PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. EL OTORGAMIENTO DE LA JUBILACIÓN, CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, HACE PRESUMIR QUE LA SEPARACIÓN DEL TRABAJO FUE VOLUNTARIA, PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL PAGO DE AQUÉLLA. TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 141/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado Arturo Rafael Segura Madueño, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, quien se encuentra facultado para denunciar la posible contradicción de criterios, en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 810/2009, en sesión de veinticinco de marzo de dos mil nueve, en la parte que interesa determinó:
"CONSIDERANDO: QUINTO. ... resulta infundado lo alegado, toda vez que el sistema jurídico en que sustenta su tesis el quejoso carece de aplicación en la especie, toda vez que el aplicable se compone por lo dispuesto por los artículos 73, fracción X, última parte, 116, fracción VI y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1 y apartado B de la Constitución Federal, y es necesaria su precisión atento los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el Juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho). En tanto, resulta válido insertar los textos de esos numerales, los que rezan: ‘Artículo 73.’ (se transcribe fracción X). ‘Artículo 116.’ (se transcribe fracción VI). ‘Artículo 123.’ (se transcribe apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1 y apartado B). De los preceptos transcritos, en lo que interesa, se obtiene con claridad la idea de que las Legislaturas de los Estados se encuentran facultadas para legislar en la materia de trabajo, en lo relativo a las relaciones laborales habidas entre el propio Estado (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y sus trabajadores; mas no como una facultad omnímoda, sino sujeta a lo dispuesto por los artículos 116, fracción VI y 123 de la Constitución Federal, por lo que procede considerar que si bien las Legislaturas Locales pueden expedir leyes laborales, deben hacerlo en relación con las normas supremas citadas y con la debida proporción guardada, entendiéndolas referidas al ámbito local en todos los aspectos en que se habla de cuestiones federales. Al respecto, es necesario precisar que del análisis conjunto y sistemático de las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, se obtiene que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad exclusiva para legislar en la materia de trabajo, en general, con apoyo en los artículos 73, fracción X, última parte y 123, apartado A y, adicionalmente, respecto de las relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de acuerdo a este último artículo, en su apartado B; en tanto que el artículo 116, fracción VI, al autorizar a los Poderes Legislativos de cada entidad federativa a expedir leyes que regirán las relaciones de trabajo entre los Poderes Locales y sus trabajadores, pero es evidente que sólo pueden expedir leyes reglamentarias siguiendo, en lo conducente, las bases que establece el apartado B del indicado artículo 123 de la Constitución Federal. En función de las premisas antes fijadas, debe concluirse que las relaciones laborales del organismo público descentralizado de carácter local denominado Servicios de Salud de Tamaulipas, deben regirse por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal y su ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, pues no pueden incluirse en el apartado B, ni regirse por las leyes del trabajo que para su reglamentación expidan las Legislaturas de los Estados, conforme a la facultad establecida en la fracción VI del artículo 116 constitucional, antes transcrita, por los siguientes motivos: Al referirse el párrafo introductorio del apartado B del artículo 123 constitucional, a los sujetos del régimen burocrático, en forma limitativa relaciona a ‘los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores’. En tal virtud, al limitar el ámbito de aplicación del régimen burocrático a los Poderes de la Unión, debe analizarse la naturaleza del organismo descentralizado de carácter local que nos ocupa, para advertir si se encuentra o no comprendido en el Poder Ejecutivo del Estado. El decreto expedido por el gobernador del Estado de Tamaulipas, el cinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de ese propio mes y año, por el que se creó el organismo público descentralizado ‘Servicios de Salud de Tamaulipas’, en especial los artículos 1o. y 13, así como el transitorio primero, los que establecen: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe)’, ‘Artículo 13’. (se transcribe). ‘Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su expedición.’. De lo anterior puede advertirse que el organismo Servicios de Salud de Tamaulipas, es un organismo descentralizado de la administración pública estatal, el cual, en sus relaciones laborales señala que le resulta aplicable la Ley del Servicio Burocrático del Estado de Tamaulipas, en términos de los artículos 1o. y 5o., fracción I, que establecen: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 5o.’ (se transcribe fracción I). No obstante lo anterior, aun y cuando se establezca en la fracción I del artículo 5o. de la Ley Burocrática del Estado de Tamaulipas, que el término gobierno comprende tanto a los Poderes del Estado de Tamaulipas, que de acuerdo con el diverso precepto 4o., incisos a), b) y c), se refieren al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los organismos descentralizados que remitan para su aplicación a la citada ley, de ninguna manera puede variar lo establecido en el artículo 116, fracción VI, constitucional, en el sentido de que las relaciones laborales entre un Estado y sus trabajadores, que no pertenezcan directamente a los Poderes Estatales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), se rigen por el apartado A del artículo 123 de nuestra Carta Magna; y si en el caso, la institución denominada ‘Servicios de Salud de Tamaulipas’, al cual pertenece el Hospital General de San Fernando, es un organismo descentralizado de carácter estatal, resulta incuestionable que a los conflictos laborales les resulta aplicable ese ordenamiento jurídico. Por tanto, la ley burócrata y las condiciones de trabajo a que alude el solicitante de amparo, no adquieren individualización en el caso justiciable. Sobre el tema adquiere vigencia la tesis aislada número XXV/98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Por lo anterior, procede examinar y dilucidar si la Junta del conocimiento actuó apegada a derecho al estimar que el actor no se ubica en los supuestos del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, para obtener el pago de la prima de antigüedad. Sobre el tema, es jurídico convenir con la conclusión adoptada en el laudo, aunque no se pasa por alto que para sustentar su veredicto, su autora se limitó a proporcionar los ingredientes necesarios para fundarlo y por tal motivo, no ocasiona lesión al ordenamiento jurídico en perjuicio del quejoso. Se estima lo anterior atento la naturaleza y exigencias legales para obtener el pago de ese concepto, conforme al numeral que lo regula, a saber, el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: ‘Artículo 162.’ (se transcribe). De lo anterior es válido establecer que la prima de antigüedad: a) Es una prestación que se otorga a los trabajadores cuando concluye la relación laboral. b) No constituye un incremento al salario que se pague periódicamente, sino que se entrega en una sola ocasión. c) Se genera por cada año de servicios, independientemente del periodo que labore el trabajador. d) El monto está establecido en la Ley Federal del Trabajo, doce días por cada año de servicios; no obstante, dada la naturaleza de las disposiciones que integran este ordenamiento jurídico, esto es, que en ellos se regula el mínimo de los derechos de los trabajadores, dicho monto puede ser incrementado de manera convencional por las partes y, por tanto, puede exceder los límites legales. e) El objetivo de esta prestación consiste en reconocer el esfuerzo y colaboración permanente del trabajador por los servicios prestados al concluir su relación laboral. f) Como hipótesis de procedencia de la prima de antigüedad se prevén tres: la primera, se refiere al retiro voluntario del trabajador, quien debe tener quince años de antigüedad, para hacerse acreedor al pago por dicho concepto; la segunda que se aplica cuando el trabajador se separa con causa justificada; y la tercera, en que se prevé la separación del trabajador, independientemente de que esté justificado o no el despido o la rescisión. Por tanto, en la segunda y tercera hipótesis, no se requiere el requisito de los quince años de antigüedad, que sólo rige para el retiro voluntario, por lo que el trabajador tendrá derecho a la prestación de mérito, aunque no tenga quince años de antigüedad al servicio del patrón. Así lo sostuvo la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, al emitir la siguiente jurisprudencia: ‘PRIMA DE ANTIGÜEDAD, CUANDO NO ES EXIGIBLE EL REQUISITO DE QUINCE AÑOS DE SERVICIOS PARA EL PAGO DE LA.’ (se transcribe). En estas condiciones, es claro que la procedencia del pago de la prima de antigüedad, supone la existencia de una separación del trabajo que puede ser voluntaria u originada por despido justificado o injustificado; y si bien puede considerarse como retiro voluntario la baja del trabajador de su empleo por jubilación, empero es indispensable que al lograr esa gracia extralegal haya acumulado quince años efectivos laborados en su integridad, situación que no acontece en la especie, porque la relación laboral entre los sujetos litigantes perduró durante el plazo comprendido del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve al uno de enero de dos mil ocho; esto es, la vigencia de ese nexo laboral fue de ocho años y diez meses, aproximadamente, plazo inferior al que exige la mencionada norma legal. Se estima lo anterior porque los diversos medios de prueba existentes en el sumario laboral de manera clara y objetiva revelan que la relación del actor se reguló de la siguiente forma: Del quince de octubre de mil novecientos setenta y nueve al veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, al amparo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional; y, del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, al uno de enero de dos mil ocho, cuando se le jubiló, bajo la tutela de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123 de la Carta Magna. La conclusión en mérito germina de los elementos fácticos proporcionados por la ‘hoja de servicios para FOVISSSTE’ (folio 35) y la confesional del actor. Cierto, la primera de esas probanzas pone de relieve que el siete de mayo de dos mil ocho el director de administración en unión del subdirector de Recursos Humanos de Servicios de Salud de Tamaulipas hicieron constar: a) Que el dieciséis (sic) de octubre de mil novecientos setenta y nueve ********** inició su vida laboral; b) que sus actividades laborales las desempeñó para la Secretaría de Salud y para el organismo público descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, adscrito al Hospital General en San Fernando, Tamaulipas; y, c) que el uno de enero de dos mil ocho causó baja por edad y tiempo de servicio. Por su parte, el restante medio de convicción revela que el accionante de manera ficta admitió: (se transcribe) (fojas 109 y 110). Como se ve, el resultado de esas probanzas, si bien en lo individual proporcionan un indicio en el mundo fáctico, empero al entrelazarse entre sí adquieren suficiencia convictiva para evidenciar, en lo que interesa, que el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve se creó la persona moral demandada, y que en ese año el actor pasó a formar parte de su plantilla de personal, nexo laboral que feneció el uno de enero de dos mil ocho cuando adquirió el beneficio de la jubilación. Por tanto, procede convenir con la Junta del conocimiento en cuanto a que el quejoso carece de acción y de derecho para obtener la prestación en comentario, cuenta habida de que no acumuló quince años de antigüedad cuando laboró para la ahora tercera perjudicada. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la honorable Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘PRIMA DE ANTIGÜEDAD EN CASO DE RETIRO VOLUNTARIO. IMPROCEDENTE.’ (se transcribe). No se opone a lo anterior lo alegado por el quejoso en cuanto a que la confesión ficta de su representado, por encontrarse contradicha por la expresa del empleador, deja de surtir efecto en su contra. Así es de estimarse, porque aun y cuando es real que la demandada refirió que el actor inició su vida laboral el quince de octubre de mil novecientos setenta y nueve; sin embargo, su dicho se desvanece con el decreto expedido por el gobernador del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de ese propio mes y año, a través del cual fue creado; de esa suerte no es lógico ni jurídicamente posible establecer que con anterioridad a esa data existió un vínculo jurídico con el accionante. Bajo esa óptica, y como los conceptos de violación se reducen al tema examinado, y al resultar inexistentes las violaciones alegadas, procede negar la protección impetrada. ..."
Similares consideraciones sostuvo el mismo Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo 836/2009, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias no se transcribe.
Ahora bien, respecto de los amparos directos 799/2010 y 1124/2010 (en este último se hizo la denuncia de contradicción de criterios materia del presente asunto), se resolvieron en el mismo sentido y con las mismas consideraciones que los amparos directos 836/2009 y 810/2009, salvo la parte que a continuación se transcribe:
"En estas condiciones, resulta claro que la procedencia del pago de la prima de antigüedad, supone la existencia de una separación del trabajo que puede ser voluntaria u originada por despido justificado o injustificado; empero, es indispensable que al lograr esa gracia extralegal haya acumulado quince años efectivos laborados en su integridad, situación que no acontece en la especie, porque la relación laboral entre los sujetos litigantes, perduró durante el plazo comprendido del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve al uno de agosto de dos mil ocho; esto es, la vigencia de ese nexo laboral fue de nueve años y cinco meses, plazo inferior al requerido por la mencionada norma legal. ..."
Es decir, en relación con la procedencia del pago de la prima de antigüedad, en esos asuntos, el Tribunal Colegiado considera que en cualquiera de los supuestos previstos en la fracción III del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, se tienen que laborar quince años efectivos.
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo laboral 800/2009-I, en sesión de catorce de abril de dos mil diez, en la parte que interesa determinó:
"CONSIDERANDO: SEXTO. ... En principio, conviene precisar que, por cuanto hace a la incertidumbre a la que se refirió la parte demandada en su contestación, ya la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, tratándose de trabajadores jubilados de organismos públicos descentralizados estatales, tienen derecho a recibir, por su antigüedad, los quinquenios, pensiones y demás prestaciones establecidas en las normas burocráticas de carácter local, pero no la prima de antigüedad prevista en la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que aquéllas, reemplazan a la prima de antigüedad. La jurisprudencia es del tenor siguiente: (cita datos de localización). ‘TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS DE CARÁCTER LOCAL, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe). De tal criterio, se desprende, en esencia, que si los trabajadores jubilados de organismos públicos descentralizados se les pagó durante su vida laboral quinquenios, pensiones o demás prestaciones establecidas en las normas burocráticas, no tienen derecho al pago de la prima de antigüedad que establece la Ley Federal del Trabajo, por reemplazar aquéllas a ésta. En la especie, nos encontramos ante una hipótesis similar al tratado en la jurisprudencia, pues la actora del juicio ordinario fue una trabajadora que se jubiló dentro de un organismo público descentralizado, a saber, Servicios de Salud en Tamaulipas, naturaleza así determinada por decreto gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el veintisiete de febrero de dos mil nueve (foja 16). Por tanto, ante la óptica jurídica de la jurisprudencia transcrita de aplicación obligatoria para este órgano colegiado, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, debe examinarse el juicio laboral, en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el objeto de establecer si se demostró que la trabajadora jubilada recibió los beneficios por antigüedad correspondientes, es decir si la patronal pagó, con posterioridad a la fecha en que se creó la misma (veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve) y durante la vida laboral de la empleada, quinquenios, pensiones o demás prestaciones establecidas en las normas burocráticas vinculadas a la antigüedad, como lo prevé la jurisprudencia. Dicha carga probatoria pesa sobre la demandada en virtud de que, como se ha visto, al reemplazar el quinquenio, u otras prestaciones contempladas en la legislación burocrática a la prima de antigüedad, -como se afirmó en la ejecutoria de la que emana tal jurisprudencia-, y al ser la demostración del pago carga probatoria de los patrones en términos del artículo 784, fracción XI, de la Ley Federal del Trabajo, es que procede su examen en las condiciones anotadas. Ahora bien, la parte patronal propuso en el juicio laboral la instrumental de actuaciones, así como la presuncional, en sus dos aspectos legal y humana; sin embargo, de ninguna de éstas se desprende el pago de alguna prestación realizada durante la vida laboral de la trabajadora (foja 32); confesional a cargo de la actora (refiere nombre), de la cual tampoco se deduce tal aspecto pues no se le efectuó posición relacionada con el pago de alguna prestación vinculada a la antigüedad (foja 104); documental consistente en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, de la que no se desprende tal aspecto (fojas 33 a la 54) y en la audiencia trifásica, etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas propuso copia del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó el decreto gubernamental por el que se creó la dependencia (fojas 25 y 16 a la 20). Como se observa, en autos no se demostró que Servicios de Salud en Tamaulipas, haya pagado durante la vida laboral de la trabajadora, quinquenios, pensiones u alguna otra prestación vinculada a la antigüedad, de ahí que al no encontrarnos en tal supuesto y no existir por consiguiente alguna prestación que se le haya pagado a la trabajadora que reemplace a la prima de antigüedad, es por ello que debe condenarse a dicha dependencia a su liquidación, en términos del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, empero, a partir de la creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Tamaulipas, veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, habida cuenta que con anterioridad el vínculo de labores se regía por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, legislación que no contempla tal prestación, como lo reiteran diversos criterios jurisprudenciales y lo confirma la jurisprudencia transcrita en esta ejecutoria. No pasa inadvertido para este órgano colegiado que la parte patronal, en su contestación, señaló que, aun cuando inició a laborar para la dependencia el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, siguió cubriendo las cuotas correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (foja 27) -situación que variaría el sentido de este fallo- sin embargo, como se ha visto de la reseña de las pruebas que aportó, no justificó tal aspecto, ni la actora lo reconoció (fojas 1, 11 y 104), es por ello que se considera que procede el pago de la prestación de que se ha dado noticia, pues si bien tal situación -carga de la prueba tratándose del pago de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado- no se encuentran dentro de las porciones normativas previstas en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, debe imperar el principio de derecho de que quien afirma está obligado a probar, es por ello, que al afirmar el patrón que siguió pagando las cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el débito probatorio de tal aspecto recaía en la dependencia demandada, sin que se aprecie haya agotado tal carga. Por último, cabe señalar que no le asiste razón a la Junta responsable al señalar que no se dan los supuestos a que se refiere el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo porque la actora no cuenta con una antigüedad de quince años. Lo anterior, en virtud de que en el caso de la jubilación, la separación en el empleo se considera justificada, esto es, que el trabajador para poder estar en ese supuesto, debe cumplir con una serie de requisitos ya legales o contractuales, o de ambos, razón por la que, la separación en esos casos se torna justificada y, por ello, con independencia de que tuviera menos de quince años procede el pago de la prima de antigüedad. Así lo sostuvo la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis de jurisprudencia 418, publicada en la página 343, Tomo V, Materia Laboral, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo los siguientes rubro y texto: ‘PRIMA DE ANTIGÜEDAD, CUANDO NO ES EXIGIBLE EL REQUISITO DE QUINCE AÑOS DE SERVICIOS PARA EL PAGO DE LA.’ (se transcribe). En las relatadas condiciones y al resultar violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, el laudo impugnado en los aspectos analizados, y al no advertirse más deficiencia que suplir, en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el beneficio de la tutela constitucional a la quejosa para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo impugnado y en su lugar emita otro en el que determine la condena al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Tamaulipas, al pago de la prima de antigüedad en términos de esta ejecutoria, a partir del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo. ..."
Similares consideraciones sostuvo el mismo Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo 396/2010-I, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias no se transcriben.
QUINTO. En principio es relevante precisar que es criterio del Pleno de este Alto Tribunal que, para tener por configurada la contradicción de tesis, es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes sean idénticos, pues lo trascendente es que el criterio jurídico establecido en ellas en un tema similar sea discordante esencialmente.
Cabe advertir que la regla de mérito no es absoluta, pues el Tribunal Pleno dejó abierta la posibilidad de que previsiblemente cuando la cuestión fáctica analizada sea relevante e incida en el criterio al cual arribaron los Tribunales Colegiados contendientes, sin ser rigorista, es válido declarar la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada.
Lo anterior, de acuerdo con las tesis siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXII, agosto de 2010
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVII/2009
"Página: 67
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."
Hechas las precisiones anteriores, conviene determinar los elementos fácticos y jurídicos que los Tribunales Colegiados consideraron en sus resoluciones respectivas.
I. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 810/2009.
Antecedentes. Juicio laboral.
a) La parte actora demandó del organismo público descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas el pago de prima de antigüedad, por el periodo del quince de octubre de mil novecientos setenta y nueve (día en que ingresó a laborar) al uno de enero de dos mil ocho (fecha en que causó baja por jubilación).
b) El organismo demandado contestó que si bien el actor ingresó a laborar en la fecha que indica, lo hizo para la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, pues el organismo público descentralizado "Servicios de Salud de Tamaulipas" fue creado mediante decreto de veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, iniciándose una nueva relación de trabajo; que en caso de proceder el pago de la prima de antigüedad, sería exigible a partir de la creación del órgano descentralizado y hasta el uno de enero de dos mil ocho, fecha en que el actor causó baja por jubilación.
Laudo.
•·La Junta absolvió a la demandada del pago de prima de antigüedad.
•·El actor promovió demanda de amparo.
En el amparo directo, el Tribunal Colegiado estimó:
•·Que las relaciones laborales del organismo público descentralizado "Servicios de Salud de Tamaulipas", deben regirse por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal y su ley reglamentaria es la Ley Federal del Trabajo.
•·El mencionado organismo público descentralizado se creó mediante decreto de veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve.
•·El artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo establece tres supuestos de procedencia del pago de la prima de antigüedad: la primera, se refiere al retiro voluntario del trabajador, quien debe tener quince años de antigüedad, para hacerse acreedor al pago por dicho concepto; la segunda, que se aplica cuando el trabajador se separa con causa justificada; y, la tercera, en que se prevé la separación del trabajador, independientemente de que estén justificados o no el despido o la rescisión.
•·La procedencia para el pago de la prima de antigüedad supone la existencia de una separación del trabajo que puede ser voluntaria u originada por despido justificado o injustificado.
•·Que puede considerarse como retiro voluntario la baja del trabajador de su empleo por jubilación, en cuyo caso es indispensable que haya acumulado quince años efectivos laborados en su integridad.
•·Que la relación laboral perduró del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve al uno de enero de dos mil ocho, esto es, la vigencia de ese nexo fue de ocho años y diez meses, aproximadamente, plazo inferior al que exige la mencionada norma legal, de manera que no cubrió el requisito de quince años de antigüedad.
•·Niega el amparo.
II. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo laboral 800/2009-I.
Antecedentes. Juicio laboral.
a) La parte actora demandó del organismo público descentralizado "Servicios de Salud de Tamaulipas" el pago de prima de antigüedad, por el periodo del dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y nueve (día en que ingresó a laborar) al uno de enero de dos mil ocho (fecha en que causó baja por jubilación).
b) El organismo demandado contestó que la actora no cumplía los quince años que se requieren para tener derecho a la prima de antigüedad, por haberse separado voluntariamente; qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22976-b91d13e9/prima-de-antiguedad-de-trabajadores-de-organismos-publicos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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