CONTRAFIANZA EN LA SUSPENSIÓN. SU OTORGAMIENTO ES IMPROCEDENTE CUANDO IMPLICA EL LANZAMIENTO O DESOCUPACIÓN FORZOSA DE UN INMUEBLE EN UN PROCEDIMIENTO DE REMATE O DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA, CAUSANDO UN EVIDENTE DAÑO MORAL AL QUEJOSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 123/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia civil, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló uno de los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito.
TERCERO. Las consideraciones contenidas en la sentencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja número 131/81, el veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y uno, son esencialmente las que en seguida se sintetizan:
Que no procede el otorgamiento de contrafianza para que se deje sin efecto la suspensión del acto reclamado, cuando la consecuencia de la ejecución del remate sobre una finca hipotecada se traduce en el lanzamiento del quejoso, lo cual le ocasionaría no sólo perjuicios económicos, sino de orden moral, que no serían reparables aunque obtuviera sentencia favorable en el fondo del amparo.
Las consideraciones de la ejecutoria respectiva dieron origen a la siguiente tesis.
"Séptima Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo 151-156, Sexta Parte
"Tesis:
"Página: 59
"CONTRAFIANZA, CUANDO EL QUEJOSO ACREDITA QUE POR OCUPAR LA FINCA SUJETA A REMATE HABRÁ DE SER LANZADO SI SE EJECUTAN LOS ACTOS RECLAMADOS, NO PROCEDE LA. No procede dejar sin efecto la suspensión mediante el otorgamiento de contragarantía, cuando la consecuencia de la ejecución sobre la finca hipotecada se traduce en el lanzamiento del quejoso, ya que en caso de llevarse al cabo éste, resultarían afectados derechos del quejoso ocupante no estimables en dinero, en virtud de que con el lanzamiento se le ocasionarían no sólo perjuicios económicos sino de orden moral, vejaciones y descréditos, que no serían reparables aunque obtuviera sentencia favorable en cuanto al fondo del amparo.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
"Queja 131/81.********** 21 de octubre de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Luz María Perdomo Juvera. Secretario: Germán Tena Campero."
CUARTO. Las consideraciones contenidas en la sentencia pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el día veintidós de enero de mil novecientos ochenta y siete, al resolver el recurso de queja número 283/86, son esencialmente las que en seguida se sintetizan:
Que no procede admitir contrafianza cuando de ejecutarse el acto reclamado, consistente en una sentencia que condenó a la quejosa a entregar una casa objeto del contrato de compraventa que se declaró rescindido, se le ocasiona un daño no estimable en dinero, con el descrédito ante la sociedad, en asuntos análogos al lanzamiento originados en juicio de desahucio o de terminación de contrato de arrendamiento "ya que si se admitiera la contrafianza se obligaría a la quejosa a desocupar el inmueble en disputa", con motivo de haberse rescindido judicialmente el contrato de compra-venta.
La parte relativa de la ejecutoria mencionada, es del siguiente tenor:
"CUARTO. Es infundado el recurso de queja que formula **********.
"De conformidad con los artículos 125, párrafo segundo, 127 y 173 de la Ley de Amparo, cuando se trata de sentencias definitivas dictadas en juicios del orden civil, la suspensión se deberá decretar a instancia del amparista, si concurren los requisitos que establece el artículo 124 de ese mismo ordenamiento y surtirá además sus efectos si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado, señalándose además que la contrafianza no se admitirá cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo ni cuando se afecten los derechos de la contraparte que no sean estimables en dinero. Ahora bien del contenido de dichos preceptos se puede afirmar que la Sala ad quem no fue más allá de lo permitido por la ley ni violó en perjuicio del recurrente el principio de igualdad de derecho que prevé el artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, pues aun cuando es cierto que se rescindió judicialmente el contrato de compraventa que celebró con ********** al encontrarse pendiente de resolución el juicio de amparo que promovió, y al habérsele concedido la suspensión del acto reclamado, de haberse admitido por la autoridad responsable la contrafianza que ofreció el recurrente, con objeto de que se ejecutara la resolución impugnada, es evidente que se le ocasionaría un daño a la amparista, no estimable en dinero, de carácter moral, al desacreditarla ante la sociedad y que no podría ser reparable en forma pecuniaria, por lo que se concluye que la Sala al negarse a fijar el monto de la contrafianza, lo hace conforme a lo previsto por los artículos que han quedado citados, pues ellos aun cuando permiten la admisión de la contrafianza para ejecutar el acto reclamado, también establecen las hipótesis en que no procederá, como lo es el del caso concreto.
"Por otra parte, aun cuando en efecto no se trata en la especie de una rescisión de un contrato de arrendamiento, no se puede decir que esos preceptos sólo se puedan aplicar limitativamente a este tipo de pactos, pues en primer término el artículo 125, párrafo segundo, de la ley de la materia, no establece limitación alguna al respecto, y en segundo término el negocio que nos ocupa es análogo al lanzamiento que tiene su origen en el juicio de desahucio o de terminación del contrato de arrendamiento, ya que si se admitiera la contrafianza se obligaría a la quejosa a desocupar el inmueble en disputa, siendo así, que el criterio del tribunal de alzada es el correcto, debiendo citarse en su apoyo la tesis relacionada en primer lugar con la jurisprudencia 291, siendo visible aquella en la página 830 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y cinco, Cuarta Parte, Tercera Sala, que a la letra dice: ‘LANZAMIENTO. CONTRAFIANZA IMPROCEDENTE EN CASOS ANÁLOGOS. Tratándose de casos análogos al del lanzamiento, no debe admitirse contrafianza, por los daños económicos y de orden moral que ocasionaría al quejoso con la ejecución del fallo.’
"En consecuencia, al encontrarse apegado a derecho el acuerdo de siete de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, los agravios son infundados y, por ende, debe declararse infundada la queja."
De esa ejecutoria se derivó la siguiente tesis:
"Séptima Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 217-228, Sexta Parte
"Página: 172
"CONTRAFIANZA. NO PROCEDE ADMITIRLA CUANDO SE PUEDA CAUSAR UN DAÑO AL QUEJOSO NO ESTIMABLE EN DINERO. De conformidad con los artículos 125, párrafo segundo, 127 y 173 de la Ley de Amparo, cuando se trata de sentencias definitivas dictadas en juicios del orden civil, la suspensión se deberá decretar a instancia del amparista, si concurren los requisitos que establece el artículo 124 de ese mismo ordenamiento, y surtirá sus efectos si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado, señalándose además que la contrafianza no se admitirá cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo ni cuando se afecten los derechos de la contraparte que no sean estimables en dinero. Ahora bien, del contenido de dichos preceptos se puede afirmar que la Sala ad quem no va más allá de lo permitido por la ley, cuando habiéndose rescindido judicialmente un contrato de compraventa, al encontrarse pendiente de resolución el juicio de amparo que promovió la demandada quejosa y habérsele concedido la suspensión del acto reclamado, de haberse admitido por la autoridad responsable la contrafianza que ofreció el recurrente con objeto de que se ejecutara la resolución impugnada, es evidente que se le ocasionaría un daño al amparista no estimable en dinero, de carácter moral, al desacreditarla ante la sociedad y que no podría ser reparable en forma pecuniaria; y aun cuando no se trate en la especie de un contrato de arrendamiento, no se puede decir que esos preceptos sólo se pueden aplicar limitativamente a este tipo de pactos, pues en primer término el artículo 125, párrafo segundo, de la ley de la materia, no establece limitación alguna al respecto, y en segundo término el negocio que nos ocupa es análogo al lanzamiento que tiene su origen en el juicio de desahucio o de terminación del contrato de arrendamiento, ya que si se admitiera la contrafianza se obligaría a la quejosa a desocupar el inmueble en disputa.
"Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
"Queja 283/86. ********** 22 de enero de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Francisco Sánchez Planells."
QUINTO. Las consideraciones contenidas en la sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, el día siete de julio de mil novecientos ochenta y ocho, al resolver el recurso de queja número 25/988, son esencialmente las que en seguida se sintetizan:
Que no procedía admitir contrafianza, ni dejar sin efectos la suspensión definitiva para poder llevar a cabo la adjudicación de bienes, ordenada en la sentencia reclamada del juicio testamentario, porque si se fijara la contrafianza quedaría sin materia el juicio de amparo, en cuyas condiciones era correcta la suspensión definitiva de los actos reclamados decretada por el Juez.
La parte relativa de la ejecutoria mencionada, es del siguiente tenor:
"SEGUNDO. Los agravios hechos valer son infundados.
"En efecto, contrariamente a lo que sostiene el inconforme de la copia al carbón de la demanda de garantías origen de este toca, aparecen que los quejosos ********** y ********** los actos reclamados los hacen consistir: ‘En la sentencia ejecutoria pronunciada el diez de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, en el toca de apelación C-921(I)/987, relativo a la apelación interpuesta en contra del auto de primero de octubre de mil novecientos ochenta y siete, dictado por el Juez Segundo de lo familiar, en el expediente 245/987, relativo al juicio testamentario promovido por ********** la ejecución de dicha resolución y las consecuencias legales y materiales de dichos actos, y si bien de ello no se desprende que se señalen los autos originales de la resolución de adjudicación para su escrituración al notario, también lo es que el capítulo de antecedentes de la demanda de garantías a que ese toca se refiere, se advierte que se tuvo por separado de la prosecución del juicio y se mandó adjudicar los bienes en los términos del testamento, ordenándose la remisión de los autos a la notaría número treinta y ocho, para la escrituración y tomando en consideración que la demanda de amparo constituye un todo, el Juez Federal estuvo en lo correcto al decretar la suspensión definitiva sobre los efectos de los actos que reclaman los quejosos ********** y ********** para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardan y no se remitan los autos originales de la resolución de adjudicación para su escrituración al notario designado, hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo, y para que dicha medida cautelar surtiera sus efectos requería de la garantía de ********** que tiene otorgada el quejoso en la póliza de fianza número ********** para la suspensión provisional, de conformidad con lo establecido por los artículos 124 y 125 de la ley de la materia.
"Tampoco le asiste la razón al recurrente cuando dice que la contrafianza debió ser admitida para que se pueda llevar a cabo la adjudicación de los bienes de la testamentaría de ********** porque en la especie, como bien lo considera el Juez Federal, de fijarse la contrafianza quedaría sin materia el juicio de amparo, y tomando en consideración que la suspensión tiene por objeto conservar viva la materia del amparo, la concesión de la suspensión definitiva otorgada a los amparistas, fue correcta. Es aplicable al respecto la ejecutoria visible a fojas 1130, del tomo décimo tercero, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: ‘Teniendo la suspensión por objeto conservar la materia del amparo, es procedente, cuando, de llevarse adelante el acto que se reclama, quedaría sin materia el juicio de garantías’.
"En las condiciones anteriores, al ser infundados los agravios hechos valer por el recurrente, procede confirmar la interlocutoria que se revisa."
De esa ejecutoria se redactó y publicó la siguiente tesis:
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo II, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1988
"Página: 188
"CONTRAFIANZA IMPROCEDENTE. SUSPENSIÓN. No es procedente admitir la contragarantía en el incidente de suspensión si tiene como consecuencia la ejecución de los actos reclamados dejando sin materia el juicio de garantías.
"Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito.
"Incidente de revisión 25/88. ********** y ********** 7 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Robustiano Ruiz Martínez. Secretaria: María Olivia Luna Pérez."
SEXTO. Las consideraciones correspondientes a la sentencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, el día veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, al resolver el recurso de queja número 59/90, son esencialmente las que en seguida se sintetizan:
Que resulta improcedente la contrafianza en la suspensión, respecto de una sentencia dictada en un juicio de interdicto de recuperar la posesión que condenó a desocupar un inmueble, porque si se admitiera se ocasionarían al quejoso daños económicos y morales no reparables aunque obtuviera sentencia favorable en el fondo del amparo, ya que con la admisión de la contrafianza se dejaría sin efectos la suspensión y se decretaría la desocupación del inmueble en perjuicio de aquél.
La parte relativa de la ejecutoria mencionada, es del siguiente tenor:
"TERCERO. Los agravios que hace valer el reclamante son infundados. En el presente caso la contienda de fondo versa acerca de si la porción de inmuebles que se intenta recuperar por el interdicto fue transmitido o no en propiedad por el actor al demandado al escriturarle un inmueble de mayor extensión; esto es, está sujeto a la resolución en el fondo no sólo la posesión sino la propiedad del bien. Por otra parte, el demandado en el juicio alega que la porción materia del interdicto está dedicado a habitación, por lo que la autoridad responsable estuvo en lo correcto, al resolver sobre la contrafianza solicitada, aplicando por analogía las tesis jurisprudenciales 291 y 292 que aparecen en las páginas 829 y 832 del Apéndice 1917-1985, relativas a la improcedencia de la contrafianza tratándose de lanzamiento, lo cual es en todo conforme con la disposición del artículo 127 de la Ley de Amparo, porque se está en el caso del segundo párrafo del artículo 125 de la propia ley, o sea, en el caso de los derechos del quejoso no estimables en dinero. No vale en contra el argumento de que la posesión que ostenta el demandado en el arrendamiento le fue transmitido voluntariamente por el arrendador en tanto que en el juicio de interdicto de recuperar esa posesión deriva del despojo, porque tal determinación corresponde al fondo del amparo y no puede ser prejuzgada por la responsable en el incidente de suspensión, donde sólo actúa como auxiliar del Tribunal Colegiado y con facultades limitadas en los términos de la ley de la materia; además de que, en definitiva, los efectos de la ejecución del acto reclamado en ambos casos, arrendamiento o interdicto, se concretan en el lanzamiento del quejoso. ..."
De esa ejecutoria se derivó la siguiente tesis:
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo VII, mayo de 1991
"Página: 306
"SUSPENSIÓN. CONTRAFIANZA IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN. En relación a la admisión de contrafianza en materia de interdictos, una interpretación analógica de las tesis jurisprudenciales números 291 y 292, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, a fojas 829 y 832 cuyo tenor literal respectivamente, son los siguientes: ‘SUSPENSIÓN. CONTRAFIANZA IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE LANZAMIENTO. Tratándose de lanzamiento no debe admitirse el otorgamiento de contrafianza, ya que con su admisión resultarían afectados derechos del inquilino, no estimables en dinero, ocasionándosele perjuicios no sólo económicos sino de orden moral, vejaciones y descrédito, que no serían reparables aunque obtuviera sentencia favorable en cuanto al fondo del amparo.’; y ‘SUSPENSIÓN, CONTRAFIANZA PARA LA. NO PROCEDE ADMITIRLA PARA DEJAR SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DE UNA SENTENCIA QUE CONDENA A DESOCUPAR EL LOCAL ARRENDADO. Al igual que en el desahucio, es improcedente admitir la contrafianza para dejar sin efecto la suspensión de una sentencia que condena a desocupar un local arrendado, como consecuencia de la rescisión o terminación de un contrato de arrendamiento, porque implica llevar adelante la ejecución del fallo reclamado, y ocasiona al inquilino perjuicios no sólo económicos, sino también de orden moral, vejaciones y descrédito, imposibles de reparar aun cuando obtuviera sentencia favorable en cuanto al fondo del amparo.’; lleva a concluir que los efectos de la ejecución del acto reclamado, dictado en interdicto de recuperar la posesión, se concretan en el lanzamiento del quejoso y desocupación del inmueble, por ende, la contrafianza es improcedente, toda vez que dicha ejecución ocasiona al condenado perjuicios económicos y de orden moral imposibles de reparar, aun cuando se emita sentencia favorable al resolver el fondo del juicio constitucional.
"Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.
"Queja 59/90. ********** 25 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Ismael Castellanos Rodríguez. Secretario: Óscar Castañeda Batres."
SÉPTIMO. Las consideraciones de la sentencia pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, el día veintitrés de agosto de dos mil siete, al resolver el recurso de queja civil 33/2007, son esencialmente las que en seguida se sintetizan:
El tribunal sustentó el criterio relativo a que la fijación de la contrafianza sí es procedente, respecto de una sentencia que condenó a la quejosa a desocupar un inmueble, ya que su admisión no dejaría sin materia el juicio de amparo, pues si obtuviera sentencia favorable a la quejosa se le restituiría el inmueble materia de la litis del juicio donde se ejerció la acción reivindicatoria, por lo que resultaría irrelevante si con la ejecución de la sentencia se afectan derechos no estimables en dinero.
El Tribunal Colegiado puntualizó que procedía la contrafianza para dejar sin efectos la suspensión concedida a la parte quejosa, inclusive cuando se tratara de la suspensión decretada en contra de la sentencia que ordena el lanzamiento con motivo de un juicio de desahucio o de rescisión de contrato de arrendamiento "ya de cualquier juicio en que se ordene".
La parte relativa de la ejecutoria mencionada, es del siguiente tenor.
"CUARTO. Son infundados e inoperantes los anteriores agravios.
"Así lo es, toda vez que el recurrente sostiene en ellos que con la contrafianza se permitirá la ejecución de la sentencia reclamada -que no es más que el lanzamiento- y lo cual dejaría sin materia el juicio de amparo; cuando si bien es cierto que el quejoso promovió demanda de amparo contra la sentencia dictada en apelación por el Magistrado responsable, misma que fue en el sentido de confirmar la de primera instancia por la que se le condenó tanto a soportar la cancelación del gravamen número 39, del tomo 119, que pesa sobre el inmueble denominado **********, registrado a **********, como a desocuparlo y entregarlo a favor de éste a consecuencia de prosperar la acción reivindicatoria, a la vez que se declaró improcedente la acción reconvencional de nulidad que el quejoso ejercitara en contra de ********** y otros, según consta de los antecedentes relatados por el propio recurrente; demanda de amparo en la que además solicitó la suspensión del acto reclamado y la cual le fue concedida en auto de veinte de junio del presente año (foja 148), fijándose la garantía a fin de que surtiera efectos, garantía que se tuvo por presentada en diverso auto del día veintisiete siguiente (foja 158), siendo a petición de ********** que en acuerdo de tres de julio del año en curso (foja 180) se fijó contrafianza en los términos ya transcritos en el resultando relativo de esta ejecutoria; lo cierto es que esa fijación de contrafianza, no dejaría sin materia al juicio de amparo, contra lo sostenido, atento a que de llegar a obtener sentencia favorable el quejoso, una de las consecuencias de su ejecución sería precisamente que se le restituyera en la cosa objeto de la acción reivindicatoria, de manera que la ejecución de la sentencia de amparo no sólo es desde el ámbito jurídico sino también material.
"Referente a que con la ejecución de la sentencia de amparo que llegara a otorgarle la protección constitucional, no se le restituiría al quejoso en su afectación anímica ni respecto de las vejaciones y descréditos que se le ocasionaran con el ‘lanzamiento del inmueble’ que -afirma- posee por más de nueve años y en forma ininterrumpida; ha de establecerse lo inexacto del argumento, en primer lugar, porque en el caso de la sentencia reclamada no se trata de una que haya condenado al lanzamiento en virtud de una acción de desahucio, o con motivo de la terminación o rescisión de un contrato de arrendamiento, en cuyo caso aplicarían las tesis de jurisprudencias una número 395 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 332 del rubro: ‘SUSPENSIÓN. CONTRAFIANZA IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE LANZAMIENTO.’, y otra número 379 de esa misma Sala, publicada en el diverso Apéndice de 1917-1995, Tomo IV, página 255, del rubro: ‘SUSPENSIÓN, CONTRAFIANZA PARA LA. NO PROCEDE ADMITIRLA PARA DEJAR SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DE UNA SENTENCIA QUE CONDENA A DESOCUPAR EL LOCAL ARRENDADO.’, sino que en el caso se trata de sentencia que determina la procedencia de la acción reivindicatoria, entre otras y, consecuentemente, ordena la desocupación y entrega del inmueble, como lo reconoce explícitamente el quejoso en sus agravios; de suerte que en el caso concreto, resultan inaplicables tanto aquellas tesis de jurisprudencia como las demás tesis que en similar sentido invoca en su pliego de inconformidades, cuando en el particular tiene plena y total aplicación la de número de registro: 913,345, sustentada por la que fue la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es la siguiente:
"‘SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA DE LA CONTRAFIANZA PARA LLEVAR ADELANTE LA DESOCUPACIÓN ORDENADA EN JUICIO REIVINDICATORIO. La jurisprudencia de la Suprema Corte, relativa a la improcedencia de la contrafianza, tratándose de desahucio, no es aplicable a los efectos de las suspensiones concedidas en juicios reivindicatorios, en los cuales sí debe admitirse la contrafianza propuesta por el tercero perjudicado, en virtud de que en caso de concederse la protección constitucional al agraviado, éste sería restituido en la posesión del inmueble.’
"En segundo lugar, porque al margen de que con la ejecución de la sentencia reclamada pueda ocasionarse el daño moral aducido, y que la contrafianza no tiene por objeto responder del mismo sino tan sólo de los daños y perjuicios definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1a. 61/2004 y 2a. 40/2000, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente de los rubros siguientes: ‘SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA QUE SURTA EFECTOS LA CAUCIÓN, SU MONTO DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO CON ESA MEDIDA.’ y ‘SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO.’; lo cierto es que tendría expedito su derecho para ejercitarlo a través de la acción y ante el tribunal de instancia en los términos que considere a su interés, pero lo cual no constituye un obstáculo jurídico para la procedencia de la contrafianza respecto de una sentencia condenatoria a la desocupación de inmueble en juicio reivindicatorio; de ahí que carezca de validez jurídica si con la ejecución de la sentencia reclamada se afectan o no derechos que sean no estimables en dinero, atentas las razones que sustentan a la tesis de jurisprudencia siguiente:
"‘SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CONTRAGARANTÍA PARA LEVANTARLA PUEDE FIJARSE AUNQUE NO SE HAYAN PAGADO AL QUEJOSO LOS GASTOS QUE REALIZÓ PARA OBTENERLA, PERO DEBEN CUBRIRSE ANTES DE DEJARLA SIN EFECTOS. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, se advierte que para fijar el monto de la contragarantía, ofrecida por el tercer perjudicado para que quede sin efectos la suspensión, debe atenderse a dos aspectos: 1) La restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y 2) El pago de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al quejoso con la ejecución del acto reclamado, no así los gastos realizados por éste para presentar la garantía con la que obtuvo la suspensión, pues conforme al segundo párrafo del referido artículo 126, el pago de dichas erogaciones no es un requisito para la procedencia de la contrafianza, ni para la fijación de su monto, sino para su efectividad, el cual debe ser satisfecho antes de que el Juez deje sin efectos la suspensión. En congruencia con lo antes expuesto, si el tercero perjudicado solicita que le sea fijada la contragarantía para dejar sin efectos la suspensión y estar en posibilidad de que se ejecute el acto reclamado, el Juez de Distrito, al mismo tiempo que da vista al quejoso con esa solicitud, requiriéndolo mediante notificación personal para que acredite el monto de los gastos efectuados, debe pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud del tercero y, en su caso, fijar el monto de la contragarantía, la cual sólo debe comprender los aspectos antes señalados, pero no puede dejar sin efectos la suspensión, con la sola exhibición de la contragarantía ni comunicar tal circunstancia a las autoridades responsables, sino hasta que el tercero pague al quejoso el importe de los gastos que demuestre haber realizado con motivo de la garantía que presentó, pues de no ser así, la suspensión seguirá surtiendo efectos.’
"...
"Así lo es, ya que si en ninguna de las disposiciones de la Constitución y de las de la ley reglamentaria, se distinguen los casos de procedencia de la contrafianza para la ejecución de una sentencia dictada ya en juicio de desahucio, ya en juicio reivindicatorio, cuando pudieran ocasionarse perjuicios al quejoso no estimables en dinero por su carácter moral, al desacreditarla ante la sociedad y que no podría ser reparable en forma pecuniaria de obtener sentencia favorable en el juicio de amparo; entonces, no queda más que concluir que en aras de la legalidad y seguridad jurídica, improcede la distinción pretendida, aun cuando en el particular haya el lanzamiento, puesto que debe privilegiarse la interpretación de la ley que sea acorde con las garantías individuales, o con los principios y valores constitucionales; y, en esas condiciones, este Tribunal Colegiado considera que procede la contrafianza, incluso cuando se trate de la suspensión contra sentencia que ordene el lanzamiento, ya proveniente de juicio de desahucio o de rescisión de contrato de arrendamiento, ya de cualquier juicio en que se ordene. ..."
OCTAVO. En aras de determinar si en el caso existe la contradicción de criterios denunciada, pues sólo en tal supuesto es dable determinar cuál es el que debe prevalecer, es menester expresar lo siguiente:
Para que exista materia a dilucidar en el expediente de la contradicción de tesis, debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que los tribunales hayan analizado cuestiones jurídicas esencialmente iguales, reflejados en las partes considerativas de las sentencias respectivas.
En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los requisitos siguientes:
a) Que al resolver los negocios jurídicos, los tribunales hayan examinado cuestiones esencialmente iguales y adopten criterios jurídicos discrepantes.
b) La diferencia de criterios deberá presentarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias de los asuntos que hayan resuelto; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice:
"N
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21620-90d3dd02/contrafianza-en-la-suspension-su-otorgamiento-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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