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PRESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SI SE ALEGA EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE ACTUALIZÓ AQUÉLLA Y NO SE ADVIERTE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE HAYA OCUPADO DE TAL ASPECTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE ESTUDIE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 218/2010. · Registro digital (IUS): 22605
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO DÉCIMO QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIV
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 1052.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 218/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO DÉCIMO QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada la Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios que participan en la presente contradicción al resolver los amparos en revisión ********** y **********, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 197-A, de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer ..."

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo en la parte que interesa lo siguiente:

"SÉPTIMO. ... Asimismo, le asiste la razón a la parte recurrente, cuando aduce que el a quo en forma indebida desestimó sus conceptos de violación, donde alegó que habían prescrito las facultades sancionadoras de la autoridad responsable.

"Esto es así, pues efectivamente los procedimientos de responsabilidad administrativa, son procesos de investigación para determinar si el funcionario sujeto a inquisición, cometió alguna falta que deba ser sancionada administrativamente. No son litigios entre particulares para determinar a quién asiste o no el derecho en disputa. Por ello, si en el proceso de investigación no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, entre las cuales se cuenta la vigencia y oportunidad de su iniciación y trámite, resulta incuestionable que se vulneran las garantías individuales del sujeto a dicho procedimiento, y ello puede hacerlo valer en el amparo que promueva en contra de la resolución que lo sancione, aun cuando no haya alegado la prescripción en el procedimiento administrativo instaurado en su contra. El inicio de procedimiento administrativo, por sí solo no causa agravio alguno en perjuicio del encausado, que deba combatirse desde luego, porque no se trata de un acto definitivo que no pueda ser reparado en la resolución final, y si ésta le es adversa, al impugnarla el afectado está en aptitud legal de hacer valer las violaciones cometidas durante el procedimiento, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo. La prescripción, es una figura procesal de estudio preferente y oficioso, por lo que la propia autoridad debe observarla, y si advierte que ya se configuró, debe abstenerse de sancionar o de iniciar el procedimiento; motivo por el cual, el servidor público puede hacerla valer al comparecer al procedimiento a rendir su informe o cuando le trascienda (una vez sancionado), como lo hizo aquí en el amparo.

"Así es, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2004-PL, de la cual emanó la jurisprudencia número 203/2004, publicada en la página quinientos noventa y seis del Tomo XXI, enero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: (se transcribe).

"Como se ve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la institución jurídica de la prescripción debía entenderse como la extinción, en virtud del paso del tiempo, de la facultad que tiene la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas ilícitas; y que si bien existía un interés de la sociedad por evitar y, en su caso, sancionar las actividades ilícitas de individuos que son servidores públicos, también lo era que no era aceptable que las autoridades sancionadoras pudieran ejercer sus atribuciones en cualquier tiempo, ya que la duda respecto de la función desempeñada por un servidor público no debía quedar permanentemente abierta por el bien de la sociedad y del individuo mismo; de lo anterior se concluye que la figura de la prescripción, constituye una cuestión de interés social y de orden público.

"Al respecto, resultan aplicables, por la información que ministran, las tesis que dicen:

"‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. ES DE ORDEN PÚBLICO.’ (se transcribe).

"‘PRESCRIPCIÓN, LA EXCEPCIÓN DE, ES DE ORDEN PÚBLICO.’ (se transcribe).

"‘PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.’ (se transcribe).

"‘DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.’ (se transcribe).

"No es aplicable al caso la tesis que invocó el a quo bajo rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INEFICACIA DE LOS ARGUMENTOS NO PROPUESTOS A LA SALA FISCAL RESPONSABLE.’, pues está referida a procedimientos contenciosos ventilados ante un órgano jurisdiccional, donde se fija una litis entre las partes, a la cual debe ceñirse el tribunal. No dilucida si la figura de la prescripción de procedimientos de responsabilidades administrativas, puede alegarse en el amparo aun cuando no se haya hecho valer ante la responsable. Repítese, la actualización de la figura de la prescripción en el procedimiento de responsabilidades seguido contra funcionarios del Poder Judicial del Estado de Jalisco, dadas las razones antes señaladas, sí puede plantearse en el juicio de amparo, en contra de la resolución que impone alguna sanción, aun cuando no se haya alegado dentro del procedimiento administrativo correspondiente.

"Por todo lo antes expuesto, el colegiado que hoy resuelve no comparte los criterios sustentados por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sus tesis aisladas, publicadas, respectivamente, con la clave I.15o.A.107, en la página mil trescientos ochenta y tres del Tomo XXVIII, noviembre de 2008, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo rubro: ‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONADORA NO PUEDE EXAMINARSE EN EL JUICIO DE AMPARO, SI NO SE HIZO VALER EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO.’, y con la clave III.2o.A.178 A, en la página mil doscientos cincuenta y seis del Tomo XXVII, junio de 2008, época y Semanario aludido, bajo la voz: ‘LITIS ABIERTA. AL NO ESTAR PREVISTA DICHA FIGURA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO ES JURÍDICAMENTE DABLE QUE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO SE OCUPE DE CUESTIONES NOVEDOSAS QUE NO SE HICIERON VALER EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO.’, por lo que, se ordena formular tesis y con fundamento en el artículo 196, fracción III, de la Ley de Amparo, denúnciese la posible contradicción de criterios.

"Ahora bien, dado que en la revisión en el amparo no existe reenvío, procede que este colegiado examine ese concepto de violación incorrectamente desestimado por el a quo, y lo resuelva como en derecho corresponda.

"Pues bien, como lo alegó el quejoso, hoy recurrente, sí es aplicable la institución jurídica de la prescripción, tratándose de los procedimientos de responsabilidades que instaura la responsable en contra de sus empleados públicos (al respecto se precisa en cuanto a las disposiciones legales que se invocan, que al quejoso le corresponde alegar los hechos y al juzgador decidir el derecho).

"Ciertamente, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, la regulan los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dicen: (se transcriben).

"Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 116 dispone que: ‘... Las relaciones laborales del Estado, de los Municipios y de los organismos descentralizados de ambos con sus servidores, se regirán por la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios ...’.

"En atención a esas disposiciones, el Congreso del Estado emitió la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que en su primer artículo establece: (se transcribe), así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que de igual forma es aplicable a todos los servidores públicos del Estado, en términos de los artículos 1 y 2 de dicha ley, transcritos por el Juez de Distrito en la sentencia hoy recurrida.

"Ahora bien, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su artículo 23, prevé que en tratándose de relaciones de trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Jalisco, los mismos deberán sujetarse a lo que dispone el capítulo XI de su ley orgánica. Luego, como en ese capítulo al que remite la ley de la materia, sólo se regulan algunos aspectos relativos a la responsabilidad de los servidores públicos de que se trata, como es definir las faltas que implican responsabilidad, las autoridades que son competentes para conocer de esas faltas, el procedimiento para determinar las mismas y las sanciones a aplicar; es claro entonces, que únicamente en esos aspectos queda excluida la aplicación tanto de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, como de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que siguen rigiendo en todo lo demás, por ser precisamente en el ámbito de que se trate (laboral o administrativo de responsabilidades) las leyes generales en la materia.

"La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, es ordenamiento legal que regula las relaciones de trabajo entre las dependencias del Estado de Jalisco y sus empleados, por lo que sólo en ese ámbito (el laboral), puede tener válida aplicación. Si lo instaurado es un procedimiento de responsabilidades administrativas, debe estarse a lo que disponga la ley de esa materia (Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco), y es el artículo 65 de esta última ley, el que regula lo relativo a la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad, y dice: (se transcribe).

"Por tanto, si la ley de la materia regula esa figura jurídica, debe estarse a lo que prevenga la norma respectiva de ese ordenamiento legal. Luego, si en el caso la falta imputada al quejoso **********, hoy recurrente, no es estimable en dinero y las propias responsables la consideraron leve, ya que se le atribuyó en su carácter de Juez, que al primero de febrero dos mil dos, tenía en su juzgado cinco expedientes con rezago en el dictado de las resoluciones correspondientes, y el procedimiento administrativo se instauró hasta el veinticuatro de marzo de dos mil cuatro, es claro que en el caso prescribieron las facultades de la autoridad responsable, para sancionar al citado agraviado, como él lo ponderó en sus conceptos de violación. Al no advertirlo así, las responsables vulneraron en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en el artículo 14 constitucional, lo que obliga a conceder el amparo solicitado, a efecto de que dejen insubsistente la sanción que se impuso y se ordene borra toda nota que al respecto hayan hecho en su expediente personal. En lo conducente es aplicable al caso la tesis que se comparte y que dice:

"‘SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. PRESCRIPCIÓN DE SANCIONES.’ (se transcribe). (Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación, tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, página 544).

"Así, en similares términos se pronunció este Tribunal Colegiado, al resolver en sesión de catorce de octubre de dos mil ocho, por unanimidad de votos, la diversa revisión principal número **********.

"Lo hasta aquí resuelto, hace innecesario el estudio de los restantes agravios (que se dirigen a evidenciar que el quejoso recurrente no incurrió en responsabilidad por la falta que se le imputó y que en el procedimiento que se le instauró, actuó una autoridad que resultaba incompetente para ello), ya que lo examinado, fue suficiente para conceder el amparo solicitado, de manera tal que esos diversos aspectos no analizados, ya no podrán causarle perjuicio alguno. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 107, publicada en la página ochenta y cinco del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-2000, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe)."

CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo **********, sostuvo lo siguiente:

"CUARTO. Los conceptos de violación hechos valer son jurídicamente ineficaces.

"...

"Finalmente, en el tercer concepto de violación el quejoso aduce, en síntesis, que al dictar la sentencia reclamada, resultaba operante que la responsable aplicara la figura jurídica de ‘litis abierta’ y, por tanto, examinara la cuestión de prescripción planteada en la demanda, aun cuando no la hubiera hecho valer ante la autoridad demandada en el procedimiento de responsabilidad administrativa.

"Argumenta, que conforme lo dispone el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; luego, que ‘el legislador local estableció un procedimiento de litis abierta, lo que permite tomar en consideración los conceptos de nulidad destinados a combatir los fundamentos de la primeramente dictada cuando el agraviado considere que le continúa afectando, como en el caso del suscrito.’

"Que el tribunal responsable apoyó su determinación en el artículo 69, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; empero, que en la especie aplica ‘el principio de litis abierta que rige el procedimiento seguido ante el responsable’.

"El quejoso invoca en apoyo de su argumentación, la tesis de rubro: ‘LITIS EN EL JUICIO DE NULIDAD. ARTÍCULO 197 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’

"No asiste razón al quejoso.

"En efecto, el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, dispone: (se transcribe).

"Del precepto legal reproducido se advierte que las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco (suspensión en el empleo, cargo o comisión, hasta por treinta días; destitución, destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y sanción pecuniaria) podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

"Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia 2a./J. 204/2007, cuyos datos de identificación, rubro y texto, enseguida se transcriben:

"‘SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DE DICHA ENTIDAD, AL RESOLVER EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES RELATIVA, CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe).

"Así pues, debe considerarse que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, aun cuando se trate de un tribunal del trabajo, al conocer de una demanda en la que se pretenda la nulidad de la sanción en la que se impone la destitución o cese del empleo, cargo o comisión, conforme al supuesto aludido, debe abordar el estudio de la demanda planteada bajo la perspectiva de que se trata de un asunto de orden administrativo.

"Esto es, actuando como si fuese un tribunal de esa naturaleza, ya que por disposición expresa de la referida ley -de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco-, es la instancia a que se debe acudir cuando exista inconformidad con la imposición de la sanción de que se trate, aplicando dicho Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

"Lo anterior, tal y como se advierte del contenido de las consideraciones que dieron sustento a la citada jurisprudencia y de la tesis que este órgano federal comparte, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Tercer Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo de 2003, tesis número, III.2o,T.20 K, visible en la página 1284, cuyos rubro y texto, establecen:

"‘TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. DEBE ACTUAR COMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO AL CONOCER DE LA DESTITUCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO SANCIÓN IMPUESTA EN UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe).

"Ahora bien, el quejoso pretende a través de los conceptos de violación en examen, que se declare que en el medio de impugnación hecho valer ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco -previsto en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de lo Servidores Públicos del Estado de Jalisco- opere la figura jurídica de ‘litis abierta’.

"Esgrime el peticionario de garantías que en el medio de impugnación de que se trata, ‘el legislador local estableció un procedimiento de litis abierta, lo que permite tomar en consideración los conceptos de nulidad destinados a combatir los fundamentos de la primeramente dictada cuando el agraviado considere que le continúa afectando, como en el caso del suscrito’.

"Pretensión del quejoso que carece de base legal que la justifique jurídicamente.

"Ello es así, toda vez que, contrario a lo aducido por el peticionario de garantías, de la legislación en cita -Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y aun de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios- no se advierte verídico el aserto del quejoso, en el sentido de que ‘el legislador local estableció un procedimiento de litis abierta’.

"Cuenta habida que los referidos ordenamientos legales no prevén en su articulado, precepto alguno que establezca la aludida figura jurídica de ‘litis abierta’.

"Y, por tanto, no aplica al caso concreto el criterio que invoca el quejoso en apoyo de su argumentación, intitulado: ‘LITIS EN EL JUICIO DE NULIDAD. ARTÍCULO 197 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’; dado que, precisamente, dicha tesis interpreta lo dispuesto por el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, el cual contempla el principio de litis abierta, al establecer que en el juicio fiscal se admite la libre expresión de argumentos en vía de conceptos de anulación contra el acto impugnado, incluso, de aquellos no planteados en el recurso administrativo; de modo tal que el actor puede hacer valer argumentos ya deducidos en sede administrativa (reiterativos), o bien, cuestiones novedosas no propuestas en esa vía, referidas a la resolución originaria; teniendo el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de estudiarlos, sin que por tales razones pueda calificarlos de ineficaces o inoperantes.

"Empero, ese principio no se encuentra establecido en el medio de impugnación previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco -artículo 76-.

"De ahí que no sea jurídicamente dable trasladar figuras jurídicas previstas en diversas materias e instancias -fiscal-, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; en tanto que, contrario a lo alegado por el quejoso, se advierte que de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y aun de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el legislador no lo estableció expresamente así para el caso concreto de que se trata.

"Al respecto, es menester citar, únicamente por la información jurídica que ministra, el criterio emitido por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, enseguida se transcriben:

"‘LITIS ABIERTA. SISTEMA DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES.’ (se transcribe).

"De ahí que resulta ineficaz lo aducido por el quejoso, en el sentido de que es incorrecta la cita del tribunal responsable del artículo 69, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, que porque ‘en la especie aplica el principio de litis abierta que rige el procedimiento seguido ante el responsable’.

"Ello se estima así, toda vez que el citado numeral -artículo 69, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco-, dispone: (se transcribe).

"Esto es, la responsable consideró que, conforme al precepto en cita, el servidor público actor estuvo en aptitud de hacer valer los argumentos que estimara pertinentes ante la propia demandada al momento de rendir el informe respectivo y en la celebración de la audiencia de defensa respectiva.

"Empero, además, se advierte que en el primer considerando de la sentencia reclamada, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón responsable, como una cuestión previa, sostuvo: (se transcribe).

"Consideración de la responsable antes transcrita que no se controvierte frontal y directamente por el quejoso.

"De ahí, aún más, la ineficacia de los conceptos de violación en examen.

"Ahora bien, únicamente a mayor abundamiento, resulta importante hacer notar que la pretensión del quejoso es que se declare que prescribieron las facultades sancionadoras de la autoridad demandada, con el argumento de que transcurrió el término de seis meses previsto por el artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, sin que la autoridad diera inicio al procedimiento respectivo.

"Empero, debe tomarse en consideración que el numeral citado por el quejoso, prevé el referido término de seis meses cuando el daño causado no sea grave, pues en tratándose de conductas graves, prescribirá en ‘en tres años tres meses’.

"Y, en la especie, el tribunal responsable estimó correcta la ponderación de la demandada, al considerar la gravedad de las conductas imputadas al servidor público actor, ahora quejoso, al tenor: (se transcribe).

"Conductas atribuidas al servidor público estimadas como graves que, incluso, no controvierte en la presente instancia el quejoso y, por ende, perviven en sus términos.

"Al respecto, este tribunal federal comparte la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto, enseguida se transcriben:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INSUFICIENTES Y SU ESTUDIO ES INNECESARIO, SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES ESENCIALES QUE SUSTENTAN EL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe).

"Corolario de lo expuesto, ante la ineficacia jurídica de los conceptos de violación en examen, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados ..."

De dicho precedente derivó la tesis III.2o.A178 A, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de dos mil ocho, Tomo XXVII, página mil doscientos cincuenta y seis, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"LITIS ABIERTA. AL NO ESTAR PREVISTA DICHA FIGURA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO ES JURÍDICAMENTE DABLE QUE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO SE OCUPE DE CUESTIONES NOVEDOSAS QUE NO SE HICIERON VALER EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO. De las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos y para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no se advierte que el legislador local haya establecido un procedimiento de litis abierta, por lo que no es jurídicamente dable trasladar figuras jurídicas previstas en otras materias e instancias -fiscal-, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón de la citada entidad; por tanto, si en el procedimiento administrativo de responsabilidades de los servidores públicos no se hicieron valer determinadas cuestiones, como la prescripción, el citado tribunal no puede ocuparse de ellas por ser novedosas."

QUINTO. Por su parte, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo lo siguiente:

"SÉPTIMO. ... Ahora bien, para analizar el argumento relativo a que el Juez de Distrito estaba en aptitud de pronunciarse acerca de la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad responsable, en principio es menester señalar que la prescripción es una institución jurídica acogida por nuestro derecho en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, con el propósito de dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos.

"En ese orden de ideas, es pertinente destacar que la palabra prescripción deriva del término latino prescribiere que significa adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley (Diccionario de la Lengua Española, página 1660).

"Según lo dispuesto en el artículo 1135 del Código Civil Federal, la prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, la adquisición de bienes se llama prescripción positiva o usucapión y la liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se denomina prescripción negativa.

"La prescripción negativa se ha establecido en la mayoría de los sistemas jurídicos, a fin de evitar que por el no ejercicio de los derechos exista la incertidumbre de su efectividad en las personas que están obligadas, en esa virtud, a los derechos de contenido patrimonial, principalmente, se les ha fijado un plazo para su ejercicio, transcurrido el cual, el deudor puede excepcionarse válidamente y sin responsabilidad de cumplir con la obligación a su cargo.

"En ese contexto, en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos también existe esta figura jurídica (artículos 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos), pero sólo en su modalidad negativa o liberatoria, es decir, como medio extintivo de la acción y la sanción correspondientes, por lo que con posterioridad no se puede ya exigir responsabilidad alguna al servidor que presuntamente haya cometido alguna infracción política, penal o administrativa.

"Es importante puntualizar que la prescripción es una excepción que, generalmente, no puede ser examinada de manera oficiosa, sino que debe ser opuesta expresamente para que sea tomada en consideración; por tanto, si la prescripción negativa nunca es oficiosa en derecho civil, mercantil o laboral, sino rogada, tal característica es más acentuada en la materia administrativa sancionadora, pues su materia la constituye una conducta respecto de la cual existe interés general en que se determine si resulta o no contraria a los deberes y obligaciones del servicio público.

"En este orden de ideas, en el juicio de amparo no se puede hacer valer la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad administrativa, si previamente las autoridades no la han estudiado, porque de hacerlo el Juez de Distrito se sustituiría en su criterio, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.

"Es pertinente aclarar que este órgano colegiado no desconoce que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 56/1998 y 61/1998, emitió las jurisprudencias 1a./J. 18/99 y 1a./J. 62/99, que aparecen publicadas en las páginas 328 y 316 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos IX y X, correspondientes a los meses de mayo y noviembre de 1999, respectivamente, de rubros: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22605-b6e82f13/prescripcion-de-las-responsabilidades-de-los-servidores-publicos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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