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REVISIÓN FISCAL. EL PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES FISCALES DE LA CITADA ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 121/2008. · Registro digital (IUS): 21589
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, , Pág. 979.

REVISIÓN FISCAL 121/2008. PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

CONSIDERANDO

TERCERO. En el presente caso es innecesaria la transcripción y análisis de la sentencia recurrida y de los agravios hechos valer, dado que el recurso de revisión es improcedente porque la autoridad recurrente carece de legitimación para interponerlo.

En efecto, de la demanda de nulidad se advierte que Hospital Futura, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 20305211/1920/2006, de diez de octubre de dos mil seis, emitida por el procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración del Gobierno del Estado de México, autoridad coordinada en ingresos federales; a través de la cual resolvió el recurso de revocación en el sentido de confirmar el mandamiento de ejecución y requerimiento de pago del crédito fiscal número 12-10-TEX-1380/2006 fincado por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, actualización, recargos y multas, correspondientes al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil, por la cantidad de $2'390,093.67 (dos millones trescientos noventa mil noventa y tres pesos 67/100 moneda nacional).

Además, de los autos del juicio de nulidad se advierte que el administrador de rentas de Texcoco dependiente de la Dirección General de Ingresos Coordinados y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, al emitir el mandamiento de ejecución y requerimiento de pago del crédito fiscal número 12-10-TEX-1380/2006, inicialmente recurrido en revocación, actuó como autoridad coordinada en ingresos fiscales federales, ya que lo hizo con fundamento en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, los días veintitrés y treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, respectivamente.

Por otra parte, del escrito de agravios depositado ante el Servicio Postal Mexicano el cinco de octubre de dos mil siete, se advierte que el procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México promovió el recurso de revisión fiscal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el que resulta aplicable al caso, ya que el juicio de nulidad se inició el once de enero de dos mil siete.

Ahora, se considera que el promovente carece de legitimación, por las razones siguientes:

El artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente a partir del uno de enero de dos mil siete, determina:

"Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:

"I. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia.

"En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce.

"II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso.

"III. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a:

"a) Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa.

"b) La determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones.

"c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación.

"d) Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo.

"e) Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias.

"f) Las que afecten el interés fiscal de la Federación.

"IV. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

"V. Sea una resolución dictada en materia de comercio exterior.

"VI. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"VII. Sea una resolución en la cual, se declare el derecho a la indemnización, o se condene al Servicio de Administración Tributaria, en términos del artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

"VIII. Se resuelva sobre la condenación en costas o indemnización previstas en el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"IX. Sea una resolución dictada con motivo de las reclamaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

"En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso podrá ser interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria, y por las citadas entidades federativas en los juicios que intervengan como parte.

"Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes que hubiesen intervenido en el juicio contencioso administrativo, a las que se les deberá emplazar para que, dentro del término de quince días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión a defender sus derechos.

"En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha en la que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

"Este recurso de revisión deberá tramitarse en los términos previstos en la Ley de Amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión."

El artículo transcrito prevé la posibilidad de que las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puedan ser impugnadas mediante el recurso de revisión fiscal por la autoridad demandada en el juicio contencioso, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, siempre que se cumplan los requisitos ahí establecidos.

Para el presente asunto, interesa la hipótesis relativa a que se haya impugnado en el juicio fiscal una resolución dictada por una autoridad fiscal de alguna entidad federativa coordinada en ingresos federales; supuesto en el cual, el precepto legal en comento señala que el recurso de revisión fiscal podrá ser interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria, y por las citadas entidades federativas en los juicios en que intervengan como parte.

En la hipótesis específica correspondiente a las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, importa destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 106/2008-SS que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 178/2008 concluyó que el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, autorizaba a que en los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso de revisión fiscal podía ser interpuesto por las propias entidades federativas en los juicios en que intervengan como parte, y que atendiendo a las reglas de representación de las personas morales era válido afirmar que las entidades federativas, al tener jurídicamente aquella calidad, podían promover la revisión fiscal de referencia por conducto de los órganos o funcionarios que las representen, según disponga la Constitución y las leyes locales, sin perjuicio de que éstos, a su vez, sean suplidos por los servidores públicos a quienes se otorgue esa función en los reglamentos interiores respectivos.

Lo anterior, porque la Segunda Sala consideró que como las entidades federativas eran personas morales, entonces no podían vincularse por sí mismas, sino que debían obrar y obligarse por medio de los órganos que las representan.

La citada tesis de jurisprudencia 2a./J. 178/2008, pendiente de publicación, fue aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de noviembre de dos mil ocho, y es de rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES FISCALES DEL CITADO ESTADO EN SU CALIDAD DE ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte un sistema de legitimación poco claro en relación con las autoridades que pueden impugnar las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, por lo que conforme al artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe atenderse a la voluntad del legislador plasmada en el numeral referido. Así, en términos de lo expresamente establecido en el indicado precepto legal, cuando la entidad federativa sea la que quiera interponer el recurso de revisión fiscal en los juicios contenciosos que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales del Estado de Oaxaca, en su calidad de entidad federativa coordinada en ingresos federales, por tratarse de una persona moral deberá hacerlo por conducto de los órganos o funcionarios que la representan, según disponga la Constitución y las leyes locales. En ese tenor, el Director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, al no ser representante de la entidad federativa, carece de legitimación para promover en los juicios indicados el recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo."

Ahora, una vez determinado que cuando la entidad federativa coordinada en ingresos federales quiera interponer el recurso de revisión fiscal debe hacerlo por conducto de los órganos o funcionarios que la representan, conforme a la Constitución y las leyes locales, procede ahora analizar si al procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México corresponde la representación del Estado de México como entidad federativa, a fin de justificar su legitimidad para interponer el presente medio de impugnación.

En relación con el funcionario en quien recae la representación del Estado de México como entidad federativa, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en el artículo 77, fracción XLIV, prevé:

"Artículo 77. Son facultades y obligaciones del gobernador del Estado:

"...

"XLIV. Representar al Estado ante cualquier autoridad judicial del ámbito federal o del fuero común, así como ante autoridades administrativas federales o locales en los procedimientos legales en que sea parte, sin perjuicio de las facultades que otorga esta Constitución a los otros poderes; ..."

El artículo transcrito es claro en determinar que la representación del Estado ante cualquier autoridad, judicial o administrativa, del ámbito federal o del fuero común, en los procedimientos legales en que sea parte, corresponde al gobernador del Estado.

Por tanto, se concluye que el procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, no está autorizado para representar a la mencionada entidad federativa.

Lo anterior se corrobora, además con lo dispuesto en los artículos 9o. y 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, que prevén las facultades que corresponden al procurador fiscal.

"Artículo 9o. Corresponde a los directores generales, procurador fiscal, contador general gubernamental y al coordinador administrativo:

"I. Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar, las funciones encomendadas a la unidad administrativa a su cargo.

"II. Elaborar y proponer a su superior jerárquico:

"a) Los proyectos de programas anuales de actividades y de presupuesto que les correspondan.

"b) Las modificaciones jurídicas y administrativas, que tiendan a mejorar el desempeño de la unidad administrativa a su cargo.

"III. Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos a su cargo que requieran de su intervención.

"IV. Suscribir, previa autorización por escrito del secretario, acuerdos delegatorios a favor de las unidades administrativas a su cargo, respecto del ejercicio de las facultades que sean de su competencia.

"V. Elaborar los dictámenes, opiniones, estudios, informes y demás documentos que les sean solicitados por su superior jerárquico, o los que les correspondan en razón de sus atribuciones.

"VI. Intervenir en auxilio de la Procuraduría Fiscal, en los juicios y demás asuntos de carácter legal, en los que sean parte o tengan conocimiento con motivo de la ejecución de las funciones que tienen encomendadas.

"VII. Proporcionar la información y el apoyo que les sea requerido por otras dependencias del Ejecutivo del Estado, entidades públicas, entes autónomos y Ayuntamientos, solicitando, cuando su importancia lo requiera, instrucción expresa de su superior jerárquico.

"VIII. Expedir constancias o certificar documentos existentes en sus archivos, cuando se refieran a asuntos de su competencia.

"IX. Establecer coordinación con las demás unidades administrativas de la secretaría, a fin de eficientar el cumplimiento de los programas y actividades a su cargo.

"X. Requerir la información que consideren necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, a dependencias, organismos auxiliares y particulares.

"XI. Suscribir convenios de colaboración, coordinación o de concertación con los sectores público, social y privado, para el cumplimiento de sus funciones, previa autorización por escrito del secretario.

"XII. Rescindir administrativamente los contratos o convenios que suscriban en ejercicio de sus atribuciones.

"XIII. Colaborar con el secretario en el desempeño de las funciones que éste tenga encomendadas como coordinador de sector.

"XIV. Contratar los servicios técnicos y profesionales que se relacionen con su ámbito de competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

"XV. Someter a la consideración de su superior jerárquico, el ingreso, licencia, promoción, remoción y cese, de los titulares de las unidades administrativas a su cargo.

"XVI. Las demás que les señalen otras disposiciones legales y las que les encomienden sus superiores jerárquicos.

"Artículo 38. Corresponde al procurador fiscal el ejercicio de las siguientes atribuciones:

"I. Ser el consejero jurídico de la secretaría.

"II. Ser el enlace de la secretaría, en materia de asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal, del Gobierno Federal y los Municipios, en el ámbito de competencia de la secretaría.

"III. Representar a la secretaría:

"a) En todas las controversias que sean competencia de la secretaría y de sus unidades administrativas.

"b) Ante los órganos formal o materialmente jurisdiccionales.

"c) En los procedimientos y procesos administrativos.

"d) En otros en los que la dependencia tenga interés jurídico.

"Para tal efecto podrá: formular y presentar demandas o contestaciones; desistirse; transigir; articular y absolver posiciones; elaborar los informes previos y justificados; formular apersonamientos; recusar; recibir pagos; promover incidentes; solicitar sobreseimientos y otorgar perdón; ofrecer o rendir pruebas; alegar; interponer recursos y seguir los juicios y procedimientos hasta ejecutar las resoluciones emitidas en toda clase de juicios civiles, penales, administrativos, fiscales y de amparo; así como en los procedimientos laborales y los administrativos tramitados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en general ejercer las mismas atribuciones que un mandatario con todas las facultades generales y las particulares que requieran cláusulas especiales conforme a la ley, otorgar mandatos y poderes generales y especiales al personal adscrito a la Procuraduría Fiscal para el cumplimiento de las atribuciones a que se refiere esta fracción.

"IV. Formular y presentar a nombre de la secretaría, las denuncias y querellas cuando se afecten los intereses de la hacienda pública estatal, por la posible comisión de hechos delictuosos, ante el Ministerio Público, así como coadyuvar con éste.

"V. Intervenir en su carácter de autoridad ejecutora en los procedimientos y juicios relacionados con el requerimiento de pago de pólizas de fianza otorgadas a favor del Gobierno del Estado, incluyendo el adeudo de intereses o de los accesorios legales generados por pago extemporáneo, así como hacer efectivas las garantías del interés fiscal y de cualquier otro tipo de créditos firmes a favor del Gobierno del Estado.

"VI. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la documentación, datos e informes que sean necesarios para el ejercicio de sus facultades, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones.

"VII. Admitir, tramitar, resolver y notificar los recursos administrativos competencia de la secretaría.

"VIII. Vigilar la debida garantía del interés fiscal, o de cualquier otro tipo, cuando así lo determinen las disposiciones legales aplicables.

"IX. Declarar la caducidad y prescripción de los créditos fiscales que correspondan, en los casos previstos por las disposiciones fiscales.

"X. Elaborar y proponer al secretario los anteproyectos de leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos, circulares, documentos e instrumentos jurídicos competencia de la secretaría.

"XI. Solicitar de las unidades administrativas de la secretaría, el cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades administrativas, ministeriales y judiciales, que le hayan sido notificadas.

"XII. Solicitar de las unidades administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, las propuestas de decretos, reformas, adiciones y derogaciones a las disposiciones financieras y jurídicas de la materia.

"XIII. Dictaminar en su aspecto jurídico las propuestas de reformas y adiciones a las disposiciones financieras y administrativas de la materia.

"XIV. Realizar estudios de derecho comparado de los sistemas administrativos, hacendarios y de justicia administrativa, para apoyar la modernización hacendaria; así como proponer y participar en la realización de foros y eventos nacionales e internacionales.

"XV. Compilar, glosar y sistematizar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y demás disposiciones relacionadas, así como la jurisprudencia y criterios emitidos por los tribunales, en las materias competencia de la secretaría, necesarios para la capacitación permanente de los profesionistas y técnicos adscritos a la secretaría.

"XVI. Tramitar la publicación de disposiciones jurídico financieras estatales y municipales y difundirlas.

"XVII. Emitir criterios y opiniones respecto a las consultas de carácter jurídico que sobre casos reales y concretos planteen las dependencias, unidades administrativas y organismos auxiliares de la administración pública estatal, los particulares que lo soliciten y en su caso las autoridades municipales, sobre:

"a) Interpretación y aplicación de las leyes financieras del Estado.

"b) Opiniones divergentes o contradictorias de dos o más unidades administrativas de la secretaría.

"c) Los procedimientos y normas a que deben sujetarse en sus actuaciones para el mejor cumplimiento de las disposiciones financieras.

"XVIII. Elaborar, analizar y emitir dictámenes respecto de los convenios, contratos y demás actos jurídicos en los que la secretaría sea parte, en coordinación con los titulares de las unidades administrativas involucradas.

"XIX. Organizar, administrar y realizar el registro de los:

"a) Contratos, convenios y acuerdos en los que intervenga la secretaría.

"b) Criterios, opiniones, dictámenes y resoluciones que expida.

"XX. Registrar y resguardar los convenios, contratos o acuerdos en que la secretaría sea parte y remitirlos a la unidad administrativa correspondiente para su formalización.

"XXI. Ejercer, en el ámbito de su competencia, las atribuciones y funciones derivadas de los Sistemas: Nacional de Coordinación Fiscal y Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de los convenios y acuerdos que se celebren en el marco de dichos sistemas con los gobiernos municipales y con los organismos auxiliares.

"XXII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende el secretario."

De la lectura de los artículos transcritos no se advierte que el procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México pueda representar a la mencionada entidad federativa.

De ahí que en términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 77, fracción XLIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como los artículos 9o. y 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas; el procurador fiscal de esta secretaría no está legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal en contra de las sentencias definitivas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios que versan sobre resoluciones emitidas por autoridades fiscales del Estado de México coordinadas en ingresos federales.

En consecuencia, al no haberse satisfecho el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por falta de legitimación de quien comparece a interponer el presente recurso de revisión, procede desecharlo por improcedente y dejar firme la sentencia recurrida.

No obsta a lo anterior que por auto de presidencia de treinta y uno de marzo de dos mil ocho, se haya admitido a trámite el presente recurso de revisión, pues se trata de un auto que no causa estado y que, por tanto, no vincula al Pleno de este tribunal el que puede válidamente reexaminarlo y determinar, en su caso, la improcedencia del recurso.

Se cita, en apoyo de la consideración que antecede, la jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con la clave 4a./J. 34/94, en la página 21, de la Gaceta 81 correspondiente al mes de septiembre de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"RECURSO ADMITIDO POR AUTO DE PRESIDENCIA. LA SALA PUEDE DESECHARLO SI ADVIERTE QUE ES IMPROCEDENTE.-Tomando en consideración que en términos de los artículos 20 y 29, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tratándose de los asuntos de la competencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus respectivos presidentes sólo tienen atribución para dictar los acuerdos de trámite, correspondiendo a dichos órganos colegiados decidir sobre la procedencia y el fondo de tales asuntos, resulta válido concluir, por mayoría de razón, que siendo el auto de presidencia que admite un recurso, un acuerdo de trámite, derivado del examen preliminar de los antecedentes, éste no causa estado y, por lo mismo, la Sala puede válidamente reexaminar la procedencia del recurso y desecharlo de encontrar que es improcedente."

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; se resuelve:

ÚNICO.-Es improcedente el presente recurso de revisión.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados presidente Salvador González Baltierra, Martha Llamile Ortiz Brena y Manuel de Jesús Rosales Suárez, fue ponente el último de los nombrados.

Nota: La tesis 2a./J. 178/2008 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 286.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21589-39a3fe87/revision-fiscal-el-procurador-fiscal-de-la-secretaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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