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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 121, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 14 DE AGOSTO DE 2008, QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTATAL, POR PARTE DE LOS DIPUTADOS MIEMBROS DEL CONGRESO LOCAL, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA E INDEPENDENCIA CONTENIDOS EN LA FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON LA APROBACIÓN DEL DECRETO NÚMERO 121, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 15, 20, 21, 27, 28, 43, 68, 79 Y 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 14 DE AGOSTO DE 2008, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 106/2008. · Registro digital (IUS): 22136
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, , Pág. 1420.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 106/2008. PARTIDO ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al doce de noviembre de dos mil nueve.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Eugenio Núñez Lozano, quien se ostentó como presidente del Consejo Directivo Estatal del Partido Estatal de Baja California, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del Decreto 121 emitido por el Congreso del Estado de Baja California, promulgado por el gobernador, refrendado por el secretario general de gobierno, y publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el pasado catorce de agosto de dos mil ocho, en virtud del cual se reformaron los ordinales 5, 15, 20, 21, 27, 28, 43, 68, 79 y 100 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California.

SEGUNDO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son 14, 16, 115 y 116.

TERCERO. En los conceptos de invalidez que se plantean, el partido político aduce:

"Primero. Violación de garantías de legalidad que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal por incumplimiento de los requisitos que exige la Constitución Estatal para su propia reforma.

"El Decreto 121 que estoy impugnando es violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Nacional que exigen a toda autoridad el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en la ley y en las constituciones, como requisito indispensable para la eficacia jurídica de todos los actos de autoridad que emiten. Estos requisitos son exigibles también para (sic) proceso legislativo.

"Conforme a lo anterior los decretos de reformas a la Constitución del Estado de Baja California deben satisfacer las exigencias del artículo 112 de dicha Constitución, que en lo conducente dice:

"‘Artículo 112. Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias (sic) partes del número total de diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo una mayoría a favor de la adición a la reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.

"‘Si transcurre un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso del (sic) resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

"‘Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de conformidad al procedimiento señalado, podrán ser sometidas al referéndum, de conformidad a las disposiciones que la ley establezca.’

"La transcripción revela que para reformar la Constitución de Baja California es indispensable:

"a) Que la reforma sea probada (sic) por el voto de al menos las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura.

"b) Que ya aprobada por los diputados en la proporción mencionada, se someta a la aprobación de los Ayuntamientos, anexando copias de los debates que hubiere provocado, y que también la aprueben la mayoría de los Ayuntamientos, que siendo cinco en Baja California, se requiere que al menos la aprueben tres.

"c) La satisfacción y cumplimiento de estos requisitos debe (sic) constar en la publicación del decreto respectivo, es decir, la publicación debe contener la información suficiente para que cualquier interesado tome conocimiento de que la reforma efectivamente fue aprobada por al menos dos terceras partes de los diputados y al menos tres Ayuntamientos. Ese derecho se extiende a saber cuántos votos de diputados la aprobaron y cuántos Ayuntamientos.

"En la especie la sola lectura del Decreto 121 pone en relieve que el Congreso del Estado y el gobernador del Estado, omitieron asentar información suficiente para que todo interesado pueda saber:

"a) Cuántos diputados aprobaron la reforma y cuántos votaron en contra, y en su caso cuántos se abstuvieron.

"b) Cuántos y cuáles de los cinco Ayuntamientos de los cinco Municipios del Estado, Tijuana, Mexicali, Tijuana, (sic) Tecate y Playas de Rosarito, aprobaron el decreto de reformas.

"Si esa información no consta en la publicación oficial, es válido afirmar que se ignora el número de diputados que lo aprobaron, por lo que no se sabe si se cumplieron o no los requisitos constitucionales de que al menos lo voten las dos terceras partes; igualmente es válido afirmar que fue omitido el deber constitucional de someter el decreto a la consideración de los Ayuntamientos. La publicación del Decreto 121 omite hacer constar, como es debido, que dicho procedimiento fue cumplido. La lectura de la parte final del Decreto 121, de manera breve, escueta, incompleta y, por ende, antijurídica, sólo dice:

"‘El presente ordenamiento fue aprobado en sesión ordinaria de la H. XIX Legislatura Constitucional del Estado, celebrada el día 31 de julio de 2008; y declarado procedente conforme al procedimiento establecido en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de B.C., en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del día 14 de agosto de 2008.’

"Como se advierte, el decreto sólo afirma que el Congreso Estatal lo declaró procedente ‘... conforme al procedimiento establecido en el artículo 112 de la Constitución ...’ pero no aparece dato alguno, objetivo, que permita advertir que en efecto los Ayuntamientos fueron consultados y su voto emitido. Dogmáticamente se dice que se declaró procedente conforme al artículo 112, pero la lectura del decreto deja en la ignorancia respecto de las (sic) fecha en que los Ayuntamientos votaron la reforma, cuáles de estos cuerpos colegiados la aprobaron y cuántos la rechazaron y con cuántos votos en pro o en contra.

"Toda esta información omitida en la publicación provoca la invalidez de la norma que se pretende poner en vigor y afecta los derechos constitucionales del partido político estatal que represento, partido que ve afectada su seguridad jurídica con miras al próximo proceso electoral bajacaliforniano. La inseguridad jurídica es atentatoria de los principios jurídicos de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia que prevé la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Nacional.

"La falta de publicación correcta, o en otras palabras, publicación incorrecta de una reforma legislativa provoca su invalidez constitucional, tal como ya lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo menos en los juicios de amparo a que me refiero en los párrafos que siguen:

"‘... También es de invocarse la ejecutoria de 31 de agosto de 1994, pronunciada en el amparo en revisión 1389/92 (Humberto Contreras Molina y otro contra Congreso del Estado, Juez Cuarto de lo Civil de Mexicali y otros) el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional y violatorio de garantías al Decreto 15 de la Legislatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial de 10 de mayo de 1990, que ordenó restablecer la vigencia del Código de Procedimientos Civiles de 1994, pero omitió publicar el contenido de dicho código. En su parte conducente dijo la ejecutoria:

"‘... el decreto reclamado, al restablecer en forma vaga e imprecisa las reformas y adiciones practicadas al código ... resulta inconstitucional por violar las garantías de seguridad y certeza jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 ... protección ... que se hace extensiva al acto concreto de aplicación ...’

"Este argumento jurisprudencial guarda relación directa con un vicio en el proceso legislativo, es decir, con una violación al procedimiento de creación de la ley por parte del Congreso del Estado. En la ejecutoria de 30 de enero de 1996, pronunciada en el amparo directo en revisión 734/95 (Universidad Autónoma de Baja California contra Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado) el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró violatorio de garantías individuales un decreto legislativo por las mismas razones invocadas en este capítulo. En su parte conducente dice la ejecutoria:

"‘... dado que la obligatoriedad de las normas de derecho positivo deriva de su vigencia, lo que impla (sic) la certeza jurídica de que son del conocimiento de sus destinatarios por haberse cumplido con todas y cada una de las etapas que componen el proceso legislativo, a saber, su formación, expedición, promulgación ... es claro que la misma no llegó a configurarse ... violándose las garantías de seguridad ...’

"La transcripción revela que la pre-invocada declaratoria de inconstitucionalidad se refiere, al igual que la presente, a vicios en el procedimiento de creación de la ley, lo que implica que no sólo la falta de publicación de las leyes, sino también el incumplimiento de cualquiera (sic) otra etapa del proceso legislativo, genera un agravio en perjuicio de los destinatarios de la norma.

"Estos fallos protectores contra un decreto legislativo se apoyaron en que el texto no fue publicado debidamente porque no contenía toda la información necesaria para que los gobernados pudieran estar enterados de manera completa del contenido de las normas aprobadas, pero no sólo del contenido material, sino de que dichas normas hubieren sido aprobadas por al menos el número suficiente de diputados y que las formalidades procedimentales se hubieran cumplido satisfactoriamente.

"Conforme a lo anterior, para considerar que se cumplieron los requisitos previstos por la Constitución Estatal para una reforma constitucional local, es indispensable que en la publicación oficial aparezca la información de cuántos diputados y cuántos Ayuntamientos la aprobaron. Sólo así se pueden considerar cumplidas las formalidades que no son pura forma, sino el elemento protector de los gobernados: Sólo de esa manera pueden éstos saber a ciencia cierta si la reforma fue aprobada por el número suficiente de votos. De lo contrario los gobernados -en la especie el Partido Estatal de Baja California- quedamos en estado de indefensión porque se declara vigente una reforma constitucional sin informarnos, sin hacer saber a la comunidad de gobernados, todo lo necesario para llegar al conocimiento de que fue aprobada o no correctamente. De ahí la invalidez del Decreto 121 que por mi conducto impugna el Partido Estatal de Baja California que represento.

"Segundo. Violación al procedimiento legislativo por no respetar las otras iniciativas presentadas para el mismo efecto, sino únicamente la del gobernador del Estado.

"Esta violación se concreta conforme a la narración de antecedentes que sigue:

"1. El Decreto 121 mediante el cual se reforman los artículos 5, 15, 20, 21, 27, 28, 43, 68, 79 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, cuya invalidez se pide es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 35 fracciones I, II y III; 36, fracciones III, IV y V; 38, 39, 40, 41, 52, 54, fracción IV, 114, 115, 116, fracciones 1 (sic) y IV, base (sic) b), c), e), f), (sic) i); 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que en el Dictamen No. 1 que le antecede, emitido por la comisión de reforma de Estado, establece en su primer párrafo lo siguiente: ‘... La comisión que suscribe, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 49, fracción III, 114, 115, 116 y 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, recibió para su estudio, análisis y dictaminación, la iniciativa de reforma y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia electoral, presentadas en los foros y mesas de consulta celebrados en Ensenada, Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, San Felipe, San Quintín y Tecate, las presentadas en oficialía de partes, Internet y correo electrónico, así como también las presentadas por algunos Diputados en Pleno ...’, con lo que se da cuenta que el sentido y contenido de la reforma a la Constitución del Estado, se basa en las iniciativas de reforma presentadas por parte de los Poderes Ejecutivo y Judicial, Ayuntamientos, partidos políticos, las instituciones académicas, las organizaciones civiles, sociales, barras, colegios y asociaciones de abogados y de la ciudadanía en general del Estado de Baja California y diputados de la XIX Legislatura. Sin embargo, el sentido y contenido de las reformas realizadas a la Constitución Local, no corresponden con las iniciativas presentadas, ni tampoco encuentran sustento en la orientación de las proposiciones hechas por los ciudadanos, organizaciones civiles, sociales, empresariales, Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado y diputados que acudieron a la convocatoria hecha por el Congreso del Estado, esto es, no fueron tomadas en cuenta en la emisión del Decreto 121 que se impugna, siendo así que dicho acto es contrario al sistema democrático que sustenta el marco jurídico electoral del Estado de Baja California, al carecer de una debida fundamentación y motivación en su elaboración. Ello toda vez que (sic) Poder Legislativo tuvo el deber de ceñir el dictamen a las iniciativas presentadas no sólo por el Ejecutivo del Estado, como en la especie ocurrió, sino también en las demás iniciativas, ya que estas propuestas se presentaron con el carácter de iniciativa, tal como la Comisión de Reforma de Estado y el Congreso las reconoce en el cuerpo del Dictamen No. 1. En efecto, lo presentado por los ciudadanos, organizaciones civiles y empresariales, por el Tribunal de Justicia Electoral y diputados entre otros, no son sólo mecanismos auxiliares de ayuda para el legislador, sino que tienen efectos vínculatoríos y en consecuencia deben verse reflejados en los puntos o conclusiones del dictamen elaborado por el Congreso del Estado. En atención a ello, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe juzgar la violaciones al procedimiento legislativo, ya que redundan en la violación de las garantías previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que las diversas propuestas mencionadas, debieron ser valoradas y estudiadas para convertirlas en reformas en materia electoral y que sin embargo, a la postre no fueron consideradas en el instrumento que por este medio se reclama su invalidez.

"El procedimiento de reforma constitucional, es la serie ordenada de actos que deben realizar los órganos de gobierno facultados para ello, a fin de elaborar, aprobar y expedir una reforma a la Constitución, componiéndose de al menos seis fases, iniciativa, discusión, aprobación o rechazo, sanción, promulgación e iniciación de vigencia. Dicho procedimiento está plenamente identificado en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en los artículos 22, párrafo cuarto, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 112, a cuyo texto me remito en obvio de transcripciones innecesarias.

"Por su parte, el marco normativo que determina el desarrollo de los trabajos legislativos en el Congreso del Estado de Baja California, en lo que a este estudio interesa se encuentra en los artículos 110 al 164 de la Constitución Política de Baja California que han sido violados, y cuya violación se traduce en inobservancia de las garantías de legalidad que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Nacional, particularmente a partir del caso ‘Temixco’ (controversia constitucional 31/0 (sic)) en cuya virtud la inobservancia de cualquier norma jurídica traduce una violación a la Constitución Nacional:

"La lectura de todos los preceptos mencionados, que regulan el marco jurídico del proceso legislativo bajacaliforniano, aplicable también, mutatis mutandis, al proceso de reformas constitucionales del orden estatal, pone de manifiesto las etapas básicas que conforman el procedimiento legislativo en el Estado de Baja California, de las que se advierte que se vulneró el procedimiento que culminó con la emisión del decreto cuya invalidez se demanda, pues las disposiciones transcritas prevén como obligación y como fase del procedimiento de reformas, que el Congreso del Estado dictamine, discuta, apruebe o en su caso rechace las iniciativas de reforma presentadas por los diputados integrantes de la legislatura, ciudadanos y las del Tribunal de Justicia Electoral, las cuales sirva decir, buscan abonar en el perfeccionamiento y avance en el sistema democrático en el Estado de Baja California. En efecto, de la lectura a las pruebas documentales que deben ser remitidas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que no se respetó el procedimiento establecido en el artículo 29 de la Constitución Local, que ordena que las iniciativas de ley o decreto deben sujetarse a: ‘I. Dictamen de comisiones; II. Discusión; y, III. Votación’, esto es así porque las iniciativas recibidas no se sometieron al trámite descrito. Aunado a ello, tómese en cuenta que en colaboración de los poderes que la Constitución Federal reconoce en el proceso legislativo, el Congreso del Estado junto con (sic) gobernador del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ayuntamientos, los representantes de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Alternativa Social, Verde Ecologista de México, Convergencia, Estatal de Baja California, Social Demócrata, Encuentro Social y Nueva Alianza ante testigos de honor convinieron unir sus voluntades para suscribir el Acuerdo para impulsar la reforma de Estado en materia política para Baja California, en miras de conformar un nuevo marco jurídico que, responda a las demandas ciudadanas, traduciéndolas en un perfeccionamiento de las instituciones democráticas e incentive la participación ciudadana constante y proactiva, favoreciendo su incidencia en las políticas públicas y fomente la sana competencia electoral entre los actores políticos, compromiso creado de frente a la sociedad que no se cumplió, puesto que en realidad sólo consideran para la reforma electoral y su consecuente trámite de: ‘I Dictamen de comisiones; II. Discusión; y, III. Votación’, la propuesta hecha del Poder Ejecutivo como si fuese el único que la ley faculta para presentar iniciativas, dejando aún (sic) lado no sólo las propias iniciativas de los diputados y del Tribunal de Justicia Electoral, sino la de los ciudadanos que ante el afán de involucrarse en los asuntos públicos provocado por el manejo mediático, acudieron al llamado, pues es el escenario perfecto en el que se define el futuro del Estado, en donde se adecuaría la ley a la realidad. Asimismo olvida con dicha actitud, que constitucionalmente el Poder Legislativo es el espacio de expresión y conformación más nítido de la cultura política y parlamentaria, pues es en éste donde se desarrollan los debates y ocurre el contrapeso frente a los demás poderes, pero, a la vez, sirve de vínculo directo entre el pueblo y sus gobernantes, para alcanzar justicia social, defender la soberanía y defender la democracia, y que con sus contribuciones a la gestación de nuestro Estado de derecho y del marco jurídico debió garantizar las libertades públicas, los derechos humanos, los derechos político electorales y el pleno desenvolvimiento democrático de nuestras instituciones.

"Para dar mayor luz a ese honorable Tribunal Supremo, afirmo que las propuestas que el Legislativo desestimó sin fundamento y motivación alguna, se presentaron no sólo como meros mecanismos auxiliares de ayuda al legislador, sino con todo efecto vinculatorio, al ser exhibidas con el carácter de iniciativa y al ser aceptadas como tal dentro del proyecto, debieron verse reflejadas en los puntos o conclusiones del dictamen elaborado por la Comisión de Reforma de Estado a efecto de presentarse para discusión y votación en el Pleno del Congreso del Estado. En ese sentido, en los antecedentes de (sic) Dictamen No. 1 de la Comisión de Reforma de Estado, están de manera enunciativa las propuestas hechas por el diputado Héctor Humberto López Barrasa, diputada Edna Mireya Pérez Corona, diputado Jaime Chris López Alvarado y diputado Miguel Ángel Castillo Escalante, sin que se haya observado el trámite que refiere el artículo 29 de la Constitución Local, desestimándolas a tajo; igual suerte corren las iniciativas de los regidores de los Ayuntamientos y del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, así como las hechas por los ciudadanos, las organizaciones civiles y empresariales y de diversos partidos políticos como el Partido Social Demócrata en Baja California, Partido Encuentro Social, entre otros. Violaciones al procedimiento que trascienden en modo fundamental a las con que culminó el procedimiento legislativo, al no observarse los requisitos establecidos en las normas que rigen este procedimiento para el análisis, discusión y aprobación de las iniciativas y proyectos de reforma por los legisladores locales, en tanto no se cumplen las formalidades trascendentes y que inciden en la violación a las garantías de legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, trastocando los atributos democráticos finales de decisión que aprobó la reforma, previstos como premisas políticas de la democracia liberal representativa de nuestro estado de derecho, en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Ahora bien, respecto a las iniciativas presentadas por los ciudadanos vale decir que el Congreso del Estado convocó con todo un andamiaje mediático a la ciudadanía bajacaliforniana a presentar ‘iniciativas de reforma’ en materia electoral y con esa salvedad los ciudadanos, organizaciones civiles, sociales, instituciones académicas, etcétera, entregaron al Poder Legislativo diversas propuestas en los foros y mesas de consulta celebrados en Ensenada, Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, San Felipe, San Quintín y Tecate, así como en la oficialía de partes, Internet y correo electrónico del Congreso del Estado, esto es, el Poder Legislativo en un supuesto ejercicio democrático pidió a la ciudadanía a (sic) entregar propuestas de iniciativas de reforma a efecto de analizarlas tal como se observa en la convocatoria, iniciativas de reforma para que una vez analizadas se tomaran en consideración, en el entendido de que la Constitución otorga a éstos la facultad de presentar iniciativas de ley y decretos. Se reitera que el Poder Legislativo, ha calificado las propuestas ciudadanas como iniciativa de reforma, lo que implica que a éstas debieron aplicársele (sic) el mismo tratamiento dado a la presentada por el gobernador del Estado.

"De conformidad con el artículo 70 de la Ley de Participación Ciudadana, la iniciativa ciudadana es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos del Estado podrán presentar al Congreso del Estado, proyectos de creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes o decretos ‘incluyendo modificaciones a la Constitución Federal o a la Constitución Local’, salvo las excepciones contempladas en el artículo 71. En ese sentido el artículo 73 de la Ley de Participación Ciudadana dispone lo siguiente:

"‘Artículo 73. La comisión deberá decidir sobre la admisión o rechazo de la iniciativa dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su presentación y podrá auxiliarse del instituto para efecto de verificar el cumplimiento del requisito a que se refiere la fracción I del artículo precedente. Declarada la admisión de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

"‘En caso de que la comisión no resuelva dentro del plazo anterior, se considerará admitida la iniciativa para los efectos de esta ley.

"‘La iniciativa ciudadana que sea desechada, sólo se podrá presentar hasta el siguiente periodo de sesiones del Congreso del Estado.’

"De ello se desprende que, el Congreso admitió las iniciativas de los ciudadanos, pero en el caso que nos ocupa el procedimiento realizado por el Poder Legislativo del Estado de Baja California no fue observado a cabalidad, ya que tal como se ha demostrado, en la exposición de motivos de la iniciativa y dictamen, no se realizó el más mínimo análisis de las propuestas recibidas, por lo que éste no está debidamente fundado y motivado y menos se observa el apego del principio de legalidad por parte de la autoridad demandada, que por un lado incita a la ciudadanía a presentar iniciativas de ley y por otro las desconoce sin pronunciarse sobre su viabilidad, resultando un revés al ejercicio ciudadano y a la voluntad de ella, incumpliendo las máximas premisas constitucionales tanto federales como locales, anulando y menoscabando los derechos y las libertades de las personas que sólo buscan participar por la vía pacífica en los asuntos del país y del Estado.

"La reforma electoral impugnada fue producto de deficiencias en el proceso, toda vez que el Congreso del Estado no observó las normas del procedimiento legislativo aplicables a la reforma o derogación de leyes, afectando, el derecho de los proponentes de las iniciativas para llevar a cabo el estudio, deliberación y discusión, amplia y exhaustiva de las mismas, acciones que era necesario realizar por tratarse de la materia electoral, en la que se requiere de amplia participación social. Por ello, esta autoridad debe impedir que la actuación de las autoridades infrinjan con tales imperativos y a efecto de que en la práctica la forma de gobierno sea en verdad republicana, representativa y popular, que la rectoría del desarrollo nacional garantice el que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático.

"Efectivamente, el decreto cuya validez se demanda es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en el dictamen que antecede a éste, se da cuenta que el sentido y contenido de la reforma a la Constitución Local, se sustenta en las iniciativas de reforma presentadas por diversos actores que acudieron al llamado hecho por el Congreso del Estado. No obstante a ello, el sentido y contenido de la reforma, no corresponde con las propuestas entregadas, y mucho menos encuentra sustento en la orientación de las proposiciones hechas por los diputados, Ayuntamientos, Poder Judicial del Estado a través del Tribunal de Justicia Electoral, partidos políticos, las instituciones académicas, las organizaciones civiles, sociales, barras, colegios de abogados y de la ciudadanía en general, por lo que carece de la debida fundamentación y motivación el citado Decreto No. 121. Ello en base a que las iniciativas de los diputados presentadas no se sometieron al trámite que la Constitución ordena; que la propuesta del Poder Judicial a través del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, tampoco se observó el procedimiento establecido en el marco jurídico, y que respecto a los ciudadanos además de engañarlos con un ejercicio que en el discurso fue democrático en la práctica se convirtió en esfuerzo vano, que además de incumplir con la obligación constitucional de servir de vínculo directo entre el pueblo y sus gobernantes, se vulneran las libertades públicas, los derechos humanos, los derechos políticos y el pleno desenvolvimiento democrático de nuestras instituciones.

"Por lo anteriormente vertido se reclama la invalidez de las reformas que en materia electoral se hicieran a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y que aparecen publicadas con fecha 14 de agosto de 2008 en el Periódico Oficial de ese Estado, mediante Decreto No. 121. Dicha invalidez es sustentable por ser contradictoria a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal al violentarse la garantía de legalidad, por parte de la XIX Legislatura del Estado de Baja California. Esto, como ya se apuntó, en la medida en que se transgrede la normatividad referente a las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, factor que da sustento al propio sistema normativo, el cual es elemento esencial de nuestro régimen republicano, presentándose en el caso que nos ocupa, un proceso de reforma a la Constitución del Estado, proceso que en su conjunto omite el estricto apego a las disposiciones constitucionales y reglamentarias vigentes, originando tal hecho una transgresión al principio de legalidad en los casos concretos y debiendo traer tal situación por consecuencia, la nulidad de las normas generales impugnadas. De tal suerte que el dictamen que dio origen al decreto combatido, no integró en su contenido las iniciativas presentadas por los diputados de la propia legislatura, la iniciativa del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, y las de los ciudadanos, ni mucho menos se expresó las razones, motivos o consideraciones por las cuales no serían incluidas, ni se debatió sobre la viabilidad, ni tampoco sobre la procedencia de ellas, dado (sic) sólo entrada a la presentada por el Poder Ejecutivo del Estado, incumpliendo las normas que el marco constitucional mandata.

"En ese orden de ideas, la argumentación referente a las violaciones al procedimiento parlamentario, que han quedado descritas en el presente concepto de invalidez, las mismas traen por consecuencia una transgresión a las disposiciones normativas de la propia Constitución Federal, desde el momento en que los mecanismos de iniciativa y formación de leyes, por ser de orden público, siguen el principio de indisponibilidad y, por lo mismo, son imperativos y no pueden ser susti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22136-2bd4eb10/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-21-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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