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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL INSTITUTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/2011. · Registro digital (IUS): 22962
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, , Pág. 601.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios denunciada corresponde a la materia laboral, en la que esta Segunda Sala se encuentra especializada.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver por mayoría de votos el recurso de revisión 148/2010, en sesión de nueve de diciembre de dos mil diez, en la parte conducente, sostuvo:

"QUINTO. En el motivo de inconformidad tercero se alega, en esencia, que se infringieron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías, porque no se llamó a juicio al secretario de Hacienda y Crédito Público en su carácter de tercero perjudicado, cuando según la recurrente, su interés jurídico deriva de la aplicación de la norma tildada de inconstitucional, es decir, en el momento en que se realiza la transferencia de los recursos al Gobierno Federal, dado que se lleva a cabo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"El argumento resumido es fundado.

"En efecto, el numeral 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, dispone que: (resulta innecesario transcribir, en este momento, su texto).

"Del precepto transcrito se advierte que tienen el carácter de terceros perjudicados, entre otros, aquella persona o personas que sin haber gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado.

"En el caso, en los artículos octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, así como el duodécimo transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, se establece que:

"‘Octavo.’ (resulta innecesario transcribir en este momento su texto).

"‘Duodécimo.’ (resulta innecesario transcribir en este momento su texto).

"De los artículos transcritos se colige, que las aportaciones de los trabajadores beneficiados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, a partir del cuarto bimestre del citado año, se abonarán para cubrir las pensiones en los términos de dicha ley; y, que las pensiones que se otorguen a los asegurados que opten por el esquema establecido por la ley derogada, estarán a cargo del Gobierno Federal.

"El numeral 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, prevé, que: (resulta innecesario transcribir en este momento su texto).

"Conforme a dicho precepto, la transferencia de los recursos del Gobierno Federal, se lleva a cabo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de quien está la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública federal.

"Por ende, como la recurrente alega, ‘... si bien es cierto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, no participó en el proceso legislativo del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, su interés directo deriva de la aplicación de la norma tildada de inconstitucional, es decir, en el momento en que se realiza la transferencia de los recursos al Gobierno Federal, la cual se lleva a cabo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de esa manera se puede comprobar la injerencia de la misma en el presente asunto.’

"En relación con ello, es de precisarse que si la transferencia de los recursos al Gobierno Federal, producto de las aportaciones en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete, para cubrir las pensiones en los términos de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, se lleva a cabo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a las atribuciones que le han sido conferidas, evidentemente le atañe un interés directo en la subsistencia del acto reclamado y por ende, emerge su carácter de tercero perjudicado, más aún cuando el referido artículo duodécimo transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, dispone que las pensiones de los asegurados que opten por el esquema de la ley anterior, estarán a cargo del Gobierno Federal y ya no del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que esta norma hubiere sido también señalada como acto reclamado; por tanto, es evidente que la Secretaría de Hacienda como entidad pública tiene interés en que se le transfieran esas aportaciones para cubrir las pensiones.

"De ello se sigue, que aun cuando no hubiera sido señalada por el quejoso con tal carácter (tercero perjudicado), debe llamársele a juicio, puesto que la calidad de tercero perjudicado que pudiere tener un sujeto dentro del juicio de amparo no depende del señalamiento que a ese respecto haga el peticionario en la demanda de garantías, ni del reconocimiento expreso que sobre tal cuestión pudiera hacer el Juez de Distrito, sino en el hecho de que se actualice alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la ley de la materia.

"Apoya lo considerado la tesis XXVII.9 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, octubre de dos mil tres, en la página mil ciento treinta y uno que se transcribe a continuación:

"‘TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO.’ (resulta innecesario transcribir su texto).

"Empero, debe puntualizarse que la participación en el juicio de amparo de la autoridad responsable y de los terceros perjudicados, descansa en fundamentos distintos.

"Esto es, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, autoridad responsable es la que ‘dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado’ y de acuerdo con el numeral 5, fracción III, inciso c), de la ley de la materia, como se indicó, pueden intervenir con el carácter de terceros perjudicados, aquellas personas que sin haber gestionado el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado; de modo que no admitir el derecho del tercero perjudicado para defender la constitucionalidad de la ley o la interpretación de un precepto constitucional que le favorezca, equivaldría a dejar inaudita a dicha parte sobre aspectos donde válidamente puede reclamar sus derechos.

"El (sic) respecto es aplicable la tesis 2a. CLXXXVIII/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 286 del Tomo XVI, diciembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que sustenta:

"‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN ASUNTOS TRAMITADOS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO SE CUESTIONE UN TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL.’ (resulta innecesario transcribir su texto).

"Ciertamente, en la última parte de esta tesis, se realiza una interpretación del artículo 87 de la Ley de Amparo, en la que apunta: ‘... pero tratándose de amparo contra leyes, los titulares de los órganos de Estado a los que se encomienda su promulgación o quienes los representan en los términos de esta ley podrán interponer, en todo caso tal recurso’, dejando en claro que, si bien como autoridad responsable en los amparos contra leyes (que es el caso que nos ocupa), no se permitiría su intervención como autoridad responsable a la Secretaría de Hacienda, por lo que se refiere a la interposición del recurso de revisión contra la sentencia que declara inconstitucional un precepto legal, sí le reconoce su legitimación como tercero perjudicado, de tal suerte que su no llamamiento en el juicio que nos ocupa, precisamente, como tercero perjudicado, le causa agravio pues con respecto al acto reclamado, en su carácter de autoridad responsable, no fue llamada a juicio por no haber sido deseo del quejoso.

"Además, si bien la tesis se refiere al caso de un amparo directo, no menos lo es, que el carácter de tercero perjudicado en la especie, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le resulta en términos del artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, en tanto que tiene interés directo en la subsistencia del acto reclamado, pues como se puntualizó, de conformidad con el artículo duodécimo transitorio de la Ley del Seguro Social vigente y que se insiste no fue reclamado, sigue vigente la obligación del Gobierno Federal de pagar las pensiones que se encuentren en curso, así como las prestaciones o pensiones de aquellos sujetos que se encuentren en periodo de conservación de derechos y las pensiones que se otorguen a los asegurados que opten por el esquema establecido por la ley derogada.

"En lo sustancial, es aplicable la jurisprudencia P./J. 44/96 del Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 5/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, en página ochenta y cinco, del tenor siguiente:

"‘TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO.’ (resulta innecesario transcribir su texto).

"Por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil nueve, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad admitió la demanda de garantías (foja 13); y de las constancias se advierte, que no se requirió al quejoso para que señalara como tercero perjudicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tampoco que ésta hubiera comparecido con tal carácter.

"Sobre el particular se invoca, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 126/2005 del Tribunal Pleno, emanada de la contradicción de tesis 3/2005-PL, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de dos mil cinco, en la página cinco, del tenor siguiente:

"‘AMPARO CONTRA LEYES. DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SI NO SE LLAMÓ A JUICIO A UNA DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, AUN CUANDO EXISTA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA RECLAMADA.’ (resulta innecesario transcribir su texto).

"En similares términos, este Tribunal Colegiado, resolvió los recursos de revisión 47/2008, 240/2009, 237/2009, 130/2009, 32/2010 y 205/2010, resueltos en sesión de trece de enero de dos mil nueve, uno, doce, diecisiete de marzo, cuatro de mayo y veinticuatro de septiembre de dos mil diez, respectivamente.

"En dichas condiciones, al ser fundado el agravio tercero hecho valer por la autoridad recurrente, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para que se emplace a juicio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de tercero perjudicada."

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver por unanimidad de votos el recurso de queja 62/2009, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil nueve, en la parte conducente, determinó:

"QUINTO. El anterior agravio es infundado.

"En principio, cabe precisar que en el acuerdo de uno de junio de dos mil nueve, impugnado en esta queja, no se contiene expresamente la negativa del Juez de Distrito a llamar al amparo como tercero perjudicado al secretario de Hacienda y Crédito Público.

"Tal determinación se contiene en el diverso proveído del día veintidós de mayo del mismo año, emitida a propósito de la petición formulada en el informe justificado del delegado regional XVI-Guanajuato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que se llamara al juicio de amparo, entre otras autoridades, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como tercero perjudicada, tomando en cuenta la materia y naturaleza del juicio.

"La parte conducente del acuerdo del día veintidós de mayo de dos mil nueve, a la letra dice: ‘... Por lo que se refiere a tener como tercero perjudicado al (sic) Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dígasele que no ha lugar, en atención a que no le recae tal carácter en términos del artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo. Tal decisión además encuentra respaldo en la ejecutoria de fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, en el amparo en revisión administrativo 299/2008 ...’

"Esto es, el auto impugnado en esta queja no contiene expresamente la negativa del Juez de Distrito a llamar al amparo como tercero perjudicado al secretario de Hacienda y Crédito Público, sino que el auto se apoya en el diverso que sí la contiene, para negar la solicitud que en el mismo le hizo el ahora recurrente, ya que a ese respecto, a la letra señala: ‘... dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veintidós de mayo de dos mil nueve, pronunciado en el juicio de amparo en que se actúa, del cual se ordena remitirle copia certificada ...’

"Por tanto, los argumentos del agravio se analizan en función del contenido de ambos proveídos, proceder que se respalda por el hecho de que el recurrente tuvo conocimiento del auto de veintidós de mayo de dos mil nueve, hasta el once de junio siguiente, con motivo de la copia que del mismo se acompañó a la notificación del impugnado en esta queja, y de que la negativa a llamar al amparo como tercero perjudicado al secretario de Hacienda y Crédito Público, contenida en el primero de dichos proveídos, recayó a la petición que en ese sentido hizo en su informe justificado el delegado regional XVI-Guanajuato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, determinación que desde luego en esa ocasión sólo se ordenó hacerla saber a la autoridad solicitante, mediante el oficio número 2190.

"Precisado lo anterior, es de señalarse que la razón que expuso el Juez de Distrito en el acuerdo de veintidós de mayo de dos mil nueve, a la cual se conminó al ahora recurrente, para no acceder a la solicitud de llamar al juicio de amparo como tercero perjudicado al secretario de Hacienda y Crédito Público, es que a esa autoridad no le recae tal carácter en términos de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, decisión que, agregó, también es acorde a lo considerado por este Tribunal Colegiado en la ejecutoria que emitió el veinticuatro de abril del año en cita, en el amparo en revisión administrativo 299/2008.

"Ahora bien, independientemente de que en la ejecutoria emitida el veinticuatro de abril de dos mil nueve en el amparo en revisión administrativo 299/2008, cuyo toca se tiene a la vista, este Tribunal Colegiado no hizo alguna consideración en el sentido de que el secretario de Hacienda y Crédito Público no tiene el carácter de tercero perjudicado y que, por ende, lo resuelto ahí no aplica en alguna medida en este caso, pues en ese asunto se le tuvo como tercero perjudicado, porque el Juez de Distrito le había reconocido esa calidad, lo cual no fue controvertido, señalándose que existen los amparos en revisión administrativos números 113/2008, 388/2007 y 356/2007, en sentido contrario; es de señalarse que tal precisión fue a manera de adición, es decir, sólo para tratar de dar respaldo a la razón sustancial que ya tenía expuesta, en cuanto a que la dependencia federal de referencia no tiene en el amparo la calidad de tercero perjudicada, de conformidad con lo previsto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, apreciación que este órgano colegiado estima jurídicamente correcta.

"En efecto, es ajustada a derecho la abstención del Juez de Distrito de llamar al juicio de amparo como tercero perjudicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no existe la violación que esgrime el recurrente.

"En el juicio de amparo del que emana la presente queja, se reclaman fundamentalmente los actos del proceso legislativo que dio origen al artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, así como los relacionados con su aplicación, atribuidos estos últimos al delegado regional XVI-Guanajuato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al jefe de pensiones subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes, respectivamente, en la autorización para la remisión de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete hasta que el quejoso obtenga la pensión relativa de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro y la intervención de la última autoridad para que el quejoso quedara ubicado de manera automática en la previsión del numeral reclamado.

"Dicho artículo a la letra dispone lo siguiente:

"‘Octavo.’ (resulta innecesario transcribir, en este momento, su texto).

"A decir del recurrente, la circunstancia de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como misión primordial proponer, dirigir y controlar la política económica del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto del ingreso y deuda pública, en términos del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el hecho de que en la demanda de amparo el quejoso haya señalado como acto de aplicación del artículo reclamado aquél en el cual una autoridad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, autoriza la transferencia de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda para obtener una pensión, y que esa transferencia de recursos se lleva a cabo a través de la mencionada secretaría de Estado, le dan en el caso el carácter de tercero perjudicado al secretario de Hacienda y Crédito Público, pues de ello se desprende su interés directo para intervenir con esa calidad en el juicio de amparo, a efecto de que subsista el acto reclamado.

"Tales cuestionamientos se consideran infundados.

"El artículo 5o. de la Ley de Amparo, en lo conducente al caso, dispone lo siguiente: (resulta innecesario transcribir, en este momento, su texto).

"También es pertinente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido quiénes pueden tener el carácter de tercero perjudicado en el amparo administrativo, en la jurisprudencia publicada con el número 111 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, página 124, del tenor siguiente:

"‘TERCERO PERJUDICADO. QUIÉNES TIENEN ESTE CARÁCTER EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO.’ (resulta innecesario transcribir, en este momento, su texto).

"Jurisprudencia que hizo suya el Pleno de ese Máximo Tribunal, en la tesis publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo 151-156, Primera Parte, página 137, que tiene por contenido:

"‘TERCERO PERJUDICADO. QUIÉNES TIENEN ESTE CARÁCTER EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO.’ (resulta innecesario transcribir, en este momento, su texto).

"De tales criterios puede exponerse que para reconocerle a alguien la calidad de tercero perjudicado en el amparo administrativo, es indispensable que la misma persona sea titular de un derecho protegido por la ley, del cual resulte privado o se vea afectado o menoscabado, en virtud de la insubsistencia del acto reclamado que traiga consigo la concesión del amparo, sin que baste por tanto, que quien se dice tercero resienta, con ocasión del otorgamiento de la protección federal, alguna afectación a sus intereses económicos.

"Se advierte como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al acoger los argumentos de la Segunda Sala, hace énfasis en dos presupuestos jurídicos:

"1. La titularidad de un derecho protegido por la ley.

"2. La privación, afectación o menoscabo del derecho, en mérito de la insubsistencia del acto reclamado que trae consigo el otorgamiento del amparo.

"Luego, no es suficiente ser titular de un derecho protegido por la ley, sino que además se exige que sea ‘la insubsistencia del acto reclamado’, la que genere la privación, afectación o menoscabo.

"No debe perderse de vista que en el amparo contra leyes, que se tramita en la vía indirecta, en realidad la norma cuestionada no se deja insubsistente, sino que sólo se declara inválida por cuanto hace al quejoso que promueve la demanda de amparo, esto es, a él no se le aplicará mientras esté vigente.

"Por consiguiente, el efecto del amparo biinstancial contra leyes, consiste en la desaplicación de la norma en relación con quien promovió el amparo; efecto que es congruente con el principio de relatividad contenido en el artículo 76 de la Ley de Amparo, conforme al cual no procede hacer una declaración general de la ley que motive el juicio.

"De tal suerte que por más que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por mandamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tenga como misión primordial proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto del ingreso y deuda pública, o que a través de esa secretaría se lleve a cabo la transferencia de recursos al Gobierno Federal de los recursos de la subcuenta de vivienda para la contratación de la pensión, no debe pasarse por alto que si el precepto cuestionado en la demanda de garantías no queda insubsistente, en tanto que en el amparo contra leyes federales, la instancia terminal de los temas de constitucionalidad (Suprema Corte de Justicia de la Nación, en uso de su competencia originaria, o Tribunales Colegiados de Circuito, en los supuestos de competencia delegada), no funge como un ‘legislador negativo’.

"Entonces, de concederse al quejoso la protección de la Justicia de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en todo caso resultará afectada en sus funciones o intereses económicos, porque al menos de acuerdo con el sistema vigente, la declaratoria de inconstitucionalidad no tiene repercusiones erga omnes, de tal suerte que es incorrecto señalar que existe privación, afectación o menoscabo del derecho, si no hay insubsistencia de la ley.

"En conclusión, ante la ineficacia de los argumentos del agravio debe declararse infundado este medio de impugnación y confirmarse el acuerdo recurrido."

CUARTO. En principio, es importante recordar que acorde con el criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis se actualiza cuando las Salas de este Alto Tribunal, o bien, dos o más Tribunales Colegiados de Circuito adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia y la tesis, cuyos rubros, textos y datos de publicación, enseguida se transcriben:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

(Jurisprudencia P./J. 72/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7 del Tomo XXXII, agosto de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro IUS 164120).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provoca

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22962-dd704b19/instituto-del-fondo-nacional-de-la-vivienda-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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