ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 38-BIS, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY ESTATAL DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL DE QUINTANA ROO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 222, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 15 DE MARZO DE 2010, AL DISPONER QUE NO PROCEDERÁ EL RECUENTO DE VOTOS EN EL CASO DE CASILLAS EN LAS QUE SE HUBIERE REALIZADO NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN LA SESIÓN RESPECTIVA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 38-BIS, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ESTATAL DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL DE QUINTANA ROO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 222, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 15 DE MARZO DE 2010, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE: "CUANDO DEL ANÁLISIS A LOS HECHOS Y AGRAVIOS QUE SE HAGAN VALER SE ADVIERTE QUE HABIENDO SIDO SOLICITADO EL RECUENTO EN TIEMPO Y FORMA ANTE EL ÓRGANO RESPONSABLE, ÉSTE SE HUBIESE NEGADO INDEBIDAMENTE A SU REALIZACIÓN", TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 226-BIS, PÁRRAFOS OCTAVO Y NOVENO Y 232-BIS, PÁRRAFOS SÉPTIMO Y OCTAVO, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 222, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 15 DE MARZO DE 2010, AL LIMITAR LA REALIZACIÓN DEL RECUENTO DE VOTOS EN SEDE JURISDICCIONAL A AQUELLAS CASILLAS QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE DICHO PROCEDIMIENTO ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES E IMPEDIR QUE LOS ERRORES CORREGIDOS EN SEDE ADMINISTRATIVA PUEDAN INVOCARSE COMO CAUSA DE NULIDAD EN SEDE JURISDICCIONAL, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/2010. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.
SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de mayo de dos mil diez.
VISTOS para resolver los autos de la acción de inconstitucionalidad 5/2010; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por oficio recibido el trece de abril de dos mil diez, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, Arturo Chávez Chávez, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 226-bis, párrafos octavo y noveno y 232-bis, párrafos séptimo y octavo, de la Ley Electoral de Quintana Roo, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el quince de marzo de dos mil diez, normas que fueron emitidas y promulgadas por el Congreso y gobernador del Estado de Quintana Roo, respectivamente.
SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El promovente estimó violados los artículos 16, 17, 116, fracción IV, incisos b), c) y l) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e hizo valer los conceptos de invalidez que a continuación se resumen:
Primero. Violación a los artículos 17 y 116, fracción IV, incisos b), c) y l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los preceptos impugnados, en tanto prevén que en ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral de la entidad que realice el recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de recuento en los consejos distritales o municipales, violan los artículos 17 y 116, fracción IV, incisos b), c) y l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que hacen nugatorio el imperativo constitucional consistente en que las leyes electorales locales garanticen, entre otras cuestiones, el recuento de los votos en sede jurisdiccional.
En efecto, si bien en términos del artículo 38-bis de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Tribunal Electoral de Quintana Roo puede llevar a cabo recuentos de votos, ello no procede cuando la autoridad administrativa lo hubiese hecho a través de consejos distritales o municipales, con lo que dicha competencia se monopoliza a favor de la sede administrativa.
Los preceptos impugnados también trasgreden el artículo 17 constitucional, en tanto impiden que los actores políticos puedan promover medios de impugnación en contra del recuento de votos que lleven a cabo los consejos distritales o municipales, a pesar de que la Constitución General prevé que todo acto o resolución debe ser susceptible de impugnación, incluyendo el recuento de votos en sede administrativa, pues de ello depende la legalidad y transparencia de los comicios.
De igual manera, los artículos combatidos trastocan los principios de autonomía e independencia del Tribunal Electoral Local, pues éste no puede ejercer sus facultades relacionadas con las resoluciones o actos derivados del recuento de votos, haciendo nugatoria la competencia jurisdiccional en materia electoral.
También se ve violentado el principio de legalidad en materia electoral, al no existir instancia o medio de impugnación para cuestionar el actuar del Instituto Electoral respecto del recuento de votos en los consejos distritales o municipales, por lo que aun habiéndose cometido irregularidades durante el recuento en sede administrativa, éstas no se podrán cuestionar a través de los medios de impugnación, lo cual implica actuar al margen de la ley.
Por último, el principio de certeza resulta vulnerado, en tanto no se dota a las autoridades locales en materia electoral de facultades ciertas, lo que produce incertidumbre debido a que los participantes del proceso electoral no conocen previamente las reglas de actuación de las autoridades electorales, pues en caso de irregularidades en el recuento de votos no podrán impugnarlas ante el Tribunal Electoral.
El promovente invoca como precedente, la acción de inconstitucionalidad 79/2009, en la que el Tribunal Pleno declaró la invalidez de diversos preceptos de la legislación electoral de Zacatecas, similares a los que aquí se combaten, por estimar que la prohibición absoluta al Tribunal Electoral Local de realizar el recuento de votos respecto de las casillas que hubieran sido objeto de dicho procedimiento en los consejos distritales, era contraria al Texto Constitucional.
Finalmente, el promovente solicita que, tal como se hizo en el precedente de Zacatecas, en el presente caso se haga extensiva la declaratoria de invalidez al párrafo octavo del artículo 226-bis y al párrafo séptimo del artículo 232-bis de la ley impugnada, al disponer éstos que los errores contenidos en las actas originales de escrutinio o cómputo de casilla que sean corregidos por los consejos distritales o municipales, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral, pues ello implica una limitación arbitraria a su función jurisdiccional, en tanto que es una restricción a la regla general del recuento de votos.
Segundo. Violación a los artículos 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los preceptos impugnados vulneran el artículo 16 constitucional, ya que el acto legislativo emitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, consistente en los preceptos que por esta vía se impugnan, carece de fundamentación en tanto que excedió su marco de atribuciones, creando normas contrarias a los artículos 17 y 116, fracción IV, incisos b), c) y l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De igual manera, los preceptos cuya invalidez se demanda trasgreden el principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 constitucional, pues pretenden ubicarse por encima del Texto Constitucional.
TERCERO. Admisión y trámite. Mediante proveído de catorce de abril de dos mil diez, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 5/2010 y, por razón de turno, designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para que actuara como instructor en el procedimiento.
Por auto de quince de abril del año en curso, el Ministro instructor admitió la acción relativa; ordenó dar vista al órgano Legislativo que emitió las normas y al Ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes; requirió al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, para que informara sobre la fecha de inicio del proceso electoral, y solicitó la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
CUARTO. Informe sobre la fecha de inicio del proceso electoral. El consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo informó que el proceso electoral local ordinario dos mil diez, para renovar al gobernador del Estado, diputados al Congreso Local y miembros de los nueve Ayuntamientos de la entidad, inició el dieciséis de marzo del año que transcurre.
QUINTO. Informe de la autoridad promulgadora. El gobernador del Estado de Quintana Roo, al rendir su informe, expuso lo siguiente:
a) La promulgación y publicación de los decretos que contienen las normas impugnadas son legales y fueron realizados en cumplimiento a los artículos 69, 91, fracciones I, II y XII, de la Constitución Local y 40, párrafo primero y 7o., fracción II, de la Ley del Periódico Oficial del Estado.
b) Los preceptos impugnados en modo alguno constituyen una obstrucción a la justicia, ni se contraponen con el artículo 116, fracción IV, inciso l), de la Norma Fundamental, ya que es facultad del legislador local prever los supuestos y las reglas para la realización de recuentos totales o parciales en los ámbitos administrativo y jurisdiccional.
c) El promovente hace una interpretación restrictiva inadmisible, ya que los preceptos impugnados no tienen un carácter prohibitivo para el ejercicio de un derecho, sino que regulan los casos en que podrán efectuarse recuentos, ya sea en la instancia administrativa o jurisdiccional, a fin de no vulnerar el principio de definitividad de los actos administrativos, pues de no ser así se produciría una duplicidad de actuaciones innecesarias, al pretenderse la práctica de una diligencia ya realizada, cuya legalidad y validez ya no deberían cuestionarse.
d) Los preceptos reclamados no restringen las facultades del órgano jurisdiccional para realizar el recuento de votos de las casillas impugnadas, sino que únicamente establece las limitantes para su realización, siendo una de éstas, el hecho de que ya hayan sido objeto de este procedimiento, sin que ello implique una prohibición categórica para el justiciable ni, por ende, una afectación al derecho a la tutela judicial efectiva.
e) El artículo 38-bis de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece los supuestos en los cuales el Tribunal Electoral Local puede conocer y, en su caso, ordenar la realización de un nuevo escrutinio y cómputo, garantizándolo tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, cumpliendo con los artículos 17 y 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y evitando la práctica reiterada de diligencias ya verificadas.
f) Es infundado el segundo concepto de invalidez en el que se aduce violación a los artículos 16 y 133 constitucionales, toda vez que el legislador local, en pleno uso de sus atribuciones llevó a cabo la reforma sin arrogarse facultades ajenas a su función constitucional. Además, el acto legislativo que se combate no rebasa el orden constitucional, pues está dentro del ámbito que señala el artículo 116, fracción IV, inciso l), constitucional.
SEXTO. Informe de la autoridad emisora. El Congreso del Estado de Quintana Roo, al rendir su informe sostuvo la validez de la norma impugnada de conformidad con los siguientes argumentos:
a) La Ley Electoral de Quintana Roo se emitió en estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, observándose las formalidades propias del proceso legislativo en todas y cada una de sus etapas.
b) La emisión de este acto legislativo se realizó en cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia en la acción de inconstitucionalidad 39/2009 y su acumulada 41/2009, en cuanto al establecimiento de los supuestos y reglas para la realización de recuento de votos tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional, por lo que en este sentido se actualiza la permisibilidad para legislar pese a la cercanía del proceso electoral.
c) Está dentro del ámbito de la configuración legislativa de los Congresos Locales establecer los supuestos y reglas de recuento de los sufragios, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en modo alguno establece qué supuestos o qué reglas deben incorporarse en el orden jurídico local, por lo que debe considerarse que es potestad de los Estados determinar los supuestos y las reglas para el recuento de votos, en los ámbitos jurisdiccional y administrativo.
d) El accionante omite tomar en cuenta el principio de definitividad en materia electoral, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 61/2004, cuyo rubro es el siguiente: "INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS CONSTITUCIONALES PARA SU DESAHOGO, SON AQUELLOS QUE GARANTICEN UNA PRONTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA."(1)
e) La intención del legislador al expedir la norma impugnada fue establecer los supuestos y las reglas para el recuento de votos en el ámbito jurisdiccional, decidiendo no contemplar aquellos casos en que previamente se haya realizado un recuento en el ámbito administrativo y, en cambio, estableciendo otros supuestos para que se lleve a cabo el recuento jurisdiccional de votos. Por tal motivo, el legislador local cumplió con instituir el recuento de sufragios en los dos ámbitos y, además, para tal efecto instituyó supuestos de procedencia y reglas para la tramitación del recuento tanto administrativo como jurisdiccional. En sede jurisdiccional no se previó la procedencia del recuento cuando éste ya se haya realizado por la autoridad administrativa, lo que obedece al ánimo de dotar de definitividad y certeza a los actos relativos a los recuentos de los sufragios.
f) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no instituye supuestos específicos de recuentos, parciales o totales, en ambos ámbitos; ni contempla la posibilidad de recuentos totales o ilimitados de una misma casilla o elección, sino que los supuestos de procedencia para los recuentos de sufragios son de libre configuración, siempre y cuando se prevean los recuentos totales o parciales, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional.
SÉPTIMO. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La opinión es en el siguiente sentido:
a) Por cuanto se refiere al primer concepto de invalidez, estima que no obstante que en opiniones anteriores se pronunció por la constitucionalidad del tema planteado por el ahora actor, de una nueva reflexión, y sobre la base de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma a los artículos impugnados es inconstitucional.
En efecto, en la acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, se determinó que el artículo 210, numeral dieciséis, de la Ley Electoral de Chihuahua, en tanto establecía limitaciones al recuento de votos en sede jurisdiccional, vulneraba lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no garantizar la posibilidad de realizar el recuento de votos en sede jurisdiccional, pues sólo facultaba al Tribunal Electoral Local para hacer uso de esa atribución respecto de las casillas que no hubieran sido objeto de nuevo escrutinio ante el Instituto Electoral Local, con lo que se impedía que el recuento comprendiera la generalidad de los votos.
De la misma manera, en la acción de inconstitucionalidad 79/2009 se determinó que el artículo 222, numeral diez, y por extensión el numeral nueve, así como el artículo 63 bis de la Ley Electoral de Zacatecas, restringían indebidamente las facultades del Tribunal Electoral Local al establecer que, "en ningún caso" podría solicitarse la realización de recuento de votos, respecto de casillas que ya hubieran sido objeto de dicho procedimiento en los consejos distritales, contraviniendo con ello la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a que las legislaciones electorales locales garanticen un recuento jurisdiccional adicionalmente al administrativo, entendiéndose la partícula "o", en un sentido inclusivo y no exclusivo.
Las disposiciones declaradas inconstitucionales en las acciones de inconstitucionalidad referidas son idénticas a las porciones normativas que se impugnan en el presente asunto, las cuales establecen que "en ningún caso" podrá solicitarse al Tribunal Electoral Local el recuento de votos respecto de casillas que ya hayan sido objeto de dicho procedimiento, lo cual resulta inconstitucional.
b) Por cuanto se refiere al segundo concepto de invalidez, señala que no es materia de opinión de la Sala Superior, al plantear cuestiones de carácter constitucional y competencial, que no forman parte de la materia político electoral.
OCTAVO. Alegatos. En sus alegatos, el promovente solicitó a este Alto Tribunal tener por reproducidos los argumentos expuestos en su escrito inicial, y precisó, en relación con las contestaciones de las autoridades, que si bien la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé la existencia del incidente de recuento de votos, éste no puede llevarse a cabo cuando la autoridad administrativa lo hubiese realizado previamente, por lo que solicita que la declaratoria de invalidez se extienda al artículo 38-bis, párrafo cuarto, del referido ordenamiento.
NOVENO. Cierre de instrucción. Por proveído de veintisiete de abril de dos mil diez, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversas normas de la Ley Electoral de Quintana Roo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y que el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada, en el entendido de que en materia electoral todos los días son hábiles.
En el caso, se impugnan los artículos 226-bis, párrafos octavo y noveno y 232-bis, párrafos séptimo y octavo, de la Ley Electoral de Quintana Roo, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el quince de marzo de dos mil diez, cuyo ejemplar anexa al escrito inicial,(4) por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del dieciséis de marzo al catorce de abril de dos mil diez.
La presente acción de inconstitucionalidad fue promovida por el procurador general de la República el trece de abril de dos mil diez, por lo que resulta oportuna.
TERCERO. Legitimación. Suscribe la demanda Arturo Chávez Chávez, en su carácter de procurador general de la República, lo que acredita con copia certificada de su designación en ese cargo, por parte del presidente de la República.(5)
El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el procurador general de la República podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad, entre otras normas, contra leyes estatales.
En el caso, dicho funcionario promovió la acción en contra de diversos preceptos de la Ley Electoral de Quintana Roo, expedida por el Congreso Local, esto es, de una ley estatal, por lo que cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 98/2001,(6) de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES."
CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no hacen valer causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni de oficio se advierte que existan.
QUINTO. Estudio de fondo.
I. Antecedentes del caso.
Antes de abordar los conceptos de invalidez planteados por el promovente, es necesario precisar que el presente asunto tiene como antecedente lo resuelto en sesión de diecinueve de enero de dos mil diez, por este Tribunal Pleno, en la acción de inconstitucionalidad 39/2009 y su acumulada 41/2009, promovidas por el Partido de la Revolución Democrática y el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en contra de diversas disposiciones de la Constitución Política, de la Ley Electoral, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral y de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, todas del Estado de Quintana Roo.
En el fallo respectivo se determinó que el Congreso del Estado de Quintana Roo había incurrido en una omisión legislativa al no establecer las reglas para el recuento total y parcial de votos en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, incumpliendo con ello el mandato constitucional previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en el punto resolutivo quinto se dijo:
"QUINTO. Se declara fundada la acción de inconstitucionalidad en contra de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Quintana Roo consistente en regular de manera deficiente, los supuestos y las reglas de los recuentos parciales o totales en los ámbitos administrativo y jurisdiccional previstos en el inciso l) de la fracción IV del numeral 116 de la Constitución General de la República. En consecuencia, es responsabilidad de ese órgano legislar a la brevedad posible para corregir la deficiencia apuntada, en los términos indicados en el último considerando de esta resolución."
Se precisó que para cumplir con el imperativo constitucional de establecer los supuestos y las reglas para la realización de recuentos totales o parciales de votación, en sede administrativa y jurisdiccional, el legislador local debía precisar con claridad:
1. Los casos en los que procede el recuento total y parcial de votos.
2. Los sujetos legitimados para solicitar tales recuentos.
3. Los requisitos que deben seguirse para que se lleve a cabo el recuento.
4. Cómo se desahogará y qué efectos tendrá la realización de los recuentos.
Con el fin de dar cumplimiento a dicho fallo, el Congreso del Estado de Quintana Roo emitió el "Decreto Número 222: Por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral y se reforman los artículos 38-bis y 93 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral, ambas legislaciones del Estado de Quintana Roo" publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el quince de marzo de dos mil diez.
Dicho decreto, en lo que interesa, es del siguiente tenor:
"Artículo primero. Se adiciona los artículos 226-bis, 232 bis y 251-bis de la Ley Electoral de Quintana Roo, para quedar como sigue:
"‘Artículo 226-bis. Los consejos distritales deberán realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:
"‘I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado;
"‘II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; o
"‘III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.
"‘Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido o coalición que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el consejo distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito.
"‘Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior, el consejo distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto del recuento.
"‘Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el consejo distrital dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del consejo distrital dará aviso inmediato al secretario general del instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales y los representantes de los partidos y coaliciones, que presidirán los primeros. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.
"‘Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta, se contabilizarán para la elección de que se trate.
"‘El consejero electoral que presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido y candidato.
"‘El presidente del consejo realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate.
"‘Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los consejos distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.
"‘En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos distritales.
"‘Las disposiciones contenidas en el presente artículo para el recuento parcial y total de votos en los consejos distritales electorales aplican para las elecciones de diputados y gobernador.’
"‘Artículo 232-bis. Los consejos municipal o distrital, según se trate, deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:
"‘I. Existan errores o inconsistencias en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado;
"‘II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; o
"‘III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.
"‘Cuando exista indicio de que la diferencia entre la planilla presuntamente ganadora de la elección en el Municipio y la que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido o coalición que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el consejo municipal deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el Municipio.
"‘Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior, el consejo municipal deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.
"‘Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el consejo municipal dispondrá lo necesario para que sea realizado y que concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del consejo municipal o distrital dará aviso inmediato al secretario general del instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales y los representantes de los partidos y coaliciones, que presidirán los primeros. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.
"‘El consejero electoral que presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada planilla.
"‘El presidente del consejo municipal o distrital realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate.
"‘Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los consejos municipales o distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.
"‘En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos municipales o distritales.’
"‘Artículo 251-bis. Si de la sumatoria de los resultados que consten en las actas de cómputo distrital de todos los distritos se establece que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en la entidad y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual de la votación emitida en el Estado, y existe la petición expresa del representante del partido o coalición que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22251-fd83ddd1/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-38-bis-cuarto-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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