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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. PROCEDE SU ESTUDIO SI COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA, AUNQUE INTRODUZCAN ARGUMENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON EXPUESTOS EN EL INFORME JUSTIFICADO. AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2008-PL. · Registro digital (IUS): 21950
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, , Pág. 419.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIA: JESICCA VILLAFUERTE ALEMÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que los criterios en posible contradicción provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue realizada por la presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, por acuerdo de dicho órgano colegiado, esto es, proviene de los Magistrados que integran uno de los órganos cuyos criterios resultan contradictorios.

TERCERO. Los criterios sustentados por los tribunales contendientes son del tenor siguiente:

I. Las consideraciones que sirvieron de apoyo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito para resolver el amparo en revisión 110/2008, en la parte conducente, dicen:

"Amparo en revisión administrativo 110/2008. Guanajuato, Guanajuato, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia (sic) Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, correspondiente al cuatro de julio de dos mil ocho.

"...

"CONSIDERANDO

"...

"SEXTO. El autorizado de la quejosa alega en su escrito de revisión adhesiva, lo siguiente:

"a) Los agravios expresados por la autoridad recurrente son inoperantes, porque no formula argumentos lógico jurídicos que demuestren la violación que se produjo.

"...

"Falta dar respuesta al argumento sintetizado en el inciso a), en el que la inconforme refiere que los agravios expresados por la autoridad recurrente son inoperantes porque no formula argumentos lógico jurídicos que demuestren la violación que se produjo.

"Contrariamente a lo que se alega, los agravios que formuló la recurrente principal no son inoperantes, ya que la autoridad responsable adujo que en términos del artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las resoluciones sancionadoras habrán de ejecutarse de inmediato, y en el supuesto en que una resolución se hubiese ejecutado y luego se definiera que resulta procedente su revocación, se restituirá al servidor público en el goce de los derechos de que hubiese sido privado.

"En tanto que el Juez de Distrito concedió el amparo por estimar que al ejecutarse la sanción administrativa, cuando aún no transcurre el plazo de quince días para la interposición del recurso de revocación, y de cuarenta y cinco días para la promoción del juicio de nulidad, viola las formalidades esenciales del procedimiento porque se pretende ejecutar una sanción que no ha alcanzado el grado de lo que doctrinariamente se conoce como cosa juzgada.

"Por tanto, como se dilucidó en el considerando que antecede, los agravios expuestos por la recurrente principal son fundados y suficientes para revocar la sentencia impugnada, cuenta habida que la autoridad responsable argumentó que el Juez de Distrito inadvirtió que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y conforme se disponga en la resolución respectiva, lo cual, adversamente a lo que alega la revisionista adhesiva, constituye un razonamiento lógico jurídico que demuestren (sic) la violación que se produjo.

"No es obstáculo que los argumentos expuestos por la recurrente principal (que resultaron fundados y suficientes para revocar la sentencia), no los haya hecho valer la autoridad responsable al rendir su informe justificado, en el que sostuvo, exclusivamente, que el acto reclamado se sustenta en la legalidad, porque la sanción impuesta a la quejosa se hizo en cumplimiento al oficio número 08/255/0887/2007, mediante el cual se resolvió el procedimiento administrativo sobre responsabilidad de servidores públicos, que culminó con la suspensión de su empleo por treinta días.

"Al respecto, se tiene en cuenta que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito sustentó en la tesis de jurisprudencia VII.1o.A.T. J/35, localizable en la página 921, Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el criterio de que son inoperantes los agravios formulados por la autoridad responsable en la revisión, si introduce argumentos sobre la constitucionalidad del acto reclamado no planteados al rendir su informe justificado.

"Sin embargo, este órgano colegiado no comparte el anterior criterio, por las siguientes razones:

"El informe justificado que deben rendir las autoridades responsables en un juicio de garantías, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, no constituye un presupuesto procesal.

"Así es, debe tenerse en cuenta que doctrinalmente se ha considerado a los presupuestos procesales como los requisitos o condiciones que deben cumplirse para la constitución y desenvolvimiento válido de la relación jurídico procesal y estar así en aptitud de dictar una sentencia de fondo.

"Entre esas condiciones necesarias se encuentra la competencia, la capacidad de las partes, la personalidad, la vía, etcétera, las cuales son indispensables para el debido desarrollo del proceso.

"Carlos Arellano García, en su obra ‘Teoría General de Proceso’, Editorial Porrúa, México, 1998, segunda edición, páginas 22 y 23, proporciona el siguiente concepto acerca de los presupuestos procesales: (no se transcribe en esta resolución por ser innecesario).

"Conforme al mencionado artículo 149 de la Ley de Amparo, se prevén plazos para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación y también se estipula que si ese informe no se rinde, se presumirá cierto el acto que se reclame quedando a cargo del quejoso la prueba de la inconstitucionalidad de ese acto cuando no lo sea en sí mismo.

"Bajo el anterior contexto, en el juicio de amparo el informe justificado no es un presupuesto procesal, puesto que no es una condición necesaria para la validez de la relación jurídica que se integra con motivo de la litis constitucional, ya que con él o sin él, el juzgador federal esta en condiciones de emitir una sentencia válida.

"Desde otra perspectiva, en el informe justificado la autoridad responsable plasma las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de su actuar; empero la circunstancia de no rendirlo en el plazo previsto por la ley no impide que el juzgador emita la sentencia correspondiente en virtud de que en el juicio de amparo la litis se integra con el acto reclamado de la autoridad responsable y los conceptos de violación, sin tomar en cuenta el informe justificado, ya que éste tiene un propósito definido dentro del proceso de amparo, que es aportar información acerca de la existencia del acto, de la procedencia del juicio o de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados.

"Por estas razones, puede concluirse que es desacertada la postura atinente a que si la autoridad responsable no hace valer determinados argumentos en su informe justificado, y al interponer el recurso de revisión contra la sentencia definitiva introduce esa argumentación, como la misma no formó parte de la litis constitucional en primera instancia ante el Juez de Distrito, tampoco puede serlo de la segunda ante el Tribunal Colegiado de Circuito, pues ha quedado de manifiesto que el informe justificado no es un requisito para la constitución de la relación jurídica en el juicio constitucional ni para la validez de la sentencia definitiva, sino tan sólo representa un acto procesal a cargo de la autoridad responsable dentro del juicio de garantías que puede o no existir en dicha controversia y las consecuencias de su omisión no afectan su desenvolvimiento ni la resolución constitucional; suponer lo contrario significaría hacer depender el desarrollo del juicio de garantías a (sic) la rendición del informe justificado, lo que no encuentra sustento en la ley, pues el propio dispositivo prevé expresamente esas consecuencias, tan es así que la sentencia puede dictarse con o sin informe justificado.

"De lo contrario, podría llegarse al extremo de considerar que las autoridades responsables que al rendir su informe justificado se limiten a reconocer o negar la existencia del acto reclamado, sin exponer argumentos que justifiquen su constitucionalidad, carecerían de legitimación para interponer el recurso de revisión, lo que haría nugatorio el derecho de la autoridad para controvertir las consideraciones que tuvo en cuenta el Juez de Distrito para conceder el amparo.

"Además, al momento en que la autoridad responsable rinde su informe justificado, se desconocen las razones que sustentará el juzgador al emitir la sentencia, razón por la cual, no puede limitarse la litis en segunda instancia, exclusivamente, a los argumentos que se expresaron en el informe justificado, ya que, por una parte, ello no constituye un presupuesto procesal para la validez de la sentencia y, por otro lado, se impediría a la autoridad que emitió el acto reclamado controvertir las razones que tuvo en cuenta el Juez de Distrito para conceder el amparo.

"En consecuencia, este Tribunal Colegiado estima que los agravios expuestos por la autoridad responsable en el recurso de revisión, no pueden declararse inoperantes por novedosos, ya que al existir la posibilidad legal de emitir una sentencia válida sin que obre el informe justificado, ello presupone la ausencia de argumentos que justifiquen la constitucionalidad del acto, razón por la cual, los motivos de inconformidad propuestos en segunda instancia no pueden circunscribirse a las consideraciones contenidas en el citado informe, dado que ello haría nugatorio el derecho de la autoridad responsable para discutir las razones y fundamentos que sustentan la sentencia protectora.

"Como el criterio que se sustenta en esta ejecutoria se opone a lo considerado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, en la tesis de jurisprudencia VII.1o.A.T. J/35, localizable en la página 921, Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS FORMULADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA REVISIÓN SI INTRODUCE ARGUMENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO NO PLANTEADOS AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.’, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que decida cuál criterio debe prevaler."

II. Las consideraciones que sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 21/2003, en la parte conducente, son las siguientes:

"Revisión principal 21/2003. Boca del Río, Veracruz, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito del día dos de mayo de dos mil tres.

"...

"CONSIDERANDO

"...

"III. Son inatendibles los motivos de desacuerdo ...

"En otro aspecto, lo que alega la recurrente en torno a que en el primer párrafo del invocado artículo 137 del Código Fiscal, no se consigna que deban notificarse por instructivo los requerimientos de información y documentos, salvo que se trate de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, al margen de cualesquiera otra consideración, se desestima, porque la referida empresa quejosa, en la demanda de garantías formuló en el ya indicado concepto de violación, relativo a que la notificación del requerimiento de documentos era ilegal, debido a que al diligenciarlo pasó por alto que ‘al tratarse de un requerimiento de documentos efectuado por la autoridad fiscal, ello implica que su notificación deba hacerse de manera personal (artículo 134, fracción I, del Código Fiscal de la federal), razón por la cual y para no dejar indefenso a mi mandante, si como lo dice, el día 29 de octubre del 2001, no recibió respuesta de nadie en el domicilio fiscal de la quejosa resultaba obligación de quien practicó la diligencia (personal adscrito a la Administración Central de Investigación Aduanera) haber dejado un citatorio para efectos de estar en posibilidad de atenderla al día siguiente (artículo 137 de Código Fiscal Federal), cuestión que en el caso a estudio no aconteció, y consecuencia de lo anterior ... se determinó por su ejecutor el domicilio de la quejosa era ilocalizable, y de ello se motiva la orden de embargo y privación de la mercancía, evidente es que dichos actos sean inconstitucionales por ser el fruto de un acto viciado, como lo es el supuesto intento de notificación de requerimientos de documentos (foja 12), en relación a (sic) lo cual, la autoridad inconforme al rendir el informe justificado, sólo se limitó a manifestar que el domicilio señalado ‘resultó imposible de localizar, al intentar notificar el requerimiento de documentos, en nada agravia al hoy quejoso por el hecho de que dicha diligencia de notificación se haya o no efectuado con apego a lo dispuesto por los artículos 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que dichos actos son completamente diferentes e independientes’ (foja 84), y el a quo, al dictar sentencia acogió lo argüido por aquélla, pues al respecto, como ya se dijo, consideró que ‘las autoridades fiscales incumplieron con las reglas establecidas por el referido Código Fiscal para la práctica de las notificaciones personales, pues del acta circunstanciada de hechos de fecha veintinueve de octubre de dos mil uno, levantada como consecuencia de que la autoridad fiscal pretendió notificar el requerimiento de documentación contenido en el oficio 326-SAT-III-8568 de esa misma fecha, se desprende que no se siguieron los lineamientos que establece el artículo 137 del referido ordenamiento legal’, ya que ‘debió dejar citatorio a la empresa buscada con el vecino para que esperara a una hora fija del día hábil siguiente o para que acudiera a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales, y en caso de que acudiera nuevamente el notificador al domicilio y no encontrara a la persona buscada, pudiera hacerlo mediante instructivo de notificación, en vez de determinar que la empresa «Incospel México, S.A. de C.V. no pudo ser localizada en ese domicilio.».’, motivo por el cual, se afirma que el agravio hecho valer resulta ineficaz, porque el artículo 116 de la Ley de Amparo exige que el quejoso en la demanda de garantías, entre otros requisitos, manifieste ‘bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado’, así como los conceptos de violación, y a la autoridad responsable el diverso 149, segundo párrafo, ibídem, le impone la obligación de ‘rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe’, de lo cual se desprende que es al momento de rendir dicho informe justificado en el juicio de garantías indirecto, cuando la propia responsable debe exponer los hechos, razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado, y controvertir los hechos y los conceptos de violación planteados por el quejoso, por lo que si la autoridad disconforme no hizo valer en el caso esa argumentación, y es hasta ahora que lo plantea, al interponer el recurso de revisión originador de este toca, como la misma no formó parte de la litis constitucional en primera instancia ante el Juez de Distrito, es evidente, por tanto, que tampoco puede serlo de la segunda ante este órgano colegiado, pues en la ejecutoria que se dicte sólo pueden analizarse aquellas cuestiones hechas valer expresamente en ese informe."

En esencia, el criterio que antecede se reiteró en los amparos en revisión 22/2003, 23/2003, 207/2003 y 71/2007, lo que dio lugar a la jurisprudencia VII.1o.A.T. J/35, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de dos mil siete, página 921, cuyos rubro y texto disponen:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS FORMULADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA REVISIÓN SI INTRODUCE ARGUMENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO NO PLANTEADOS AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. El artículo 116 de la Ley de Amparo exige que el quejoso en la demanda de garantías manifieste, entre otros requisitos ‘bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado’, así como los conceptos de violación; y a la autoridad responsable el diverso 149, segundo párrafo, ibídem, le impone la obligación de ‘rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe’; de lo cual se desprende que es al momento de rendir el informe justificado en el juicio de garantías indirecto cuando la responsable debe exponer los hechos, razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado y controvertir los hechos y los conceptos de violación planteados por el quejoso, por lo que si dicha autoridad no hace valer determinada argumentación en él mismo, y al interponer el recurso de revisión previsto en el numeral 83 de la propia ley, contra la sentencia definitiva dictada en el juicio, introduce esa argumentación, es evidente que como la misma no formó parte de la litis constitucional en primera instancia ante el Juez de Distrito, tampoco puede serlo de la segunda ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de esa revisión, el cual sólo puede analizar y pronunciarse sobre aquellas cuestiones hechas valer expresamente en ese informe justificado."

CUARTO. Con el propósito de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es necesario tener presente el contenido de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la divergencia de criterios que puede presentarse entre los sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ...

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. ..."

Ahora bien, de las ejecutorias reproducidas en el considerando que antecede, se aprecia que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, afirma que los agravios expuestos por la autoridad responsable en el recurso de revisión, no deben declararse inoperantes por novedosos, ya que al existir la posibilidad legal de emitir una sentencia válida sin que obre el informe justificado, ello presupone la ausencia de argumentos que justifiquen la constitucionalidad del acto, razón por la cual, los motivos de inconformidad propuestos en segunda instancia no pueden circunscribirse a las consideraciones contenidas en el citado informe, dado que ello haría nugatorio el derecho de la autoridad responsable para discutir las razones y fundamentos que sustentan la sentencia protectora.

En contrapartida, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito sostiene que, de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo, es al momento de rendir el informe justificado en el juicio de garantías indirecto cuando la responsable debe exponer los hechos, razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado y controvertir los hechos y los conceptos de violación planteados por el quejoso, por lo que si dicha autoridad no hace valer determinada argumentación en el mismo y al interponer el recurso de revisión contra la sentencia introduce esa argumentación, es evidente que como la misma no formó parte de la litis constitucional en primera instancia ante el Juez de Distrito, tampoco puede serlo de la segunda ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de esa revisión, el cual sólo puede analizar y pronunciarse sobre aquellas cuestiones hechas valer expresamente en ese informe justificado.

Bajo las anteriores premisas, se concluye que los criterios contendientes sí son contradictorios; para demostrar dicha afirmación, conviene precisar las coincidencias que se actualizan en relación con su emisión, a saber:

1. Los criterios que se denunciaron como divergentes tienen origen en distintas resoluciones que coinciden en cuanto a su naturaleza y contenido, toda vez que fueron dictadas en amparos indirectos en revisión en contra de la sentencia dictada por el Juez de Distrito.

2. En los asuntos que originaron los criterios contendientes la autoridad responsable y recurrente en aquella instancia, propuso argumentos novedosos a los que hizo valer al rendir su informe justificado.

3. Como se advierte del contenido de las ejecutorias denunciadas como contradictorias, en ellas se analizó si era dable el estudio de los agravios de la responsable no propuestos al rendir su informe justificado.

4. Para dar respuesta a dicho problema los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentaron los criterios contradictorios analizaron, coincidentemente, el artículo 149 de la Ley de Amparo, en tanto que regula la rendición del informe justificado por las autoridades responsables.

Ahora bien, no obstante que las ejecutorias denunciadas como contradictorias se basaron en el examen de los mismos elementos, los Tribunales Colegiados de Circuito arribaron a conclusiones diferentes, dado que en tanto el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito afirma que los agravios expuestos por la autoridad responsable en el recurso de revisión, no deben declararse inoperantes por novedosos y, al efecto, señala que los motivos de inconformidad propuestos en segunda instancia no pueden circunscribirse a las consideraciones contenidas en el informe justificado; contrariamente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito sostiene que dichos argumentos son inoperantes por no haberse expuesto al rendir el informe justificado, ya que el tribunal que conozca de la revisión sólo puede analizar y pronunciarse sobre aquellas cuestiones hechas valer expresamente en ese informe justificado.

De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que existe la contradicción de tesis denunciada, dado que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los respectivos amparos en revisión, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando criterios jurídicos discrepantes, con motivo de diversas interpretaciones jurídicas de los mismos elementos de conocimiento.

En las relatadas condiciones, la contradicción se centra en determinar si son dables de estudio por el órgano revisor los argumentos de la autoridad responsable hechos valer en el recurso de revisión que no fueron propuestos en su informe justificado, o bien, si deben desestimarse por inoperantes al constituir argumentos novedosos.

En los términos descritos queda establecida la contradicción de tesis denunciada, que vincula a esta Segunda Sala a dilucidarla, con el fin de sentar el criterio jurídico que en lo sucesivo deberá regir la situación controvertida.

QUINTO. En el presente considerando se dilucidará si deben considerarse inoperantes los argumentos hechos valer por la autoridad responsable en el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo, no argüidos al rendir el informe justificado.

En primer orden, convendrá señalar cómo se integra la litis en el juicio de amparo, a fin de establecer el papel que en ésta desempeña el informe justificado, para después delimitar la materia del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional, en términos del artículo 83, fracción III, de la Ley de Amparo, dilucidando para ello lo que debe entenderse por agravios inoperantes y, posteriormente, se resolverá si es permisible que la autoridad responsable introduzca argumentos en revisión que resulten novedosos a los manifestados al rendir su informe justificado.

En cuanto al primero de los aspectos mencionados, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 23/2002-PL, ya se ocupó de establecer cómo se integra la litis en el juicio de amparo y el papel que en ésta juega el informe justificado, cuya ejecutoria, en lo conducente, establece:

"... el amparo es un proceso de orden constitucional instituido para proteger a los gobernados que lo soliciten contra los actos de las autoridades que violan sus garantías individuales, cuya tramitación, decisión y ejecución está supeditada a la observancia de actos y formas concatenados entre sí, de modo que la estructura del juicio de amparo guarda particularidades que escapan al examen bajo las perspectivas o lineamientos del sistema de la teoría general del proceso o del derecho procesal clásico, en la medida de que está regulado por normas jurídicas apropiadas y distintas a las que rigen otros ordenamientos procesales, tamizadas jurisprudencialmente por la experiencia cotidiana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que con justificada razón don Felipe Tena Ramírez, al referirse al amparo, considere que éste, como sistema de defensa de la Constitución ‘no fue hallazgo repentino e imprevisto, sino obra de gestación larga y lenta, en la que han colaborado durante más de un siglo las generaciones mexicanas, para fijarla en la ley, para moldearla en la jurisprudencia y para hacerla vivir en las costumbres’ (Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa, 1984, página 494).

"...

"Como se ve, aunque los principios básicos de la ciencia procesal han sido útiles, en general, para interpretar las normas reguladoras del juicio de amparo, debe considerarse que algunos aspectos deben adaptarse a los principios que privan en éste; es el caso del tema relativo a la fijación de la litis en el amparo, vinculante para las partes y el juzgador, en cuyo caso el estudio del problema jurídico atañe, exclusivamente, a los mandatos y postulados que derivan de las disposiciones relativas de la Ley de Amparo.

"El Tribunal Pleno ha establecido cuáles son los elementos que deben considerarse en la contienda o litigio de amparo; destaca por su importancia el criterio que el Pleno sustentó al resolver la contradicción que dilucidó el problema jurídico consistente en determinar si los alegatos forman o no parte de la litis en dicho juicio, del cual derivó la integración de la tesis de jurisprudencia número 39, publicada en las páginas 31 y 32, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubro y texto que a continuación se transcriben:

"‘ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (no se transcribe por considerarse innecesario).

"Dentro de una de las ejecutorias relativas a la tesis de jurisprudencia antes transcrita, puede observarse que el Tribunal Pleno señaló: ‘Del análisis relacionado de los artículos 116, 147 y 149 de la ley de referencia, se aprecia qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21950-84861631/agravios-en-la-revision-procede-su-estudio-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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