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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO DE 6 DE MAYO DE 2009, NOTIFICADO AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT POR OFICIO NÚMERO AJ/828/09 DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE RR-45/08, POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL CUAL ÉSTE MODIFICA LAS CUOTAS QUE POR CONCEPTO DE DERECHOS RELATIVOS A LA EXPEDICIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS Y CERTIFICACIONES SE PREVÉN EN LA LEY DE INGRESOS LOCAL Y REQUIERE AL CITADO PODER PARA QUE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN SOLICITADA PREVIO PAGO DE LAS CUOTAS MODIFICADAS, VULNERA LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 49/2009. · Registro digital (IUS): 21861
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, , Pág. 767.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 49/2009. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de septiembre de dos mil nueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de junio de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Armando Gómez Arias, representante legal del Poder Judicial del Estado de Nayarit, en su carácter de Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de dicho Estado, promovió controversia constitucional en la que señaló como órgano demandado y acto impugnado lo siguiente:

"II. Autoridad demandada: el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Nayarit, cuyo domicilio se encuentra ubicado por avenida Allende, número 175 poniente, interior 1, de la ciudad de Tepic, Nayarit; ... IV. Acto Reclamado: el acuerdo de fecha 6 seis de mayo de 2009 dos mil nueve, notificado al Poder Judicial por oficio número AJ/828/09 dictado dentro del expediente RR-45/08, y derivado de la resolución emitida por la autoridad responsable en fecha 11 de marzo de 2009 dos mil nueve, en el cual la autoridad responsable, sin justificar su actuación en ley alguna, o sea, carente de fundamentación y motivación, decide modificar su determinación señalada en el oficio número AJ/504/09, de fecha 26 de marzo de 2009 dos mil nueve, dentro del expediente de referencia, en la que se le daba plazo a la recurrente y ahora tercero perjudicada, para cubrir el monto que por concepto de reproducción y certificación, debería pagar para acceder a la información solicitada en el Poder Judicial del Estado de Nayarit."

SEGUNDO. En la demanda se narraron los antecedentes del caso, los cuales textualmente son los siguientes:

"VI. Antecedentes respecto de los hechos: Manifiesto bajo protesta de decir verdad, la relación de hechos que a continuación describiré: a. Con fecha 2 dos de octubre del año 2008 dos mil ocho, la tercero perjudicado presentó ante la Unidad de Enlace del Poder Judicial del Estado de Nayarit, una solicitud de información para acceder a la información contenida en las actas de sesiones extraordinarias y ordinarias del Consejo de la Judicatura, correspondiente a los meses mayo a septiembre de 2008 dos mil ocho y anexos, misma que se registraron bajo expediente número 25/08. b. Derivada de dicha solicitud de información y de acuerdo a la reglamentación prevista en el Poder Judicial del Estado de Nayarit, 30 de octubre del año 2008 dos mil ocho, el titular de la Unidad de Enlace remitió a la solicitante, la contestación que recayó a su petición por parte del área administrativa que contenía la información, en la que se le informaba, que la información que solicitaba se encontraba clasificada como reservada, de acuerdo a la decisión acordada por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, celebrada el día 24 de junio del año 2005 dos mil cinco, y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el día sábado 2 dos de julio del año 2005 dos mil cinco. c. Ante tal situación, la tercero perjudicada presentó recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Nayarit, misma que quedó registrada bajo el expediente número RR-45/08, situación que la autoridad responsable informó a la Unidad de Enlace del Poder Judicial el día 12 de noviembre del año 2008 dos mil ocho. d. Con fecha 11 once de marzo del año 2009 dos mil nueve, la autoridad responsable dictó resolución determinando desclasificar la información del Poder Judicial del Estado de Nayarit, por considerar que no se ajustaba a los requerimientos previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Nayarit, y requirió a través de la unidad de enlace de nuestra institución, para que fijáramos el monto previsto por concepto de reproducción y certificación, con vistas a hacer entrega de la información solicitada por la ahora tercero perjudicado. e. Con fecha 23 de marzo del año 2009 dos mil nueve, el titular de la Unidad de Enlace remitió a la autoridad responsable el oficio que la responsable del área administrativa en donde se encontraba la información contestó dando cumplimiento a la determinación de la autoridad responsable, en el que se señalaba el monto que por concepto de reproducción y certificación debería cubrirse de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 treinta y cuatro de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 2009 dos mil nueve, para entregar la información solicitada. f. La autoridad responsable, mediante oficio número AJ/504/09, de fecha 26 veintiséis de marzo del año 2009 dos mil nueve, y recibido en la Unidad de Enlace del Poder Judicial del Estado de Nayarit, el día 31 de marzo del año 2009 dos mil nueve, hizo saber a la ahora tercero perjudicado que la información pública solicitada se encontraba disponible y que se le entregaría previo pago de los derechos a reproducción y certificación, apercibiéndola además, de que en caso de no exhibir el recibo correspondiente en un plazo de tres días, contados a partir de recibir la notificación respectiva, el Poder Judicial del Estado de Nayarit, en su calidad de sujeto obligado, estaría eximido de entregar la información y, por lo consecuente, se daría por terminado el presente recurso por falta de interés. g. Sin embargo, mediante oficio AJ/747/09, de fecha 21 de abril del año 2009 dos mil nueve, la autoridad responsable emitió un acuerdo derivado de un oficio que remitió la ahora tercero perjudicado a la autoridad responsable, en el que le proporcionaba copia del oficio en el que el Poder Judicial fijaba los costos por reproducción y certificación de la información solicitada y una vez más le daba el plazo de tres días para exhibir el pago de derechos por concepto de reproducción y certificación de la información solicitada, determinado una vez más que en caso de no atender a lo acordado, el Poder Judicial del Estado de Nayarit, en su calidad de sujeto obligado, quedaría eximido de entregar la información solicitada. h. No obstante a lo anterior, en vez de cumplir con su determinación, la autoridad responsable emitió un acuerdo número AJ/828/09, de fecha 6 seis de mayo del año 2009 dos mil nueve, en el que decide modificar el acuerdo número AJ/504/09, y requerir al Poder Judicial del Estado de Nayarit, a través de la Unidad de Enlace, pretende obligar sin sustento legal alguno, y sin ajustarse a las condiciones derivadas del principio de legalidad y la garantía de audiencia prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligar al Poder Judicial a modificar los parámetros legales derivados de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 2009 dos mil nueve, reducir los costos que por concepto de reproducción y certificación debe realizarse, sin fundar ni motivar su determinación, razón por la cual, nos causa agravio, debido a que dicha decisión no se encuentra apegada a derecho. i. Con fecha 18 dieciocho de mayo de 2009 dos mil nueve, interpusimos juicio de amparo indirecto en contra de la determinación de la autoridad responsable, misma que recayó en el Juzgado Tercero de Distrito de ciudad de Tepic, Nayarit, correspondiente al Vigésimo Cuarto Circuito del país, bajo número de amparo 775/2009, sin embargo, con fecha 20 de mayo del presente, esta autoridad no admitió la demanda de garantías, por considerar que no es posible que se recurra a través de los procedimientos ordinarios previstos en la legislación de transparencia para el Estado de Nayarit, y en lo que respecta a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley de Amparo, el criterio que han adoptado los tribunales federales, obedece a no considerar como persona moral oficial con interés patrimonial, a las instituciones del Estado si éstas no comparecen como personas que ejercen actividades de naturaleza privada, tomando en consideración los tribunales federales la siguiente tesis aislada que no es obligatoria y que invocó la titular del Juzgado III de Distrito en el Estado de Nayarit, ubicada en la página 2290, Tomo XXVII, del mes de abril de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ‘AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO CONTRA LA DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO LOCAL, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE NULIDAD EN LA QUE AQUÉL CONTROVIERTE UNA DETERMINACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA, QUE LO VINCULA DEL CONOCIMIENTO DE UN PARTICULAR DETERMINADA INFORMACIÓN.’ (se transcribe). j. En contra del auto que no admitió a trámite la demanda de garantías, nuestra institución promovió con fecha 2 dos de junio de 2009 dos mil nueve, recurso de revisión, debido a que consideramos que a pesar de este criterio, inicialmente nuestra institución consideró que el acto reclamado afecta el interés patrimonial del Poder Judicial debido a la naturaleza de la petición realizada por la tercero perjudicado, se encuentra regulado por la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 2009 dos mil nueve, y si bien es cierto de que el costo que se pueda generar por los gastos de reproducción y certificación de la información solicitada, la tercera perjudicado al considerar que son elevados, se debe sobre todo a la naturaleza misma de la petición, por lo que existir disposición expresa que exige el cumplimiento del pago de derechos de reproducción y certificación, que se encuentra en la propia Ley de Ingresos de referencia, no es posible a través de un criterio totalmente subjetivo de la autoridad responsable, modificar tal determinación, ya que esto contraviene el principio de legalidad y condiciones para que a través de la garantía de audiencia, ambos previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable modifique el marco legal aplicable a la solicitud de información, ya que vulnera la normatividad constitucional y legal vigente, afectando con ello además la garantía de seguridad jurídica que toda persona física o moral, debe tener en toda sociedad democrática, y de acuerdo al Estado de derecho generado para garantizar la paz social de una nación y afectando además los recursos que deben ingresar al Poder Judicial bajo ese concepto. Por lo que, consideramos, que la concepción del interés patrimonial no puede ser restrictiva sólo a un aspecto económico, sino que debe sujetarse al ámbito de actuación de la persona moral oficial, en la que sólo se incumbiría solicitar la protección de la Justicia Federal, en el supuesto de que el acto de autoridad que reclame, afecte sus intereses patrimoniales, o sea que, a través de esa determinación, la autoridad responsable vulnere garantías previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, situación que se actualiza perfectamente en el presente juicio de garantías, ya que el juicio de amparo, pretende privilegiar las disposiciones constitucionales, sobre la actuación de cualquier autoridad que vulnere los derechos fundamentales de los que cualquier persona debe gozar dentro del Estado de derecho que se tiene en el Estado mexicano. Aunado a lo anterior, la interpretación del artículo 9o. de la Ley de Amparo, debe exigir, de sobre manera, que para la interposición del presente juicio, se hayan vulnerado garantías prevista en al Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que esa fue la finalidad de legislación al promulgar este juicio de garantías. De tal forma que vulneren derechos fundamentales, concepción que protege cualquier acto de autoridad en contra de cualquier persona. Situación que en el presente juicio de garantías, la autoridad responsable ha vulnerado las disposiciones previstas en los artículos 14 y 16 constitucional, que prevén que ninguna persona, puede ser privada o molestada en sus propiedades, posesiones, derechos ... la interpretación que se debe hacer al respecto, consiste en determinar si el concepto de persona, se debe restringir en la utilización de este juicio de garantías, ya que como es sabido, el juicio de garantías, o sea, el juicio de amparo protege violaciones a las garantías o derechos fundamentales que protege la Constitución Federal, y en el presente caso, esta situación se está actualizando, con las determinaciones que la autoridad responsable ha estado ejerciendo, que carecen de total fundamentación y motivación para justificar su actuación y que sobre todo no se ajustan a las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que cualquier persona que se vea afectada en el ejercicio de las funciones de cualquier autoridad, está facultado para inconformarse a través del juicio de garantías."

TERCERO. El actor señaló como preceptos violados los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los siguientes conceptos de invalidez:

"VII. Conceptos de invalidez del acto. El acto reclamado, vulnera en perjuicio del Poder Judicial del Estado de Nayarit, el principio de legalidad previsto en los artículos 14, así como la garantía de audiencia derivada del artículo 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que este derecho garantiza que toda persona, física o moral, para ser privada o molestada en sus derechos, necesita que el acto de autoridad esté debidamente fundado y motivado, en la causa legal de su actuar, situación que en lo que respecta al acto reclamado, la autoridad responsable no se encuentra facultada para modificar el acuerdo AJ/504/09 en el que dio plazo a la tercero perjudicado para que cumpliera con lo que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, señala expresamente en su artículo 63, que en caso de no cubrir los derechos correspondientes, el sujeto obligado quedara eximido de entregar la información, dejando a salvo el derecho a la tercero perjudicado para presentar una nueva solicitud, situación que la autoridad responsable no observó, ya que de manera autoritaria y carente de toda fundamentación legal y motivación, ha decidido modificar su actuación sustentando además su determinación en un criterio carente de todo sustento legal, y sin observar que la obligatoriedad para todos los tribunales del país, además de la ley, sólo alcanza para la jurisprudencia definida por los tribunales federales y el Tribunal Máximo del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no en un criterio carente de todo valor legal, como puede ser la opinión de la propia autoridad responsable. Cuando lo normal hubiera sido, que la autoridad responsable en cumplimiento a su determinación emita el acuerdo AJ/5014/09 debió de determinar eximir al Poder Judicial del Estado de Nayarit, de la entrega de la información solicitada por la tercero perjudicado por falta de interés jurídico y determinando a la vez, la conclusión del recurso de revisión interpuesto por la tercero perjudicado, situación que prevé expresamente la legislación en materia de transparencia vigente en Nayarit. Máxime si este órgano del Estado, encargado de la transparencia, no cuenta con mecanismo legal alguno de control, ya que sus determinaciones no pueden ser revisadas por instrumentos ordinarios de protección de su actuación, lo que implicaría que quedaría exento de la supervisión de su actuar, o sea, lo que sería un órgano sin control, y dentro del marco constitucional del Estado mexicano, esta situación no se permite y es por eso que acudimos ante el Órgano Máximo de impartir justicia de la nación, o sea ante al Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de que la actuación de este órgano de transparencia, se ajuste a los parámetros constitucionales que exige que todo acto de autoridad, se ajuste a las formalidades esenciales del procedimiento, de tal forma que en su acontecer cotidiano, actúe de acuerdo a las disposiciones que de manera reglamentaria se previeron para garantizar su funcionamiento en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nayarit y su reglamento."

CUARTO. Por auto de cuatro de junio de dos mil nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número de expediente 49/2009 y turnarla al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que actuara como instructor del procedimiento.

QUINTO. Por proveído del ocho de junio de dos mil nueve el Ministro instructor tuvo por presentado al Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, promoviendo la presente controversia constitucional, admitió la demanda, tuvo como demandado en este procedimiento constitucional, al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, ordenó emplazar a la autoridad mencionada, y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, requirió a la autoridad demandada, para que al contestar la demanda señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, lo mismo que a la parte actora, además, con fundamento en el artículo 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que faculta al Ministro instructor a recabar pruebas para mejor proveer, requirió al instituto demandado para que al contestar la demanda enviara a este Alto Tribunal copia certificada del expediente relativo al recurso de revisión número 45/2008; asimismo, se requirió al Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Tepic, Estado de Nayarit, para que en el plazo de tres días remitiera copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 775/2009 de su índice; lo anterior, en virtud de la solicitud de la parte actora de aplazar la resolución de dicho juicio de garantías; y finalmente, se ordenó formar el cuaderno incidental correspondiente respecto de la solicitud de la suspensión efectuada.

SEXTO. Por proveído dictado por el Ministro instructor el seis de agosto de dos mil nueve, se señaló que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado por la parte actora, en su escrito de demanda, en el sentido de aplazar la resolución del juicio de amparo 775/2009 del índice del Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Tepic, Estado de Nayarit.

SÉPTIMO. Por escrito presentado el día diez de agosto de dos mil nueve recibido en la Oficina de Certificación y Correspondencia de este Alto Tribunal, el doctor José Miguel Madero Estrada, en su carácter de presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, dio contestación a la demanda de controversia constitucional, en los términos siguientes:

"Dr. José Miguel Madero Estrada, presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit ... comparezco y expongo: Que en ejercicio del irrenunciable derecho a sostener la validez de los actos propios de este órgano garante de la transparencia, en términos de la fracción II del artículo 23 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, procedo a responder la demanda incoada por el Poder Judicial del Estado de Nayarit y que dio origen a la controversia constitucional citada en el rubro, en los términos subsecuentes: en cuanto a los ‘antecedentes respecto de los hechos.’. Los antecedentes a) al g) son ciertos en la medida que se encuentran corroborados con las constancias procesales. El antecedente del inciso h) es sólo parcialmente cierto. Se sostiene la constitucionalidad de la determinación a que en el se alude y que fue emitida por este instituto. Al constituir reconocimiento de hechos propios, considero ciertos los antecedentes de los incisos i) y j) de la demanda que se contesta. Es decir, se admite que en términos generales los llamados ‘antecedentes respecto de los hechos’, expresado por el Poder Judicial del Estado de Nayarit, reflejan los presupuestos del acto cuya invalidez se reclama. Sin embargo, previa a exponer el arco argumentativo que dará respuesta a los conceptos de invalidez del acto objeto de reproche se estima necesario, sobre la base de la exposición cronológica de los hechos, adicionar algunas particularidades que pudieran resultar útiles para la adecuada solución de la controversia. Antecedentes desde la perspectiva del ITAI. a) El 2 de octubre de 2008, Karla Rosario Bizarrón Trejo formuló solicitud de información al Poder Judicial del Estado de Nayarit, con enfoque en: ‘... copia certificadas de las actas de sesiones extraordinarias y ordinarias del Consejo de la Judicatura de los meses de mayo a septiembre de 2008 y anexos.’. b) El Poder Judicial del Estado de Nayarit emitió su respuesta el 7 de octubre de 2008, negando la información solicitada a partir del argumento de que en sesión conjunta, los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, clasificaron como reservada la información de referencia, en sesión del 24 de junio de 2005. c) Con fecha 3 de noviembre de 2008, Karla Rosario Bizarrón Trejo interpuso recurso revisión ante el ITAI, precisando como acto recurrido la respuesta que recibió del Poder Judicial del Estado de Nayarit. d) Con fecha 11 de marzo de 2009, el ITAI emitió resolución, condenando a la entrega de la información del interés de la recurrente. En el contexto de esa determinación, se indicó al sujeto obligado que precisara el derecho que Karla Rosario Bizarrón Trejo tendría que cubrir por la reproducción del material, así como la instancia y condiciones en que habría de finiquitarlo. e) El 23 de marzo de 2009, el titular la Unidad de Enlace y Acceso a la Información del Tribunal Superior de Justicia del Estado, expresó al presidente del ITAI que: 1. El secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, solicitó prórroga para poder reproducir el total de 10,034 copias que involucran el material del interés de la recurrente. 2. El costo de las copias asciende a $6,020.40 seis mil veinte pesos cuarenta centavos. 3. El costo de las 220 certificaciones asciende a $11,429.00 once mil cuatrocientos veintinueve. 4. El total a pagar es de $17,449.00 diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve, conforme a los artículos 17 y 34 de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2009. f) Por acuerdo del 26 de marzo de dos mil nueve, el ITAI ordenó informar a la recurrente acerca la cantidad total a pagar, por concepto de derecho, para tener acceso a la información de su interés. Se le informó que disponía de un plazo de tres días para acceder a la información, so pena de declarar concluido el recurso, por falta de interés. g) En respuesta, dentro del plazo, Karla Rosario Bizarrón Trejo pidió al ITAI que se requiriera al titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que fundara y motivara adecuadamente el cobro del derecho en comento. Se le informó, por supuesto, que disponía de un plazo de tres días para acceder a la información, so pena de declarar concluido el recurso, por falta de interés. h) En esa circunstancia, por acuerdo del 21 de abril de 2009, el ITAI resolvió correr traslado al recurrente, con el escrito en el que el sujeto obligado fundó y motivó su determinación de exigir el pago de $17,449.00 diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve, por derecho a las copias certificadas de su interés. i) Al conocer el fundamento y motivo aducidos por el sujeto obligado, la recurrente se inconformó, dentro del plazo, aduciendo que: 1. Ella podría conseguir, en un establecimiento comercial, un precio más accesible que aquél de ¢60.00 sesenta centavos que tomó como referencia el sujeto obligado para la reproducción de cada una de las copias; 2. Lo adecuado es cobrar una certificación por acta de sesión y sus anexos y no una certificación por cada acta y cada anexo; y, 3. Al no operar así, se impide y dificulta el acceso a la información, por excesiva onerosidad y denegación implícita. j) Por acuerdo del seis de mayo de dos mil nueve, el ITAI desestimó la petición de la recurrente, en cuanto a reproducir las copias en un establecimiento comercial y no en la sede del Poder Judicial. Confirmó la determinación de que la citada disconforme pagara ¢60.00 sesenta centavos por fotocopia, a partir de la onceava de ellas, en el caso de cada uno de los expedientes, acorde con el artículo 34 de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2009. En cambio, se le concedió la razón en la parte conducente, al indicarle al sujeto obligado que lo adecuado es cobrar una certificación por acta de sesión y sus anexos y no una certificación por cada acta y cada anexo. k) El Poder Judicial de Nayarit se inconformó con este acuerdo, promoviendo demanda de amparo ante Juzgado de Distrito y éste desechó tal demanda, por improcedencia. El juicio de garantías se registró con el número 775/2009 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Nayarit. Por ello, el Poder Judicial de Nayarit interpuso recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Tepic, con la idea de refutar la improcedencia aducida. Este amparo en revisión, se encuentra pendiente de resolución, según se infiere de la propia demanda del Poder Judicial de Nayarit. Razones de validez del acto reclamado. Es verdad que por acuerdo del 26 de marzo de dos mil nueve, el ITAI ordenó informar a la recurrente acerca la cantidad total a pagar, por concepto de derecho, para tener acceso a la información de su interés. La razón de que el ITAI se concretara a informar a la recurrente de la cantidad total a pagar, sin embargo, estriba en que el sujeto obligado, Poder Judicial de Nayarit, no pidió que se diera vista a la disconforme con el escrito en que realizó el desglose de esa cantidad y tampoco solicitó que se corriera traslado con él, para dar al instituto la pauta de requerirle dicha copia o cuando menos, para que fuera éste quien asumiera la carga y el costo de la reproducción. Así, con el objeto de que se manifestara respecto del monto total a pagar, para tener acceso a la información de su interés, se concedió a la impugnante un plazo de tres días, so pena de declarar concluido el recurso por falta de interés. Dentro del plazo de tres días y en respuesta a ese acuerdo, Karla Rosario Bizarrón Trejo pidió al ITAI que se requiriera al titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que fundara y motivara adecuadamente el cobro del derecho en comento. Esta acción de la recurrente es perfectamente entendible y hasta justificable si se considera, como es que: 1. No se le dio vista con el escrito en que el Poder Judicial de Nayarit, realizó el desglose de la cantidad total, porque el sujeto obligado no lo solicitó; 2. No se le corrió traslado con ese escrito porque el Poder Judicial de Nayarit no lo solicitó y tampoco exhibió copia para tal efecto; y, 3. El Poder Judicial de Nayarit no le notificó personal y directamente, a Karla Rosario Bizarrón Trejo, la cantidad total a pagar por el acceso a la información y el desglose respectivo. Ahora bien, es de advertirse que aunque la recurrente, por vía de respuesta al acuerdo emitido por el ITAI el 26 de marzo de dos mil nueve, exigió que el sujeto obligado Poder Judicial de Nayarit fundara y motivara el monto del derecho por el acceso a la información de su interés, esta manifestación no debe interpretarse sino como una aceptación implícita de disponer de la información. O sea que no hubo forma de que el ITAI declarara concluido el recurso, por falta de interés jurídico de la recurrente, porque la vigencia de dicho interés se reiteró en su escrito del siete de abril de 2009. La disconformidad de Karla Rosario Bizarrón Trejo, incuestionablemente, se concentró en un aspecto específico: el monto a pagar; elemento novedoso para la autora de la solicitud porque, se reitera, ciertamente fue informada el monto total a pagar, pero no se le dio vista con el escrito en el que el Poder Judicial de Nayarit desgloso ese monto, tampoco se le corrió traslado con ese ocurso, lisa y llanamente porque el ITAI no recibió petición alguna en ese sentido por parte del sujeto obligado a la transparencia y, según enseñan los autos, el sujeto obligado omitió notificar a la solicitante tanto la cantidad total a pagar como el desglose respectivo. Considerando este escenario procesal, el ITAI resolvió correr traslado al recurrente, con el escrito en el que el sujeto obligado fundó y motivó su determinación de exigir el pago de $17,449.00 diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos por derecho a las copias certificadas de su interés, con el desglose respectivo. Para esto, conviene precisar que no se requirió a Poder Judicial de Nayarit a fin de que exhibiera la copia para correr traslado a la impugnante, sino que el instituto asumió la carga de reproducirla. Una vez que se impuso del fundamento motivos aducidos por el Poder Judicial de Nayarit, para exigir el pago de un derecho en los términos que lo hizo, la recurrente se inconformó ante el ITAI, aduciendo que: 1. Ella podría conseguir, en un establecimiento comercial, un precio más accesible que aquél de ¢60.00 sesenta centavos que tomó como referencia el sujeto obligado para la reproducción de cada una de las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21861-7d8b3c4c/controversia-constitucional-el-acuerdo-de-6-de-mayo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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