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Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. NO ESTÁN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, AL CUAL REMITE EL NUMERAL 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISO B), ÚLTIMO PÁRRAFO, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2010. · Registro digital (IUS): 22256
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, , Pág. 359.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIO: DAVID RODRÍGUEZ MATHA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal en Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, los que al resolver el amparo directo número **********, que dio origen a la tesis aislada de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. NO QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL (TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1999)."; consideraron que dicho criterio difiere del sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión contencioso administrativo **********.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de **********, el recurso de revisión contencioso administrativo **********, en la parte que interesa, sustentó lo siguiente:

- Es infundada la parte de los agravios en la que la autoridad recurrente afirma que no se actualizaron los supuestos de exención para el pago de derechos por suministro de agua, en razón de que lo que se grava es la prestación del servicio proporcionado por el Gobierno del Distrito Federal, pero no el inmueble de la Secretaría de la Defensa Nacional, apoyando dicha determinación en la jurisprudencia aprobada por esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y siete, de rubro: "DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL."

- De acuerdo con el criterio jurisprudencial invocado, la exención opera cuando las personas públicas utilizan ciertos bienes que por su destino o naturaleza se hallan incorporados al régimen excepcional de dominio público, no por su mera condición de entes públicos; es decir, por el elemento subjetivo de la relación tributaria, lo cual explica que para esas personas, en lo que se refiere a los tributos que causen en relación con esos bienes, sea por su propiedad, fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora o cambio de valor, sino porque los servicios públicos que reciban en relación con esos bienes, estén liberados del pago de los tributos que desempeñan mediante el empleo de esos bienes y su afectación a un fin concreto.

- Al existir jurisprudencia respecto del tema relativo, pronunciada por esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se consideró que dicha contribución se encuentra incluida en el supuesto de exención que prevé el artículo 115, base IV, párrafo penúltimo, de la Constitución Federal, a cuyos términos remite el artículo 122, base primera, fracción V, inciso b), del mismo ordenamiento, cuando el servicio se conceda en favor de los organismos descentralizados, en lo que corresponde a los bienes sometidos al régimen del dominio público; es evidente que contrario a lo asentado por la autoridad recurrente, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal actuó atinadamente al determinar que el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", se encuentra exento del pago de derechos por concepto de suministro de agua, por tratarse de un bien de dominio público de ese órgano.

- Una vez establecido en el juicio contencioso administrativo de origen, que los bienes del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", son de dominio público, y que dicha institución tiene por objeto prestar servicios de salud pública, tal es el caso de la atención médica de padecimientos cardiovasculares de la población, sin que tales aserciones hayan sido motivo de discrepancia entre las partes; por lo que es evidente que el instituto de que se trata goza de la exención prevista en el numeral 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, está exento del pago de derechos por el suministro de agua.

Por su parte, el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo **********, promovido por el secretario de la Defensa Nacional, contra la sentencia dictada el **********, por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en el recurso de apelación número **********, consideró:

- Como bien lo determinó la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la exención prevista en el artículo 115 constitucional, no puede hacerse extensiva a los derechos por la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, por el simple hecho de que el usuario -el usuario del agua- ocupe un inmueble de dominio público, sea de la Federación, del Estado o del Municipio.

- Tratándose de contribuciones que recaigan sobre alguna conducta relacionada con bienes raíces, el aspecto objetivo del hecho imponible se vincula directamente con la propiedad, posesión o detentación de un bien inmueble; pero cuando se refiere a derechos por servicios el hecho imponible consiste en la recepción del servicio público y, por tal motivo, la calidad de un bien inmueble, ya sea de dominio público o no, es indiferente para la configuración del tributo; lo anterior se explica a través del distinto papel que juega el bien de dominio público en cada tipo de contribución.

- La propiedad, posesión o detentación del bien inmueble, es el elemento necesario del hecho imponible, que hace nacer la obligación, por lo que si es de dominio público, impedirá que ésta nazca, ya que goza de la exención constitucional; empero, si el bien inmueble no es parte del hecho imponible, en nada le afecta si tiene la calidad de bien de dominio público, por lo que nace la obligación tributaria y no opera la exención.

- Las exenciones a que se refiere el dispositivo 115 constitucional, únicamente proceden si para el surgimiento del hecho imponible es determinante un acto o un hecho jurídico, relacionado con un bien inmueble de dominio público, como es la propiedad, posesión o detentación; sin que llegue a constituirse como obstáculo alguno, el que sea un organismo descentralizado quien preste el servicio público que originalmente corresponde al Municipio, porque la norma constitucional en cuestión, prohíbe exentar a los bienes del dominio público que requieran de dichos servicios municipales.

- Las exenciones a que se refiere el dispositivo 115 de la Ley Fundamental, exclusivamente operan respecto del inciso a) del mismo, es decir, frente a las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, por ser éste el único caso en el que la calidad de bien de dominio público es determinante para el surgimiento de la obligación, pues sólo aquí un acto o un hecho jurídico, relacionado con la propiedad inmobiliaria, influirá en el nacimiento de la obligación tributaria, impidiendo que ésta aparezca, y haciendo procedente la exención.

- En el asunto de que se trata, la Secretaría de la Defensa Nacional es la titular de derechos sobre un bien inmueble que aunque si bien es del dominio público, no goza de la exención del pago de derechos por el servicio público de suministro de agua potable, puesto que el hecho gravable consiste en la recepción del servicio, como se ha razonado, queda fuera de la determinación estructural de la figura tributaria y, por tanto, la exención no comprende la recepción de dicho servicio público; de ahí la ineficacia de los conceptos de violación en estudio; sin que obste a lo anterior, la aplicación de la jurisprudencia número 2a./J. 22/97, sustentada por esta Sala del Alto Tribunal de Justicia, en virtud de que dicho criterio no puede utilizarse en ese contexto, debido a que en esa ejecutoria se interpretó el texto constitucional vigente a partir del cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y tres, pero no la actual disposición, publicada el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, que es la que gobierna la situación jurídica objeto de controversia en el juicio de origen.

- Si el acto administrativo refutado en el juicio de nulidad consiste en la boleta de cobro de suministro de agua al treinta y uno de marzo de dos mil nueve, es manifiesto que las normas aplicables para resolver la procedencia o no de la exención del pago de esos derechos son las vigentes en ese momento, por lo que si la jurisprudencia relativa corresponde a la interpretación de las disposiciones vigentes con motivo de las reformas constitucionales publicadas el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres en el Diario Oficial de la Federación, es innegable que no es aplicable ese criterio al referirse a un contenido normativo distinto, de ahí que debe de estarse a la interpretación del marco jurídico actual.

- No es impedimento la circunstancia de que las conclusiones alcanzadas sean inculcadas en las expuestas por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión número **********, ya que la nula observancia de la jurisprudencia número 22/97, obedece a la reforma que sufrió la fracción IV del artículo 115 de la Constitución General de la República, publicada el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, la cual es la norma aplicable al caso en estudio.

Cabe señalar que del criterio sostenido por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito derivó la tesis aislada con clave TC0115142.9 AD1, pendiente de publicar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"DERECHOS POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. NO QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL (TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1999). El análisis histórico y teleológico del artículo 115 del Pacto Federal revela que el Poder Constituyente Permanente ha fortalecido al Municipio Libre y procurado su hacienda, especialmente, a través de la reforma del dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, en la que incorporó a ese precepto la fracción IV para establecer que los Municipios administrarán libremente su hacienda, precisando los ingresos que les corresponde percibir, como son las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y los derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, que identificó con los incisos a) y c) de esa fracción; y en la que, además, prohibió que las leyes federales y estatales concedieran exenciones en relación con las contribuciones mencionadas en los aludidos incisos, con excepción de los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, pues respecto de éstos señaló de manera expresa que estarían exentos de esas cargas tributarias. Es importante señalar que esa reforma constitucional fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la exención contenida en ese precepto era aplicable tanto a los tributos sobre propiedad inmobiliaria como a los demás ingresos que obtengan los Municipios por los servicios públicos a su cargo, caso en el que se encontraban los derechos por servicios de agua, emitiendo al respecto la jurisprudencia número 2a./J. 22/97, de rubro: ‘DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL.’. Empero, la citada fracción IV del artículo 115 de la Carta Magna fue reformada por el Poder Constituyente mediante decreto publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de reiterar su intención de fortalecer la hacienda municipal, modificando la exención otorgada a los bienes de dominio público, al suprimir la alusión que antes hizo a las contribuciones previstas en los incisos a) y c) de esa fracción, además de aclarar que dicho beneficio fiscal no será aplicable si tales bienes fueren utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Ahora bien, esa reforma constitucional contiene cambios sustanciales que ameritan una nueva interpretación cuyo resultado pone de manifiesto que la exención analizada atiende sólo a la calidad del bien de dominio público, no así al carácter del sujeto pasivo de la relación tributaria, o a la función u objeto públicos; por lo que es patente que tal beneficio se circunscribe a la actualización de un hecho imponible que tenga como objeto la propiedad, posesión o detentación de un bien del dominio público; lo que tiene singular relevancia, dado que únicamente en las contribuciones que recaigan sobre alguna conducta relacionada con bienes raíces, el aspecto objetivo del hecho imponible se vincula directamente con la propiedad, posesión o detentación de un bien inmueble de ese tipo; en cambio, en los derechos por servicios el supuesto generador de la obligación tributaria es la recepción del servicio público y, por tal motivo, la calidad de un bien inmueble, ya sea de dominio público o no, es indiferente para la configuración del tributo. Sobre tales premisas, se colige que suprimida la alusión que el Texto Fundamental reformado hacía a las contribuciones previstas en los incisos a) y c) de la citada fracción IV del artículo 115, la exención relativa sólo opera respecto de los tributos que versan sobre la propiedad inmobiliaria precisados en el inciso a) de ese segmento normativo, por ser el único caso en el que la calidad de bien de dominio público es determinante para el surgimiento de la obligación fiscal, no así en relación con las contribuciones a que se refiere el inciso c) de la propia fracción IV, como son los derechos por suministro de agua potable, que se causan sin atender a la calidad del bien del dominio público, sino por la simple prestación de servicios públicos que ameritan, por regla general, una contraprestación."

CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.

En ese sentido, es importante destacar que para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en las tesis aisladas que a continuación se identifican:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVI/2009

"Página: 68

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVII/2009

"Página: 67

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."

Luego, con base en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, se determina que sí existe contradicción de tesis, toda vez que de la lectura de las ejecutorias transcritas se evidencia que se examinaron cuestiones esencialmente iguales y se adoptaron criterios opuestos.

Lo anterior es así, ya que los Tribunales Decimoquinto y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al analizar el primero de ellos el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determinó que las exenciones sólo operan respecto del inciso a) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, es decir, respecto de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, por ser éste el único caso en el que la calidad de bien de dominio público es determinante para el surgimiento de la obligación, pues sólo aquí un acto o un hecho jurídico, relacionado con la propiedad inmobiliaria, influirá en el nacimiento de la obligación tributaria, impidiendo que ésta nazca, y haciendo procedente la exención, no así en relación con las contribuciones a que se refiere el inciso c) de la propia fracción IV, como son los derechos por suministro de agua potable, que se causan sin atender a la calidad del bien del dominio público, sino por la simple prestación de servicios públicos que ameritan, por regla general, una contraprestación; mientras que el segundo de los mencionados tribunales al examinar la misma disposición arribó a la postura contraria, porque afirmó que si el servicio público de agua potable es prestado por el Municipio en favor de un organismo, titular de un inmueble sujeto al régimen de dominio público, debe entenderse que se actualiza la exención prevista en el dispositivo 115, fracción IV, constitucional, considerando que fue el Órgano Reformador quien, al remitir la exención a los incisos a) y c) de la fracción relativa, señaló con toda precisión que la exención no sólo aplicaba para contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, sino también para los servicios prestados por el Municipio.

De esa manera, la contradicción de tesis se centra en decidir si los derechos por el servicio de suministro de agua para bienes del dominio público se encuentran incluidos en el supuesto de exención que prevé el artículo 115, fracción IV, segundo párrafo, de la Constitución Federal -conforme al texto vigente respecto de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve-, a cuyos términos remite el artículo 122, base primera, fracción V, inciso b), del mismo ordenamiento.

QUINTO. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala, el cual atiende a las consideraciones expuestas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo **********, respecto de la demanda de amparo promovida por el Consejo de la Judicatura Federal, contra la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California en el recurso de revisión derivado del juicio contencioso administrativo **********.

En dicho juicio de nulidad se combatió la negativa por parte del director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a la solicitud de exención del pago de los derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en forma absoluta y por todo el tiempo en que diversos inmuebles fueran propiedad del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, con fundamento en el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, en relación con lo dispuesto en los artículos 85 de la Constitución Política del Estado de Baja California; 20 del Código Fiscal del Estado de Baja California; 1o., fracción II, 2o., fracciones IV y V, 3o., fracción III, 4o., 6o., fracción VI, 23, segundo párrafo, 59, fracciones I y II, y 60, fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de dos mil cuatro.

Importa destacar que esos razonamientos fueron expuestos en iguales condiciones por el Tribunal Pleno del Alto Tribunal de Justicia, al resolver los amparos directos en revisión **********, ********** y **********, así como el expediente varios **********, y el amparo directo **********.

Las consideraciones invocadas, en lo sustancial, son del tenor siguiente:

"A fin de resolver el problema jurídico planteado consistente en determinar si conforme a dicha norma constitucional, los bienes de dominio público de la Federación están exentos del pago de la contribución por concepto del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento cuando dicho servicio es suministrado materialmente por un organismo público descentralizado, es necesario tener en cuenta que don Venustiano Carranza, al presentar el proyecto de Constitución ante el Congreso Constituyente, en relación con el Municipio, dijo:

"‘El Municipio independiente, que es sin disputa una de las grandes conquistas de la Revolución, como que es la base del gobierno libre, conquista que no sólo dará libertad política a la vida municipal, sino que también le dará independencia económica, supuesto que tendrá fondos y recursos propios para la atención de todas sus necesidades, sustrayéndose así a la voracidad insaciable que de ordinario han demostrado los gobernadores ...’

"En la sesión del veinticuatro de enero de mil novecientos diecisiete, el diputado Heriberto Jara, señaló:

"‘No se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente, tanto refiriéndose a pueblos como refiriéndose a entidades en lo general.’

"De lo anterior se ve, que desde el origen de la actual Constitución Federal, se puso de manifiesto la importancia de la autonomía económica como un medio para asegurar la autonomía política; pues, según se sustentó, sin libertad económica, el Municipio Libre, base de la organización política de México, es una ficción irrealizable.

"Cabe precisar que la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal se incorporó al Texto Fundamental mediante reforma de dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, estableciéndose un conjunto de reglas básicas tendientes a fortalecer y preservar al Municipio Libre y, específicamente, su hacienda municipal, a modo de garantizarle un mínimo de ingresos por diversos conceptos, según se explica en la iniciativa presidencial de la cual derivó el decreto de reformas, que en la parte conducente dice:

"‘Por su amplia reiteración y sustentación en toda la consulta popular, se concluyó en la necesaria reestructuración de la economía municipal, entendiendo, como así también lo proclamaron los Constituyentes de Querétaro, q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22256-0e9c3c3d/derechos-por-el-servicio-de-suministro-de-agua · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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