AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL INVESTIGADORA, ASÍ COMO PERITOS ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SU RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SE RIGE POR LA LEY ORGÁNICA DE ESA INSTITUCIÓN Y EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SU APLICACIÓN CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES DE LA PROPIA PROCURADURÍA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 280/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, a contrario sensu y octavo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, porque las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, porque el promovente tiene el carácter de parte recurrente en los recursos de revisión fiscal implicados en este asunto, según se advierte de las copias certificadas de las ejecutorias respectivas.
Es aplicable en sentido inverso, la jurisprudencia 4a./J. 4/91, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS, DENUNCIA DE. ES IMPROCEDENTE SI NO SE FORMULA POR PARTE LEGITIMADA."(1)
TERCERO. Los antecedentes y las consideraciones de la ejecutoria de veinticinco de octubre de dos mil seis, pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, el recurso de revisión fiscal ********** en lo conducente, son los siguientes:
El actor demandó ante la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la nulidad de la resolución administrativa emitida por el titular del área de responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República que lo destituyó del cargo de agente federal de investigación y lo inhabilitó para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de diez años, al haber incurrido en la causal de responsabilidad prevista en el artículo 80, fracción XIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en la época de los hechos.
La Sala del conocimiento, en sentencia de siete de diciembre de dos mil cinco declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada al considerar que el titular del área de responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, en la Procuraduría General de la República no es competente para instaurar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos ni para sancionar en términos de esa ley al actor, pues la naturaleza especial de las funciones de agente federal de investigación son distintas a las del empleado general en la dependencia, quien de conformidad con los capítulos VIII y IX y artículos 62 y 64 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se encuentra sujeto a la aplicación del régimen de responsabilidades de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Investigadora y peritos, respecto de las cuales es facultad exclusiva del Consejo de Profesionalización decretar la remoción, en apoyo de lo cual citó la jurisprudencia 2a./J. 16/2003, de rubro: "POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA CARECE DE FACULTADES PARA DECRETAR LA REMOCIÓN DE LOS AGENTES DE ESA CORPORACIÓN."(2)
En contra de esa sentencia, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica de esa dependencia, interpuso recurso de revisión fiscal.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante ejecutoria de veinticinco de octubre de dos mil seis, emitida en el recurso de revisión fiscal ********** declaró infundado ese medio de impugnación, al tenor de las siguientes consideraciones esenciales:
En la jurisprudencia 2a./J. 16/2003 citada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el caso específico de los agentes de la Policía Judicial Federal existe un procedimiento expreso en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ante los comités de zona del Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación, al cual debe estarse.
La tesis es aplicable aunque ahora la denominación del cargo de agente de la Policía Judicial Federal sea la de agente federal de investigación, como lo prevén los capítulos VIII y IX de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y, por ende, se trata del mismo supuesto.
Conforme a ese criterio, respecto de los agentes del Ministerio Público de la Federación y de la Policía Judicial Federal, así como de los peritos adscritos, en atención a la especial naturaleza de sus atribuciones, se creó un sistema especial de responsabilidades previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el cual se les impondrán las sanciones correspondientes, resultándoles ajeno a dichos servidores públicos el procedimiento disciplinario contenido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
No obsta a la aplicación de la tesis que se refiera a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en voz del recurrente, la aplicable al caso es la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues no existe controversia sobre la legislación aplicable sino sólo si el procedimiento debe efectuarse conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Tampoco es óbice a su aplicación que la tesis no establezca que el titular del área de responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República carezca de competencia para iniciar, instruir el procedimiento y sancionar al actor, pues indica que la autoridad competente para ese efecto es el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República.
En el caso, no se cuestiona si se aplicaron al quejoso las sanciones contenidas tanto en la Constitución (artículos 109, fracción III y 113) como en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por tanto son intrascendentes los planteamientos del actor en torno a que en atención al principio de supremacía debe atenderse preferentemente a las disposiciones de la Constitución.
A mayor abundamiento, ante la dualidad de posibles ordenamientos aplicables como serían la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, conforme al principio de especialidad debe preferirse la ley específica y no la general (fojas 110 a 192 de la contradicción de tesis 280/2009).
CUARTO. Los antecedentes y las consideraciones de la ejecutoria de quince de julio de dos mil ocho, pronunciada por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, el recurso de revisión fiscal ********** en lo conducente, son los siguientes:
La actora demandó ante la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la nulidad de la resolución administrativa emitida por el titular del área de responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República que le impuso la sanción de suspensión de quince días en el cargo de agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal, por incumplir el artículo 8, fracción XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en relación con las obligaciones previstas en los incisos a), b) y c) del punto tercero del Acuerdo A/011/99 del procurador general de la República y numeral tercero de la circular 002/2000, relativas a la de dar aviso inmediatamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, respecto de la demanda de amparo recibida en el órgano de su adscripción y enviar copia de ella y de las constancias del acto reclamado, pues éste consistió en una orden de aprehensión por la comisión de un delito electoral.
La Sala del conocimiento, en sentencia de siete de agosto de dos mil siete, declaró la nulidad de la resolución impugnada al considerar, esencialmente, que a la actora en su carácter de agente del Ministerio Público Federal, no le resulta aplicable la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino el régimen específico previsto en los capítulos VIII y IX de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
La sanción de suspensión impuesta a la actora no está debidamente fundada y motivada, pues se apoyó en los artículos 13, fracción II, 16, fracción II y 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, esto es, un ordenamiento inaplicable.
Aun cuando en términos del artículo 62, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el demandado pudiera tener atribuciones para imponer a la actora la suspensión, éste es el ordenamiento aplicable y no la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Con base en estas consideraciones, la Sala responsable determinó que el titular del área de responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, no es competente para sancionar a la actora en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues al ser agente del Ministerio Público Federal, sus funciones son distintas a las de los empleados generales de la institución y por ello se encuentra sujeta a la aplicación del sistema de responsabilidades previsto en los capítulos VIII y IX de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
En contra de esa sentencia, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica de esa dependencia, interpuso recurso de revisión fiscal.
El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante ejecutoria de quince de julio de dos mil ocho, emitida en el recurso de revisión fiscal ********** declaró fundado ese medio de impugnación, al tenor de las siguientes consideraciones esenciales:
En la jurisprudencia 2a./J. 75/2004, de rubro: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. SE REGULA POR LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENTIVA ESTATAL Y POR LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD, SEGÚN EL TIPO DE FALTA.",(3) la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que al señalar el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, que los cuerpos de seguridad pública se regirán por sus propias leyes, sólo evita la sujeción de éstos a una relación de naturaleza laboral, pero no los excluye del régimen general de responsabilidad administrativa aplicable a todo servidor público en los términos del título cuarto constitucional.
Los artículos 53 a 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establecen el régimen disciplinario de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Investigadora y de los peritos, las faltas, sanciones, los elementos a considerar para su imposición y el servidor público encargado de aplicarlas.
El artículo 70 de la ley en cita prevé la posibilidad de imponer a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, por las faltas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las sanciones disciplinarias previstas en los ordenamientos legales en materia de responsabilidades de los servidores públicos mediante el procedimiento establecido en ellos.
Conforme a los artículos 67, 69 y 70 de la ley de la materia, los miembros de la Policía Federal Investigadora, los peritos y los agentes del Ministerio Público están sujetos al régimen especial previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En la ejecutoria de la cual derivó la tesis citada, la Suprema Corte de Justicia estableció que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos no necesariamente debe estar regulada en un único cuerpo normativo sino en varios ordenamientos, sobre todo tratándose de miembros de instituciones policiales cuya actividad requiere una estricta regulación de los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el marco de sus funciones.
En el caso, resultan aplicables a la actora las disposiciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, máxime que las sanciones de inhabilitación, destitución y económicas sólo están previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, lo que contravendría el artículo 113 constitucional.
En relación con lo anterior, el titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República es competente para imponer las sanciones aplicables con fundamento en los artículos 108, 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o., fracción III y 4o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 67, fracción I, punto 1, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en apoyo de lo cual citó la jurisprudencia 2a./J. 141/2007, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA. LA FACULTAD PARA IMPONER LAS SANCIONES RESPECTIVAS TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO Y SU EJECUCIÓN AL SUPERIOR JERÁRQUICO."(4)
Sin que obste a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/2003, pues no resulta aplicable porque fue el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, con apoyo en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos quien impuso la sanción respectiva y no el procurador general de la República con apoyo en la ley orgánica de esa dependencia, hipótesis en la cual carece de competencia conforme a la tesis citada.
Con base en estas consideraciones, el Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida para el efecto de que la Sala emitiera otra en la cual determine que a la actora sí le resulta aplicable la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y que el titular del área de responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República es competente para imponer la sanción respectiva (fojas 67 a 100 de la contradicción de tesis 280/2009).
QUINTO. Corresponde ahora verificar la existencia de la contradicción de tesis.
En el caso, ambos asuntos tienen como antecedentes, recursos de revisión fiscal promovidos por la autoridad demandada, en contra de resoluciones dictadas por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que declaró la nulidad de resoluciones que impusieron sanciones en un caso, a una agente del Ministerio Público de la Federación y en otro a un agente de la Policía Federal Investigadora, por infracciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ante lo cual asumieron criterios esencialmente distintos.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el recurso de revisión fiscal **********, sostiene que tratándose de la imposición de sanciones por responsabilidad administrativa de los agentes de la Policía Judicial Federal, existe un procedimiento expreso en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ante los comités de zona del Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación, en atención a la especial naturaleza de sus atribuciones y al cual debe estarse, resultándoles ajeno el procedimiento disciplinario contenido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, habida cuenta que en el asunto no existió controversia sobre la legislación aplicable en relación con las sanciones, sino sólo respecto de la normatividad conforme a la cual debe tramitarse dicho procedimiento.
Por su parte, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el recurso de revisión fiscal **********, considera que los miembros de la Policía Federal Investigadora, los peritos y los agentes del Ministerio Público están sujetos al régimen especial previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos porque las sanciones de inhabilitación, destitución y las económicas, están previstas en esta última, no en aquélla y debido a ello, el titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República es competente para imponer las sanciones aplicables.
Conforme a lo anterior, la contradicción de tesis consiste en dilucidar si a los agentes del Ministerio Público de la Federación y de la Policía Federal Investigadora les resulta aplicable la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, en su caso, qué autoridad es competente para instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidad e imponer las sanciones respectivas.
Es pertinente aclarar que este estudio se efectuará conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil dos, vigente en la época de los hechos, actualmente abrogada por el artículo segundo transitorio de la ley orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintinueve de mayo de dos mil nueve, pues es factible que existan asuntos regulados por aquélla, aún pendientes de resolución.
Son aplicables las tesis siguientes:
"No. Registro: 166,993
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVI/2009
"Página: 68
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
"No. Registro: 166,996
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVII/2009
"Página: 67
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."
"No. Registro: 182,691
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVIII, diciembre de 2003
"Tesis: 1a./J. 64/2003
"Página: 23
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción."
SEXTO. Con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, debe prevalecer la jurisprudencia que se sustenta en esta resolución.
Para resolver el punto es necesario precisar que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el veintiuno de febrero de dos mil tres, por unanimidad de cinco votos, la contradicción de tesis 116/2002-SS, en relación con el régimen específico de responsabilidades administrativas de los agentes del Ministerio Público de la Federación sostuvo, en lo conducente, las siguientes consideraciones:
"... En primer término, es necesario señalar que aun cuando los Tribunales Colegiados contendientes analizaron la competencia del procurador general de la República para imponer la sanción de destitución a los elementos de la Policía Judicial Federal, atendiendo al sistema general de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tal ordenamiento constituye solamente un marco referencial, tratándose de las responsabilidades de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Judicial Federal y peritos de la Procuraduría General de la República, en tanto que, por cuanto hace a dichos servidores, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece un sistema especial, atendiendo a la naturaleza de las funciones que desempeñan.
"En efecto, en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones con el objeto de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; así como las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, los procedimientos y las autoridades competentes para aplicarlas.
"En ese tenor, en el ámbito federal, el Congreso de la Unión desarrolló los principios generales de la materia en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; además, atendiendo a la especial naturaleza de las funciones desempeñadas por diversos órganos del Estado, en otras leyes estableció un capítulo especial de responsabilidades administrativas para determinados servidores públicos, derivadas de la peculiar índole de sus atribuciones y los sujetó incluso a procedimientos diferentes para efectos de verificar y, en su caso, sancionar el incumplimiento de aquéllas; es decir, el legislador federal ha optado por establecer en diversos ordenamientos sistemas de responsabilidades que en materia sustantiva complementan al sistema general y, en materia adjetiva, pueden llegar a excluir la aplicación de algunas de las normas de éste.
"En el caso de la Procuraduría General de la República, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos interactúa con disposiciones especiales de la Ley Orgánica correspondiente y el conjunto de disposiciones de ambas leyes da como resultado un régimen común, para todos los empleados en general, y un régimen especial, paralelo al anterior, aplicable únicamente a los agentes del Ministerio Público, a los miembros de la Policía Judicial y a los peritos.
"Con base en lo expuesto, con el fin de resolver el punto de contradicción, relativo a si el procurador general de la República cuenta con facultades para imponer la sanción administrativa de destitución a los miembros de la Policía Judicial Federal, debe atenderse al sistema específico establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
"Para tal ef
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21983-92247d15/agentes-del-ministerio-publico-de-la-federacion-miembros · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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