RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. BASTA CON QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE SU ADMISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 285/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO (ACTUALMENTE TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO).
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por un integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Para poder resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
1. Criterio del tribunal denunciante. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 139/2009, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Toda vez que con los agravios hechos valer por la aquí recurrente, no se combaten las determinaciones del Juez de Distrito emitidas, respectivamente, en el considerando segundo de la sentencia recurrida y último párrafo del diverso considerando cuarto de dicho fallo; lo resuelto en dichos apartados debe permanecer intocado. Es decir, al no ser materia del recurso de revisión que se atiende, debe permanecer incólume el sobreseimiento decretado por el Juez Segundo de Distrito en esta entidad, en relación con los actos que la quejosa reclamó a los Jueces primero, segundo, tercero y cuarto de lo mercantil y director general de servicios registrales en el Estado de Sonora, todos con residencia en esta ciudad, así como lo relativo a que no se hace pronunciamiento alguno en relación al acto atribuido a quien se señaló también como responsable, bajo la denominación de coordinador de oficinas registrales y registrador de la Oficina Jurisdiccional de Servicios Registrales, con sede en esta ciudad. SEXTO. Las manifestaciones hechas valer como agravios, son infundadas en parte e inoperantes en el resto. En contravención a lo sostenido por la recurrente, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio del que deriva el presente recurso, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, al estimar actualizada la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XIV del precepto 73 de dicha ley reglamentaria. Ello, al haberse demostrado en autos, como lo sostuvo la citada autoridad de amparo, que la quejosa en la instancia natural interpuso recurso de apelación contra el acto reclamado, el cual fue admitido y se estaba tramitando al momento de promoverse el juicio de garantías, incluso cuando se emitió la sentencia combatida, aunado a que, el citado medio de impugnación constituye la vía idónea que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar dicho acto de que se duele la impetrante. En efecto, no asiste razón a la recurrente, cuando alega que con el fallo recurrido, el Juez de Distrito transgrede en perjuicio de la primera, los preceptos legales que señala como infringidos. Se arriba a esa postura, tomando en cuenta que, como lo apreció el citado juzgador de amparo, a fin de tenerse por actualizada la preindicada causa de improcedencia, es menester concurran tres circunstancias que son: a) Que sea la quejosa quien ha interpuesto el recurso o medio legal de defensa contra el acto de autoridad que se reclame; b) Que el recurso o medio de defensa, haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y c) Que el recurso o medio de defensa legal, constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad tildado de inconstitucional en la demanda de garantías. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J. 144/2000, visible en la página 15, Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, transcrita tanto por el Juez de Distrito en la sentencia combatida, como por la aquí inconforme en el escrito de expresión de agravios que se atiende, por lo que también fue reproducida en párrafos precedentes de la presente ejecutoria, bajo la voz: ‘IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.’. Ahora bien, en la especie, la propia recurrente admite de manera expresa, que contra la resolución constitutiva del acto reclamado, se interpuso en el juicio natural el recurso de apelación, inclusive, por razones obvias, de manera implícita reconoce también, al haberse interpuesto de su parte, que se trata del medio de impugnación idóneo para modificar, revocar, o nulificar ese acto de que se duele, tan es así, que no alega lo contrario, en relación a este último supuesto; por tanto, se actualizan las circunstancias que para la causal de improcedencia referida, se identifican con antelación bajo los incisos a) y c). Es decir, como se advierte de la transcripción que de los agravios se hizo en el considerando cuarto de esta ejecutoria, el alegato toral, sobre el cual gravita el motivo de inconformidad que se atiende, consiste en que se encuentra demostrado en autos, que el mencionado recurso de apelación no ha sido admitido por el tribunal de apelación y que por ende, no se está tramitando, por lo que a su juicio, no se actualiza el supuesto identificado con antelación bajo el inciso b), para la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito. Sin embargo, en contravención a ese argumento de la inconforme, si la apelación de mérito, fue admitida por el Juez de primera instancia, es evidente que desde ese momento se resolvió sobre una cuestión de trámite, en lo tocante a tal medio de impugnación, e inició el mismo; ello, con independencia de que sea el tribunal de apelación quien esté facultado para desechar o tener por no interpuesto el citado recurso, en caso de que así lo determine, aun y cuando no exista agravio contra la citada admisión, pues este último supuesto se trata de la continuación de ese trámite que, mientras no se actualice resulta patente su existencia. Lo anterior se advierte, de los propios preceptos legales que reglamentan el trámite, del recurso de apelación, los cuales inclusive menciona la recurrente en sus agravios, como se verá a continuación: el artículo 1344 del Código de Comercio, en la parte que interesa, a la letra dice: (se transcribe). Por su parte, el diverso numeral 1345, de dicho ordenamiento legal, en sus partes conducentes, a la letra mencionan: (se transcribe). Como se aprecia de los preceptos legales transcritos, sin duda, el trámite del recurso de apelación inicia, como se anticipó, desde el momento en que el Juez del conocimiento lo admite (dicha autoridad cuenta con facultades legales para ello, así como también, para en su caso, desecharlo), pues es a partir de esa admisión cuando el citado juzgador fija los efectos que puede producir el fallo en cuestión (si se suspende o se ejecuta de manera provisional) y además ordena los actos respectivos, a fin de que se continúe (no inicie) con el trámite ante la alzada, para que ésta lo resuelva. Se sostiene la citada conclusión, al margen de que, de acuerdo con el precepto 1336 del Código de Comercio, el cual reglamenta, no el trámite, sino la figura del citado recurso de apelación, éste se interpone para que el Tribunal Superior, confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas a través de ese recurso, aunado a que, según el diverso numeral 1342 del citado ordenamiento legal, las apelaciones se tramitarán o denegarán de plano y se sustanciarán con un escrito de cada parte; y por último, que según el artículo 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria al Código de Comercio, anterior a las reformas de mil novecientos noventa y seis, la Sala correspondiente resolverá en definitiva sobre la admisión y calificación de grado del recurso. Es decir, no es obstáculo para arribar a la conclusión precedente, el hecho de que corresponda al tribunal de apelación y no al Juez de origen, tramitar o sustanciar la apelación en la segunda instancia, además de tener facultades para resolver en definitiva sobre la admisión de la misma. Ello es así, tomando en cuenta que, según los preceptos legales en comentario, la intención del legislador al respecto fue, la de facultar a los tribunales de alzada para que éstos, como autoridad con potestad para decidir sobre el recurso de apelación, decidan a la vez, sobre el trámite en esa instancia y además, lo relativo a si la admisión que hizo el Juez inferior fue correcta o no; sin embargo, esto no significa que con base en tales atribuciones, se deba concluir, como de manera inexacta lo pretende la recurrente, que es en esa instancia cuando inicia el trámite del multicitado recurso, sino se insiste, desde el momento en que se admite por el Juez del conocimiento. Tampoco obstaculiza llegar a la anterior determinación, el hecho de que la admisión por parte del Juez de primera instancia, en apariencia se trate de una medida provisional, al ser susceptible de modificarse por su superior, puesto que con motivo de la rectoría que los órganos jurisdiccionales ejercen sobre el proceso, tal admisión, aun susceptible de revocar, produce determinados efectos legales, que implican el trámite de la apelación, tan es así, que sin ella, no es factible se actualice la parte del trámite que corresponde al tribunal de alzada, lo que hace infundado el agravio que se atiende. Por otro lado, el hecho de que la admisión del recurso de apelación por parte del Juez natural, esté sujeta a lo que resuelva al respecto el Tribunal Superior, no significa que el primero esté impedido para denegar de plano ese medio de impugnación, por el contrario, de la interpretación sistemática de los artículos 1342, 1344 y 1345 del Código de Comercio, se advierten las facultades de dicho juzgador para desechar o tener por no admitido ese recurso, al autorizarlo el segundo de tales numerales, a pronunciarse sobre la admisión de la apelación, en tanto que el último, lo autoriza a tener por no interpuesta la apelación cuando proceda en un solo efecto y el recurrente al interponerla no señale las constancias para integrar el testimonio respectivo. Apoya a esto último, la jurisprudencia VI.2o.C. J./215, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en la página 388 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, Materia Civil, que este órgano jurisdiccional comparte y a la letra dice: ‘APELACIÓN MERCANTIL. EL JUEZ ANTE QUIEN SE INTERPONE ESTÁ FACULTADO LEGALMENTE PARA DESECHAR O TENER POR NO INTERPUESTO EL RECURSO.’ (se transcribe). Lo expuesto, con independencia de que, de conformidad con el mencionado artículo 1342 del Código de Comercio, las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, pues tal disposición, es evidente que no resulta aplicable al Juez de primera instancia, sino por el contrario, rige la admisión o denegación del recurso por parte del Tribunal Superior, pero en lo que a éste corresponde; es decir, se trata de aprobar o en su caso revocar la admisión hecha en primera instancia, sin que esto implique, como tantas veces se ha dicho, que por tal disposición, sea factible concluir, que en ese momento se inicie el trámite del recurso de apelación. Tampoco afecta a lo resuelto, el que la jurisdicción del Juez haya cesado al momento de admitir dicha apelación, puesto que, el trámite de la última incluye tanto la admisión que hace el citado juzgador, como la del diverso tribunal de alzada, sin que ello implique intromisión del primero en las facultades del segundo, de ahí lo inexacto con que se conduce la recurrente al sostener lo contrario. Del mismo modo, no se opone a lo antes resuelto, el que el propio precepto 1342 en comentario, establezca que las apelaciones se sustanciarán por un solo escrito de cada parte y el informe en estrados si las partes quisieren hacerlo, pues la intención del legislador al respecto, no fue, como lo pretende la recurrente, que a eso se constriña el trámite de una apelación, antes bien, como se dijo en párrafos precedentes, el trámite inicia desde el momento en que el Juez de primera instancia admite el recurso, con independencia de la forma en que el mismo debe sustanciarse ante el tribunal de alzada, la cual, precisamente reglamenta el numeral en comentario, lo que hace infundada la diversa parte del agravio que nos ocupa. En esa tesitura, con base en las razones antes expuestas, es inexacto lo sostenido por la recurrente, en el sentido de que, si en el juicio de origen, el Tribunal Superior no ha resuelto de plano sobre la admisión o denegación del recurso de apelación interpuesto contra la resolución reclamada, signifique que no se esté sustanciando o tramitando dicho recurso al no haberse admitido; lo que hace infundado el agravio que se atiende, en el sentido de que en la especie no se actualiza la causal de improcedencia para el juicio de amparo, prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la ley de la materia, al no satisfacerse el segundo de los requisitos exigidos por la jurisprudencia 144/2000 referida en párrafos que anteceden. En razón de lo expuesto, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio invocado por la recurrente en sus agravios, emitido por unanimidad de votos, por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 703/97, que se localiza con la clave VI.4o.18 C, en la página 724 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, Materia Civil, que es del tenor literal siguiente: ‘APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. LA INTERPOSICIÓN DE ESE RECURSO DEBE ESTAR PLENAMENTE ACREDITADA PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Se disiente del criterio de referencia, ya que conforme a lo resuelto por este tribunal en párrafos precedentes, se actualizarían los siguientes supuestos: Concluir como lo hizo el citado Tribunal Colegiado, implicará desconocer las facultades que la propia ley le otorga al Juez de primera instancia para admitir y ordenar el trámite del recurso de apelación, so pretexto de que es el tribunal de alzada el facultado para resolver en definitiva sobre tal admisión; ello, sin tomar en cuenta que dicha legislación mercantil, faculta a ambos tribunales para pronunciarse al respecto en sus respectivos ámbitos de atribuciones. Además, de aceptar el criterio de referencia, significaría apreciar de manera letrística y aislada el contenido del precepto 1345 del Código de Comercio, y no de manera sistemática, en relación con los diversos 1342 y 1344 del citado ordenamiento legal, de los que se advierte la autorización para el juzgador de origen de pronunciarse, no sólo sobre la admisión de la apelación, sino incluso también, para desecharla o tener por no admitido el recurso. Por último, el hecho de que según el mencionado artículo 1345, el tribunal de alzada deba proveer sobre la admisión del recurso de apelación, no constituye un impedimento para que el Juez de inicio también pueda pronunciarse al respecto, ya que ni tal precepto, ni ningún otro establece lo contrario, además de que el mismo, sólo rige lo relativo al trámite de la segunda instancia y no sobre las facultades de la autoridad de origen. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, 10, fracción VIII y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deberá denunciarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis respectiva, debiéndose enviar las constancias que se estimen pertinentes. En otro aspecto, las diversas manifestaciones que hace valer la recurrente en su escrito de expresión de agravios, a partir del capítulo que denomina: ‘Consideraciones sobre inexistencia de causal de improcedencia del juicio’, son inoperantes, por inatendibles. Es así, toda vez que dichas expresiones se hacen valer, sobre cuestiones no tratadas en la sentencia combatida, sino para el supuesto de que se pensara, según dicho inconforme, que en la especie se podrían actualizar diversas causales de improcedencia para el juicio de garantías; circunstancia esta última, cuyo estudio resulta innecesario en la especie, si se toma en cuenta que, en el citado fallo recurrido, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto, al sobreseer en el juicio por encontrar demostrada una de esas causales, la cual es suficiente para mantener en ese sentido a la referida determinación. Converge con lo resuelto, la jurisprudencia 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Órgano de Control Constitucional, que se localiza en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, Materia Común, que es del tenor siguiente: ‘SOBRESEIMIENTO, BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). Asimismo, ilustran en lo conducente, a la citada determinación, las diversas tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2009 y 1a./J. 150/2005, ambas sustentadas por la Primera Sala del citado Alto Tribunal del País, que respectivamente se ubican en las páginas 5 del Tomo XXIX, correspondiente a marzo de 2009 y 52, del Tomo XXII, de diciembre de 2005, los dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, cuyos rubros y textos son: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN ARGUMENTOS ACCESORIOS EXPRESADOS EN LA SENTENCIA RECURRIDA, MÁXIME CUANDO ÉSTOS SEAN INCOMPATIBLES CON LAS RAZONES QUE SUSTENTAN EL SENTIDO TORAL DEL FALLO.’ (se transcribe). ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN.’ (se transcribe). Consecuentemente, ante lo infundado en parte e inoperante en el resto de las manifestaciones hechas valer por la inconforme como agravios, resulta imperativo confirmar la sentencia impugnada, mediante la cual el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, sobresee en el juicio de amparo; máxime que el acto reclamado proviene de un juicio ejecutivo mercantil, el cual se rige por el principio de estricto derecho, sin que tampoco se actualice en la especie, alguno de los supuestos que para la suplencia de la queja señala el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en sus distintas fracciones." (fojas 28 vuelta a 36 del toca).
2. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito), al resolver el amparo en revisión 703/1997, determinó lo siguiente:
"CUARTO. Son esencialmente fundados los agravios expuestos por **********, según las razones que a continuación se expondrán. El promovente de la presente inconformidad adujo que, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, desechó su demanda de garantías con fundamento en los artículos 147 y 148 de la Ley de Amparo, por considerar que en la especie se actualizó una causa de improcedencia, sin embargo refirió, que el mencionado a quo federal no precisó cuál de todas las causas de improcedencia fue la que se actualizó dentro del presente asunto. Asimismo, el revisionista manifestó que, en el presente caso el Juez de Distrito consideró que al estar pendiente el recurso de apelación, será hasta que se resuelva éste cuando le pudiese ocasionar al quejoso un perjuicio de imposible reparación; argumentación que sostuvo lo deja en estado de indefensión porque el a quo federal considera que será procedente el juicio de amparo hasta que se resuelva el recurso de apelación, pero omite la posibilidad de que dicho recurso no surta efectos ni siquiera de trámite al aplicar lo dispuesto por el artículo 1340 del Código de Comercio, por lo que para entonces pasaría el término que fija la ley para interponer el juicio de garantías. Como ya se dijo, los agravios anteriormente expuestos resultan esencialmente fundados, dado que del texto de la resolución impugnada (foja 53 del cuaderno de antecedentes), se desprende que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, para desechar la demanda de garantías promovida por **********, consideró que de la certificación que obra en el expediente 1042/97, radicado en el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de esta ciudad, se desprende que en fecha trece de agosto del año en curso, fue admitido el recurso de apelación que presentó el impetrante de garantías en contra del acto que señala como reclamado, lo que permite establecer que éste no cumple con las condiciones establecidas en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que según dijo, el acto en reclamo no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a que se está tramitando un medio ordinario de defensa respecto del cual aún no se dicta la sentencia respectiva, invocando la jurisprudencia publicada bajo el rubro: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B) CONSTITUCIONAL).’, y agregando que sería hasta que se resuelva dicho recurso, si éste le es desfavorable, cuando le pudiese ocasionar al amparista un perjuicio de imposible reparación. De lo anterior se colige que el Juez Federal, como bien lo alegó el hoy recurrente, no precisó cuál de todas las causales de improcedencia del juicio de amparo, que se contienen en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la que se actualizó dentro del presente asunto. De igual modo, también debe decirse que es cierto que el a quo federal omitió tomar en consideración la posibilidad de que el recurso de apelación que aparece interpuesto dentro del juicio ejecutivo mercantil 1042/97, de donde emanan los actos en reclamo, puede o no surtir efectos, por no ser admitido a trámite por el tribunal de alzada. Se dice lo anterior, porque, aun y cuando es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1336 del Código de Comercio, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior reforme o revoque las resoluciones del inferior, también es dable destacar que los artículos 1344 y 1345 de ese mismo ordenamiento legal invocado textualmente disponen: (se transcriben). De lo que se sigue que la apelación dentro del juicio ejecutivo mercantil se interpone ante el Juez de la causa, quien debe dictar proveído en el que exprese si dicho recurso lo admite en uno o ambos efectos, y ordenará la remisión del cuaderno que al respecto se forme dentro del plazo de tres días, asimismo debe decirse que al recibirse las constancias por el Tribunal Superior dentro de igual término éste debe dictar providencias en lo que decidirá sobre la admisión del recurso, la calificación del grado y la oportuna expresión de agravios y de su contestación. Por lo tanto, debe distinguirse el momento de interposición del recurso en cita, y el momento en que se inicia el trámite de éste, en donde la autoridad realiza las diligencias necesarias para fallar dicha inconformidad, de tal manera que por ello es menester analizar objetivamente las constancias que conforman la apelación, solicitar los informes a las autoridades responsables para cerciorarse de que realmente se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Por ende, si en el asunto que nos ocupa, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, desechó la demanda de garantías promovida por **********, sin tomar en cuenta la posibilidad de que dicho recurso se encontrara realmente tramitándose ante el tribunal de alzada, es inconcuso que la resolución que se revisa no cumple con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo. Se dice lo anterior, porque, de conformidad con lo preceptuado por el numeral anteriormente invocado, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. De consiguiente, debe decirse que si en la especie no existen constancias aptas y suficientes que acrediten que el citado recurso de apelación que admitió el Juez responsable, se encuentra tramitando ante el Tribunal Superior y que éste pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto en reclamo, luego entonces, la sola certificación que obra dentro del juicio ejecutivo mercantil número 1042/97, radicado en el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de los de esta ciudad, no puede considerarse como motivo manifiesto e indudable de improcedencia del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, aplicada de manera analógica y por mayoría de razón, la jurisprudencia número 1a./J. 19/94, dictada por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 4/94, la cual es consultable en la página 13 de la Gaceta Número 83 del Semanario Judicial de la Federación, publicada en el mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, y la cual en su contenido expresa: ‘APELACIÓN EN MATERIA PENAL, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). En ese orden de ideas, lo procedente es revocar la resolución sujeta a revisión y ordenar al Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, que admita a trámite la demanda de garantías promovida por **********, en contra de los actos que reclamó del Juez Décimo Segundo de lo Civil de los de esta capital." (fojas 51 vuelta a 56 del toca).
Del anterior argumento derivó la tesis aislada de rubro y texto:
"No. Registro: 196,473
"Tesis aislada
"Materia(s): Civil
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"VII, abril de 1998
"Tesis: VI.4o.18 C
"Página: 724
"APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. LA INTERPOSICIÓN DE ESE RECURSO DEBE ESTAR PLENAMENTE ACREDITADA PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La causal de improcedencia prevista en la disposición señalada existe cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En esas condiciones, en el juicio ejecutivo mercantil no basta que obren constancias de que se interpuso recurso de apelación en contra de la resolución impugnada y que el Juez lo haya tenido por admitido, dado que de conformidad con lo establecido por el sexto párrafo del artículo 1345 del Código de Comercio, el tribunal de alzada debe proveer sobre la admisión de dicho recurso, de ahí que si de las actuaciones respectivas no se desprende dato alguno que demuestre que efectivamente se esté tramitando ante el tribunal de segunda instancia ese medio de impugnación, es inconcuso que no se actualiza la causal de improcedencia en mención, porque ésta debe estar plenamente demostrada y no inferirse con base en presunciones.
"Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.
"Amparo en revisión 703/97. **********. 21 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Raúl Martínez Martínez."
CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes, en su caso, debe prevalecer.
Para que se configure la contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
Entonces, hay contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a ello que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, en las tesis que a continuación se transcriben:
"No. Registro: 166,993
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVI/2009
"Página: 68
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22106-7782f455/recurso-de-apelacion-en-materia-mercantil-basta-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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