 78 y 225, de ahí lo infundado del agravio hecho valer por la quejosa.

"Es aplicable al caso la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que este similar comparte, Tomo XXVI, julio de 2007, tesis IV.1o.C.33 K, página 2683, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

"‘PRUEBA DOCUMENTAL VÍA INFORME EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO PUEDE SOLICITARLA CON LA SIMPLE MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE, SI CORRESPONDE A ÉSTE LA OBLIGACIÓN DE GESTIONAR Y REQUERIRLA DIRECTAMENTE A LA AUTORIDAD, Y SÓLO EN CASO DE NEGATIVA INTERVENIR PARA QUE SE LE EXPIDA ...’ (se transcribe).

"Finalmente, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, la jurisprudencia en que se apoya la recurrente cuyo rubro y texto dicen: (sic).

"También es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, tesis 2a./J. 17/2008, página 595, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

"‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. LA TESTIMONIAL DE UNA AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO QUE NO SEA PARTE EN AQUÉL, PERO QUE CONOZCA DEL ASUNTO POR VIRTUD DE SUS FUNCIONES, NO ES EQUIPARABLE A UNA CONFESIONAL POR ABSOLUCIÓN DE POSICIONES, PROSCRITA POR EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO ...’ (se transcribe).

"Razonamientos que hizo suyo (sic) la inconforme, pero tal criterio no es aplicable en la hipótesis de que se trata, (sic) virtud que de dicho criterio jurisprudencial se infiere que la declaración que rinde un funcionario público que no ha sido señalado como autoridad responsable o como tercero perjudicado en el juicio de amparo, con relación a hechos que conozca o haya conocido en razón de sus funciones, pues esa probanza debe de anunciarse con las formalidades de la prueba testimonial, de acuerdo a lo que establece el artículo 151 de la Ley de Amparo, pero en el caso que nos ocupa, no se está en ese supuesto, virtud que la impetrante en el juicio de garantías, como ya se destacó, ofertó la documental pública en términos de los artículos 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo."

CUARTO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de criterios denunciada, es oportuno señalar que de los criterios sostenidos por ambos Tribunales Colegiados, se advierte:

1. Que ambas ejecutorias tienen como origen recursos de queja.

2. Que en esos recursos se impugnó el acuerdo dictado por un Juez de Distrito en el que se negó a diferir la audiencia constitucional en un juicio de amparo indirecto, a efecto de que la autoridad entregara a la quejosa la documental, consistente en los informes de diversas dependencias gubernamentales.

3. Que esa negativa se sustentó en el hecho de que la oferente no había solicitado el referido informe a las autoridades.

Sin embargo, a pesar de provenir de esos antecedentes comunes, ambos tribunales sostuvieron criterios contradictorios en cuanto a la obligación de la quejosa de solicitar dicho informe en términos del artículo 152 de la Ley de Amparo.

Lo anterior porque mientras el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito estimó que la impetrante no tenía esa obligación, debido a que el señalado precepto la prevé para los documentos o copias, pero no incluye los informes de autoridad; el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21555-6de879a8/pruebas-en-el-amparo-el-informe-solicitado-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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