EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. EL RECONOCIMIENTO DE SU CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO Y LA PROCEDENCIA PARA EMPLAZARLO, NO DEBE CONDICIONARSE A QUE LO SOLICITE EXPRESAMENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 413/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, al tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de tres Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal, lo cual compete a la especialidad de esta Sala, por lo que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue interpuesta por una de las partes que intervino en el recurso de reclamación -derivado de un juicio de amparo directo- en el que se sustentó uno de los criterios contendientes. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
TERCERO. Ejecutorias que participan de la contradicción. Con la finalidad de establecer y determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus determinaciones:
I. Consideraciones del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 7/2010.
De manera preliminar es importante destacar los antecedentes del asunto resuelto por el mencionado Tribunal Colegiado:
En el juicio de amparo directo 314/2010, del índice del citado órgano de control constitucional, el quejoso **********, por conducto de su defensor particular ********** interpuso recurso de reclamación contra el auto de presidencia de veintisiete de mayo de dos mil diez.
En el acuerdo impugnado el Tribunal Colegiado determinó que era necesario ampliar la investigación para obtener el domicilio de las personas que tienen el carácter de tercero perjudicados; por tal motivo, instruyó para que se requiriera mediante oficio a diversas autoridades para obtener los datos de localización que se necesitaban. Lo anterior para el efecto de agotar la investigación y, en caso de ignorarse el domicilio de los tercero perjudicados, proceder a la notificación por edictos, en términos del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo.
El Tribunal Colegiado resolvió declarar infundado el recurso de reclamación, al tenor de las consideraciones siguientes:
a) Es infundado el reclamo del inconforme, quien sostiene que el acuerdo impugnado contraviene el artículo 17 constitucional, al estar de por medio su libertad personal. Aunado a que las personas señaladas como terceros perjudicados no intervinieron con ese carácter en el proceso penal del que deriva el acto reclamado ni como coadyuvantes del Ministerio Público. Y la única intervención que tendrían en el juicio de amparo sería para formular alegaciones, lo que no trasciende en la resolución del fondo del asunto.
b) La fracción III del artículo 5o. de la ley dispone, en sentido amplio, las hipótesis de quiénes pueden intervenir en el juicio de amparo con el carácter de terceros perjudicados. En materia penal, en términos del inciso b) de dicha disposición, tienen ese carácter el ofendido o las personas que conforme a la ley tienen derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, respecto de actos judiciales del orden penal que afecten dicha reparación o responsabilidad. En consecuencia, pueden ser llamados a apersonarse o intervenir como tercero perjudicados en el juicio de amparo en materia penal, los ofendidos o las personas que tengan derecho a la reparación del daño.
c) El reconocimiento o no del carácter de tercero perjudicado no depende de la voluntad del quejoso ni de la autoridad responsable o de amparo, sino de la calidad con la que interviene en el juicio penal del que emana el acto reclamado, en términos del artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.
d) Contrario a lo aducido por el inconforme, para la admisión de la demanda de garantía y el señalamiento de tercero perjudicados no puede la presidencia del Tribunal Colegiado prejuzgar si la sentencia que llegare a emitirse afectará o no a las personas con derecho a la reparación del daño proveniente de la comisión de un delito; precisamente la intervención que se les dé en el juicio de amparo les permite hacer valer los derechos que les pudieran asistir respecto a la reparación del daño.
e) En atención a la posición jurídica que guarda el tercero perjudicado en relación con el acto reclamado, su emplazamiento a juicio constituye un auténtico presupuesto procesal, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de garantías pueden llegar a afectar su esfera jurídica. Por tanto, el incumplimiento al mismo, atribuible al quejoso, por la falta de exhibición de los edictos que se ordena en términos del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, una vez agotada la investigación del domicilio para realizar el emplazamiento respectivo, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de garantías, porque no es constitucionalmente válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica puede verse afectada con la resolución.(7)
f) No se comparte la afirmación del recurrente en el sentido de que la función del tercero perjudicado se limita a la expresión de alegatos, que por no formar parte de la litis no se tomarán en cuenta por el juzgador. La intervención va más allá, se dirige a defender la obtención de un beneficio producto del menoscabo sufrido. Por tanto, no existe afectación al artículo 17 de la Constitución Federal, porque el juicio de amparo debe tender a garantizar el acceso al juicio de todos los que posean un derecho y que de llegarse el caso resientan un perjuicio en su esfera jurídica.
g) Derivado de lo anterior, no es aplicable la tesis: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA QUE SE RECONOZCA TAL CARÁCTER AL OFENDIDO O A LA VÍCTIMA Y SE REALICE SU EMPLAZAMIENTO, DEBE SOLICITARLO EXPRESAMENTE.".(8) Aunado a que constituye un criterio aislado de un Tribunal Colegiado que no tiene carácter de obligatoriedad vinculante. Y alude a los casos en los que el ofendido o la víctima no comparece al proceso, pero en el asunto analizado las ofendidas sí comparecieron en la causa criminal de origen.(9)
h) Es infundado el argumento relativo a que sujetar la impartición de justicia al pago de los edictos, no obstante que el quejoso carece de solvencia, incide en una transgresión a sus derechos básicos, en atención a la naturaleza del acto reclamado. El inconforme apoya su argumento en la tesis aislada II.4o.P.5 P, con rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. LA AUSENCIA DE SU PUBLICACIÓN POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y DEMÁS ASPECTOS DERIVADOS DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DEL INCULPADO NO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 64/2002).".(10)
El acuerdo impugnado se sustenta en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, para ordenar la investigación tendente a conocer el domicilio de las tercero perjudicadas y emplazarlas a juicio; en el entendido de que agotada la investigación, de persistir el desconocimiento de los datos de localización de quienes deben ser notificados, el emplazamiento deberá realizarse mediante edictos a costa del quejoso. Por tanto, el factor económico que aduce el inconforme no es motivo para modificar o revocar el auto impugnado.
Tampoco es obligatorio observar el criterio aislado que cita el inconforme, porque el proveído impugnado deriva de un mandato legal y es acorde a la jurisprudencia 64/2002, dictada por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.".(11) Criterio que no ha sido abandonado, superado o interrumpido por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal.
i) Es aplicable al caso concreto el criterio sostenido por el mismo Tribunal Colegiado, reflejado en la jurisprudencia XI.P. J/1, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DEL QUEJOSO DE RECOGER, PUBLICAR O EXHIBIR EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS EN MATERIA PENAL. NO CONSTITUYE COSA JUZGADA Y, POR ENDE, SU DICTADO NO IMPIDE LA PROMOCIÓN DE UNA NUEVA DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL PROPIO ACTO RECLAMADO.".(12)
II. Consideraciones del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 6/2003.
Para conocer con claridad cuál fue la materia sobre la que versó la resolución de este órgano colegiado, primero es necesario dar cuenta de los antecedentes del asunto:
En los autos del juicio de amparo directo 1356/2003, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante escrito presentado el nueve de julio de dos mil tres, **********, quien se ostentó como representante legal de la empresa **********, solicitó el reconocimiento del carácter de tercero perjudicado al considerar que su representada tenía derecho a la reparación del daño derivada de la comisión del delito de abuso de confianza del que se ocupó la causa penal de origen.
Mediante acuerdo de ocho de agosto del mismo año, el presidente del referido Tribunal Colegiado desestimó la solicitud del ocursante al estimar que no se actualizaba la hipótesis de tercero perjudicado a que se refiere el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.(13) Inconforme con tal determinación, por escrito presentado el quince del mismo mes y año, ********** interpuso el recurso de reclamación. Medio de impugnación que se admitió por acuerdo de presidencia del Tribunal Colegiado, fechado el dieciocho siguiente, y se turnó para su resolución.
Derivado de los antecedentes descritos, el veintiocho de agosto de dos mil tres, el Tribunal Colegiado resolvió declarar fundado el recurso de reclamación y revocar el auto recurrido para el efecto de que se regularizara el procedimiento a fin de reconocer el carácter de tercero perjudicado en el juicio de garantías a la empresa **********, a través de su representante legal **********, a quien debería correrse traslado de la demanda de garantías para que estuviera en posibilidad de presentar las alegaciones a que se refiere el artículo 180 de la Ley de Amparo.
A continuación, se sintetizan las razones que llevaron al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito a dicha determinación -mismas que constituyen uno de los criterios denunciados-:
a) Es parcialmente fundado el agravio en el que el recurrente sostiene que el auto impugnado no está debidamente fundado y motivado. Es decir, a pesar de señalar los preceptos legales aplicables no contiene la expresión de las razones que se tomaron en consideración para estimar que no procedía reconocer al recurrente el carácter de tercero perjudicado, en calidad de representante legal de la empresa ofendida.
b) También es parcialmente fundada la consideración del inconforme al sostener que el acuerdo impugnado transgrede el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, al omitir considerar que la empresa representada tiene el carácter de ofendida en la causa penal y el toca del que derivó el juicio de garantías. De la interpretación del artículo 20 de la Constitución Federal se desprende que la víctima u ofendido puede intervenir en el juicio del orden penal y, por tanto, tiene el carácter de tercero perjudicado en el juicio de amparo directo promovido contra la sentencia definitiva que condenó al enjuiciado al pago de la reparación del daño derivada de la comisión del delito.
c) En términos de los artículos 5o., fracción III, inciso b) y 180 de la Ley de Amparo, en relación al 20 constitucional, en el amparo directo en materia penal debe reconocerse al ofendido el carácter de tercero perjudicado. Y al acreditarse que el recurrente tuvo el carácter de coadyuvante del Ministerio Público en el proceso penal del que deriva el juicio de garantías, debe reconocerse a la empresa ofendida, a través de su representante legal, la calidad que solicitó.
d) Al margen de lo anterior, el Tribunal Colegiado precisó que en el amparo directo en materia penal, mientras no lo solicite expresamente la víctima o el ofendido, que haya tenido el carácter de coadyuvante en el proceso penal, no procede emplazarlo como tercero perjudicado. A mayor razón, porque conforme al criterio del más Alto Tribunal del País, el Juez constitucional no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones expresadas mediante alegatos, pues al constituir simples opiniones de las partes respecto a sus pretensiones no se incorporan a la litis constitucional y la ley no les reconoce la fuerza procesal que tiene la demanda.
e) Lo anterior es importante porque lo alegado por el tercero perjudicado en nada influye en el sentido del fallo, en atención a que la condena a la reparación del daño, como pena pública, solamente es consecuencia del acreditamiento pleno de los elementos del delito y la responsabilidad penal del procesado en su comisión. Mientras en el amparo directo el Tribunal Colegiado se limita a confrontar las consideraciones y fundamentos vertidos en el acto reclamado frente a los conceptos de violación o suplir la deficiencia de la queja cuando se advierte, incluyendo el capítulo de reparación del daño, sin considerar los alegatos de la parte ofendida porque no forman parte de la litis constitucional.(14)
f) A través de la promoción del juicio de amparo, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, el ofendido tiene la facultad de impugnar la condena a la reparación del daño, cuando estime que afecta a sus intereses.
g) En gran parte de los procesos penales, el ofendido o la víctima no comparecen, por lo que sería imposible emplazarlos como terceros perjudicados en el amparo directo, a pesar de la existencia de la condena a la reparación del daño, por ignorarse su domicilio. La estimación contraria conllevaría una dilación al procedimiento de amparo, en el que generalmente por estar involucrada la libertad del quejoso se requiere mayor celeridad en la resolución.
El criterio conclusivo de la resolución al recurso de reclamación fue reflejado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis aislada I.6o.P.65 P, que se publicó en la página 1636 del Tomo XIX, correspondiente a enero de 2004, Materia Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el contenido siguiente:
"TERCERO PERJUDICADO EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO PENAL. PARA QUE SE RECONOZCA TAL CARÁCTER AL OFENDIDO O A LA VÍCTIMA Y SE REALICE SU EMPLAZAMIENTO, DEBE SOLICITARLO EXPRESAMENTE. El artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo establece que en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, tendrán el carácter de tercero perjudicado el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad proveniente de la comisión de un delito, siempre que dichos actos afecten dicha reparación o responsabilidad. Ahora bien, tratándose de un amparo directo en materia penal, la víctima u ofendido de un delito, que tuvo el carácter de coadyuvante en el proceso penal, debe solicitar expresamente se le reconozca como tercero perjudicado para que se le emplace con este carácter; lo anterior es así, toda vez que en un gran número de procesos penales el ofendido o la víctima no comparecen al proceso, de donde en algunos casos sería imposible su emplazamiento como terceros perjudicados, al acudir el sentenciado al amparo directo contra la sentencia condenatoria aun existiendo condena a la reparación del daño, entre otros motivos, por ignorarse su domicilio o haberse cambiado sin dar aviso a la autoridad, lo que traería una dilación en el procedimiento de amparo, en el que por tratarse generalmente de actos en los que está de por medio la libertad del quejoso, debe buscarse la mayor celeridad en la resolución. Lo antes expuesto se robustece en el sentido de que las alegaciones que pudiera formular el ofendido o la víctima de un delito en el juicio de amparo directo con su carácter de tercero perjudicado no forman parte de la litis constitucional, sino que constituyen simples opiniones o conclusiones de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley reconoce a la demanda, por tal motivo el Juez constitucional no tiene el deber de analizarlas, toda vez que la condena a la reparación del daño como pena pública que no es más que la consecuencia al acreditarse plenamente los elementos del delito imputado y demostrase plenamente la responsabilidad del procesado en su comisión, de esta forma lo alegado por el tercero perjudicado en nada influiría en el sentido del fallo que se pronuncie, porque al resolverse el amparo directo, el Tribunal Colegiado se limita a confrontar únicamente las consideraciones y fundamentos de la autoridad responsable ordenadora vertidas en el acto reclamado frente a los conceptos de violación, e incluso a suplir la deficiencia de la queja, si ésta se advierte, incluyendo el capítulo de la reparación del daño, sin tomar en cuenta alegato alguno esgrimido por la parte ofendida, pues como ya se dijo ello no forma parte de la litis constitucional. Lo antes expuesto no es obstáculo para que el tercero perjudicado, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo promueva el juicio de amparo en relación a su facultad de impugnar la condena a la reparación del daño cuando estime que ésta afecta sus intereses."
III. Consideraciones del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de reclamación 9/2007.
El recurso fue interpuesto en el juicio de amparo directo 69/2006, promovido por el quejoso **********. Mediante acuerdo de veintidós de agosto de dos mil seis, el presidente de dicho Tribunal Colegiado acordó requerir a la Sala Penal responsable que realizara el emplazamiento a juicio de la tercera perjudicada, corriéndole traslado de la demanda de amparo.
Por acuerdo de trece de abril de dos mil siete, el presidente del Tribunal Colegiado, después de destacar que el demandante de amparo no presentó el comprobante de pago de la publicación de los edictos ordenados para el emplazamiento a juicio de la tercero perjudicada y su publicación, resolvió desechar la demanda de garantías al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, al incumplirse un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento, que impide al Tribunal Colegiado pronunciarse sobre el fondo del asunto, porque constitucionalmente no es válido resolver el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica puede verse afectada con la resolución. Por tanto, al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa del quejoso, para lograr el emplazamiento del tercero perjudicado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, al entorpecer la administración de justicia ante el retardo de la solución del conflicto atribuible al quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público de la sociedad para que los asuntos se resuelvan en los términos que señala la ley.(15)
En virtud de que el demandante de amparo, mediante escrito subsecuente, expresó que carecía de recursos para solventar el gasto de los edictos, solicitó que para dar cumplimiento al proceso legal se notificara por lista a la tercero perjudicada, a fin de no dejarlo en estado de indefinición, ya que estaba privado de la libertad e impugnó la anterior determinación. El presidente del Tribunal Colegiado acordó el veintisiete de abril de dos mil siete, que debía estarse al acuerdo anterior, contra el que tuvo por interpuesto el recurso de reclamación.
Las consideraciones que sustentó el Tribunal Colegiado al resolver el recurso de reclamación son las siguientes:
a) En suplencia de la deficiencia de la queja, es fundado el recurso de reclamación. El acuerdo de desechamiento se sustentó en la jurisprudencia 64/2001, la cual no es aplicable al caso concreto, porque deriva del análisis de materias administrativa y civil, ajenas a la penal, al tenor de las cuales se interpretó la fracción II del artículo 30 Bis de la Ley de Amparo.
b) El sobreseimiento en el juicio de amparo por incumplimiento a las directrices de emplazamiento al tercero perjudicado en términos del dispositivo en comento, no tiene aplicación en forma generalizada, sobre todo en el juicio de amparo directo en materia penal.
Destaca que en el juicio de amparo indirecto la intervención del tercero perjudicado es relevante porque puede incidir en el sentido de la resolución que lo culmina, en la medida de que la ley le permite ofrecer pruebas, entre otros fines, para sostener la constitucionalidad del acto reclamado, demostrar alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento; por tanto, la omisión del emplazamiento constituye una violación procesal que puede trascender al fondo del fallo del asunto.
Sin embargo, en el amparo directo en materia penal, a pesar de que la víctima o el ofendido de un delito haya tenido el carácter de coadyuvante en el proceso penal y se le reconozca el carácter de tercero perjudicado en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, la falta de emplazamiento, a pesar de constituir una violación formal al procedimiento, no trasciende al sentido del fallo.
c) En el juicio de amparo directo el acto reclamado es la sentencia definitiva, cuyo sentido de afectación se rige por el acreditamiento del delito y la responsabilidad penal del acusado y, como consecuencia, que las penas decretadas sean las exactamente aplicables, en observancia al artículo 14 constitucional. Aspectos respecto de los que no tiene alcance el interés jurídico con el que cuenta el tercero perjudicado en el juicio de amparo directo en materia penal.
La Ley de Amparo delimita su interés jurídico para la subsistencia del acto reclamado únicamente a los apartados relacionados de la sentencia condenatoria que afectan la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito. Así, no obstante que el artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal establece una serie de derechos subjetivos a favor de la víctima u ofendido del delito, no lo hace titular de ninguna acción penal o persecutoria, porque de ésta es titular exclusivo y excluyente el Ministerio Público.
d) La falta de emplazamiento de la víctima u ofendido del delito, como tercero perjudicado en el juicio de amparo, derivada de que en el proceso penal no compareció o por haber cambiado de domicilio sin informarlo a la autoridad judicial, lo que en algunos casos conduce a una material e imposible localización; aunque originalmente da lugar a implementar la investigación para ubicarlo, y en su defecto a optar por ordenar su notificación mediante edictos, en términos del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, no da lugar a soslayar que la falta de de publicación de los edictos puede derivar de la imposibilidad de hacerlo por la falta de recursos económicos del quejoso o la circunstancia de estar privado de la libertad personal.
e) Aunado a que la falta de emplazamiento del tercero perjudicado no deriva de una conducta contumaz del quejoso, que signifique el entorpecimiento en la administración de justicia, sino de quien teniendo interés jurídico en la forma precisada opta por no acudir al juicio de amparo directo.
f) Incluso el alegato que en el juicio de amparo directo realiza la víctima u ofendido del delito con el carácter de tercero perjudicado, en puridad jurídica, no forma parte de la litis constitucional, solamente constituye una opinión o conclusión de una de las partes procesales sobre el fundamento de su pretensión para la subsistencia de la reparación del daño; misma que no tiene fuerza vinculatoria, porque la constitucionalidad del acto reclamado no depende de los argumentos de las partes, sino de que no afecte los derechos subjetivos del quejoso.
g) En caso de que la víctima u ofendido considerara que la sentencia definitiva trastoca sus derechos subjetivos tutelados por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal, deberá intervenir en el juicio de amparo directo con el carácter de quejoso, no de tercero perjudicado.
Determinación que ordenó dejar sin efectos el acuerdo impugnado y sus consecuencias, para que en su lugar la presidencia del Tribunal Colegiado mantuviera la admisión la demanda de amparo.
El criterio del Tribunal Colegiado se refleja en la tesis aislada II.4o.P.5 P, publicada en la página 1004 del Tomo XXVIII, correspondiente a diciembre de 2008, Materia Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el contenido siguiente:
"EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. LA AUSENCIA DE SU PUBLICACIÓN POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y DEMÁS ASPECTOS DERIVADOS DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DEL INCULPADO NO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 64/2002). Aun cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002 publicada en la página 211, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo el criterio cuyo epígrafe dice: ‘EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.’, cabe señalar que éste no es aplicable en tratándose de juicios de amparo directos en materia penal, ya que deriva de materias ajenas a ésta, a saber, administrativa y civil. Bajo esta óptica, resulta inconcuso que la ausencia de publicación de los edictos, dirigidos al emplazamiento de la víctima u ofendido de un delito, por falta de recursos económicos y demás aspectos derivados de la privación de la libertad del inculpado, no da lugar al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues aunque constituye una violación formal al procedimiento no representa el incumplimiento de un presupuesto procesal que trascienda al estricto y fundamental sentido del fallo que pudiera emitirse, toda vez que si el acto reclamado lo constituye la sentencia definitiva, en la que los dos lineamientos esenciales que la rigen es que el delito o cuerpo del delito y la responsabilidad penal del acusado se encuentren plenamente acreditados y, como consecuencia de esto, que las penas impuestas estén decretadas en ley y sean las exactamente aplicables, es evidente que el interés jurídico del tercero perjudicado (víctima u ofendido) que en sentido lato se traduce en la subsistencia del acto reclamado, no puede tener ese alcance o sentido, ya que es la propia Ley de Amparo la que lo delimita a los actos judiciales del orden penal que afecten la reparación del daño o la responsabilidad civil, de tal suerte que si una sentencia produce esa afectación, ello conduciría a establecer que su interés jurídico radica en la subsistencia del acto reclamado, pero desde luego que delimitado a dicha reparación, sin comprender aquellos dos aspectos esenciales que rigen su sentido de afectación; además, porque el alegato que formule el ofendido o la víctima en un juicio de amparo directo como tercero perjudicado, en puridad jurídica, no forma parte de la litis constitucional, toda vez que la legalidad de la sentencia no depende de los argumentos de las partes, sino de que ésta no afecte, trastoque o vulnere los derechos subjetivos públicos, no del tercero perjudicado, sino del quejoso."
CUARTO. Desacuerdo de criterios y fijación del tema a dilucidar.
I. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(16) puesto que dicho criterio ya fue interrumpido.
Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
En ese sentido, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23086-4879a3e7/emplazamiento-de-la-victima-u-ofendido-del-delito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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