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Modo: Corpus Pro

REVOCACIÓN. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIONAL PROCEDENCIA DEL RECURSO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RELATIVA A LOS "ACTOS DE EJECUCIÓN SOBRE BIENES LEGALMENTE INEMBARGABLES", DEBE MATERIALIZARSE EL EMBARGO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 217/2011. · Registro digital (IUS): 23123
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 1478.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 217/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en la medida de que los criterios denunciados como discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que es del siguiente tenor:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."

Se expone tal aserto, en virtud de que en la especie denuncia la presente contradicción de criterios la Magistrada presidenta del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que es el órgano judicial que emitió uno de los criterios en probable contienda, de ahí que es patente que tiene legitimación para actuar en el mencionado sentido.

TERCERO. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas:

I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión del doce de marzo de dos mil nueve la revisión fiscal número 75/2009, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"... De la sentencia que se revisa se advierte que la Sala del conocimiento declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 325-SAT-09-II-V-15086, de veinticuatro de octubre de dos mil siete, emitida por el subadministrador de Resoluciones ‘2’, en suplencia por ausencia del administrador local jurídico del Centro del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, a través de la cual desechó el recurso de revocación interpuesto en contra de un mandamiento de ejecución, que se diligenció mediante el acta de requerimiento de pago y embargo de veintidós de agosto de ese año, por lo que el efecto de la declaratoria respectiva consistió en que la demandada analizara y resolviera el citado medio de defensa.

"Para llegar a esa conclusión, la Sala estudió el contenido de los artículos 117, fracción II, inciso b), 120, primer párrafo y 127 del Código Fiscal de la Federación, y sostuvo que de dichos preceptos se desprende que el recurso de revocación es procedente en contra de los actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley, pudiendo el interesado, tratándose de violaciones cometidas antes del remate, interponerlo dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria de remate, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, pues en estas hipótesis el plazo inicia a partir de la notificación del requerimiento de pago o de la diligencia de embargo.

"Asimismo, el tribunal argumentó que los bienes de la parte actora, de conformidad con los artículos 253 y 255 de la Ley del Seguro Social, son inembargables al constituir una parte del dominio público de la Federación.

"A partir de tal premisa, la Sala consideró que en la especie se actualizaba una de las excepciones previstas en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, es decir, que el plazo para interponer el recurso de revocación, tratándose de actos de ejecución sobre bienes inembargables, se cuenta a partir de la notificación del requerimiento de pago, y no desde la publicación de la convocatoria de remate.

"Por tanto, el plazo que tenía la parte actora para interponer el recurso de revocación, sigue diciendo el tribunal, era de cuarenta y cinco días contados a partir de la notificación del requerimiento de pago de veintidós de agosto de dos mil siete.

"Finalmente, la Sala sostuvo que no constituía un obstáculo para resolver de esa forma la circunstancia de que la autoridad demandada hubiera argumentado que la actora no acreditó que se trabó embargo sobre bienes de su propiedad a efecto de considerarlos inembargables, y actualizarse de esta forma el supuesto de excepción previsto en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que, en concepto de la a quo, la locución empleada en dicho precepto relativa a ‘actos de ejecución’ no implica que se hubiera ejecutado el embargo, sino que comprende todas aquellas etapas del procedimiento administrativo de ejecución, como lo es el requerimiento de pago.

"Tan es así, concluye el tribunal, que el plazo para interponer el recurso de revocación en las hipótesis de excepción se computa a partir de la notificación del requerimiento de pago o del día siguiente al de la diligencia de embargo.

"En contra de las consideraciones anteriores, la autoridad formula un único agravio en su recurso de revisión. En él sostiene, fundamentalmente, que la excepción a la regla general de procedencia del recurso de revocación, en el supuesto que se analiza, únicamente opera cuando se demuestra la ejecución de un embargo sobre bienes que no puedan ser objeto de esa medida, y se acredita su propiedad por el afectado.

"Por otro lado, la autoridad refiere que, de acuerdo con los artículos 253 y 255 de la Ley del Seguro Social, no todos los bienes que conforman el patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social son inembargables, pues únicamente tienen ese carácter aquellos que están afectos a la prestación directa de sus servicios, siendo que la parte actora no demostró en el juicio que el embargo se pretendió ejecutar sobre esa clase de bienes.

"Por tanto, en opinión del recurrente, como la parte actora no demostró ubicarse en la hipótesis de excepción, el recurso de revocación cuyo desechamiento motivó la instauración del juicio contencioso administrativo debió interponerse hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria.

"De lo anterior se advierte que la litis central en el presente asunto se constriñe a resolver si una de las excepciones relativas a la regla general de procedencia del recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación se actualiza o no cuando el fisco federal realiza actos de ejecución sobre bienes inembargables, aun cuando no se hubiera trabado embargo sobre ellos, pues mientras que la Sala sostuvo que sí, la autoridad recurrente sostiene una posición contraria.

"En otras palabras, la solución a la presente controversia implica esclarecer el significado de la locución: ‘actos de ejecución sobre bienes inembargables’, pues en tanto que el recurrente entiende por ella la realización efectiva de un embargo y, por tanto, que el recurso de revocación sólo procede una vez que se lleva a cabo, la Sala argumentó que tal frase no sólo implica la ejecución de esa medida, sino el desarrollo de todas las etapas de las que se compone el procedimiento administrativo de ejecución, entre las que se encuentra el requerimiento de pago; de ahí que en su contra sí procede el citado medio de defensa.

"Una vez resuelto ese tópico, se estará en condiciones de decidir si el recurso de revocación intentado por la actora, tal y como lo mencionó la a quo, no debió desecharse.

"Para tal efecto, conviene señalar que el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, con motivo de la reforma publicada el veintiocho de junio de dos mil seis en el Diario Oficial de la Federación, quedó redactado de la siguiente manera:

"‘Artículo 127.’ (se transcribe).

"La reforma al numeral transcrito tuvo como finalidad limitar la procedencia del recurso de revocación en contra de los actos emitidos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que, a diferencia de la antigua redacción de ese precepto, ahora sólo procede contra la resolución que ordena la publicación de la convocatoria a remate, y debe interponerse dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, momento en el cual podrán impugnarse, además, los vicios que se hubieren cometido durante dicho procedimiento.

"Esa es la regla general que establece la procedencia del recurso; sin embargo, el legislador estableció dos hipótesis de excepción que se actualizan cuando se impugnan actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o actos de imposible reparación material, supuestos en que el plazo para interponer el recurso se computa a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo.

"Ahora, de la interpretación literal que se realice al artículo 127 del Código Fiscal de la Federación no se desprende que la primera de estas salvedades opera siempre y cuando se haya ejecutado materialmente un embargo sobre bienes que no puedan ser objeto de esa medida, pues lo que prescribe expresamente dicho precepto es que la excepción se actualiza en los casos en que se lleven a cabo actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables.

"Así se desprende de la redacción del numeral en comento, al establecer literalmente que:

"‘... salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables ...’

"Los ‘actos de ejecución’ sobre dichos bienes, como lo expuso la Sala del conocimiento, no implican, exclusivamente, la realización formal de un embargo, sino que comprenden todos aquellos actos o diligencias que, dictados o realizadas dentro del procedimiento administrativo de ejecución, pueden incidir en bienes que no son susceptibles de ser afectados con tal medida.

"El mandamiento de ejecución, el requerimiento de pago o el acta de embargo -aunque éste, finalmente, no se lleve a cabo- constituyen, indudablemente, actos de ejecución que pueden afectar bienes que, por su naturaleza, destino o por el carácter de su propietario, no puedan ser embargados.

"En efecto, el señalamiento o designación específica en tales actos de una cosa que, por las razones mencionadas, no pueda ser objeto de un embargo, trae como consecuencia que puedan ser considerados como ‘actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables.’

"Lo que resulta innegable es que el legislador no quiso supeditar la actualización de la excepción que se estudia al hecho de que se hubiera trabado formal embargo sobre bienes que no puedan ser asegurados por el fisco federal, ya que de otra forma no hubiera hecho mención del término ‘actos de ejecución’, sino que, por el contrario, se hubiera referido directamente a la materialización de un embargo sobre dichos bienes.

"Incluso, la conclusión precedente se corrobora tomando en cuenta que el plazo para interponer el recurso de revocación, tratándose de las hipótesis de excepción, se computa a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo.

"La conjunción disyuntiva ‘o’ utilizada por el legislador en el artículo citado denota claramente una alternancia exclusiva o excluyente; de ahí que no sea imprescindible esperar a la realización material del embargo para que proceda el medio de defensa de que se trata, sino que éste puede intentarse a partir del día hábil siguiente a la notificación del requerimiento de pago, siempre y cuando, claro está, ese acto de ejecución incida sobre bienes legalmente inembargables.

"Además, si los actos de ejecución trascienden a tales bienes, resultaría ilógico afirmar que, mientras no se afecten, entonces el particular se encuentra obligado a esperar a que se emita la publicación de la convocatoria de remate para que proceda su recurso de revocación, pues la propia naturaleza de éstos impide, legalmente, que se expida dicha convocatoria.

"Tales consideraciones se formulan a partir de la interpretación literal de la norma en estudio, pero la conclusión adoptada también encuentra justificación atendiendo a su teleología.

"Una vez que fue limitada la procedencia del recurso de revocación con la reforma antes mencionada, el fin pretendido por el legislador, en el supuesto de excepción que se analiza, consiste en que el contribuyente no tuviera que soportar un embargo sobre bienes que no pueden ser objeto de esa medida, sino que, a partir de la realización de actos de ejecución sobre ellos, como el mandamiento de ejecución, el requerimiento de pago o el acta de embargo -si éste no se lleva a cabo-, el gobernado pudiera defenderse en sede administrativa y evitar la realización de dicha providencia.

"De otra forma, no se explicaría por qué el recurso puede intentarse desde el día hábil siguiente a la notificación del requerimiento de pago.

"La procedencia del recurso en este supuesto, por tanto, no está supeditada a la realización de un embargo, sino únicamente a la demostración de que los actos de ejecución puedan afectar bienes respecto de los cuales exista un impedimento legal para afectarlos con ese derecho personal.

"Aquí es importante destacar que esa demostración debe tener lugar durante la tramitación del recurso de revocación, pues sólo de esta forma es que el particular podría acreditar que se encuentra en el supuesto de excepción, precisamente porque los actos de ejecución que impugna inciden en bienes de su propiedad que son inembargables.

"En otras palabras, el recurrente debe aportar en ese recurso las pruebas que acrediten la calidad inembargable de sus bienes.

"Concluir lo contrario desnaturalizaría el carácter excepcional del supuesto de procedencia del recurso de revocación que se analiza, pues le bastaría al contribuyente alegar que los actos de ejecución inciden en bienes de su propiedad que no pueden ser gravados, sin tener que demostrar ese extremo, para eludir la hipótesis general de procedencia del medio de defensa, que exige que el recurso se interponga hasta el momento es que se publique la convocatoria de remate.

"Una vez expuesto lo anterior, debe hacerse referencia al caso concreto.

"En el expediente del juicio de nulidad no se encuentran agregadas las constancias relativas al mandamiento de ejecución y al requerimiento de pago a través de las cuales se pretendió hacer efectivo a la parte actora el crédito fiscal número 1250170, en cantidad de $381.16 (trescientos ochenta y un pesos, dieciséis centavos), pues las partes únicamente ofrecieron como prueba la resolución administrativa impugnada, por la que se desechó el recurso de revocación intentado por aquélla en contra de dichos actos.

"Sin embargo, en la propia resolución impugnada se da noticia de esos actos, así como que el requerimiento de pago se dirigió a la parte actora, es decir, al Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Tomando en cuenta la naturaleza jurídica de esa institución y el carácter de su patrimonio, la Sala argumentó que los actos de ejecución impugnados en sede administrativa, de conformidad con los artículos 253 y 255 de la Ley del Seguro Social, afectaban bienes inembargables; por lo que consideró que en la especie se actualizaba una de las hipótesis excepcionales de procedencia del recurso de revocación prevista en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación.

"Sin embargo, como lo sostiene el recurrente, la a quo inadvirtió que en términos del último de los numerales citados, no todos los bienes del Instituto Mexicano del Seguro Social tienen el carácter de inembargables, sino sólo aquellos que estén afectos a la prestación directa de los servicios que otorga.

"Así se desprende de la lectura al artículo 255 de la Ley del Seguro Social, que dice lo siguiente: (se transcribe).

"Ahora, aunque en el juicio contencioso administrativo no se demostró que los actos de ejecución trascendieran a bienes de la actora que, efectivamente, tienen el carácter de inembargables, no se le podía exigir esa actuación en el juicio como lo pretende el recurrente en sus agravios, pues la razón que motivó el desechamiento del recurso de revocación no se sustentó en esa causa, sino en la diversa consistente en que todo acto emitido dentro del procedimiento administrativo de ejecución debe impugnarse hasta que se publique la convocatoria de remate.

"En la resolución administrativa impugnada ni siquiera se hizo mención de que la hipótesis general de procedencia del recurso de revocación admite dos excepciones. Por el contrario, sin analizar éstas, y sin valorar las pruebas que hubiera ofrecido la parte actora, se resolvió desechar el citado medio de defensa.

"Los antecedentes narrados y las consideraciones expuestas en líneas arriba evidencian que los agravios del recurrente son infundados, ya que, por una parte, y contrario a lo que sostiene, la actualización de la hipótesis excepcional de procedencia del recurso de revocación relativa a los ‘actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables’ no está supeditada a la ejecución material de un embargo, sino únicamente a la demostración de que tales actos incidan sobre bienes que no puedan ser gravados y, por la otra, en tanto que no podía exigírsele a la parte actora que demostrara en el juicio el carácter inembargable de sus bienes, pues de ese tema no se ocupó la resolución administrativa impugnada y es ajeno, por tanto, a la materia de decisión que pudo ser combatida.

"Incluso, partiendo del supuesto legal previsto en el artículo 255 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y teniendo en cuenta su objeto, es decir, que por regla general los bienes de esa institución están destinados al cumplimiento de sus fines, la autoridad demandada debió demostrar en el juicio que el recurso de revocación intentado por la actora era improcedente al no afectarse bienes que fueran inembargables, lo que finalmente no hizo.

"En las relatadas condiciones, y ante lo infundado del único agravio propuesto, lo que conforme a derecho procede es confirmar la sentencia recurrida y declarar la nulidad, para efectos, de la resolución administrativa impugnada. ..."

II. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión del cuatro de mayo de dos mil once la revisión fiscal 53/2011, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"... Aduce en esencia la recurrente, que la Sala fiscal hizo una indebida interpretación y aplicación del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, al considerar que en el caso los actos de ejecución se realizaron sobre bienes inembargables, no obstante que el Instituto Mexicano del Seguro Social no acreditó encontrarse en alguno de los supuestos de excepción, dado que no exhibió el acta de embargo, de ahí que la parte actora tenía que esperar para interponer el recurso de revocación el plazo de diez días a partir de la convocatoria de remate.

"Que en el asunto los actos recurridos recayeron en el mandamiento de ejecución y el acta de requerimiento de pago a través de los cuales se requirió el pago del crédito fiscal de que se trata, pero no se realizó embargo alguno por lo que no se ha publicado la primera convocatoria para el remate, en tanto que no existen bienes embargados.

"Asevera, que no basta que el recurso de revocación lo haya interpuesto el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que era necesario que demostrara que la autoridad exactora sustrajo bienes inembargables de su propiedad.

"Es menester señalar que con base en lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo y, debido a la estrecha relación de los motivos de disenso expuestos, éstos se analizan en forma conjunta.

"Como se dijo, asiste la razón a la recurrente pues, en el juicio de nulidad no se advierte que la aquí quejosa, acreditara que en el caso existió embargo sobre bienes de carácter inembargable y que por tanto, se encuentra en el caso de excepción contemplado en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación.

"Esto es, los artículos 117 y 127 del Código Fiscal de la Federación disponen:

"‘Artículo 117.’ (se transcribe).

"‘Artículo 127.’ (se transcribe).

"De la interpretación sistemática de dichos preceptos, se colige que de acuerdo con el precepto aplicable del artículo 127, en relación con los numerales 117, fracción II, inciso b), en relación con el diverso numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución antes del remate, se podrán impugnar sólo hasta que se publique la convocatoria respectiva, dentro de los diez días siguientes a tal evento, lo cual significa que esta clase de actos no serán recurribles de manera autónoma, como sucedía antes de la reforma del artículo 127.

"Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 18/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 197/2008-SS, consultable en la página cuatrocientos cincuenta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, correspondiente a marzo de dos mil nueve, Novena Época, de rubro y texto siguientes:

"‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006.’ (se transcribe texto).

"Sin que se pase por alto, que en la misma disposición se establecieron como excepciones, los actos de ejecución sobre bienes inembargables o los de imposible reparación material, casos en los que el recurso administrativo se podrá interponer a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o la diligencia de embargo, de donde resulta que siendo impugnables las excepciones citadas -actos del procedimiento administrativo de ejecución- a través del recurso de revocación y siendo éste opcional, conforme con el artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, en su contra será procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al tener la naturaleza de actos o resoluciones definitivas.

"Es menester reiterar, que en la resolución impugnada se resolvió desechar el recurso de revocación interpuesto en contra del mandamiento de ejecución de dieciséis de julio de dos mil nueve y acta de requerimiento de pago de veintiuno de julio del mismo año, respecto al crédito fiscal de que se trata; lo que permite concluir que si en el particular, no se acreditó embargo alguno sobre bienes que pudieran tener carácter de inembargables, no puede considerarse que se actualizó la hipótesis de excepción en el sentido de que el embargo se trabó sobre bienes inembargables, máxime que del acta de embargo que obra en la foja 39, se observa que no se continuó con dicha diligencia por estimar que los bienes del instituto eran inembargables.

"De ahí que no se haya surtido la hipótesis de excepción prevista en el artículo 127, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, respecto a la interposición del recurso de revocación.

"En efecto, para la actualización del supuesto de que se trata, es indispensable que la autoridad embargue bienes de esa naturaleza, pues la intención del creador de la norma en cuanto a la procedencia del recurso de revocación para impugnar actos emitidos en el procedimiento administrativo de ejecución con anterioridad a la publicación de la convocatoria de remate, es precisamente otorgar la posibilidad al afectado de acceder a una instancia administrativa y por ser optativa su interposición, al juicio contencioso administrativo federal, con el objeto de defender los bienes afectados indebidamente por ser inembargables conforme a alguna disposición legislativa; es decir, la materialización del embargo sobre ese tipo de bienes es un requisito sin el cual no puede actualizarse la excepción examinada.

"Similares consideraciones se vertieron al resolver el juicio de amparo DA. 562/2010 el veintisiete de octubre de dos mil diez.

"En las relatadas condiciones, lo procedente es declarar fundado el recurso. ..."

CUARTO. En principio, es menester destacar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo estableció que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales. El citado criterio establece lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)

De la jurisprudencia preinserta se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23123-5bfee276/revocacion-para-que-se-actualice-la-excepcional-procedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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