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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO 101-661, DE 3 DE OCTUBRE DE 2008, EMITIDO POR EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL CUAL SUSPENDE LA ENTREGA DE RECURSOS ECONÓMICOS AL ESTADO DE CAMPECHE EN EL MARCO DEL ACUERDO DEL 1o. DE ENERO DE 1990 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INDICADO SECRETARIO Y EL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD, EN ATENCIÓN A QUE ÉSTA REQUERÍA EFECTUAR EROGACIONES IMPORTANTES POR LA EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO EN LA REGIÓN, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 168/2008. · Registro digital (IUS): 22065
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GOBERNADOR DEL ESTADO DE CAMPECHE.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 2717.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 168/2008. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CAMPECHE.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EUCARIO ADAME PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de diciembre de dos mil nueve.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Carlos Hurtado Valdéz, quien se ostentó como Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, promovió controversia constitucional, en la que señaló como órganos demandados y acto impugnado lo siguiente:

"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. 1. El Poder Ejecutivo Federal, a través del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 2. El secretario de Hacienda y Crédito Público. III. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado. A) La aprobación y expedición del documento oficial marcado con el número 101-661, fechado el día 3 de octubre del 2008, firmado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens, dirigido al suscrito y que contiene un acto jurídico inconstitucional, mediante el cual de manera específica, determinante y concreta en su párrafo cuarto, parte conducente, textualmente se lee: ‘... le confirmo que se ha dejado de proporcionar el apoyo económico que recibía al amparo del referido acuerdo a partir del mes de agosto del año en curso’. B) La notificación por medio de la cual el día 28 de octubre de 2008, recibí el documento oficial marcado con el número 101-661, fechado el día 3 de octubre del 2008, firmado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens, dirigido al suscrito y que contiene un acto jurídico inconstitucional, mediante el cual de manera específica, determinante y concreta en su párrafo cuarto, parte conducente, textualmente se lee: ‘... le confirmo que se ha dejado de proporcionar el apoyo económico que recibía al amparo del referido acuerdo a partir del mes de agosto del año en curso’. C) La ejecución del documento oficial marcado con el número 101-661, fechado el día 3 de octubre del 2008, firmado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens, dirigido al suscrito y que contiene un acto jurídico inconstitucional, mediante el cual de manera específica, determinante y concreta en su párrafo cuarto, parte conducente textualmente se lee: ‘... le confirmo que se ha dejado de proporcionar el apoyo económico que recibía al amparo del referido acuerdo a partir del mes de agosto del año en curso’."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del asunto, los siguientes:

"VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande. 1. Es un hecho notorio que dentro del Estado de Campeche se encuentran los yacimientos de mantos energéticos, más grandes del país y por ello la entidad paraestatal Petróleos Mexicanos explota dichos yacimientos extrayendo petróleo y gas entre otros. Dicha actividad la ha desarrollado durante más de setenta años, esto es a partir de la expropiación petrolera. La actividad propia que desarrolla la empresa en cita ha producido innumerables daños ecológicos entre ellos a la fauna marina. Una de las principales actividades en el Estado, la constituye la pesca, la cual se ha visto reducida por las disposiciones del Gobierno Federal estableciendo zonas de veda en virtud de la instalación de los pozos de extracción de petróleo, lo que conlleva a un impacto económico desfavorable a los ingresos de los campechanos. La actividad petrolera también ocasiona graves daños al medio ambiente y a la flora y fauna de la localidad, pues la contaminación que ocasiona la extracción del petróleo y el derrame de éste además en aguas campechanas es un hecho público y notorio que por sí mismo queda acreditado. El Estado de Campeche en su reducido presupuesto ha utilizado permanentemente sus recursos para solventar en parte los daños ocasionados por la extracción del petróleo, ante esa realidad y después de innumerables gestiones de gobiernos que me antecedieron, por fin el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció el impacto ecológico y económico que ocasionaba la extracción del petróleo al Estado de Campeche y en compensación parcial a dichos daños decidió llevar a cabo un acuerdo con el Estado de Campeche, como una participación adicional a las participaciones que correspondan al Estado en el sistema nacional de coordinación fiscal. Circunstancia que al día de hoy realmente no cubre al Estado de Campeche lo que en justicia fiscal le corresponde, ello adicionalmente a que la Ley de Coordinación Fiscal establece un inequitativo reparto de la recaudación federal participable al determinar que el 80% le corresponde a la Federación y el restante 20% le corresponde a la totalidad de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, así como a la totalidad de los Municipios de nuestro país. 2. El día 1 de enero de 1990, el Estado de Campeche celebró un acuerdo con el Gobierno Federal, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el día martes 15 de mayo de 1990, que a la letra dice. ‘Acuerdo que celebran el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Campeche designados, respectivamente como la «Federación» y el «Estado». En atención a la situación financiera por la que atraviesa el Estado y a la circunstancia de tener que efectuar erogaciones importantes por la explotación de petróleo que se realiza en la región, sin que se beneficie específicamente por dicha explotación, se ha llegado al siguiente: Acuerdo primero. La Federación conviene en otorgar al Estado, a partir del ejercicio fiscal de 1990, un apoyo económico por la cantidad de cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco millones de pesos, como una participación adicional a las participaciones que correspondan al Estado en dicho ejercicio, en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Segundo. Para el cálculo de dicho apoyo en los años siguientes a 1990 se procederá como sigue: A. Se determinará el porciento que la cantidad de cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco millones de pesos represente en la recaudación federal participable, excluyendo devoluciones, del ejercicio de 1990. B. Dicho por ciento se aplicará a la recaudación federal participable, excluyendo devoluciones, que la Federación obtenga en cada ejercicio fiscal. C. La cantidad resultante conforme al inciso anterior se incrementará anualmente con recursos de la Federación, al Fondo General de Participaciones y a la fórmula individual del Estado, para todos los efectos de distribución y determinación de participaciones. México, D.F., a 1o. de enero 1990. Por el Estado el Gobernador Constitucional C. Abelardo Carrillo Zavala el secretario de Gobierno Lic. Manuel Flores Hernández. El secretario de Finanzas. L.A.E. Víctor Manuel Méndez Lanz. Por la secretaría: el secretario de Hacienda y Crédito Público Pedro Aspe’. 3. En cumplimiento del precitado acuerdo, desde el ejercicio fiscal de 1990, el Estado de Campeche, estuvo recibiendo lo que así se había convenido por parte de la Federación. Sin embargo, después de aproximadamente 18 años, tiempo durante el cual tales recursos fluyeron por parte de la Federación a la hacienda pública del Estado de Campeche, fue precisamente la propia Federación a través del Poder Ejecutivo Federal y su Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes tomaron la decisión de emitir un acto, en especial el oficio 101-661, carente de toda motivación y fundamentación y de manera unilateral rompieron de manera inconstitucional un convenio o acuerdo, por medio del cual en su párrafo cuarto, parte conducente textualmente se lee: ‘... Le confirmo que se ha dejado de proporcionar el apoyo económico que recibía al amparo del referido acuerdo a partir del mes de agosto del año en curso’. 4. El acto controvertido del cual se pide su invalidez por ser contrario a la Constitución Federal, textualmente dice: ‘2008, Año de la Educación Física y el Deporte Secretaría Particular 101-661 (La imagen del escudo nacional) Secretaría de Hacienda y Crédito Público México, D.F., a 3 de octubre del 2008. C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche. Presente. Hago referencia al «Acuerdo que celebran el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Campeche» (el acuerdo), celebrado el 1 de enero de 1990, en atención a que esa entidad federativa requería efectuar erogaciones importantes por la explotación de petróleo en la región, y por virtud del cual se otorgaba a ese Estado un apoyo económico mensual. Al respecto, cabe mencionar que con las recientes modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, se creó el Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Fexhi) en el artículo 4o. B de dicha ley, con el principal objeto de apoyar a aquellas entidades federativas y Municipios que resienten los efectos directos de la extracción de los hidrocarburos. Por otra parte, se destaca que el Estado de Campeche es la entidad federativa que mayores recursos recibe del Fexhi. Es el caso que al mes de septiembre de 2008, se han cubierto a esa entidad 1,387 millones de pesos (mdp) del Fexhi. Esta cantidad es 74.3% mayor a la programada para el periodo y ya superó los 1,023 mdp programados para todo el 2008. En ese contexto, las causas que dieron origen al acuerdo han sido superadas y una disposición con rango de ley prevé el otorgamiento de los apoyos conducentes. Por ello y de conformidad con las diversas pláticas que hemos sostenido, así como los acuerdos alcanzados, le confirmo que se ha dejado de proporcionar el apoyo económico que recibía al amparo del referido acuerdo a partir del mes de agosto del año en curso. No omito manifestarle que los recursos que actualmente recibe el Estado de Campeche a través del Fexhi son significativos superiores a los apoyos económicos mensuales que recibía al amparo del acuerdo. Finalmente, se resalta que una de las principales premisas de las citadas modificaciones de la Ley de Coordinación Fiscal fue que ninguna entidad federativa perdiera recursos en comparación con lo recibido en 2007. En ese orden de ideas, las entidades federativas han visto incrementadas en forma sustancial sus participaciones federales, de tal manera que en el periodo enero-septiembre del año en curso, el aumento al ramo 28 ha sido de alrededor de 71,970 mdp, respecto al mismo periodo de 2007 y en específico el Estado de Campeche ha recibido participaciones federales por alrededor de 3,294 mdp (sin incluir los recursos del Fexhi), lo que significa un incremento de 26% respecto del mismo periodo de 2007, es decir, 684 mdp adicionales. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. El secretario de Hacienda y Crédito Público Agustín Guillermo Carstens Carstens (firma legible)’."

TERCERO. En la demanda se señalaron como preceptos violados los artículos 14 y 16, en relación con los diversos artículos 43, 116, 73, fracción XXIX, último párrafo y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El promovente de la controversia constitucional, expuso los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, mismos que a continuación se transcriben:

"Primero. El documento oficial marcado con el número 101-661, fechado el día 3 de octubre del 2008, firmado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens, dirigido al suscrito en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Campeche y que contiene un acto jurídico inconstitucional, mediante el cual de manera específica, determinante, concreta y unilateral, carente de toda fundamentación, en su párrafo cuarto, parte conducente textualmente se lee: ‘... Le confirmo que se ha dejado de proporcionar el apoyo económico que recibía al amparo del referido acuerdo a partir del mes de agosto del año en curso’. Notificado el día 28 de octubre de 2008, viola los principios constitucionales de fundamentación, motivación y, por ende, el de legalidad, que deben contener los actos provenientes de autoridades administrativas, contenidos en el artículo 16 constitucional. Lo anterior es así ya que el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público viola el contenido del artículo 16 constitucional, al emitir el precitado acto contenido en el oficio 101-661 de fecha 3 de octubre del 2008, por las siguientes razones: a) Carece de fundamentación pues de la lectura íntegra que se haga al acto controvertido consistente en el oficio 101-661, se puede apreciar que el emisor secretario de Hacienda y Crédito Público, no funda su competencia material, territorial ni de grado;-b) Carece de fundamentación pues de la lectura íntegra que se haga al acto controvertido consistente en el oficio 101-661, se puede apreciar que el emisor secretario de Hacienda y Crédito Público, no funda su decisión de dejar de proporcionar los recursos económicos a que está obligado mediante el acuerdo de fecha 1 de enero de 1990, celebrado entre el Gobierno Federal y el Estado de Campeche, debido a que es evidente que ninguna ley lo faculta para actuar de la manera en que lo hizo. c) Carece de motivación pues de la lectura íntegra que se haga al acto controvertido consistente en el oficio 101-661, se puede apreciar que el emisor, secretario de Hacienda y Crédito Público, no motiva jurídica, constitucional, ni legalmente su decisión de dejar de proporcionar los recursos económicos a que está obligado mediante el acuerdo de 1 de enero de 1990, celebrado entre el Gobierno Federal y el Estado de Campeche, debido a que pretende hacerlo mediante señalamientos imprecisos que son ajenos a los motivos que dieron origen al otorgamiento de los citados recursos económicos a favor del Estado. Por otra parte igualmente se trasgrede dicho precepto por la indebida fundamentación y motivación que se contiene en el acto impugnado y cuya consecuencia fue la de privar al Estado de Campeche de un derecho que tiene de obtener el apoyo económico a que se refiere el mismo y ello no obstante que a la fecha no han cambiado las condiciones primarias por las cuales las partes comparecientes en dicho acuerdo otorgaron el mismo, como son los presupuestos de hecho que sirvieron de base al Poder Ejecutivo Federal para otorgar el acuerdo en unión del Estado de Campeche. El motivo que originó el acuerdo lo constituye la explotación del petróleo que realiza la entidad paraestatal petróleos mexicanos en el Estado, al extraer del subsuelo dicho energético y cuya operación como es del conocimiento público afecta de manera directa e indirecta tanto al medio ambiente como a la economía de la región, pues por un lado resulta notoriamente afectado el medio ambiente y con ello la flora y fauna, tanto marina como terrestre. Por dicha actividad se establecen amplísimas zonas de veda para la pesca en las aguas territoriales del Estado, resultando seriamente afectada la población, pues uno de sus principales medios de sustento lo constituye la pesca, en fin, serían innumerables los inconvenientes y trastornos que sufre el Estado por la explotación del petróleo. Un segundo presupuesto de hecho o motivo para otorgar el acuerdo lo constituye el reconocimiento del Poder Ejecutivo Federal relativo a las importantes erogaciones que debe realizar el Estado por la explotación del petróleo que se realiza en la región, y sin que se beneficie específicamente por dicha explotación. Un tercer presupuesto de hecho o motivo para la suscripción del acuerdo lo constituye el reconocimiento de la Federación, de la situación financiera que atraviesa el Estado. Las premisas fundamentales que motivaron o que precedieron al acuerdo son las que han quedado precisadas y tal como se advierte del acto cuya invalidez se reclama ninguna de las mismas fueron controvertidas de manera legal por la autoridad emisora del acto, sólo de manera dogmática sin apoyo técnico probatorio, la autoridad demandada afirma que las causas que dieron origen al acuerdo han sido superadas. El contenido de los preceptos constitucionales violados, en la parte que interesa es el siguiente: ‘Artículo 14.’ (se transcribe). ‘Artículo 16.’ (se transcribe). Lo anterior se concreta, en que la autoridad sólo podrá realizar aquello que le permita la ley y precisamente en el marco que la propia ley le determina lo que en el caso de la emisión del acto impugnado, el oficio 101-661, es claro, evidente y sin lugar a dudas que no se ajusta al contenido de los citados preceptos constitucionales. No. Registro: 299,514. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tesis. Página 270. 'AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS'. No. Registro: 327,415. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXI. Tesis. Página 5812. 'AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS', 'CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS'. No. Registro: 336,190. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLI. Tesis. Página 944. 'AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS'. No. Registro: 810,781. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV. Tesis. Página 250. 'AUTORIDADES.’ (se transcriben y se citan precedentes). De ahí que si las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y, en la especie, no existe ninguna ley que le permita al secretario de Hacienda y Crédito Público actuar como en el caso lo hizo de manera carente de motivación y fundamentación, privando al pueblo de Campeche, de los recursos económicos a que tiene derecho a virtud del acuerdo de fecha 1o. de enero de 1990, evidencia que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público priva de sus derechos y de lo que en justicia le pertenece al Estado de Campeche, sin que haya mediado orden escrita y fundada de autoridad competente que así lo determine. Por otra parte el acto cuya invalidez se reclama, resulta violatorio de las reglas fundamentales que rigen a los actos administrativos, previstas en los artículos citados en el apartado correspondiente. Efectivamente el documento emitido por el secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se priva al Estado de Campeche de recibir el apoyo económico convenido por la Federación y el Estado en fecha 1 de enero de 1990, deja de observar lo establecido en el artículo 3o., fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, toda vez que la autoridad que lo expide carece de competencia constitucional, pues de la lectura del mismo se advierte que es omiso en citar disposición legal, mediante la cual se le faculte para emitir el acto impugnado, habida cuenta que la autoridad administrativa sólo puede hacer lo que la ley expresamente le permite y al no fundarse en la ley expresa tal acto resulta violatorio del artículo 3o., fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues uno de los elementos y requisitos esenciales para la existencia y validez del acto administrativo lo constituye la competencia legal y constitucional del órgano o autoridad emisor, lo que en el caso no acontece. Igualmente la ley procesal en cita en su fracción VII exige para la validez y existencia del acto administrativo, la sujeción a las disposiciones del procedimiento administrativo, y una de ellas de manera destacada es la competencia legal de la autoridad emisora, disposición ésta que el acto impugnado no cumple de manera alguna. Asimismo la fracción V del artículo 3o. de la ley en comento exige a la autoridad administrativa como un requisito del acto administrativo el que sus actos se encuentren fundados y motivados. Es el caso que como ya se estudió arriba, el acto cuya invalidez se reclama carece de ambos requisitos, pues los antecedentes que de hecho motivaron la convención entre la Federación y el Estado de Campeche en fecha 1 de enero de 1990, aún subsisten y la negativa del secretario de Hacienda y Crédito Público a reconocerlo, es puramente dogmática pues carece de elementos técnicos o probatorios que acrediten el argumento toral para privar al Estado de Campeche del apoyo económico económico contenido en el acuerdo, por lo que resulta toral y absolutamente carente de motivación y fundamentación legal. La propia Ley Federal del Procedimiento Administrativo, sanciona en los artículos 5o. y 6o. con la nulidad a los actos administrativos, cuando no se cumplan las formalidades esenciales previstas en las fracciones I a X del precitado artículo 3o. y tal y como se observa el acto combatido no cumple con los requisitos anotados. En ese mismo orden de ideas se advierte la ilegalidad del acto impugnado, cuando se observa que el acuerdo de fecha 1 de enero del año de 1990 fue celebrado por la Federación y el Estado de Campeche, y en el caso concreto el acto impugnado no fue emitido con la autorización del presidente de la República, titular del Ejecutivo Federal, pues sólo contiene la firma del secretario de Hacienda sin hacer referencia alguna respecto al otorgamiento del acuerdo correspondiente que legalmente debía emitir el titular del Ejecutivo Federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para la validez formal del acto administrativo impugnado, pues no se puede pasar por alto que el acuerdo de fecha 1 de enero de 1990 fue celebrado por el Gobierno Federal, representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en términos del artículo 80 de la Constitución General de la República, se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que resulta incuestionable que si el otorgante del acuerdo de fecha 1 de enero de 1990 fue el Gobierno Federal, sólo el presidente de la República puede representar a dicho poder, o bien el secretario del ramo que corresponda y según el acuerdo previo del Ejecutivo de la Unión. Por lo que el secretario de Hacienda y Crédito Público obligatoriamente debió de obtener el acuerdo del Ejecutivo para emitir el acto, pues como ya se dijo la competencia para representar al Gobierno Federal es constitutiva del órgano facultado para ello constitucionalmente y que lo es el Ejecutivo de la Unión, resultando además por esta razón inconstitucional el acto cuya invalidez se demanda por carecer de competencia administrativa para anular o dejar sin efectos el acuerdo. En las relacionadas condiciones el acuerdo celebrado por el Gobierno Federal y el Estado de Campeche en fecha 1 de enero de 1990 continúa siendo eficaz, pues no se ha declarado su invalidez por órgano o autoridad competente, en términos de lo dispuesto por el artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por otra parte, no puede pasar desapercibido que el acto cuya invalidez se reclama en esta demanda, carece de sustento jurídico tanto de fondo como de forma, como ya quedó demostrado en argumentación anterior, pero a mayor abundamiento debe precisarse que el acuerdo de fecha 1 de enero de 1990, debe tener vigencia, en tanto subsistan las condiciones, motivos o presupuestos de hecho que le dieron vida y no está sujeto a ninguna condición resolutoria, ni tampoco a término o plazo, o al cumplimiento de alguna finalidad, ni aún a la renuncia del Estado de Campeche, p

es el fin último de dicho acuerdo es el interés general del pueblo de Campeche. En otro aspecto de las violaciones que se cometen en el acto cuya invalidez se reclama, se observa que el acuerdo de fecha 1 de enero de 1990, no fue revocado o nulificado o declarado ineficaz, sino se establece que se ha dejado de proporcionar el apoyo económico que recibía el Estado al amparo del referido acuerdo, por lo que tal disposición resulta ilegal, pues para dejar de proporcionar el apoyo económico previsto en el acuerdo, debe previamente declararse por órgano jurisdiccional o autoridad administrativa competente la revocación o nulidad del consenso, pues en la forma en que está redactada la comunicación privativa de derechos, se advierte que el acuerdo queda intocado en términos de su eficacia jurídica, y sólo se retira sin fundamento alguno el objeto o fin del mismo, que es el apoyo económico que ahí se contempla, sin tomar finalmente ninguna determinación respecto a la legalidad, vigencia o eficacia jurídica del acuerdo y mediante la cual se revoca o se declara la nulidad o inexistencia del acuerdo, razón de más para exigir la invalidez del acto impugnado, sin que pueda pasarse por alto además que según el texto de dicho acto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en fecha 3 de octubre del 2008 comunica al Estado de Campeche que ha dejado de proporcionar el apoyo económico que recibía al amparo del acuerdo a partir del mes de agosto de año en curso, esto es sin haber expedido mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de sus disposiciones, pues primero dejó de proveer los fondos correspondientes al Estado de Campeche y después simplemente mandó la comunicación de fecha 3 de octubre del año 2008, en la que pretendió legitimar los actos privativos que han quedado relatados. De lo anterior se desprende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue omisa en llevar a cabo un estudio minucioso, auxiliada con peritos en cada una de las materias relacionadas, que revelara sin lugar a dudas que los presupuestos de hecho que motivaron el acuerdo de fecha 1 de enero de 1990, hubieran sido superados, tal como se afirma dogmáticamente en el acto cuya invalidez se reclama. Y esto es así, porque ninguna circunstancia particular o razón especial se aduce en el acto impugnado como demostrativa de la superación de las condiciones que dieron vida al acuerdo. La garantía contenida en el artículo 16 constitucional exige a la autoridad como condición de legalidad que sus actos se encuentren debidamente fundados y motivados y en el caso no cumple con ninguno de los postulados mencionados, pues por una parte no cita disposición expresa mediante la cual se acredite su competencia administrativa para emitir el acto combatido, pues en ninguna parte del acto combatido se cita la disposición legal a que me refiero. Y por otra parte el acto combatido resulta inmotivado, pues como ya se dijo no se observa que la Secretaría de Hacienda o cualquier autoridad competente, hubiere llevado a cabo un estudio pormenorizado de la real situación existente entre la Federación y el Estado de Campeche, con motivo de la extracción de petróleo por parte de la entidad paraestatal, y que llevara a la conclusión lógico jurídica de que las causas que dieron origen al acuerdo habrían sido superadas. Es evidente que no se llevó a cabo ninguna consideración de carácter fáctica o jurídica para dejar de prestar el apoyo económico establecido en el acuerdo celebrado entre la Federación y el Estado de Campeche, habida cuenta que de haber acontecido lo anterior, mínimamente se hubiere otorgado la garantía de audiencia al Estado de Campeche, a fin de que estuviera en aptitud de ser oído en defensa de sus intereses y realizar paralelamente con la federación los estudios técnicos, científicos, ambientales, ecológicos y contables que fueran necesarios para establecer, si las causas que originaron el acuerdo subsisten o no a la fecha o en que medida habrían aumentado o disminuido dichos factores. En otro aspecto del acto cuya invalidez se reclama, se advierte que el secretario de Hacienda y Crédito Público, resalta en el último párrafo, que una de las principales premisas de la Ley de Coordinación Fiscal fue que ninguna entidad federativa perdiera recursos en comparación con lo recibido en el 2007, reconocimiento este que pone en evidencia la ilegalidad del acto reclamado, pues resulta claro que el Estado de Campeche en el año de 2008 está recibiendo menores cantidades que en el 2007, con motivo de la supresión del apoyo económico otorgado en el acuerdo de fecha 1 de enero de 1990, sin que obste para ello, el argumento de que las entidades federativas han visto incrementadas en forma sustancial sus participaciones federales, por el aumento al ramo 28, pues dicho ramo aplica a todas las entidades federativas de la República, respondiendo a una política de ingresos que permite que las entidades obtengan recursos mediante la firma de convenios dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el fin de armonizar las relaciones entre los miembros de la Federación en todos los aspectos relacionados con la política hacendaria y así algunas entidades han transferido al Gobierno Federal algunas de sus potestades tributarias y al adherirse los Estados al sistema de coordinación les concede el derecho a las participaciones recaudadas por la Federación, de tal manera que tal situación es totalmente ajena o independiente al acuerdo de fecha 1 de enero de 1990 y cuya razón de existencia ha sido relatada anteriormente, por lo que al contrastar el mencionado acuerdo con el ramo 28 invocado por la Secretaría de Hacienda, se advierte que no existe razón para relacionar los ingresos del Estado de Campeche derivados del ramo mencionado, con los ingresos que debe tener con motivo de la celebración del acuerdo de fecha 1 de enero de 1990, razón por la que de nueva cuenta surge la falta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22065-0eec2feb/controversia-constitucional-el-oficio-101-661-de-3-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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