COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS AMPAROS EN REVISION POR INVASION DE ESFERAS. CORRESPONDE A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE CUANDO NO PROCEDA EL EXAMEN DE ESA CUESTION O EXISTA JURISPRUDENCIA DEL PLENO AL RESPECTO.
AMPARO EN REVISION NUMERO 1276/92. QUEJOSO: BANOBRAS, S.N.C.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Son fundados los argumentos que conforman el capítulo de agravios con fundamento en la tesis jurisprudencial sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J.21/94, visible en la página diecinueve de la Gaceta 78 junio de 1994, que dice:
"INVASION DE ESFERAS. EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS PREVISTO EN UNA LEY LOCAL, EN RELACION CON UNA INSTITUCION DE CREDITO, NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION.-Establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es facultad del Congreso de la Unión legislar en materia de servicios de banca y crédito y establecer contribuciones sobre instituciones de crédito. Ahora bien, el impuesto sobre nóminas previsto en las leyes locales de algunas de las entidades federativas, como por ejemplo de los Estados de Jalisco, Tabasco y Campeche, grava las erogaciones, en efectivo o en especie, por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, dentro del territorio de dichos Estados, por lo que los preceptos que lo establecen no invaden la esfera de atribuciones reservada constitucionalmente a la Federación, pues en ellos no se legisla sobre ninguno de los servicios de banca y crédito que prestan las instituciones de crédito, especificados en el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, ni se establece gravamen alguno sobre los servicios y operaciones de banca y crédito o sobre los ingresos o utilidades que perciban las instituciones mencionadas, con motivo de dichos servicios y operaciones."
Al resultar fundados los agravios, lo procedente es, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, revocar la sentencia impugnada y examinar los conceptos de violación cuyo estudio fue omitido por el Juez del conocimiento.
SEXTO.-La quejosa hizo valer los siguientes conceptos de violación respecto de los cuales el a quo no se ocupó:
"SEGUNDO.-El artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado dispone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con los Estados que soliciten adherirse al sistema de coordinación fiscal, conviniendo en no mantener impuestos locales o municipales sobre los bienes que integren el activo o sobre la utilidad de las empresas. El Estado de Yucatán ha firmado convenio para adherirse al sistema citado y por tanto los decretos que constituyen los actos reclamados indudablemente violan el precepto invocado. En efecto, resulta claro que el impuesto de referencia tendría que ser pagado en su caso, por mi representada con su activo, sus utilidades o su capital, lo que se transforma en una doble tributación ya que los mismos han sido gravados por el Gobierno Federal recibiendo el propio Estado de Yucatán su participación en el pago de los impuestos federales. Los requisitos fundamentales de todo impuesto son, a saber, la proporcionalidad, la equidad y que el destino del pago se invierta en gastos públicos. El impuesto que se combate por medio de esta demanda de garantías, no reúne estos requisitos, en primer lugar, porque invaden la esfera de competencia de la Federación, siendo ilegal su establecimiento o decreto, pues los sujetos pasivos del mismo no pueden en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para el gasto público del Estado, porque ninguna autoridad puede realizar actos individuales no previstos en la ley, tampoco hay imprevisibilidad de la carga tributaria, porque no es proporcional ni equitativa en virtud de que al Estado de Yucatán le está prohibido imponer cualquier carga fiscal referente a operaciones o actos reservados a la Federación, sobre todo si, como en la especie, ya están gravados por una ley federal y el Estado de Yucatán, se repite, tiene participación en ellos, lo cual, como ya se dijo anteriormente significa una doble imposición al ser adicional a la que por iguales conceptos mantiene la legislación federal sobre la materia. El pago de remuneraciones a los trabajadores está gravada por la Federación y de su rendimiento se da participación al Estado de Yucatán que, por lo tanto, se beneficia de esa fuente tributaria por lo que no debe gravarla otra vez. Al aplicar la carga de esa manera tan injusta, se ignora por completo la capacidad contributiva, con violación de las garantías de proporcionalidad y equidad contenidas en el artículo 31, fracción IV, constitucional, respecto a las prohibiciones establecidas por las leyes federales y aceptadas por el Estado, al adherirse mediante convenio expreso al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por lo que procede conceder a mi representada el amparo de la Justicia de la Unión que se solicita. Al respecto no debe perderse de vista que Yucatán se encuentra adherido a dicho sistema, por lo que de conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, participa en el total de los impuestos federales, entre los cuales se encuentra el impuesto de uno por ciento sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, por lo que resulta antijurídico que la entidad grave nuevamente la misma fuente tributaria sobre la que ya obtiene rendimientos. Por último, y en relación al concepto anterior, es posible que las autoridades responsables consideren que el impuesto al que esta demanda de amparo se refiere, se motivará por distinta causa a la que produjo el impuesto federal, aduciendo que únicamente se intenta imponer la carga fiscal al patrón por lo que hace el pago a sus trabajadores, pero esa consideración en nada desvirtúa la imposición de una carga fiscal a una institución de crédito pues el hecho que esa institución actúe en ocasiones como patrón al necesitar trabajadores que lleven a cabo las funciones para que fue creada esa institución, no significa que la misma deje de tener en algún momento la categoría de institución de crédito a la cual la entidad federativa está impedida para imponerle cargas o gravámenes fiscales por ninguna causa ni diversa personalidad. En apoyo de lo anterior conviene invocar la tesis que constituye precedente pero no jurisprudencia, publicada en la página 27 del Tomo XX, Séptima Epoca, Volumen 49, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: 'INSTITUCIONES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DE SEGUROS Y FIANZAS. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 264 FRACCION VIII, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.-Conforme al artículo 264, fracción VIII, de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora están exentos del impuesto general al comercio e industria los ingresos que provengan de operaciones efectuadas por instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de seguros y de fianzas, que sean propias de su objeto directo. El mismo precepto es inconstitucional, en virtud de que el legislador del Estado de Sonora pretende distinguir, para los efectos fiscales dentro de su jurisdicción, una ley expedida por el Congreso Federal referente a una materia sobre la cual el propio Congreso es el único facultado para legislar en los términos del artículo 73, fracciones X y XXIX, tercer párrafo de la Carta Magna. Como consecuencia, resulta que se invade la esfera de la autoridad federal con la ley ordinaria reclamada, que pretende distinguir entre objeto directo y objeto indirecto de las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de seguros y de fianzas.'. Asimismo, es conveniente citar la tesis jurisprudencial ratificada en cinco amparos directos, que por tanto, hacen jurisprudencia, la cual, a la letra dice: 'IMPUESTOS SOBRE NOMINAS, INSTITUCIONES DE CREDITO NO SON SUJETOS DEL (artículos 48 a 53 de la Ley de Hacienda de 1990 del Estado de Jalisco, correlativa al artículo 15 fracciones I y II del Estado de Yucatán). Como el artículo 73, fracción XXIX, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone de manera categórica y en términos absolutos, que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones a cargo de instituciones de crédito y sociedades de seguro sin hacer distingo de las actividades que éstos desarrollen, es claro que los Estados no pueden asignarles cargas tributarias, ya que de conformidad con el artículo 124 de la propia Constitución, sólo las facultades no conferidas expresamente a la Federación se entienden reservadas a los Estados.' (Tesis sustentada por un Tribunal Colegiado de Circuito.)
"TERCERO.-En relación con los actos reclamados consistentes en el requerimiento de pago y demás actos de ejecución que se reclaman en la presente demanda de garantías, debe decirse, en primer término que dichos actos no encuentran apoyo ni fundamento legal para su ejecución. De la lectura detenida de los decretos que se combaten, se advierte que en ninguno de ellos se menciona específicamente a las instituciones de crédito como sujetos de obligaciones en relación a los impuestos a que dichos mandamientos se refieren. Vistas así las cosas, se pretende cobrar a mi mandante un impuesto no previsto por la ley por lo que a ella se refiere, máxime si se toma en cuenta que, según se ha aducido anteriormente, las autoridades señaladas como responsables carecen de capacidad jurídica para imponer impuestos a las instituciones de crédito por prohibición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se sostiene en el caso a estudio, que mi representada se encuentre exenta del impuesto que se le trata de cobrar, sino que, lo que se sostiene es que no resulta ser sujeto del referido impuesto, porque ella se encuentra sometida a un régimen especial federal que impide que las autoridades locales le graven o pretendan hacerle efectivas contribuciones de carácter local, olvidando que en el artículo 133 constitucional, se sostiene la supremacía de la Constitución y de las leyes que de ella emanen, a pesar de disposiciones en contrario que pudieran existir en legislaciones locales.
"CUARTO.-Independientemente de que como ya se dijo en el anterior concepto de violación, la quejosa no es sujeto del impuesto a que esta demanda se refiere, es ilegal el acto de molestia de la autoridad, en atención a que se le requiere y apercibe por la no presentación de la declaración del impuesto, no obstante que en el mismo acuerdo de requerimiento se le hace saber que tiene tres días para ello y sin que transcurra ese plazo se le sanciona y pretende cobrar gastos de ejecución iniciándose así dicho procedimiento sin respetar los plazos que la ley establece. Contra los actos que se estiman ilegales en el presente caso se sanciona a mi mandante sin que hubiese incurrido en conducta alguna que lo motive, toda vez que no es sujeto del referido impuesto del que no le deriva ninguna obligación de presentar declaración y efectuar pago alguno y por tanto, tampoco debe ser sancionada. Con esta actuación de las autoridades, se hace una indebida aplicación del procedimiento administrativo de ejecución y se causa acto de molestia a la quejosa, no solamente porque no es sujeto del impuesto, sino además, porque se inicia en su contra el procedimiento de ejecución y se le cobran gastos por tal concepto, con inobservancia del procedimiento legal, lo que viola las garantías constitucionales de que se queja, razón por la que debe concedérsele el amparo y protección que solicita."
SEPTIMO.-Como se advierte de la lectura del segundo concepto de violación, también en él se introducen argumentos relativos a la supuesta inconstitucionalidad del impuesto reclamado por invasión de esferas, apoyándose en las tesis que ahí se citan. En atención a que este tema ya fue motivo de examen por el Juez del conocimiento, no serán ya estudiados esos argumentos.
Aduce la empresa quejosa, sustancialmente, en el mencionado concepto de violación, que si el Estado de Yucatán ha firmado convenio para adherirse al sistema tributario en los términos establecidos en el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, comprometiéndose en no mantener impuestos locales o municipales sobre los bienes que integren el activo o sobre la utilidad de las empresas, es indudable que el impuesto impugnado viola el precepto de que se trata, por lo que es inconstitucional, pues existe una doble tributación, ya que sus activos, sus utilidades y su capital, han sido gravados por el Gobierno Federal recibiendo el propio Estado de Yucatán su participación. Que ello es contrario a los principios de proporcionalidad y equidad y al consistente en que el destino del pago se invierta en gastos públicos, pues al aplicar la carga impositiva de esa manera tan injusta, se ignora la capacidad contributiva, con violación al artículo 31, fracción IV, constitucional. Y, por último, aduce la quejosa que no debe perderse de vista que el Estado de Yucatán se encuentra adherido al multicitado sistema participando ya del monto del impuesto reclamado, con la Federación.
Son infundados e inoperantes los anteriores argumentos, en atención a las siguientes consideraciones:
La empresa quejosa pretende derivar, por una parte, la inconstitucionalidad de las leyes reclamadas de su contravención con otras leyes secundarias y un convenio, como lo son, en su opinión, la del Impuesto al Valor Agregado, la Ley de Coordinación Fiscal y el convenio que, según manifiesta, celebró el Estado de Yucatán con la Federación para adherirse al sistema tributario. Estos argumentos son técnicamente incorrectos, ya que la inconstitucionalidad de un ordenamiento jurídico sólo depende de su contravención a algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en forma alguna a contravenciones de normas ordinarias o convenios impositivos; luego entonces, el que el Estado de Yucatán se encuentre o no adherido al multicitado sistema participando ya del monto del impuesto reclamado con la Federación, no hace inconstitucional la ley.
Es aplicable a la conclusión anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por el Tribunal Pleno, visible con el número P.1/92, en la página cuarenta y tres de la Gaceta 49 enero de 1992, que dice:
"CONTRIBUCIONES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE LAS ESTABLECE NO DEPENDE DE SU CONTRADICCION CON ORDENAMIENTOS SECUNDARIOS O PACTOS ECONOMICOS.-La inconstitucionalidad de una ley que establece un gravamen no puede fundarse en el hecho de que éste contraríe el espíritu de leyes de carácter secundario o pactos económicos, sino en la demostración de que resulta violatorio de algún precepto de la Constitución Federal."
Por lo que se refiere a la violación al principio de equidad, son inoperantes los razonamientos, porque este principio constitucional sólo consiste en la necesidad de que la ley de que se trate, para ser equitativa, establezca un trato igual entre los iguales y desigual entre los desiguales, el hecho de que una ley impositiva incida en una doble tributación es completamente ajeno a este principio, dado que nada tiene que ver con el trato igual o desigual que da la ley a los sujetos pasivos entre sí.
En cuanto al principio de proporcionalidad, es infundado que haya transgresión del mismo, toda vez que no existe ningún precepto que prohíba a la autoridad legislativa establecer contribuciones que incidan en una doble tributación. Este fenómeno podrá implicar, en un momento determinado, una incorrecta técnica contributiva, pero no la inconstitucionalidad de la ley. Sólo la circunstancia de que la contribución afectara la fuente impositiva a tal grado que pusiera en peligro su existencia, haría contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el tributo respectivo, pero este hecho debe ser probado por la quejosa, lo que no acontece en el presente caso, por lo que se estima infundado este argumento, pues no basta con que se aduzca que la doble tributación es una carga injusta en la que se ignora por completo la capacidad contributiva de los sujetos, para que se estime violado el principio de proporcionalidad, puesto que, como la doble tributación no es en sí misma inconstitucional, sino que sólo padecerá de este vicio si pone en peligro la fuente impositiva, corresponde a los quejosos demostrar, en cada caso concreto, que efectivamente existe la multicitada afectación.
Dan apoyo a las consideraciones precedentes, las tesis jurisprudenciales sustentadas por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles con los números P/J. 24 y P/J. 23, en los tomos II Primera Parte y I Primera Parte-1, páginas ciento treinta y tres y ciento treinta de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente. Las tesis de que se trata son del siguiente tenor:
"DOBLE TRIBUTACION. PRUEBA DE SU DESPROPORCIONALIDAD E INEQUIDAD.-La doble tributación se justifica si la obligación de aportar la contribución establecida en la ley reclamada no destruye la fuente que le da origen. Teniendo la fuente del impuesto siempre un contenido económico, pues se basa, entre otros supuestos, en el rendimiento del capital, del trabajo, de la combinación de ambos o del conjunto de bienes que integran el patrimonio del contribuyente, es necesario que los particulares promoventes de los juicios de amparo en los que se reclaman leyes que permiten la multigravación, demuestren con pruebas idóneas que la doble tributación es desproporcional en relación con la fuente impositiva a la cual se aplica y que podría poner en peligro la existencia de la misma, produciéndose, por ende, una violación al artículo 31, fracción IV, constitucional; por el contrario, la falta de acreditamiento de esos extremos provoca la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la figura en análisis."
"DOBLE TRIBUTACION. EN SI MISMA NO ES INCONSTITUCIONAL.-Es tendencia de la política fiscal en la mayoría de los países, entre ellos el nuestro, evitar la doble tributación con el objeto de realizar una efectiva justicia fiscal; sin embargo, este fenómeno impositivo no está prohibido por ningún artículo de la Constitución Federal, de tal suerte que en sí mismo no es inconstitucional. Lo que la Carta Magna prohíbe en su artículo 31, fracción IV, entre otros supuestos, es que los tributos sean desproporcionados, que no estén establecidos por ley o que no se destinen para los gastos públicos; pero no que haya doble tributación."
En lo relativo a lo que manifiesta la quejosa en el sentido de que la doble tributación implica transgresión al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto establece el destino de lo recaudado por medio de las contribuciones, estos argumentos también son inoperantes, dado que la doble tributación, en sí misma, sólo significa una duplicidad impositiva sobre la misma fuente y sobre los mismos sujetos pasivos, fenómeno fiscal que no tiene parangón con el propósito fundamental de destinar el monto de los impuestos a sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios en los términos establecidos por el numeral de mérito, es decir, no es posible jurídicamente examinar, partiendo de la base de una duplicidad contributiva, si lo recaudado con motivo de la misma va o no a ser destinado al gasto público. Consiguientemente, devienen inoperantes los argumentos de que se trata.
Por estas razones los argumentos que conforman el segundo concepto de violación, son inoperantes e infundados.
OCTAVO.-Como se desprende de la lectura del tercer concepto de violación, las quejosas lo enderezan en contra de la invasión de esferas mediante el acto de aplicación; aun cuando tiene estrecha vinculación con el tema de la invasión de esferas mediante la ley, no puede afirmarse que el a quo se haya hecho cargo del mismo, toda vez que, como se deriva de las consideraciones de la sentencia impugnada, sólo se ocupó el Juez del conocimiento, estrictamente, del examen de la constitucionalidad de los decretos impugnados, declarando la inconstitucionalidad de los actos de aplicación por derivación, sin entrar al examen del mismo; por ende, al no haber sido analizado este concepto de violación por el Juez Federal, esta Sala aborda su análisis, sin que pase inadvertido que la competencia originaria correspondería al Pleno del Máximo Tribunal, pero dada la jurisprudencia existente que se transcribe en el considerando sexto, párrafo segundo de esta resolución, debe hacerlo, en este caso, esta Tercera Sala.
Ahora bien, contrariamente a lo que afirma la empresa quejosa en el tercer concepto de violación, la misma sí es sujeto pasivo del impuesto sobre nóminas, dado que, según ya lo decidió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este impuesto no queda comprendido en las materias sobre las cuales la Federación puede decretar tributos, con exclusión de los Estados, en los términos de la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, por lo que no existe invasión de esferas. El criterio de mérito ha sido sustentado por el más Alto Tribunal de la República en la tesis jurisprudencial que se transcribe en la foja diecinueve de esta resolución.
En estas condiciones, resulta infundado que el acto de aplicación consistente en el "requerimiento de declaración del impuesto sobre erogación del trabajo personal subordinado y de empadronamiento de la Tesorería General del Estado" carezca de apoyo legal, puesto que se fundó en la Ley Estatal de Impuestos que no invade la esfera de atribuciones de la Federación y contiene el impuesto sobre nóminas (foja trece del sumario principal), y en esta virtud dicho acto de aplicación, por ese motivo, no deviene inconstitucional.
NOVENO.- El cuarto y último concepto de violación, asimismo, se endereza en contra de los actos de aplicación. Empero en este caso estrictamente se hacen valer cuestiones de legalidad, tales como, por ejemplo, que se le requirió y apercibió por la no presentación de la declaración del impuesto, sin respetarse el plazo que se le otorgó para acatar el requerimiento, lo que motiva que se le sancione y cobren gastos de ejecución, dando inicio a un procedimiento ilegal; cuestiones estas que, al ser estrictamente legales, sin ninguna vinculación con la litis formada en esta alzada, deben ser examinadas por un Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo que, lo procedente es, con fundamento en el artículo 92, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, reservar jurisdicción a ese cuerpo colegiado para que se haga cargo del análisis del mismo.
Al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación, lo procedente es revocar la sentencia y negar el amparo al quejoso.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-En la materia competencia de esta Tercera Sala, se revoca la sentencia impugnada.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a BANOBRAS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta resolución.
TERCERO.-Se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito en turno en los términos del último considerando de este fallo, por lo que se le deberán enviar los autos, con testimonio de esta resolución.
Notifíquese y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos Sempé Minvielle, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Miguel Montes García y Diego Valadés. Fue ponente el señor Ministro Miguel Montes García. El Ministro presidente de la Sala hizo referencia a la salvedad relativa a la caducidad que se dice en el considerando segundo ha operado por lo que toca a la Legislatura Estatal recurrente. Estuvo ausente el Ministro Mariano Azuela Güitrón, por estar disfrutando de vacaciones, toda vez que integró la Comisión de Receso durante la segunda quincena de julio de mil novecientos noventa y cuatro.
Firman el presidente de la Sala, Ministro ponente con el secretario de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2282-b20d1f14/competencia-para-conocer-de-los-amparos-en-revision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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