EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE ESTE CONJUNTAMENTE CON EL ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO, PROCEDE EL AMPARO, RESPECTO DEL PRIMER ACTO AUNQUE NO SE AGOTEN LOS RECURSOS ORDINARIOS (MATERIA MERCANTIL).
AMPARO EN REVISION 313/94. MIGUEL CAMPOS DIEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-En la primera parte de los agravios el recurrente indica, substancialmente, que resulta ilegal el sobreseimiento decretado por el a quo con fundamento en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo respecto de la falta de emplazamiento que reclamó, dado que ante la inminente privación de su libertad con motivo del arresto combatido, es inconcuso que no estaba en aptitud de hacer valer los recursos procedentes para impugnar esa falta de emplazamiento.
Tales agravios resultan fundados y suficientes para revocar el sobreseimiento decretado por el a quo, respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 873/93.
En efecto, de la demanda de garantías aparece que el quejoso no sólo reclamó la falta de emplazamiento al juicio de origen sino también la orden de arresto decretada en su contra dentro del propio procedimiento. En esas condiciones, es obvio que no procedía decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías por la circunstancia de que la parte quejosa no hubiere agotado, previamente al amparo, el incidente de nulidad previsto por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio, para impugnar la falta de llamamiento a juicio, pues no debe perderse de vista, que el incidente de nulidad referido no suspende el procedimiento y, por ende, tampoco hubiese suspendido la ejecución del arresto reclamado, trayendo consigo la inminente privación de la libertad del quejoso, violándose en su perjuicio la garantía de libertad que primordialmente tutela el artículo 16 de la Carta Magna. Al respecto, se invoca el criterio sustentado por este cuerpo colegiado, al resolver los amparos en revisión 187/92, 366/92 y 601/92, que dice: "-Aunque la ley procesal de aplicación supletoria al Código de Comercio, establezca algún recurso o medio de defensa legal para impugnar la ilegalidad del emplazamiento, cuando no se haya dictado sentencia de primer grado, si este emplazamiento se reclama en amparo conjuntamente con el arresto impuesto a la quejosa como medida de apremio, no procede sobreseer en el juicio de garantías, respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento, por la circunstancia de que la quejosa no hubiera agotado previamente al juicio de garantías, el incidente de nulidad previsto por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla de aplicación supletoria al Código de Comercio, contra el ilegal emplazamiento, pues atendiendo al principio que dice que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición de derecho, resulta obvio que si el incidente de nulidad señalado no suspende el procedimiento y la quejosa al plantear la demanda afirmó estar detenida en virtud del arresto decretado, y que desconocía que existiera un juicio en su contra, porque no se le emplazó al mismo, no puede exigírsele en este caso que agote recurso alguno contra la falta de emplazamiento.".
En ese orden de ideas, es inconcuso que el quejoso, hoy recurrente, no estaba obligado a agotar, previo al amparo, el incidente de nulidad de actuaciones para impugnar la falta de emplazamiento; razones por las que procede revocar el sobreseimiento decretado por el a quo, por lo que a dicho acto se refiere y entrar al estudio del fondo del asunto, de acuerdo a lo previsto por la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo.
CUARTO.-El quejoso expresa como conceptos de violación, los siguientes: "Se viola en mi perjuicio el artículo 14 de nuestra Carta Magna, que consagra la garantía de audiencia en virtud de que se me pretende privar de mi libertad personal, sin haber sido oído ni vencido en juicio, motivo por el cual considero que tal privación de mi libertad, viola en mi perjuicio el precepto legal invocado, ya que se cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, puesto que no existe razón jurídica, para que se me prive del goce de mi libertad, en un juicio donde no he sido oído ni vencido en él. También se viola en mi perjuicio el artículo 16 del pacto federal que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, propiedades y posesiones sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y en el presente caso las autoridades señaladas como responsables, pretenden molestarme en mi persona, en virtud de un mandamiento escrito de autoridad, que no se encuentra fundada ni motivada, debidamente la causa legal del procedimiento, siendo por ello mandamiento infundado e inmotivado todas estas razones hacen ineludible que se me deba conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamo.".
QUINTO.-Resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, en los que manifiesta que no fue debidamente emplazado a juicio; además, este cuerpo colegiado suple la queja deficiente en términos del artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo.
Para una mejor comprensión del asunto, conviene precisar que de las constancias que remitió la responsable ordenadora como justificante de su informe, aparecen los siguientes hechos:
I. Por escrito de veinte de mayo de mil novecientos noventa y tres, Alejo Bello Cernichari como endosatario en procuración de Tranquilino García Aldrete, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Miguel Campos Diez, señalando como domicilio para el emplazamiento, el ubicado en la casa número veintinueve de la calle Benito Juárez, colonia Zaragoza de esta ciudad; radicándose el juicio respectivo bajo el número 873/93, del Juzgado Quinto de lo Civil de esta capital.
II. Por auto de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y tres, se admitió la demanda señalada, ordenando al diligenciario del juzgado se constituyera en el domicilio del demandado, a fin de requerirlo del pago de las prestaciones reclamadas, y en su caso de no efectuarse el pago, procediera al embargo respectivo y, finalmente, emplazara al propio demandado en términos de ley.
III. Siendo las ocho horas del día catorce de junio de mil novecientos noventa y tres, el diligenciario responsable se constituyó en el domicilio señalado y al no encontrar al interesado, procedió a dejarle el citatorio para que lo esperara a las dieciséis horas del mismo día.
IV. Siendo las diez horas del catorce de junio de mil novecientos noventa y tres, el diligenciario se constituyó nuevamente en el domicilio de referencia y al no encontrar al demandado, procedió a entender la diligencia con Ismael Campos Hernández, quien era la persona que se encontraba en el domicilio, practicando el embargo correspondiente y además le notificó el auto de radicación de la demanda, entregando copia de ésta y de los documentos exhibidos por la parte actora.
Ahora bien, el artículo 1393 del Código de Comercio, establece: "No encontrándose al deudor la primera busca se le dejará citatorio, fijándole día y hora para que aguarde. Por el solo hecho de que el deudor no aguarde al emplazamiento, se procederá a practicar el embargo con cualquiera persona que se encuentre en la casa o con el vecino más inmediato.".
Si bien es cierto que el Código de Comercio regula los pasos a seguir por parte del actuario para la práctica del emplazamiento; también lo es, que dicha regulación es incompleta, ya que no se establece cuál es el lapso que debe existir entre el momento en que se deje el citatorio y el momento en que debe practicarse el emplazamiento.
En estas circunstancias, es evidente que de conformidad con el artículo 1054 del Código de Comercio, en materia de emplazamiento y por lo que se refiere al lapso antes mencionado, debe aplicarse en forma supletoria la ley de procedimientos local respectiva, con el fin de colmar esa laguna o regulación incompleta que existe en el susodicho Código de Comercio. Lo anterior con apoyo en la tesis relacionada con la jurisprudencia 1100, visible a foja 1771, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIOS MERCANTILES. SUPLETORIEDAD DE LA LEGISLACION LOCAL EN LOS. PROCEDENCIA.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1051 del Código de Comercio, la aplicación supletoria de la legislación local en los juicios mercantiles no debe entenderse de un modo absoluto, sino con las restricciones que el propio numeral señala; es decir, procede sólo en defecto de las normas del Código de Comercio y únicamente con respecto de aquellas instituciones establecidas por este ordenamiento, pero no reglamentadas o reglamentadas deficientemente, en forma tal que no permita su aplicación adecuada. Todo ello a condición de que las normas procesales locales no pugnen con las de la legislación adjetiva mercantil.".
En consecuencia, toda vez que el artículo 1393 transcrito, no regula lo relativo al lapso que debe existir entre el citatorio y el emplazamiento, resulta necesario remitirse a la ley de procedimientos local supletoria (Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), la cual en su artículo 49 fracción III, establece: "En la primera notificación se aplicarán las siguientes disposiciones: ... III. Si el interesado no se encuentra en la primera busca, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente.".
De acuerdo a lo narrado, para que un emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil, se ajuste a la ley, y siempre que en la primera búsqueda no se encuentre al interesado, el citatorio necesariamente deberá dejarse fijando una hora determinada del día siguiente hábil.
En el presente caso, es innegable que el emplazamiento que se practicó a Miguel Campos Diez en el juicio ejecutivo mercantil 873/93 radicado en el Juzgado Quinto de lo Civil de esta capital, es contrario a la ley, pues como ya quedó establecido con antelación, el citatorio se dejó para el mismo día y además existe la circunstancia de que no obstante que el diligenciario al dejar el citatorio indicó que se le esperara a las dieciséis horas del día catorce de junio de mil novecientos noventa y tres, la diligencia respectiva no la practicó a la hora señalada, sino a las diez horas del mismo día, aclarando que si bien las constancias que remitió la responsable son borrosas y no se distingue claramente la palabra "diez" hora en que se practicó el emplazamiento, lo cierto es que ello es irrelevante, dado que, de las propias constancias se desprende, que independientemente de la hora, el mismo sí se efectuó el catorce de junio de mil novecientos noventa y tres, por lo que es inconcuso que la diligencia de que se trata se llevó a cabo el mismo día en que se dejó el citatorio, lo cual, según se vio, depara perjuicio al demandado.
De aceptar la aplicación literal del artículo 1393 del Código de Comercio, se podría llegar a absurdos legales como que se citara el mismo día, cinco minutos después de la primera búsqueda, afectándose con ello la seguridad jurídica que es el valor fundamental que preservan las normas que regulan el emplazamiento de todo procedimiento de carácter judicial.
Por otro lado, la ratio legis de las disposiciones que prevén la existencia de los citatorios, consiste en asegurar que el demandado que no se encuentre presente en la primera búsqueda (como sucedió en la especie), tenga un lapso razonable para enterarse de la existencia de ese citatorio; pero para ello, es claro que deben considerarse las condiciones normales de la vida de una persona. Es decir, es indudable que si a una persona se le busca a las nueve horas de un determinado día, por regla general no podría atender un citatorio que se le deja para unas dos o tres horas después (tal y como sucedió en la especie), ya que lo lógico es que esa persona regrese a ese lugar a la hora de tomar sus alimentos por la tarde, o bien, hasta la noche, cuando llegue a su domicilio a descansar; por ese motivo, es claro que el citatorio debe dejarse para el siguiente día hábil y no para el mismo día.
Evidentemente que lo que se propuso el legislador al establecer la formalidad del citatorio previo, fue que el interesado tenga tiempo suficiente para conocer que una autoridad judicial pretenda practicar una diligencia de ese mismo carácter con él, y esto, no se cumpliría si entre el citatorio y el emplazamiento no existiera un lapso razonable, para que el afectado esté en aptitud de conocer la existencia de esa primera búsqueda.
Es por ello, por lo que este Tribunal Colegiado considera que debe aplicarse supletoriamente el artículo 49 fracción III invocado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 779, visible a foja 1286, del Apéndice invocado, que dice: "EMPLAZAMIENTO EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DEL DERECHO LOCAL COMUN.-En la contradicción planteada entre los Tribunales Colegiados del Quinto y Octavo Circuito, en virtud de que el primero de dichos tribunales sostiene que tratándose de la diligencia de emplazamiento y embargo en un juicio ejecutivo mercantil, su práctica y formalidades, no admiten supletoriedad de la ley común, toda vez que esa diligencia está regulada en los artículos 1393 y 1396 del Código de Comercio en tanto que el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito sustenta la tesis contraria relativa a que en la práctica de un emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil, debe realizarse con apego a lo que sobre el particular disponga el Código de Procedimientos Civiles Local, aplicado supletoriamente de conformidad con el artículo 1051 del Código de Comercio, porque este ordenamiento en sus artículos 1393 y 1396 omite establecer las formalidades que la legislación común determina para la práctica justa del emplazamiento, debe prevalecer el siguiente criterio; la comparación de las normas de derecho común con las del Código de Comercio, demuestran que en tratándose de notificación de la demanda, en los juicios ejecutivos mercantiles, deben aplicarse las del derecho local común, por ser omiso el Código de Comercio en las formalidades que deben observarse en materia de notificación de la demanda. En efecto, estas formalidades es necesario observarlas en los juicios ejecutivos mercantiles, a fin de que el demandado tenga pleno conocimiento de saber quién lo demanda, qué se le demanda y qué tribunal ordenó el emplazamiento, para que no se viole la garantía de audiencia que señala el artículo 14 constitucional en su segundo párrafo que dice: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.".
En consecuencia, si en el caso a estudio el citatorio para realizar el emplazamiento se dejó para el mismo día en que se llevó a cabo la primera búsqueda, es evidente que esa primera notificación no se ajustó a derecho, por resultar contraria a lo dispuesto por la fracción III del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio; por tanto, es inconcuso que el emplazamiento impugnado es ilegal. Además es de tomarse en consideración que el Máximo Tribunal del país, ha sostenido que la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el juicio se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal, ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia.
En ese orden de ideas, es de concluirse que el emplazamiento impugnado no se ajustó a derecho y, por ende, resulta violatorio de las garantías individuales del quejoso, razones por las que procede conceder la protección federal solicitada, para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 873/93 y reponga el mismo a partir de la diligencia de emplazamiento practicado al quejoso, el cual deberá realizarse conforme a la ley, y en su caso, continúe el juicio por todos sus trámites legales.
La anterior concesión, debe hacerse extensiva al acto reclamado, consistente en el arresto decretado en contra del quejoso en el juicio número 873/93; lo anterior es así, porque al haberse concedido el amparo a fin de que se deje insubsistente todo lo actuado en ese juicio a partir de la diligencia de emplazamiento, es inconcuso que también deberá quedar insubsistente la medida de apremio dictada en ese procedimiento y, por ende, debe revocarse la negativa del a quo, por lo que a dicho acto se refiere.
En apoyo a los razonamientos anteriores, se invoca el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo número 100/92, así como los amparos en revisión 146/90 y 91/92, que dice: "EMPLAZAMIENTO EN LOS JUICIOS MERCANTILES. LAPSO QUE DEBE MEDIAR ENTRE EL CITATORIO Y LA NOTIFICACION.-Si bien es cierto que el artículo 1393 del Código de Comercio establece el requisito del citatorio previo al emplazamiento; también lo es, que dicho precepto contiene una laguna, ya que no establece cuál es el lapso que debe mediar entre el momento que se deje el citatorio y el momento en que debe practicarse la notificación. En estas condiciones, es necesario remitirse a la ley de procedimientos local, de aplicación supletoria, la cual en su artículo 49 fracción III (Legislación del Estado de Puebla), señala que si el interesado no se encuentra en la primera búsqueda, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente. De acuerdo a lo anterior, para que un emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil se ajuste a la ley, y siempre que en la primera búsqueda no se encuentre al interesado, el citatorio necesariamente deberá de dejarse fijando una hora determinada del siguiente día hábil. Es evidente que la ratio legis de las disposiciones que prevén la existencia de los citatorios, consiste en asegurar que el demandado no se encuentre presente en la primera búsqueda, tenga un lapso razonable para enterarse de la existencia de ese citatorio. De aceptar la publicación literal del artículo 1393 del Código de Comercio, se podría llegar a absurdos legales como que se citara el mismo día cinco minutos después de la primera búsqueda afectándose con ello la seguridad jurídica que es el valor fundamental que preservan las normas que regulan el emplazamiento de todo procedimiento de carácter judicial.".
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 89, 90, 91 de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III, capítulo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca el fallo sujeto a revisión.
SEGUNDO.-Para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a MIGUEL CAMPOS DIEZ contra los actos que reclamó del Juez Quinto de lo Civil de esta capital, diligenciario adscrito a los expedientes nones de dicho juzgado y coordinador de la Policía Judicial del Estado de Puebla, actos que han quedado precisados en el resultando primero de este fallo.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución remítase copia a la autoridad responsable, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto concluido.
Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Jaime Manuel Marroquín Zaleta, Olivia Heiras de Mancisidor y Norma Fiallega Sánchez, siendo relator el primero de los nombrados y firman en unión de la secretaria de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2168-888e4b4f/emplazamiento-cuando-se-reclama-la-falta-de-este · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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