QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR RECIBIDO EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO SE ADUZCA QUE QUIEN LO SUSCRIBE CARECE DE LEGITIMACIÓN.
QUEJA 55/2009. MIGUEL BRAVO CASTRO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Es innecesario el análisis del auto impugnado y de los agravios expuestos en su contra pues, como enseguida se verá, el recurso de queja es improcedente.
El fundamento de la improcedencia del recurso es el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, cuyo texto dispone:
"Artículo 95. El recurso de queja es procedente: ...
"VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley; ..."
El numeral transcrito en su fracción citada permite establecer que la hipótesis de procedencia del recurso de queja requiere la satisfacción de los requisitos siguientes:
a) Que la queja se interponga en contra de una resolución dictada por un Juez de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos descritos en el numeral 37 de la propia Ley de Amparo.
b) La resolución hubiese sido dictada durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión.
c) Esa resolución no admita de forma expresa el recurso de revisión.
d) Por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en sentencia definitiva.
e) Si dicha resolución es dictada después de fallado el juicio en primera instancia, el agravio que genere no sea reparable por las mismas autoridades (de primer grado) o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es necesario advertir que para la procedencia del recurso de queja, conforme a la norma en estudio, siempre se deben actualizar los requisitos señalados y, en caso de faltar alguno de ellos, la consecuencia será tener por improcedente ese medio de impugnación.
Ahora, de acuerdo con la materia a estudio en la presente ejecutoria, se adelanta que no se configura el supuesto señalado en el inciso d), relativo a que la resolución, por su naturaleza trascendental y grave cause daño o perjuicio a la parte inconforme, no reparable en sentencia definitiva.
Así, la calificación de trascendente y grave de una resolución, sin posibilidad de ser reparada en sentencia definitiva, se debe entender en el sentido que produzca o genere consecuencias que una vez incorporadas a la esfera jurídica del recurrente, no podrían ser enmendadas con el dictado del fallo respectivo aun cuando le fuese favorable.
Es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 168/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 212, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO Y ORDENA SU EMPLAZAMIENTO.-La fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo establece como requisitos para la procedencia del recurso de queja que se interponga contra una resolución: a) Dictada por el Juez de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación, en los casos a que se refiere el artículo 37 de la ley citada; b) Sea dictada durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión; c) No admita expresamente el recurso de revisión en términos del artículo 83 de la ley indicada; d) Por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; y, e) Si es dictada después de fallado el juicio, en primera instancia, el agravio que genere no sea reparable por las mismas autoridades (de primer grado), o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que si falta uno de esos requisitos resulta improcedente. Por tanto, cuando se impugna el auto dictado por el Juez de Distrito durante la tramitación de un juicio de garantías, en el que reconoce el carácter de tercero perjudicado y ordena su emplazamiento, no se satisface el requisito relativo a que tal resolución sea de naturaleza trascendental y grave y que cause a la quejosa un daño o perjuicio irreparable en la sentencia definitiva, en tanto que tal determinación no limita su derecho a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ni implica variación alguna de la litis constitucional, la cual se integra con lo expuesto en la demanda de amparo y el acto reclamado de la autoridad responsable. Además, si el tercero perjudicado careciera de dicho carácter, el Juez de Distrito puede estimarlo así en la sentencia, o bien lo hará el Tribunal Colegiado al revisarla."
En el caso a estudio, la resolución impugnada de veinte de abril de dos mil nueve, relativa al incidente de falta de personalidad, personería, capacidad y legitimación planteado por la parte quejosa, determinó infundada la referida incidencia, bajo la consideración medular de que el comandante de guardia de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco, sí tiene facultades para representar a la autoridad responsable secretario de Vialidad y Transporte y, en consecuencia, para suscribir el informe justificado.
A continuación se cita la parte conducente de la resolución de mérito:
"... De lo antes plasmado y como ya se señaló, se estima infundado lo alegado por el quejoso en la incidencia propuesta, ya que contrario a lo que afirma, aun cuando el despacho y resolución de todos los asuntos de las (sic) secretaría y dependencias del Ejecutivo correspondan originalmente a los titulares de las mismas; éstas podrán ser encomendadas a los servidores públicos subalternos para la mejor organización del trabajo y su adecuada división, lo cual se determinará en su reglamento interior además de la persona sobre la cual recaerá dicha atribución, ahora bien, si del propio reglamento interior se desprende que tal representación se le otorgó al comandante de guardia de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco, pues así lo establece el artículo 24, fracción I, del Reglamento Interno del Personal Operativo de la Secretaría de Vialidad, es inconcuso que en términos de dicho numeral, éste sí cuenta con facultades para rendir informe con justificación a nombre del titular de dicha secretaría, razón por la cual debe estimarse infundado el incidente de falta de personalidad, personería, capacidad y legitimación, de J. Jesús López Sotomayor, en su carácter de comandante de guardia de la Secretaría de Vialidad y Transportes (sic) del Estado de Jalisco ..."
Por su parte, el recurrente en sus agravios, en esencia sostiene que quien suscribió el informe justificado no tiene facultades para representar a la autoridad responsable.
Con base en lo anterior, la resolución recurrida no es de naturaleza trascendental y grave que cause daño o perjuicio irreparable en sentencia definitiva, toda vez que tener por rendido el informe justificado de la autoridad responsable indicada, en modo alguno irroga trasgresión en la esfera jurídica del inconforme, pues no lo deja sin defensa, tampoco se varía la litis y sí tiene oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga a fin de intentar desvirtuar lo aseverado en ese escrito.
Aunado a ello será, en su caso, la resolución que se llegare a dictar en la audiencia constitucional la cual pudiese llegar a causar perjuicio en la esfera jurídica del recurrente, lo que puede ser reparado a través del recurso de revisión que se llegase a promover en su contra y previsto en el artículo 83 de la Ley de Amparo.
Además, la parte conducente de dicha resolución impugnada sólo constituye una determinación tendente a fijar la litis sin que, en sí misma, contenga decisión alguna en cuanto a determinar la constitucionalidad o no de los actos reclamados, lo cual será la materia de estudio en la sentencia definitiva y, por esa misma razón, de momento, tampoco se configura perjuicio contra la parte recurrente.
Lo señalado es comprensible, porque una vez dictada la resolución respectiva en la audiencia constitucional, según se asentó, la parte que la considere contraria a su derecho tendrá posibilidad de impugnarla mediante el recurso de revisión y en los agravios podrá destacar todas las violaciones que estime se configuraron en su contra durante el trámite o el fallo en sí mismo, esto es, en el supuesto de que lo esgrimido por la entidad responsable trascendiera a la esfera jurídica del inconforme, éste lo podrá destacar en los agravios del medio de impugnación referido y así podrá ser reparada la trasgresión alegada.
Es aplicable, cuyo criterio se comparte, la tesis aislada III.2o.P.39 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Tomo XXIV, julio de 2006, página 1328, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:
"QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO MEDIANTE EL CUAL SE TIENE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES RINDIENDO SUS INFORMES CON JUSTIFICACIÓN.-Conforme a la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, el recurso de queja procede, en lo que interesa, contra los acuerdos dictados durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión que no admitan expresamente el de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; luego, resulta improcedente el recurso de queja que se interpone contra el acuerdo del Juez de Distrito, mediante el cual se tienen por rendidos los informes con justificación de las autoridades responsables, ya que en tal caso no se colman en su totalidad las características a que alude la norma invocada, toda vez que si bien es cierto que dicho proveído se dicta durante la tramitación del juicio de garantías, también lo es que en atención a su naturaleza no puede considerarse como de trascendencia y gravedad que sea susceptible de ocasionar al quejoso un perjuicio irreparable en la sentencia definitiva, pues con la recepción de tales informes no se limita la oportunidad ni el derecho del impetrante del amparo para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados."
En consecuencia, se declara la improcedencia del recurso de queja.
No es obstáculo a lo anterior que por auto de presidencia de este órgano jurisdiccional haya admitido a trámite el recurso de queja, toda vez que dicho proveído constituye una determinación de trámite decretada con base en un análisis preliminar del asunto, motivo por el cual este Tribunal Colegiado está facultado para dejar sin efecto dicho proveído de admisión.
Sirve de apoyo a lo anterior, cuyo criterio se comparte, la tesis de jurisprudencia VIII.2o. J/8, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Número 54, junio de 1998, página 69, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone:
"AUTOS DE PRESIDENCIA. NO CAUSAN ESTADO EN RELACIÓN CON EL TRIBUNAL COLEGIADO.-De conformidad con los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados se integran con tres magistrados y sus resoluciones deben tomarse por unanimidad o mayoría de votos. Por ende, los autos de presidencia, de dichos tribunales, respecto a la admisión del asunto, sólo corresponden a un examen preliminar del negocio, pues el estudio definitivo corresponde al órgano colegiado; de ahí que los referidos autos de presidencia no causen estado en relación con el pleno del propio tribunal."
Por último, como se determinó en el recurso de queja 102/2008 del índice de este Tribunal Colegiado, resuelto por mayoría de votos en sesión de seis de noviembre de dos mil ocho, por las razones que ahí se exponen, este órgano jurisdiccional se aparta del criterio sostenido en la diversa queja 65/2006 cuya ejecutoria data del diecisiete de enero de dos mil siete, de la cual derivó la tesis aislada III.4o.A.1 K, Tomo XXV, abril de 2007, página 1807, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:
"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ANALIZA LA OBJECIÓN A LA PERSONALIDAD DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, POR SER UNA CUESTIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO.-La resolución incidental donde se analiza la objeción a la personalidad de la autoridad responsable, sobre la base de que la documentación aportada no prueba que quien comparece sea el titular de la dependencia a quien dice representar es recurrible en queja, en términos de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, en atención a que es una cuestión de previo y especial pronunciamiento de acuerdo con el artículo 35 de la citada ley, que establece que los incidentes de esa naturaleza se decidirán de plano y sin forma de sustanciación; lo cual implica que tal cuestión debe quedar dilucidada totalmente antes de dictar sentencia en el juicio de amparo, puesto que para este efecto, deben quedar satisfechos todos los presupuestos procesales. Lo anterior es así, porque la resolución sobre la personalidad, cuando se dirime antes del dictado de la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, que debe ser enmendado en la queja; máxime que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Consecuentemente, las cuestiones de personalidad son de previo y especial pronunciamiento y generan un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, con lo cual se satisface la exigencia de la citada fracción VI, pues el punto cuestionado es de naturaleza trascendental y grave, pudiendo causar daño al quejoso no reparable en sentencia definitiva; lo anterior, porque si el Juez reconoce la personalidad a la autoridad responsable, en la sentencia ya no podría dar marcha atrás."
Es así, porque la separación a ese criterio obedece a que, además de lo considerado en la presente ejecutoria y en el recurso de queja 102/2008 del índice de este Tribunal Colegiado, si bien las cuestiones de personalidad son de previo y especial pronunciamiento, dicha particularidad no excluye los requisitos o condiciones de procedencia del recurso de queja previstos en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en tanto hace alusión, entre otros, a que el auto impugnado sea de naturaleza trascendental y grave con posibilidad de causar un daño o perjuicio no reparable en sentencia definitiva, circunstancia que en el caso no se configura por las razones legales ya expuestas y, aunado a ello, aun cuando si quien compareció a rendir informe justificado llegare a carecer de personería o legitimación para hacerlo, debe tenerse presente que el juicio de garantías debe continuar su trámite y a pesar de ello la parte quejosa puede obtener fallo favorable, en virtud que el procedimiento del amparo no requiere, de forma necesaria, la intervención de la autoridad responsable, lo cual se corrobora con el numeral 149 de la legislación referida al prever que cuando el ente no rinda su informe con justificación se podrá presumir la certeza de los actos atribuidos a éste, lo cual denota una de sus características de ser un procedimiento sumario y dicha peculiaridad podría verse afectada si de manera indiscriminada se aceptare la procedencia del medio de impugnación en comento, por actuar al margen de las condicionantes aludidas.
Concomitante a lo aducido, la tesis de jurisprudencia 4/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se sustentó la diversa queja 65/2006, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", es inaplicable al caso concreto, pues si bien se refiere al tema de la personería, ello es en relación a juicios en instancias ordinarias, no al juicio de amparo, lo cual es comprensible si en cuenta se tiene que ante ese tipo de autoridades cabe la posibilidad que dicha instancia concluya por la falta de atribuciones para actuar en un procedimiento determinado, particularidad que no se puede configurar en sede constitucional, dada la intención legislativa de dotar de la característica de sumariedad al juicio de garantías, cuyo trámite y resolución se puede dar incluso sin participación de los entes responsables.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Es improcedente el recurso de queja.
Notifíquese; anótese en el registro, envíese testimonio de esta resolución y los autos al Juez de Distrito para los fines de ley y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así, por mayoría de votos de los Magistrados Presidente Martín Ángel Rubio Padilla (ponente) y Juan Bonilla Pizano, lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, contra el voto del Magistrado Julio Ramos Salas.
Nota: La tesis 4/2001 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22037-83cd995c/queja-prevista-en-el-articulo-95-fraccion-vi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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