CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO.
AMPARO EN REVISION 1242/92. DISTRIBUIDORA MANYOL, S. A.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Como el análisis de las causas de improcedencia es de orden público y pueden ser invocadas aún de oficio, según el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, esta Tercera Sala se hace cargo de una que advierte en el presente asunto.
Así es, en el caso que se estudia opera la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la fracción V del artículo 116, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la aprobación y expedición de la Ley Federal de Derechos, específicamente en cuanto a su artículo 53-C, por lo siguiente:
El artículo 73 fracción XVIII de la ley de la materia, señala que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.
Por su parte, el artículo 116 del mismo ordenamiento legal, en su fracción V, establece como requisito de la demanda de amparo que se expresen "los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violados, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de esta ley".
En el presente caso, la parte quejosa reclamó la aprobación y expedición de la Ley Federal de Derechos, en particular su artículo 53-C, pero en su demanda de amparo no expresó ningún concepto de violación encaminado a demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, ya que sus conceptos de violación se refieren únicamente a los preceptos impugnados del Código Fiscal de la Federación y de su reglamento.
Por tanto, debe sobreseerse en el juicio respecto del acto reclamado, consistente en la aprobación y expedición del artículo 53-C de la Ley Federal de Derechos, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.
En apoyo de lo que aquí se resuelve, cabe citar la tesis aislada de esta Tercera Sala, visible en la página 164, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO.-Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo."
Amparo en revisión 3088/89. Jorge Cores Muradas. 21 de mayo de 1990. Unanimidad de 4 votos. Ausente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.
Lo anterior, no obstante que dicha causal de improcedencia ya se había hecho valer por las autoridades responsables, y el Juez de Distrito se ocupó de la misma, desestimándola, pues las razones por la que ahora se considera que opera son distintas.
En efecto, ante el Juez del conocimiento se dijo que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 116 del mismo ordenamiento legal, en virtud de que las razones que se exponían como conceptos de violación no reunían los requisitos para que pudieran ser considerados como tales. Esto fue desestimado por el a quo, señalando que en esos argumentos la quejosa hacía una relación razonada de los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que estimaba violados, pretendiendo demostrar jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos.
Como puede verse fue un razonamiento general encaminado a demostrar que las razones de la quejosa sí constituían conceptos de violación.
Pero en el caso no se plantea lo anterior. Lo que se establece es que no se expresó ningún concepto de violación tendente a demostrar la inconstitucionalidad del artículo 53-C de la Ley Federal de Derechos, pues los conceptos formulados sólo atacan los artículos 29 del Código Fiscal y 29-A del reglamento de dicho código, y del artículo 53-C, sólo se hace una simple referencia, pero sin señalar porqué se estima inconstitucional.
Al caso resulta aplicable la tesis aislada de esta Tercera Sala que aparece publicada en la página trescientos nueve, Tomo I, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, que dice:
"IMPROCEDENCIA, ESTUDIO OFICIOSO EN LA REVISION DE MOTIVOS DE, DIVERSOS A LOS ANALIZADOS POR EL INFERIOR.-Si bien es cierto que cuando un Juez de Distrito desestima una causal de improcedencia al analizar motivos específicos, si en la revisión no se formula ningún agravio, el pronunciamiento debe tenerse firme, ello no impide que al resolver el recurso se sobresea en el juicio por improcedente por motivos diferentes a los analizados por el inferior, pues las cuestiones de improcedencia son de orden público y deben estudiarse de oficio."
Amparo en revisión 5699/85. Grupo Especial de Acciones, S. A. 20 de abril de 1988. 5 votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Ricardo Rivas Pérez.
QUINTO.-El primer agravio hecho valer en el presente recurso, es infundado, por las siguientes razones.
En él sustancialmente se alega que el Juez del conocimiento aprecia de manera inexacta el acto reclamado y los conceptos de violación, al analizar el primero de éstos, ya que cita el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que según el quejoso no es aplicable, porque los preceptos que reclama, se impugnan por no sujetarse a las limitaciones del artículo 16 constitucional. Dice que el a quo se limita a señalar que el citado artículo 16 constitucional prevé una hipótesis distinta a los preceptos que reclama, sin razonar el porqué considera que estos preceptos no prevén el ejercicio de facultades de comprobación fiscal. Además, reitera los argumentos que expresó en su primer concepto de violación en el sentido de que la implementación de las máquinas registradoras de comprobación fiscal, implica el ejercicio de una facultad de comprobación que debe sujetarse al artículo 16 constitucional, el cual no autoriza esta implementación, sino sólo la exigencia de la exhibición de libros y papeles relacionados con la actividad del visitado.
Este agravio resulta infundado pues, en contra de lo que argumenta la recurrente, el Juez de Distrito que conoció del asunto, actuó conforme a derecho, al considerar que los preceptos que se impugnan de inconstitucionales no están sujetos a las limitaciones que establece el artículo 16 de nuestra Constitución Federal, porque este precepto legal establece un supuesto distinto al que contemplan los artículos que se tildan de inconstitucionales.
En efecto, el artículo 16 constitucional en la parte que invoca la recurrente dispone:
"La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos."
La interpretación del párrafo reproducido debe hacerse tomando en cuenta la garantía constitucional con la que se encuentra relacionado, y que es la que doctrinalmente se ha calificado como inviolabilidad domiciliaria y que se deriva de la prohibición consignada en el dispositivo, de que no se debe molestar a las personas en su domicilio, que es la regla general a la que debe atenderse. De esto se infiere que de tal precepto constitucional, en la parte transcrita, deriva, como excepción a la regla general mencionada, la facultad de las autoridades fiscales para comprobar el debido acatamiento a las disposiciones en tal materia, es decir, el debido cumplimiento a la obligación que el artículo 31, fracción IV, constitucional impone a los mexicanos de contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, y esa comprobación puede hacerse aún causando molestias en el domicilio de los contribuyentes.
Por tal motivo, no puede desvincularse de esta facultad de comprobación que se otorga a las autoridades fiscales, la obligación consignada en el último precepto constitucional citado a cargo de los mexicanos, pues dicha obligación es la que da origen a la facultad correlativa de la autoridad de verificación del cumplimiento de la misma.
El precepto constitucional en análisis expresamente faculta a las autoridades para practicar visitas domiciliarias, en las que podrá exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, pero ello sólo significa que frente a la garantía general de inviolabilidad del domicilio se admiten las excepciones consignadas expresamente en el artículo 16 de la Constitución.
La interpretación relacionada de los artículos 16 y 31, fracción IV, constitucional, permite concluir que, frente a la obligación de contribuir a los gastos públicos, se encuentra la facultad de verificación de las autoridades del debido cumplimiento a las disposiciones fiscales, facultad que, al importar una molestia en el domicilio, papeles o posesiones de las personas, debe sujetarse al cumplimiento de determinados requisitos para que su ejercicio no sea arbitrario, ni entrañe una violación a la garantía establecida por el primero de los numerales citados de la Carta Magna, sujetándose por tal motivo, a determinadas formalidades y a lo que la ley respectiva establezca. Es decir, el artículo 16 constitucional reconoce la facultad de verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales que tiene la autoridad, pero establece una serie de requisitos para que en el ejercicio de la misma no se violen los derechos de la persona, sujetando las visitas domiciliarias a las formalidades prescritas para los cateos y a lo dispuesto por las leyes respectivas, de lo que deriva que su espíritu es el de que la facultad de la autoridad frente a la obligación de los particulares se realice con el debido respeto a sus derechos.
Lo anteriormente expuesto permite concluir que la correcta interpretación que al artículo 16 constitucional se le debe dar, es la de que reconoce expresamente la facultad de verificación de las autoridades, frente a la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos, pero sujeta dicha facultad al cumplimiento de las formalidades establecidas en las leyes respectivas para el debido respeto a los derechos de los gobernados, estableciendo, tratándose de visitas domiciliarias, los requisitos básicos de éstas.
Ahora bien, no debe confundirse la facultad de verificación a que se ha hecho referencia, con los sistemas de registro contable que puedan llegar a ser objeto de dicha verificación. Las máquinas registradoras de comprobación fiscal no constituyen propiamente un acto de fiscalización, entendiendo éste como aquél a través del cual los funcionarios competentes realizan actos concretos destinados a determinar si los contribuyentes cumplen con las disposiciones fiscales, a través de la revisión de libros y papeles. La implantación de las máquinas mencionadas es un mecanismo de prevención, pues en ellas quedan asentadas las diversas operaciones a que se refiere el código y reglamento reclamados y, desde luego, en el caso de que lleguen a realizarse actos de fiscalización en relación a un contribuyente, los respectivos visitadores podrán utilizar los elementos derivados de las máquinas, pero precisamente para conocer con exactitud la situación del contribuyente, lo que incluso a él le resultaría benéfico si su actuación se ha ajustado a las disposiciones legales aplicables.
Debe destacarse que la implantación de las máquinas registradoras como sistema contable no permite, necesariamente, por sí solo, conocer la situación de un contribuyente, pues en tanto que son operadas por los contribuyentes o sus subordinados es posible que éstos registren con fidelidad sus operaciones, o bien omitan su registro o lo hagan incorrectamente, de lo que se sigue que mientras los funcionarios o autoridades hacendarias no efectúen actos de revisión de los datos y operaciones registradas no se da el acto de fiscalización.
El hecho de que el párrafo transcrito del artículo 16 constitucional, sólo hable de visitas domiciliarias en que se exija la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, no significa que el legislador ordinario no puede establecer otros métodos de registro contable, que deban aplicar los contribuyentes para determinar su situación fiscal, diversos a los libros y papeles, sino que lógicamente debe entenderse que al aludir a éstos, el constituyente se refirió en forma general a la facultad de verificación de la autoridad administrativa, sobre cualquier tipo de sistema contable que legalmente tengan implantados los contribuyentes. Una interpretación contraria, limitaría el sentido y alcance de esta disposición constitucional, coartando la posibilidad de que los adelantos que proporcione el avance de la ciencia se utilicen en la simplificación de los sistemas contables en beneficio de los contribuyentes y que coadyuven, a su vez, a facilitar el ejercicio de las facultades de verificación.
Por tanto, lógicamente debe interpretarse que es al legislador ordinario a quien corresponde, de acuerdo con los avances de la época, establecer tanto los sistemas de fiscalización que se estimen idóneos, como aquellos métodos, como el relativo a las máquinas registradoras, que faciliten precisar si los contribuyentes cumplen con las disposiciones fiscales cuando realicen actos tendientes a ello. Además, el constituyente no tenía por qué referirse a todas las maneras conforme a las cuales los contribuyentes deben registrar sus operaciones a fin de determinar su situación fiscal o de alcanzar precisión en el conocimiento de sus obligaciones, puesto que el único sentido del artículo 16 de la Constitución en el aspecto que se estudia, fue establecer situaciones de excepción frente a la garantía de inviolabilidad del domicilio que en el mismo se reconoce, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución, al determinar que los individuos gozarán de las garantías que en ella se establecen, con las restricciones que se consignan, y los sistemas contables no constituyen una excepción a la garantía de inviolabilidad domiciliaria, por no ser el acto de verificación a que específicamente se refiere el artículo 16 constitucional, a saber, la visita domiciliaria, pues con la implantación de las máquinas registradoras de comprobación fiscal no se introduce la autoridad fiscal en el domicilio de los contribuyentes a fin de verificar si se han acatado las disposiciones fiscales, ya que, como se señaló, no constituye en sí mismo un acto de fiscalización, sino una obligación que aquéllos deben cumplir en su domicilio.
Por consiguiente, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, al establecer la implantación obligatoria, para los contribuyentes con local fijo, de las máquinas registradoras de comprobación fiscal, no es violatorio del artículo 16 constitucional, resultando, por ello, infundado el presente agravio.
En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia al resolver los amparos en revisión 247/93, promovido por Bremer, Alimentos, S. A. de C. V. aprobado por mayoría de diecisiete votos; 367/93, promovido por D'Kor, S. A., aprobado por mayoría de dieciséis votos; 587/93, promovido por Ramón Llano Valle, aprobado por mayoría de quince votos; 1111/92, promovido por Recreaciones San Pedro, S. A. de C. V., aprobado por mayoría de diecisiete votos; todos ellos en la sesión celebrada el primero de julio de mil novecientos noventa y tres, y el amparo en revisión 1167/92, promovido por Tintorería Electrónica Flor, S. A., aprobado por el Tribunal Pleno por mayoría de dieciséis votos, en sesión celebrada el tres de agosto de mil novecientos noventa y tres.
SEXTO.-En el segundo agravio, la recurrente alega que el Juez de Distrito no estudió el tercer concepto de violación, en el cuál argumentó que las disposiciones reclamadas son contrarias a la garantía de igualdad prevista en los artículos 23 y 31 fracción IV de la Constitución Federal, con lo cual viola lo dispuesto por los artículos 76 y 77 fracciones I y II de la Ley de Amparo.
Lo anterior es infundado, pues basta revisar la sentencia recurrida, que quedó transcrita anteriormente, para darse cuenta que en la parte final de la misma, el Juez de Distrito sí se ocupó de dicho concepto de violación, el cual consideró infundado y expresó las razones que tuvo para estimarlo de esa manera, de modo que no existe la violación que aduce la parte recurrente.
SEPTIMO.-Por último, en su tercer agravio la parte que recurre, argumenta que el Juez de Distrito aprecia incorrectamente la garantía de libre comercio al concluir que el artículo 5o. Constitucional "sólo impide la prohibición absoluta del ejercicio del comercio y que las limitaciones al mismo no son objeto de protección constitucional".
Señala también que el Juez del conocimiento incurre en inexactitud, al afirmar que las disposiciones reclamadas tienden a regular en beneficio de la colectividad la libertad de trabajo, pues según dice la recurrente, tales disposiciones no producen beneficio alguno a la colectividad, sino a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que al no haberlo apreciado de esta manera el Juez de Distrito, violó las fracciones I y II del artículo 77 de la Ley de Amparo.
En dicho agravio, también se reproduce textualmente el segundo concepto de violación.
Resulta infundado el agravio antes referido.
En primer lugar, es infundado el argumento en el cual afirma que el Juez de Distrito no aprecia correctamente la garantía de libre comercio, porque dijo en su sentencia que el artículo 5o. constitucional "solo impide la prohibición absoluta del ejercicio del comercio y que las limitaciones al mismo no son objeto de protección constitucional".
Se dice que es infundado este argumento, por lo siguiente.
Es cierto que el Juez de Distrito señaló textualmente: "ya que lo que prohibe dicha garantía es, como se dijo, que se limite en forma absoluta el ejercicio de la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode al gobernado".
Sin embargo, esta afirmación la hizo dentro de un contexto de consideraciones más amplio, que llevan a concluir, que el sentido de su afirmación no era que las limitaciones parciales al ejercicio del comercio no son objeto de protección constitucional, sino que la garantía de libertad de trabajo no se viola cuando las leyes establecen requisitos que sólo tienden a regular la actividad correspondiente, y que deben colmarse para su desarrollo; lo cual es correcto a juicio de esta Tercera Sala.
En efecto, al analizar los razonamientos que formuló el Juez de Distrito al hacerse cargo del concepto de violación, referente a la violación de la garantía de libertad de trabajo, prevista en el artículo 5o. constitucional, argumentos que de paso sea dicho, no se controvierten, se desprende que adujo entre otras cosas lo siguiente:
Que las disposiciones combatidas de ninguna manera vetan la libertad de comercio, habida cuenta de que no prohiben a los particulares continuar dedicándose a la actividad que se dedican.
Que debe quedar claro que una cosa es vetar alguna actividad, prohibirla de modo absoluto y, otra distinta, reglamentar o regular una libertad de trabajo específica, es decir, consignar los requisitos que deben colmarse para su desarrollo.
De ahí que se concluya que no le asiste la razón a la parte recurrente, pues además de que saca de contexto lo dicho por el Juez de Distrito, no puede llegarse a la conclusión de que la sentencia recurrida es ilegal, pues si consideramos que los preceptos reclamados, al imponer a los particulares dedicados al comercio, con local fijo y que realicen actos o actividades con el público en general, la obligación de contar con máquinas de comprobación fiscal, no impide a dichos particulares en ninguna forma que continúen dedicándose a su actividad comercial, ni tampoco establecen la ilicitud de alguna actividad, la conclusión del Juez de Distrito es apegada a derecho, pues efectivamente, la libertad de comercio se debe entender sin perjuicio de la sujeción a las diversas disposiciones que puedan establecer las autoridades legislativas al regular una actividad con el fin de proteger el interés público.
Por otro lado, tampoco tiene razón la parte agraviada, cuando dice que el Juez del conocimiento incurre en inexactitud al afirmar que en el caso, las disposiciones reclamadas tienden a regular en beneficio de la colectividad la libertad de trabajo, pues el Juez de Distrito hizo tal afirmación, pero sin referirse a los preceptos reclamados.
En efecto, lo que señaló el Juez a quo, después de afirmar que la garantía de libertad de trabajo debe entenderse sin perjuicio de los requisitos que establece el legislador para su ejercicio, fue que dicha garantía "no se viola cuando las leyes prevén requisitos que sólo tienden a regular en beneficio de la colectividad la libertad de trabajo". Como puede verse, el Juez de Distrito hizo este señalamiento en forma general y abstracta, sin referirse específicamente a los preceptos que se impugnan. Su afirmación fue dentro de un contexto diferente al que pretende darle la parte recurrente.
Sin embargo, en contra de lo que dice la recurrente cabe señalar, que los preceptos reclamados sí regulan una situación de interés público, pues con la implementación de las máquinas registradoras se persigue facilitar el registro de los actos o actividades que tengan con el público en general, los contribuyentes que cuentan con local fijo, lo cual redunda en que se facilite la comprobación de que se cumple la obligación de contribuir a los gastos públicos del Estado, cuestión ésta, que evidentemente es de interés y en beneficio de la sociedad.
En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, al resolver el amparo en revisión 258/93, promovido por Vonfilio Constantino Evaristo Jiménez, en la sesión de tres de agosto de mil novecientos noventa y tres, por mayoría de dieciséis votos. En lo conducente, tal resolución dice:
"... La obligación que el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación establece para los contribuyentes con locales fijos de utilizar máquinas registradoras de comprobación fiscal para registrar el valor de los actos o actividades que realicen con el público en general no limita la libertad de comercio del causante porque con ello no se coarta en forma alguna su actividad, sino que únicamente busca la instrumentación de un sistema de control y verificación del debido acatamiento a las disposiciones fiscales para evitar la evasión y lograr una efectiva recaudación de las contribuciones en beneficio de la colectividad, pues éstas se destinan a sufragar el gasto público. Esto significa que el planteamiento al agravio que se estudia es infundado porque, contrariamente a lo que en él se sostiene, la utilización de las máquinas registradoras de comprobación fiscal en forma alguna trastornan el funcionamiento de las negociaciones, pues no impiden que éstas sigan realizando sus actividades comerciales, pues tan solo se pretende que se registren los actos o actividades que lleven a cabo en las mismas, debiendo advertirse que los contribuyentes pueden adquirir dichas máquinas de los fabricantes o importadores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o bien optar por la asignación de las mismas pagando los derechos establecidos en el artículo 53-C de la Ley Federal de Derechos. A mayor abundamiento, debe señalarse que aunque se considerara una limitación, como la propia recurrente lo reconoce, la Constitución autoriza la restricción a la libertad de comercio en beneficio de la colectividad, lo que sucede con la implantación de las máquinas registradoras de comprobación fiscal porque con las mismas se logra un sistema de control y verificación del cumplimiento a las disposiciones fiscales que tiende a evitar la evasión, lográndose con ello una mayor recaudación que al destinarse a sufragar el gasto público beneficia a la colectividad. En este aspecto debe resaltarse que lo señalado por la recurrente en torno a que con tal sistema de control sólo se beneficia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corrobora el beneficio a la colectividad, pues al ser ésta la dependencia gubernamental de la administración pública federal centralizada encargada de la recaudación de las contribuciones, no tiene como finalidad el lucro particular, sino el beneficio a la comunidad a la cual sirve, de manera tal que el logro de una mayor recaudación mediante el freno a la evasión fiscal redunda en mayores ingresos para cubrir los gastos públicos en beneficio del pueblo mexicano. Resulta aplicable en este sentido la tesis que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Volumen I, página 99, que textualmente dice: 'COMERCIO, LIBERTAD DE. LA CONSTITUCION AUTORIZA SU RESTRICCION EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD. La libertad de comercio contenida en el artículo 5o. de la Constitución y la prohibición de monopolios, relacionada con ésta, comprendida en el artículo 29, tienen por objeto regular el comercio en función de la sociedad en que se practica, para beneficio de toda la colectividad, y no únicamente de los comerciantes en perjuicio de aquélla. De esta manera, nuestra máxima ley, entiende la libertad de comercio en función de la sociedad pues autoriza que se limite en beneficio de la colectividad, y así, cuando ésta se pueda perjudicar con su uso indebido, la misma debe restringirse hasta que cese el perjuicio, y la restricción puede realizarse no únicamente prohibiendo monopolios, sino de cualquier forma.'. Consecuentemente, el agravio a estudio es infundado porque las disposiciones legales reclamadas no violan el artículo 5o. constitucional."
Asimismo, el Tribunal Pleno sostuvo el criterio precisado, al resolver los amparos en revisión 289/93, promovido por el quejoso Armando Rabadán Beltrán y otros, por mayoría de dieciséis votos; 1452/92, promovido por Mario Alberto Díaz Reyna, por mayoría de quince votos; 1471/92, promovido por Julio Ortega Meza, por mayoría de quince votos; y 292/93, promovido por Antonio Limón Vázquez, por mayoría de quince votos, en sesión celebrada el tres de agosto de mil novecientos noventa y tres.
En las apuntadas condiciones, lo procedente es que se modifique la sentencia recurrida, se sobresea respecto del acto que se hizo consistir en el artículo 53-C de la Ley Federal de Derechos, y se niegue el amparo respecto de los artículos 29 del Código Fiscal y 29-A del Reglamento del Código Fiscal, negativa que alcanza al acto de aplicación que se reclama a la Administradora Fiscal Federal de Acapulco, en virtud de que este acto no se reclamó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los preceptos legales impugnados.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución General de la República; 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se modifica el fallo recurrido.
SEGUNDO.-Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 988/92-I del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Acapulco, promovido por MANUEL VALDES RECIO, en representación de DISTRIBUIDORA MANYOL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la expedición y aprobación del artículo 53-C de la Ley Federal de Derechos, actos que se atribuyen al Congreso de la Unión, en términos del considerando cuarto de esta resolución.
TERCERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa MATERIALES FLORIDA DE ACAPULCO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de los actos que reclama del Congreso de la Unión, presidente de la República, secretario de Hacienda y Crédito Público y de la administradora Fiscal Federal de Acapulco; actos que se hacen consistir en la aprobación, expedición, promulgación y refrendo, del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación; así como del artículo 29-A de su reglamento y en la orden contenida en el oficio número 102-A-32-b-2-3457 de fecha nueve de junio de mil novecientos noventa y dos, suscrito por la autoridad mencionada en último término.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García. Fue ponente el último de los señores Ministros antes nombrados.
Firman el Ministro presidente y el Ministro ponente con el secretario de Acuerdos de la Sala que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/122-cb403809/conceptos-de-violacion-en-demandas-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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