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Modo: Corpus Pro

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA VARIACIÓN EN LA RENTA GRAVABLE Y POR TANTO UNA VARIACIÓN EN EL REPARTO DE UTILIDADES PRODUCE CONSECUENCIAS TANTO FISCALES COMO LABORALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 318/2010. · Registro digital (IUS): 22689
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, , Pág. 775.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 318/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, pues se trata de la posible contradicción entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en asuntos que corresponden a la materia administrativa, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues la formuló el Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, órgano que sostiene una de las posturas denunciadas como contradictorias.

TERCERO. Los antecedentes y consideraciones que reflejan la ejecutoria dictada en el amparo directo administrativo 148/2010 por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, son los siguientes:

• La Administración Local de Auditoría Fiscal de Uruapan solicitó al contribuyente información y documentación respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales como sujeto directo, y como retenedor del impuesto sobre la renta por salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral por el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2006.

• Posteriormente dicha autoridad le dio a conocer los hechos y observaciones durante el ejercicio de sus facultades de comprobación, respecto de la revisión realizada a la contabilidad. Observó la autoridad como no deducible el importe de **********, para efectos de determinar el impuesto del ejercicio y pagos provisionales de impuesto sobre la renta.

• Previo escrito libre a través del cual el contribuyente pretendió desvirtuar los hechos y observaciones de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Uruapan, ésta le dio a conocer la resolución en la que determinó un crédito fiscal bajo los siguientes puntos resolutivos:

"Primero. Se determina como renta gravable base del reparto de utilidades del contribuyente **********, por el ejercicio comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, el importe de **********. Segundo. De conformidad con el artículo 1o. de la resolución de la Cuarta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, se aplica el 10% a la renta gravable determinada; por lo que el contribuyente citado, deberá efectuar a sus trabajadores el reparto de utilidades en cantidad de **********."

• En contra de la resolución determinante del crédito, el contribuyente interpuso demanda de nulidad ante la Sala Regional del Pacífico Centro, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y como concepto de impugnación el promovente expuso, que la autoridad "indebidamente aplicó los artículos 130 y 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en 2006, en virtud de que pretende determinar reparto de utilidades con fundamento en el artículo 132 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin tomar en consideración que el trabajador **********, tan sólo prestó sus servicios por 36 días, por lo que no es procedente el reparto de utilidades tomando la base que determina la autoridad por todo el ejercicio".

• Por su parte, la autoridad demandada al dar contestación sostuvo que: "... sólo procedió a pronunciarse sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; sin embargo, en ella no determinó la forma de pago ni reguló quién tiene derecho a tal percepción, siendo además necesario precisar que en el cuerpo de la propia determinante, se citó de manera textual el fundamento bajo el cual se determinó el reparto de utilidades, como lo es artículo 123 constitucional, inciso e) de la fracción IX, por ser éste un derecho de los trabajadores y facultad de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Uruapan, sin que ello implique la obligación a verificar la existencia de relación laboral alguna, o bien, a verificar la situación de cada trabajador ...".

• La Sala Regional responsable calificó de inoperante el concepto de impugnación y sostuvo que: "... la participación de las utilidades no forma parte del objeto de revisión, sino que reviste la naturaleza de ser una consecuencia ineludible de la determinación de impuestos, es decir, la determinación de utilidades dictada por la autoridad no produce consecuencias en materia fiscal, pues no se fija una cantidad líquida, ni se dan las bases para la determinación de contribuciones y, por tanto, el concepto de impugnación que se analiza resulta inoperante".

• Inconforme con la anterior determinación, el actor promovió juicio de amparo, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con el número DT. 148/2010, y emitió sentencia en la que determinó otorgar el amparo bajo las consideraciones que se transcriben en lo que al presente asunto interesa:

"SEXTO. En cambio de ello, el cuarto de los conceptos de violación que el quejoso formula resulta fundado y suficiente para concederle la protección constitucional solicitada. En él combate las consideraciones que la Sala Fiscal responsable sustenta en el noveno considerando de la sentencia motivo de la queja constitucional, en el sentido de declarar inoperantes los argumentos de anulación propuestos por el actor en el duodécimo de los conceptos de anulación, bajo la estimación de que: ‘... la participación de las utilidades no forma parte del objeto de revisión, sino que reviste la naturaleza de ser una consecuencia ineludible de la determinación de impuestos, es decir, la determinación de utilidades dictada por la autoridad no produce consecuencias en materia fiscal, pues no se fija una cantidad líquida, ni se dan las bases para la determinación de contribuciones y, por tanto, el concepto de impugnación que se analiza resulta inoperante.’. El aspecto de la resolución determinante del crédito fiscal, que el actor controvirtió en el duodécimo concepto de impugnación, es del tenor literal siguiente: ‘VIII. Reparto de utilidades. Como consecuencia de la revisión efectuada al impuesto sobre la renta, de las personas físicas con actividades empresariales por el ejercicio comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de que se trata, la renta gravable base del reparto de utilidades, queda como sigue:

Ver renta gravable base del reparto de utilidades

"‘En virtud de la renta gravable determinada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, procede aplicar la resolución de la Cuarta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1996, por lo que esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Uruapan, con sede en Uruapan, Michoacán ... Resuelve: Primero. Se determina como renta gravable base del reparto de utilidades del contribuyente **********, por el ejercicio comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, el importe de **********. Segundo. De conformidad con el artículo 1o. de la resolución de la Cuarta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, se aplica el 10% a la renta gravable determinada; por lo que el contribuyente citado, deberá efectuar a sus trabajadores el reparto de utilidades en cantidad de **********.’. Como el quejoso hace ver, tal omisión resulta contraria a derecho, si se toma en cuenta que los escuetos argumentos que vertió en la sentencia reclamada, demuestran que en realidad la Sala Fiscal no examinó los motivos de anulación propuestos por el actor, en los que medularmente se hizo depender la ilegalidad de la determinación que sobre el particular se contiene en la resolución determinante del crédito fiscal, de que era improcedente el reparto de utilidades que le decretó la autoridad fiscal, pues inadvirtió que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, para que un trabajador tenga derecho a participar de las utilidades debe trabajar por lo menos sesenta días durante el año, y en el caso el trabajador ********** sólo prestó sus servicios por treinta y seis días, y que tampoco fundó ni motivó su decisión al respecto. Además -dice el quejoso-, dicho razonamiento es incorrecto, pues en el reparto de utilidades la autoridad hacendaria está determinando una cantidad cierta y específica por dicho concepto, e invoca la aplicación del criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro: ‘REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES, SU NATURALEZA ES NETAMENTE FISCAL.’. Se concluye que son fundadas las referidas disconformidades, atento a que la participación en los beneficios netos de una empresa es un medio de remuneración en virtud del cual el empleador, a modo de incentivo o cualquier otra razón de equidad distributiva, otorga al trabajador, además de su salario. La prosperidad económica de la empresa al compartirse en una proporción con los trabajadores que intervienen en su generación, tiene como propósito alentarlos en la responsabilidad, cuidado y esfuerzo -común- para mantener viva la fuente de trabajo, permitiendo, a su vez, las inversiones que sean necesarias para lograrlo, como se dispone en el inciso e) de la fracción IX del apartado A del artículo 123 constitucional. La Constitución Federal prevé el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa, lo que depende, primero, de que exista rentabilidad, y luego, ésta se ajusta a las variaciones que tenga cada año, lo que amerita la intervención de dos órganos con atribuciones diferenciadas, a saber: a) La comisión nacional: Tiene a su cargo fijar el porcentaje de utilidades que deba repartirse a los trabajadores, con base en estudios e investigaciones técnicas, que consideren el desarrollo industrial del país y un equilibrio razonable con la reinversión de los capitales. A la comisión se le encomendó fijar y revisar el porcentaje de las utilidades que será participable a los trabajadores, de modo que cualquier aspecto vinculado a esta tarea técnica corresponde realizarlo a dicho órgano, en forma previa a la repartición material. b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público: La función que tiene asignada no se reduce a resolver las objeciones expuestas por los trabajadores sobre el reparto de las utilidades, porque tiene el deber de tutelar, como órgano revisor, que haya sido correcto el monto de la participación atendiendo a la renta gravable obtenida según la Ley del Impuesto sobre la Renta y al porcentaje fijado por la comisión nacional. La intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la repartición de tales utilidades obedece a que conoce cuál fue la renta gravable que consideró el empleador al pagar el impuesto sobre la renta anual y puede revisar su cálculo, por lo que posee los datos suficientes para verificar si ese aspecto que trasciende tanto al ámbito fiscal como al derecho de los trabajadores estuvo correctamente determinado e, incluso, en uso de dicha atribución constitucional puede comprobar que el porcentaje aplicado por la empresa haya sido el fijado por la comisión nacional y en general cualquier otro aspecto que haya afectado a la debida participación. Se expone lo anterior, porque si se limitara la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a responder las objeciones formuladas por los trabajadores o a revisar el cálculo de la renta gravable que se consideró en la declaración anual del impuesto relativo, dejaría de tutelarse íntegramente ese derecho constitucional, pues basta que el empleador, por descuido o desconocimiento, aplique en la repartición un porcentaje distinto al fijado por la comisión nacional o en la mecánica para obtener la proporción que le corresponderá a los trabajadores introduzca elementos fiscales que disminuyan el monto de las utilidades, para que se afecte ese beneficio, el cual no podrá corregirse si se interpreta restrictivamente el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Federal, ya que es innegable que esta tarea no puede desarrollarla la mencionada comisión. Bajo esa óptica, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisar que haya sido correcta la proporción en la participación de los trabajadores en las utilidades, que significa que puede averiguar irregularidades en el cálculo de la renta gravable por inexactitudes en los ingresos gravables o en las deducciones aplicadas, al considerar un porcentaje menor al último fijado por la comisión nacional, o bien, al introducirse un factor que no puede tomarse en cuenta para determinar el monto final de la utilidad que será distribuida a los trabajadores, se insiste, con el único fin de que no se vea disminuido ilegalmente el incentivo de que se trata. En torno al particular, se estima pertinente traer a cuenta el criterio que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2056 (sic), fallado el nueve de diciembre de 2009, que se contiene en la tesis aislada 2a. II/2010, que se publica a folios 326 del Tomo XXXI, enero de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: ‘PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CALIDAD DE ÓRGANO REVISOR, PUEDE AVERIGUAR TODO TIPO DE IRREGULARIDADES EN SU CÁLCULO.’ (se transcribe). Ejecutoria en la cual, en lo que aquí interesa, dicha Sala del Más Alto Tribunal del País consideró: (se transcribe). Ahora, la Ley Federal del Trabajo describe el procedimiento que se desarrollará en caso de que los trabajadores manifiesten objeción sobre el reparto de utilidades u oficiosamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público advierta alguna irregularidad en ese sentido, de cuyas disposiciones se advierte que si la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina una variación positiva en el reparto de las utilidades, el patrón está obligado a dar cumplimiento a ella dentro del plazo de treinta días si medió objeción de los trabajadores o de sesenta días cuando no se haya manifestado nada o esté pendiente de resolverse esa objeción, ya que conforme a los artículos 523, fracción II y 526 de la ley federal citada, la aplicación de las normas del trabajo también es competencia de esa secretaría. Lo que torna indudable que, contra lo considerado por la Sala, la determinación que sobre el reparto de utilidades emitió la autoridad demandada, no tiene un mero efecto declarativo, sino que obliga al contribuyente-patrón, a cumplir la determinación que al efecto pronuncie. En vía de orientación a las precedentes consideraciones, se invoca la aplicación del criterio que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXX/99, visible a folios 504 del Tomo IX, mayo de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES EN UNA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE COMUNICA AL PATRÓN SU OBLIGACIÓN DE REPARTIR UTILIDADES A LOS TRABAJADORES COMO CONSECUENCIA DE LOS DATOS POR ÉL ASENTADOS EN UNA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA ANUAL, SON LOS DE DEJAR INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y SUSTITUIRLO POR OTRO QUE SUBSANE ESAS DEFICIENCIAS.’ (se transcribe). Así como la diversa tesis aislada 2a. III/2010, de la propia Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, que se publica a folios 326 del Tomo XXXI, enero de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son como sigue: ‘PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL ARTÍCULO 19, APARTADO A, FRACCIÓN XLIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ABROGADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE VERIFICAR EL REPARTO DE ESE INCENTIVO LABORAL POR MEDIO DE LAS FACULTADES DE REVISIÓN FISCAL, NO CONCULCA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.’ (se transcribe). ... De suerte que si la Sala no lo consideró de este modo, y no realizó el examen de los argumentos de anulación que al efecto produjo el actor, con ello violó en perjuicio del hoy quejoso los derechos subjetivos públicos que al mismo le asisten. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación examinado, lo procedente es conceder al quejoso el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje sin efecto la sentencia reclamada. 2. Dicte otra en la que reitere las consideraciones examinadas en esta ejecutoria, respecto de las cuales se desestimaron los argumentos de ilegalidad. 3. Examine los argumentos de anulación expuestos por el actor en el duodécimo de los conceptos de impugnación. 4. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda ..."

CUARTO. El texto de la tesis aislada con los datos de identificación, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 243/79 y los amparos en revisión 679/78 y 266/77, es del texto siguiente:

"No. Registro: 800788

"Tesis aislada

"Materia(s): Administrativa

"Séptima Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volumen: 121-126, Sexta Parte

"Tesis:

"Página: 147

"Genealogía: Informe 1979, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 56, página 135.

"PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES. SU DETERMINACIÓN NO ES DE NATURALEZA FISCAL. Aun cuando la resolución que determina utilidades sea dictada por una autoridad fiscal federal con apoyo tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el reglamento de los artículos 121 y 122 de dicha ley, no produce consecuencias en materia fiscal, puesto que sus efectos son puramente laborales, ya que no determina la existencia de una obligación fiscal, no la fija en cantidad líquida ni da las bases para su liquidación, ni por ende causa un agravio fiscal, sino que sólo determina como ingreso gravable la base del reparto de utilidades, por lo que la agraviada no debe acudir al juicio fiscal, sino promover directamente demanda de garantías."

No es posible transcribir las consideraciones que llevaron al referido Tribunal Colegiado a sustentar el criterio contenido en la citada tesis, toda vez que como quedó precisado en el resultando tercero de la presente resolución, el presidente del aludido Tribunal Colegiado informó que después de la búsqueda minuciosa realizada, tanto en el archivo de ese Tribunal Colegiado, como en el de concentración ubicado en San Lázaro, llegó a la conclusión de que los expedientes de su índice son de los que se presume fueron destruidos en los sismos del diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, por lo que no le fue posible remitir la copia de las resoluciones solicitadas.

QUINTO. Expuestos los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que se consideran contradictorios, es necesario determinar la existencia o no de la contradicción denunciada, para lo cual es indispensable atender a las cuestiones jurídicas que fueron tratadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, es decir, que dichos tribunales hubieren resuelto situaciones jurídicas esencialmente iguales y hubieren adoptado posiciones o criterios jurídicos discrepantes, ya sea en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las resoluciones respectivas.

Lo anterior se desprende de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que sirven como fundamento para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada, los cuales se encuentran transcritos en el considerando segundo de esta resolución.

En este sentido, resulta aplicable el criterio del Pleno de este Alto Tribunal sustentado en la tesis jurisprudencial 72/2010, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que es del siguiente tenor:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

No es óbice a lo anterior, el que no hubiera sido posible localizar las ejecutorias que dieron origen a la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pues el análisis que al efecto debe emprenderse puede realizarse a partir de la confrontación del texto de la propia tesis con el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito que se considera contradictorio, toda vez que es criterio de esta Segunda Sala que, por seguridad jurídica, deben resolverse las denuncias de contradicción de tesis formuladas y fijar, en su caso, el criterio que deba prevalecer, aun cuando exista imposibilidad material de recabar las ejecutorias que contienen los criterios que se estiman opuestos, siempre y cuando la redacción de la tesis que de ellos derivó sea clara y se adviertan los elementos jurídicos necesarios para fijar con nitidez la postura del órgano jurisdiccional correspondiente.

Es aplicable a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis aislada CXI/2001 de esta Segunda Sala, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, julio de 2001, página 506, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUN ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE TENER A LA VISTA LA EJECUTORIA DE LA QUE DERIVÓ ALGUNO DE LOS CRITERIOS QUE SE ESTIMAN DIVERGENTES, SI EL TEXTO DE LA TESIS PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES SUFICIENTEMENTE CLARO Y EL PUNTO DE DERECHO QUE EN ÉL SE ABORDA PUEDE PRESENTARSE EN SITUACIONES FUTURAS Y REITERADAS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un principio de seguridad jurídica, debe resolver las denuncias de contradicción de tesis formuladas por parte legítima aun en aquellos casos en que no se tenga a la vista la ejecutoria de la que derivó alguno de los criterios que se estiman divergentes, por alguna razón justificada como sería el extravío del expediente, siempre y cuando la redacción de la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación sea lo suficientemente clara como para desprender de ella la opinión jurídica que el tribunal sostuvo sobre un punto de derecho y, además, éste sea de tal manera general que pueda presentarse en situaciones futuras y reiteradas. Ello es así, porque el vocablo ‘tesis’ a que aluden los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, debe entenderse en sentido amplio, es decir, como la opinión que formulan de un tema jurídico determinado los órganos jurisdiccionales que resuelven los asuntos sometidos a su consideración, por lo que cuando el texto de la tesis cuente con los elementos jurídicos necesarios para fijar con nitidez cuál fue la postura adoptada por aquéllos, la imposibilidad material de recabar la ejecutoria de la que derivó constituye un elemento secundario en la contradicción, que no impide que el Más Alto Tribunal del País realice el análisis de la denuncia respectiva."

Tomando en cuenta lo expresado, debe precisarse lo siguiente:

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver en sesión de fecha doce de agosto de dos mil diez, por unanimidad de votos, el amparo directo 148/2010, sostuvo que la resolución emitida por una autoridad hacendaria que determina la renta gravable base del reparto de utilidades por inexactitudes en los ingresos gravables o en las deducciones aplicadas y, por tanto, una variación positiva en este último, no tiene un mero efecto declarativo, pues obliga al contribuyente-patrón a acatarla dentro de los plazos legales.

Al efecto, dicho órgano jurisdiccional citó los criterios sustentados por esta Sala en las tesis de rubro:

"PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CALIDAD DE ÓRGANO REVISOR, PUEDE AVERIGUAR TODO TIPO DE IRREGULARIDADES EN SU CÁLCULO."

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES EN UNA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE COMUNICA AL PATRÓN SU OBLIGACIÓN DE REPARTIR UTILIDADES A LOS TRABAJADORES COMO CONSECUENCIA DE LOS DATOS POR ÉL ASENTADOS EN UNA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA ANUAL, SON LOS DE DEJAR INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y SUSTITUIRLO POR OTRO QUE SUBSANE ESAS DEFICIENCIAS."

"PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL ARTÍCULO 19, APARTADO A, FRACCIÓN XLIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ABROGADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE VERIFICAR EL REPARTO DE ESE INCENTIVO LABORAL POR MEDIO DE LAS FACULTADES DE REVISIÓN FISCAL, NO CONCULCA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 266/77, 679/78 y 243/79, sostuvo, conforme al criterio plasmado en la tesis publicada transcrita en el considerando que antecede, que la resolución que determina utilidades, dictada por una autoridad federal con apoyo tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el Reglamento de los Artículos 121 y 122 de dicha ley, no produce consecuencias en materia fiscal, puesto que sus efectos son puramente laborales,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22689-5014664e/participacion-de-los-trabajadores-en-las-utilidades-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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