CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN CELEBRADA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008, EN EL RECURSO DE REVISIÓN 41/2008, INCOADO EN CONTRA DE LA NEGATIVA PARCIAL DE INFORMACIÓN SOLICITADA AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT ES ILEGAL, AL HABERSE PRESIDIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE PARA ELLO, EN TÉRMINOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESE ESTADO Y SU REGLAMENTO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2009, DICTADA POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EN EL RECURSO DE REVISIÓN 41/2008, INCOADO EN CONTRA DE LA NEGATIVA PARCIAL DE INFORMACIÓN SOLICITADA AL PODER JUDICIAL DE DICHA ENTIDAD.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 52/2009. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: DIANA MINERVA PUENTE ZAMORA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiocho de octubre de dos mil nueve.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el diez de junio de dos mil nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Armando Gómez Arias, quien se ostentó como presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, en representación del Poder Judicial de dicho Estado, promovió controversia constitucional, en la que señaló como órgano demandado y norma general impugnada lo siguiente:
"II. Autoridad demandada: el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Nayarit, cuyo domicilio se encuentra ubicado por (sic) avenida Allende número 175, poniente interior 1, de la ciudad de Tepic, Nayarit. Acto reclamado: Reclamamos de la autoridad señalada como responsable, la resolución emitida el 29 veintinueve de abril del año 2009 dos mil nueve, dictada dentro del recurso de revisión número 41/2008, interpuesto por Karla Miriam Villarreal Arce, respecto de la negativa parcial de información atribuida al Poder Judicial."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del asunto los siguientes:
"VI. Antecedentes respecto de los hechos: Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, la relación de hechos que a continuación describiré: a. El dos de septiembre del año dos mil ocho, en la Unidad de Enlace del Poder Judicial del Estado de Nayarit, se recepcionó el escrito que presentó Karla Miriam Villarreal Arce en el que solicitaba a ese ente jurídico, copias certificadas de lo siguiente: ‘1. Copia certificada de las minutas y actas de las reuniones o sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de la Judicatura (Pleno y comisiones) celebradas del 19 de septiembre de 2005 al 31 de agosto de 2008. 2. El número de denuncias administrativas presentadas contra servidores públicos del Poder Judicial en 2005. 3. El número de denuncias administrativas presentadas contra servidores públicos del Poder Judicial en 2006. 4. El número de denuncias administrativas presentadas contra servidores públicos del Poder Judicial en 2007. 5. El número de denuncias administrativas presentadas contra servidores públicos del Poder Judicial en 2008. 6. El número de procedimientos administrativos disciplinarios instaurados por el Consejo de la Judicatura y/o Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado, en los siguientes años: 2005, 2006, 2007 y 2008. 7. El número de procedimientos administrativos disciplinarios que se encuentren en proceso en el Consejo de la Judicatura y/o Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado, en los siguientes años: 2005, 2006, 2007 y 2008. 8. El número de procedimientos administrativos disciplinarios concluidos por el Consejo de la Judicatura y/o Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado, en los siguientes años: 2005, 2006, 2007 y 2008. 9. Sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo de la Judicatura y/o Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado, en los siguientes años: 2005, 2006, 2007 y 2008, identificando al personal sancionado. 10. El número de resoluciones disciplinarias dictadas por el Consejo de la Judicatura y/o Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado, en los siguientes años: 2005, 2006, 2007 y 2008. 11. El número de resoluciones disciplinarias emitidas por el Consejo de la Judicatura que han sido revocadas en los siguientes años: 2005, 2006, 2007 y 2008.’. b) El tres de octubre del año dos mil ocho, la solicitante Karla Miriam Villarreal Arce, fue notificada del oficio número 1393/2008 a través del cual se dio respuesta a la petición planteada al titular de la Unidad de Enlace, sin embargo por considerar ésta que respecto de los puntos uno y nueve no se le había proporcionado la información solicitada, interpuso recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. c. Con fecha 28 de octubre de 2008 ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, se tuvo por recibido el escrito en vía de informe documentado por parte de este tribunal, en el mismo auto se admiten las pruebas ofrecidas y se abre el periodo de alegatos; ahora bien, por auto de fecha once de noviembre del año 2008 y, a petición del Poder Judicial, la autoridad responsable convocó a la recurrente a una audiencia de conciliación que tendría verificativo el día 18 de noviembre del año 2008, en punto de las diez de la mañana en la sede del instituto. d. Es así que el día de su fecha (sic) se llevó a cabo la audiencia de conciliación en la que participaron por parte del instituto el licenciado Carlos Alberto Flores Santos, por el sujeto obligado el doctor Sergio Arnoldo Morán Navarro, titular de la Unidad de Enlace del Poder Judicial del Estado y la recurrente Karla Miriam Villarreal Arce, en dicha reunión la recurrente expresa que su solicitud de información no se ha cumplido porque solicitó ‘copias certificadas de las minutas y reuniones o sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de la Judicatura (Pleno y comisiones) celebradas del diecinueve de septiembre del año 2005 dos mil cinco al 31 treinta y uno de agosto del año 2008 dos mil ocho’. e. En este aspecto el titular de la Unidad de Enlace propuso a la recurrente que debido a lo voluminoso de la información le proporcionaría antes del 28 de noviembre de 2008 el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Consejo de la Judicatura en el periodo que lo solicita, esto para que la recurrente precise cuáles son las actas y minutas de su interés. Ante tal propuesta la recurrente manifestó estar de acuerdo en recibir el orden del día de las sesiones. f. De la misma audiencia se deriva que la recurrente consideró que no había sido satisfecho el punto noveno de su solicitud en el que solicita ‘sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo de la Judicatura y/o Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado en los siguientes años: 2005, 2006, 2007 y 2008 identificando al personal sancionado’. Ya que considera que le hace falta la identificación del personal sancionado y la sanción que le fue impuesta; ante tal petición el doctor Sergio Arnoldo Morán Navarro, expresa que en el término de tres días hábiles entregará la información referente a la identificación del personal sancionado y sanciones impuestas por el Consejo de la Judicatura y/o Contraloría Interna en los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Dándose así por concluida la audiencia de conciliación. g. Es el caso que por auto de fecha 24 veinticuatro de noviembre del año 2008 dos mil ocho, se tuvo por cumplido de manera parcial lo acordado en la audiencia de conciliación, ya que este Poder Judicial del Estado de Nayarit, por conducto del titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información, remitió en tiempo la información solicitada por la recurrente, en lo correspondiente a las sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo de la Judicatura y/o Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado en los siguientes años: 2005, 2006, 2007 y 2008, identificando al personal sancionado. Ordenando dicho instituto a la recurrente que se estaría a lo acordado en la audiencia de conciliación. Por otra parte y con respecto al otro punto conciliatorio relativo al de proporcionar copias certificadas de las órdenes del día de las sesiones del Consejo de la Judicatura en los años 2005 a 2008, a que también se comprometió este tribunal por conducto del titular de enlace, por auto de fecha 3 de diciembre de 2008, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública tuvo por recibido el oficio remitido por el titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información de este tribunal en el que señala el monto que debería cubrir la solicitante de la información por concepto de pago para la expedición de copias certificadas de las órdenes del día de las sesiones referidas con antelación, es de mencionarse que en dicho acuerdo se le dio a la solicitante el plazo de tres días para acceder a la información, previo pago de derechos correspondiente a la certificación y se hizo el apercibimiento a la misma para que, en caso de omisión a lo anterior el sujeto obligado, es decir, el Poder Judicial del Estado quedaría eximido de su responsabilidad dándose por concluido el recurso de revisión ante la falta de interés jurídico de la solicitante. h. El Poder Judicial cumplió con lo establecido en la audiencia de conciliación, por lo tanto, lo que debió acordar la responsable es hacer efectivo su apercibimiento y eximir de la entrega de la información al Poder Judicial, toda vez que la recurrente no accedió a la información, debido a que no exhibió el pago a favor del Fondo Auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, dentro del plazo concedido y por tanto debió dar por concluido el recurso de revisión ante la falta de interés jurídico de la solicitante. Sobre todo, porque esta situación se encuentra prevista en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, que prevé, que el artículo 85 ‘Los acuerdos tomados por ambas partes en la audiencia de conciliación, asentados en el acta y avalados por el instituto, obligan con la misma firmeza que una resolución final de éste. En todo caso deberán precisarse los términos y condiciones en que las partes habrán de cumplir aquello que acordaron.’. Y en lo que respecta al presente juicio de garantías, la autoridad responsable, no se ajustó a lo que la normatividad que regula la audiencia de conciliación y que exige que cumpla, vulnerando el artículo 14 constitucional, al violar las formalidades esenciales que se tienen previstas en materia de transparencia, cuando lo que debió hacer la autoridad responsable, era hacer válido el apercibimiento a la recurrente, y dar por concluida la presente solicitud por falta de interés jurídico de la recurrente, eximiendo al Poder Judicial de la entrega de la información solicitada. i. No obstante lo anterior, la autoridad responsable sin fundar y motivar, con fecha seis de enero del año 2009, emite un acuerdo en el que fuera de todo contexto legal y revocando su propia determinación, admite una inconformidad presentada por la tercera perjudicada Karla Miriam Villarreal Arce y requiere al Tribunal Superior de Justicia, quien no es el sujeto obligado, cuando el sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado, para que en un plazo no mayor a tres días manifieste su postura respecto a dicha inconformidad. j. Dicha situación de falta de fundamentación y motivación se siguió observando en todos los acuerdos posteriores emitidos por la autoridad responsable. k. Ahora bien, por auto de fecha diez de febrero del año dos mil nueve, de nueva cuenta se requiere a la recurrente para que cubra la cantidad señalada para la certificación correspondiente y la requiere dándole un plazo de tres días para acceder a la información, bajo apercibiendo (sic) que en caso omiso de dar por terminada la solicitud de información eximiendo al Poder Judicial de la entrega de la información solicitada. l. Con fecha 28 de febrero del presente, la autoridad responsable, sin que la recurrente hubiera atendido al nuevo requerimiento realizado, dicta un nuevo auto, en el que sin fundar ni motivar tiene hechas las manifestaciones que se desprenden de un escrito presentado por la hoy tercera interesada y declara abierto el periodo de alegatos, dando vista a las partes para presentarlos por escrito en un plazo de cinco días hábiles y por auto de fecha diecisiete de marzo de este mismo año, declara precluido el derecho de las partes para expresar alegatos, cerrando el periodo de instrucción y turna el expediente para emitir dentro del plazo legal la resolución correspondiente. m. Finalmente, con fecha 29 veintinueve de abril del año 2009 dos mil nueve, la autoridad responsable dentro del recurso de revisión número 41/2008, dicta la resolución materia de la presente controversia constitucional, interpuesto por Karla Miriam Villarreal Arce, respecto de la negativa parcial de información atribuida al Poder Judicial, desclasificando la información que restaba por entregarle a la ahora tercero interesada, y condenando al Poder Judicial entre otros aspectos a la entrega de la información de referencia, así como a otros conceptos que no fueron objeto de petición por la solicitante, mismos que precisaré en el punto siguiente respecto de los conceptos de invalidez del acto. n. En contra de la resolución que motivó el presente acto reclamado, el Poder Judicial del Estado de Nayarit, interpuso amparo directo, ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito del país, mismo que se encuentra en trámite actualmente."
TERCERO. En la demanda se señalaron como preceptos violados los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El promovente de la controversia constitucional expuso los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, mismos que a continuación se transcriben:
"El acto reclamado, vulnera en perjuicio del Poder Judicial del Estado de Nayarit, el principio de legalidad previsto en los artículos 14, así como la garantía de audiencia derivada del artículo 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que este derecho garantiza que toda persona, física o moral, para ser privada o molestada en sus derechos, necesita que el acto de autoridad esté debidamente fundado y motivado, en la causa legal de su actuar, situación que en lo que respecta al acto reclamado, la autoridad responsable (sic). a. Genera agravios la resolución que constituye el acto reclamado en cuanto a que en el vistos para dictar la resolución en el primer párrafo y los antecedentes I, II, se refieren a una persona de nombre Karla Rosario Bizarrón Trejo, persona ésta, que no tiene nada que ver con el recurso de revisión en el que se pronunció la resolución que se reclama, y que la autoridad responsable nos condena a la entrega de información a esta persona ajena al juicio. b. Violaciones procesales. En el procedimiento que se llevó, ante la autoridad responsable, el Poder Judicial del Estado de Nayarit, por conducto del titular de la Unidad de Enlace, solicitó a la autoridad responsable, que convocara a la recurrente a una audiencia de conciliación que tendría verificativo el día 18 de noviembre del año 2008, en punto de la diez de la mañana en la sede del instituto. Es así que el día de su fecha se llevó a cabo la audiencia de conciliación en la que participaron por parte del instituto el licenciado Carlos Alberto Flores Santos, por el sujeto obligado el doctor Sergio Arnoldo Morán Navarro, titular de la Unidad de Enlace del Poder Judicial del Estado y la recurrente Karla Miriam Villarreal Arce, en dicha reunión la recurrente expresó que su solicitud de información no se había cumplido porque solicitó copias certificadas de las minutas y reuniones o sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de la Judicatura (Pleno y comisiones) celebradas del diecinueve de septiembre del año 2005 dos mil cinco al 31 treinta y uno de agosto del año 2008 dos mil ocho. En este punto, cabe precisar que la participación que se le da por parte del instituto de transparencia al licenciado Carlos Alberto Flores Santos, carece de total legalidad, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Nayarit, exige que la audiencia de conciliación debe ser presidida por el presidente o el secretario ejecutivo del instituto, y en lo que respecta a la audiencia de referencia, la participación que tiene el licenciado Carlos Alberto Flores Santos, lo hace en calidad de coordinador jurídico y de procedimientos, figura en la que no es posible delegar la responsabilidad de la audiencia, ya que existe norma expresa que determina quién debe presidir la audiencia de conciliación, violando por demás las disposiciones contenidas en el artículo 14 constitucional, que se refieren a las formalidades esenciales del procedimiento. Sin embargo, a pesar de esta falta de sujeción al aspecto normativo del funcionamiento de la autoridad responsable, el titular de la Unidad de Enlace del Poder Judicial, propuso a la recurrente que debido a lo voluminoso de la información, le proporcionaría antes del 28 de noviembre de 2008 el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Consejo de la Judicatura en el periodo que lo solicita, esto para que la recurrente precise cuáles son las actas y minutas de su interés. Ante tal propuesta la recurrente manifestó estar de acuerdo en recibir el orden del día de las sesiones. e. De la misma audiencia se deriva que la recurrente consideró que no había sido satisfecho el punto noveno de su solicitud en el que solicita ‘sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo de la Judicatura y/o Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado en los siguientes años: 2005, 2006, 2007 y 2008 identificando al personal sancionado.’. Ya que considera que le hace falta la identificación del personal sancionado y la sanción que fue impuesta; ante tal petición, el doctor Sergio Arnoldo Morán Navarro, expresó que en el término de tres días hábiles entregaría la información referente a la identificación del personal sancionado y sanciones impuestas por el Consejo de la Judicatura y/o Contraloría Interna en los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Dándose así por concluida la audiencia de conciliación. f. Es el caso que por auto de fecha 24 veinticuatro de noviembre del año 2008 dos mil ocho, se tuvo por cumplido de manera parcial lo acordado en la audiencia de conciliación, ya que este Tribunal Superior de Justicia por conducto del titular de la unidad de enlace y acceso a la información, remitió en tiempo la información solicitada por la recurrente, en lo correspondiente a las sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo de la Judicatura y/o Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado en los siguientes años: 2005, 2006, 2007 y 2008 identificando al personal sancionado. Ordenando dicho instituto a la recurrente que se estaría a lo acordado en la audiencia de conciliación. Por otra parte y con respecto al otro punto conciliatorio relativo al de proporcionar copias certificadas de las órdenes del día de las sesiones del Consejo de la Judicatura en los años 2005 a 2008 a que también se comprometió este tribunal por conducto del titular de enlace, por auto de fecha 3 de diciembre de 2008, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública tuvo por recibido el oficio remitido por el titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información de este tribunal en el que señaló el monto que debería cubrir la solicitante de la información por concepto de pago para la expedición de copias certificadas de las órdenes del día de las sesiones referidas con antelación, es de mencionarse que en dicho acuerdo se le dio a la solicitante el plazo de tres días para acceder a la información, previo pago de derechos correspondiente a la certificación y se hizo el apercibimiento a la misma para que, en caso de omisión a lo anterior el sujeto obligado, es decir, el Poder Judicial del Estado quedaría eximido de su responsabilidad dándose por concluido el recurso de revisión ante la falta de interés jurídico de la solicitante. g. El Poder Judicial cumplió con lo establecido en la audiencia de conciliación, por lo tanto lo que debió acordar la responsable es hacer efectivo su apercibimiento y eximir de la entrega de la información al Poder Judicial, toda vez que la recurrente no accedió a la información, debido a que no exhibió el pago a favor del Fondo Auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, dentro del plazo concedido y por tanto debió dar por concluido el recurso de revisión ante la falta de interés jurídico de la solicitante. Sobre todo, porque esta situación se encuentra prevista en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, que prevé, que (sic) artículo 85 ‘Los acuerdos tomados por ambas partes en la audiencia de conciliación, asentados en el acta y avalados por el instituto, obligan con la misma firmeza que una resolución final de éste. En todo caso, deberán precisarse los términos y condiciones en que las partes habrán de cumplir aquello que acordaron’. Y en lo que respecta al presente juicio de garantías, la autoridad responsable, no se ajustó a lo que la normatividad que regula la audiencia de conciliación y que exige que cumpla, vulnerando el artículo 14 constitucional, al violar las formalidades esenciales que se tienen previstas en materia de transparencia, cuando lo que debió hacer la autoridad responsable, era hacer válido el apercibimiento a la recurrente, y dar por concluida la presente solicitud por falta de interés jurídico de la recurrente, eximiendo al Poder Judicial de la entrega de la información solicitada. h. No obstante lo anterior, la autoridad responsable sin fundar y motivar, con fecha seis de enero del año 2009, emitió un acuerdo en el que fuera de todo contexto legal y revocando su propia determinación, admitió una inconformidad presentada por la tercera perjudicada Karla Miriam Villarreal Arce y requirió al Tribunal Superior de Justicia, quien no es el sujeto obligado, cuando el sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado, para que en un plazo no mayor a tres días manifestara su postura respecto a dicha inconformidad. i. Dicha situación de falta de fundamentación y motivación se siguió observando en todos los acuerdos posteriores emitidos por la autoridad responsable. j. Ahora bien, por auto de fecha diez de febrero del año 2009, de nueva cuenta se requirió a la recurrente para que cubriera la cantidad señalada para la certificación correspondiente y la requirió dándole un plazo de tres días para acceder a la información, bajo apercibiendo (sic) que en caso omiso de dar por concluido el recurso por falta de interés jurídico, y eximir al Poder Judicial del Estado de Nayarit, de la entrega de la información solicitada. k. Por lo tanto con dichas actuaciones carentes de motivación y fundamentación, la autoridad responsable violó en perjuicio de este Poder Judicial las formalidades más elementales que debe llevar todo procedimiento, ya que en lugar de declarar concluido el recurso de revisión y ordenar su archivo definitivo, por ser esto procedente ante la falta de interés total de parte de la recurrente, declara abierta una etapa procesal (periodo de alegatos) que no constituye el seguimiento legal que debió tener el procedimiento, emitiendo una resolución que evidentemente no se sujetó al cumplimiento de las formalidades, violando con ello lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit que establece literalmente lo siguiente: ‘los acuerdos tomados por ambas partes en audiencia de conciliación, anotados en el acta y avalados por el instituto, obligan con la misma firmeza que una resolución final de éste ...’. l. La autoridad responsable se ha extralimitado en su actuación, ya que como este H. Tribunal lo comprobará, en la resolución que se combate la autoridad responsable condena al Poder Judicial a publicar en la página web de internet oficial la difusión de la información del personal que ha sido sancionado. Sin embargo si bien es una de las facultades del instituto velar porque las instituciones públicas tengan visible en su información (sic) en sus respectivas páginas, no es a través de la resolución que se dicta en un procedimiento como el que nos ocupa y que promovió un particular, en la que nos deba requerir tal efecto, sino que debe concretarse a los efectos de atender las peticiones de los particulares a resolver sobre los puntos materia de la reclamación. m. Otra situación que nos causa agravio, es la determinación de la autoridad responsable, de dictar una resolución, sin sujetarse a la opinión del consejo, órgano previsto en la ley de transparencia, y que de acuerdo con su actuación, debe emitir su opinión previo a la resolución que dicte el propio instituto, y que en el presente juicio de garantías, la autoridad responsable no observó, vulnerando al efecto, los propios requerimientos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, en el numeral 47.1 inciso a), que prevé ‘Emitir, con la opinión del consejo, las políticas, resoluciones, instrucciones y recomendaciones que correspondan, para que las entidades obligadas cumplan con las disposiciones de esta ley.’. Y que por lo consecuente, esta determinación también vulnera el principio de legalidad previsto en el artículo 14 constitucional, ya que la autoridad responsable, no se sujetó a las formalidades esenciales del procedimiento. n. Causa agravio la sentencia que se combate cuando en el resolutivo primero en relación con el cuarto y quinto, requiere al Poder Judicial, por conducto del titular de la Unidad de Enlace para que dentro de un plazo no mayor a tres días y previo pago de derechos correspondiente haga entrega a Karla Rosario Bizarrón Trejo, copia simple de la documentación en la que conste la información relativa a ‘sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo de la Judicatura y/o Contraloría Interna del Poder Judicial de Estado, en los siguientes años: 2005, 2006, 2007 y 2008; identificando al personal’. El agravio se genera en virtud de que la autoridad responsable requiere al Poder Judicial del Estado por conducto del titular de enlace para que haga entrega de información a Karla Rosario Bizarrón Trejo, persona distinta a la que presentó la solicitud y en su momento interpuso el recurso de revisión que es Karla Miriam Villarreal Arce. o. Causa agravio la sentencia recurrida a través de la controversia constitucional, la actuación de la autoridad responsable, ya que sin observar el acuerdo de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, de fecha 2 de julio de 2005 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado se publicaron el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, en el Poder Judicial y los Lineamientos del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, relativos a la organización, catalogación, clasificación y conservación de la documentación de esta entidad pública, el primero en su artículo 40, y del diverso en su artículo 15 clasifica la información reservada que consta en expedientes judiciales o administrativos. Información reservada sólo para la institución porque nos quieren obligar a entregar la información que sólo es de la incumbencia del Poder Judicial, sin percatarse la autoridad responsable del contenido de la información que contienen esos documentos de referencia, cuando lo normal hubiera sido, que la autoridad responsable, en base a sus atribuciones, convocara al consejo que le prevé la propia Ley de Transparencia vigente en la entidad, para determinar el sentido de la resolución que pretendían dictar, vulnerando con esto lo dispuesto en el artículo 47, inciso a) de la legislación de referencia, y contraviniendo las disposiciones constitucionales previstas en el artículo 14 constitucional, una vez más, al no sujetarse a las formalidades esenciales del procedimiento, y constituyéndose una vez más, dentro de su actuación ilegal, contraria a los principios de fundamentación y motivación a los cuales debe estar sujeto todo acto de autoridad, y que exige el artículo 16 de la Constitución Federal."
CUARTO. Por acuerdo de diez de junio de dos mil nueve el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la demanda aludida con el número de expediente 52/2009, así como remitirlo al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, a quien le correspondió actuar como instructor.
QUINTO. El Ministro instructor, mediante proveído de once de junio de dos mil nueve, tuvo por presentado al promovente de la controversia constitucional con la personalidad que ostenta; admitió la demanda, reconoció con el carácter de demandado al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, ordenó emplazarlo para que formulara su contestación de demanda y lo requirió para que señalara domicilio y exhibiera diversos documentos, ordenó correr traslado al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia de ley, determinó no llamar a juicio a Karla Miriam Villarreal Arce, señalada como tercera interesada porque, de declararse la invalidez de los actos cuestionados, dicha resolución sólo tendría efectos entre las partes; finalmente, con la solicitud de suspensión, ordenó formar el incidente respectivo.
SEXTO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Dr. José Miguel Madero Estrada, en su carácter de presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, contestó la demanda en los siguientes términos:
"... Siguiendo el orden en que el Poder Judicial de Nayarit expone sus argumentos de invalidez, este instituto expresa los correctivos que refutan aquellos y evidencian, como corresponde, la validez del acto reclamado. 1a. Razón. El hecho de que en algunos de los sectores del proveído final inserto en la cédula de notificación se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21940-b3242d30/controversia-constitucional-la-audiencia-de-conciliacion-celebrada-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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