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Modo: Corpus Pro

TRIBUNALES DEL FUERO MILITAR. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR COMETIDOS CUANDO EL SUJETO ACTIVO PERTENECÍA A LAS FUERZAS ARMADAS, AUNQUE CON POSTERIORIDAD A SU COMISIÓN SEA DADO DE BAJA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 381/2010. · Registro digital (IUS): 23131
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL ENTONCES DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO ACTUAL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL C
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 977.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 381/2010. SUSCITADA ENTRE EL ENTONCES DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO ACTUAL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de naturaleza penal, los cuales son de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación de los denunciantes. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Criterios contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito conoció del amparo en revisión 124/2010. Para su debida comprensión, a continuación se narran los hechos que dieron origen a este asunto:

********** (quejoso) causó alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos el **********. En agosto de 2009 ostentaba el grado de sargento segundo de la Fuerza Aérea, especialista en electrónica de aviación en el instituto armado perteneciente al Escuadrón Aéreo 109.

El quejoso se encontraba comisionado como especialista en mantenimiento de aviación del avión Cessna C-182S, matrícula 5441, en la Plaza de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dicha aeronave se encontraba apoyando las operaciones en contra del narcotráfico de la Séptima Región Militar. A partir del 5 de agosto de 2009 el quejoso no se presentó por tres días consecutivos a las listas de diana y retreta. El 7 de agosto de 2009, el subteniente de Fuerza Aérea piloto aviador, **********, perteneciente al Escuadrón 109, levantó acta de Policía Judicial Militar en contra del señor **********.

El 11 de agosto de 2009, el Ministerio Público Militar Especial adscrito a la Séptima Región Militar ejerció acción penal en contra del sargento segundo **********, por su probable responsabilidad del delito de deserción no estando en servicio, previsto y sancionado por los artículos 255, fracción II y 256, fracción II, del Código de Justicia Militar. Asimismo, solicitó que la autoridad judicial emitiera orden de aprehensión.

El 27 de agosto 2009, el Juez Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar emitió la orden de aprehensión solicitada; suspendió el procedimiento en la causa "en tanto el inculpado sea aprehendido ... o se presente voluntariamente" y declaró al quejoso como prófugo de la justicia.

El 29 de septiembre de 2009, el general de división piloto aviador diplomado de Estado Mayor, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, giró un oficio (**********) por medio del cual informa que con fecha 1o. de octubre del mismo año, el sargento segundo ********** había causado baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El 11 de febrero de 2010, el quejoso compareció voluntariamente ante el Juez militar de la causa, bajo los efectos de la suspensión provisional otorgada por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Por lo anterior se reanudó el procedimiento en la causa y se decretó la detención constitucional del quejoso sin la restricción de su libertad personal. En la misma fecha se recabó su declaración preparatoria y dos días después se le dictó auto de formal prisión por el del delito de deserción no estando en servicio, previsto y sancionado por los artículos 255, fracción II y 256, fracción II, del Código de Justicia Militar, al tener demostrado que el sargento segundo ********** no se presentó por tres días consecutivos a pasar lista de diana y retreta.

En contra del auto de formal prisión, el 2 de marzo de 2010 el señor ********** promovió amparo indirecto.

El Juez de Distrito determinó amparar para efectos al señor **********, pues consideró que:

• Resulta inconcuso que si la propia autoridad castrense que se encuentra conociendo de un procedimiento seguido en contra de quien ostentó un cargo de militar, determinó que éste debía ser tratado como un civil -pues fue dado de baja en virtud de que desertó-, no obstante que dicho procedimiento se siga por un delito que relacionado con un ilícito militar, el asunto ya no es de su competencia, dado que el encausado es ajeno al fuero militar. Por lo tanto, si mediante oficio de 29 de septiembre de 2009, el general de división piloto aviador diplomado de Estado Mayor, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana ordenó que a partir del 1o. de octubre de ese año el quejoso causara baja del Ejército, situación que reconoció la propia autoridad responsable al momento que decretó su detención constitucional, los actos dictados con posterioridad a dicha determinación fueron dictados por una autoridad que carece de competencia para conocer del asunto, entre ellos, el auto de formal prisión, infringiendo con ello las garantías de seguridad jurídica del procesado y no siguiendo, por ende, las formalidades esenciales del procedimiento.(1)

En contra de la sentencia del Juez de Distrito, la Procuraduría General de la República interpuso recurso de revisión, señalando en sus agravios que el quejoso se encontraba en el activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos al momento de cometer el delito de deserción no estando en servicio, previsto y sancionado por los artículos 255, fracción II y 256, fracción II, del Código de Justicia Militar.

En su sentencia, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó revocar la sentencia sujeta a revisión, atendiendo a las siguientes razones:

• Al atender al contenido material de la norma que prevé la conducta ilícita de deserción no estando en servicio (artículo 255, fracción II, del Código de Justicia Militar), es posible advertir que su naturaleza es de carácter eminentemente militar, en tanto se configura cuando el sujeto activo faltare sin impedimento justificado por tres días consecutivos a las listas de diana y retreta de las fuerzas a que pertenezcan o a las dependencias de que formen parte.(2)

• No es posible determinar que dicha conducta corresponda a diversa jurisdicción (federal o común), pues al actualizarse un hecho delictivo que satisface los ámbitos de validez de las normas militares, es evidente que ello excluye la aplicación de cualquier otro fuero; máxime cuando en razón de su contenido material, los elementos de la norma que definen el bien jurídico protegido ("la existencia y seguridad del Ejército Mexicano"), son palmariamente privativos de la jurisdicción militar.(3)

• No obsta que con posterioridad a la comisión del delito se modifiquen las circunstancias personales de quien interviene en su comisión, como sería el caso de que el militar dejara de tener esa calidad, pues dicha circunstancia no hace atípica, justificada ni legítima la conducta delictiva originalmente desplegada por el sujeto activo. En esa virtud, dicha conducta debe ser analizada y, en su caso, sancionada a la luz de las circunstancias que regían al momento de la comisión del delito.(4)

• Si bien el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, ello debe entenderse en el sentido de que el imputado no sea miembro del Ejército al momento de cometer el delito que se le atribuye, sin importar para tal efecto si ulteriormente deja de pertenecer a éste. Es evidente que si al momento de la comisión del ilícito el quejoso pertenecía al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en tanto tenía el grado de sargento segundo, ello lo obligaba de manera indefectible a cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter militar, de conformidad con los artículos 7 y 134 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; por ende, también se encontraba sujeto a la jurisdicción de los tribunales militares al haber supuestamente cometido un delito de orden militar, en el caso, deserción no estando en servicio, previsto y sancionado por los preceptos 255, fracción II y 256 del Código de Justicia Militar.(5)

• La baja del quejoso del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con posterioridad a la posible comisión del delito que se le imputa, no elimina la competencia del Juez Sexto Militar adscrito a la Sexta Región Militar para seguir conociendo del asunto hasta su legal conclusión. Dicha circunstancia no vincula a la citada autoridad para que deje de conocer del delito que probablemente cometió el justiciable cuando todavía prestaba sus servicios en el activo del instituto armado, pues, si así fuere, bastaría que cualquier procesado obtuviera o fuera dado de baja para que cesara la jurisdicción militar y los delitos de dicha índole cometidos por militares quedaran impunes y sin ninguna responsabilidad para su autor.(6)

• El Tribunal Colegiado fundamentó su resolución en las tesis aisladas de rubro: "MILITARES DADOS DE BAJA (FUERO MILITAR)."(7) y "BAJA EN EL EJÉRCITO, JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES MILITARES EN CASO DE."(8)

B) El extinto Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito conoció del amparo directo penal 260/2008-1. Para la debida comprensión del asunto, a continuación se narran los hechos que dieron origen a dicho conflicto:

Los días 14, 15 y 16 de abril de 2007, el teniente de navío de infantería de marina paracaidista, ********** (quejoso), no se presentó a laborar en las instalaciones del Agrupamiento de Infantería de Marina para Seguridad a Instalaciones Estratégicas adscrito al sector naval de Chiapas (Puerto de Chiapas, Chiapas), continuando así hasta el 26 de julio del mismo año, fecha en la cual compareció ante el Juez de origen.

Con motivo de los hechos anteriormente relatados, el 3 de mayo de 2007 se inició una averiguación previa en contra del quejoso, como probable responsable por la comisión del delito de deserción no estando en servicio, previsto y sancionado por los artículos 269, fracción VI y 270, fracción II, del Código de Justicia Militar.

El 14 de junio de 2007, dentro de la causa penal 887/2007, el Juez Tercero Militar adscrito a la Primera Región Militar determinó que ********** estaba prófugo de la justicia y, en consecuencia, causó baja del servicio activo de la Armada de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 85, fracción I, inciso c, de la Ley Orgánica de la Armada Mexicana.

Mediante auto de 27 de julio de 2007, el Juez Tercero Militar adscrito a la Primera Región Militar determinó aclarar la personalidad del quejoso para considerarlo civil, en razón de su baja desde el 14 de junio.

En la sentencia de 24 de marzo de 2008, el Juez Tercero Militar adscrito a la Primera Región Militar determinó que ********** no era culpable ni penalmente responsable por la comisión del mencionado delito, al no haberse probado que el teniente tuviera el ánimo de separarse ilegalmente del servicio, pues existía motivo legal para su inasistencia, ya que de los autos se aprecia que en esas fechas el sujeto activo se encontraba en las instalaciones de la comandancia de la región central gestionando su autorización para hacer uso de su segundo periodo vacacional, lo que a su juicio fue un motivo legítimo para que el entonces teniente ********** faltara a su servicio.

Dicha determinación fue apelada por el fiscal militar y revocada por la sentencia del Supremo Tribunal Militar de 24 de marzo de 2008. Este órgano jurisdiccional falló que la determinación del Juez de origen, en el sentido que el acusado tuvo un motivo legítimo para ausentarse, fue subjetiva y errónea. Lo anterior en virtud de que la afirmación de la existencia de un motivo legítimo debe estar fundamentada en la ley. Es decir, el motivo consistente en que el personal de la Armada de México pueda solicitar un periodo vacacional fuera de su lugar de adscripción debía estar señalado en la ley o en un reglamento, lo que no sucede en el caso. Por el contrario, consideró que, conforme al artículo 24 de la Ley de Disciplina de la Armada de México, la conducta que debió adoptar el entonces teniente ********** era la de presentarse a su unidad, elevar su solicitud a través de los conductos regulares y esperar que le respondieran su solicitud.

********** promovió juicio de amparo en contra de la sentencia del Supremo Tribunal Militar, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al entonces Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

En su sentencia, el extinto Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concedió el amparo al quejoso, atendiendo a las siguientes razones:

• Que en el auto de 27 de julio de 2007, el Juez Tercero Militar adscrito a la Primera Región Militar determinó aclarar la personalidad del quejoso para considerarlo civil, en razón de que el 14 de junio de ese año causó baja del servicio activo de la Armada de México.(9)

• Conforme al artículo 13 constitucional, se admite la pervivencia del fuero militar, mas se excluye de la jurisdicción de los tribunales militares a los sujetos ajenos al orden castrense.(10)

• Si por declaración judicial del propio juzgador militar de primera instancia, a partir del 27 de julio de 2007 ********** debía ser tratado como civil, el mismo juzgador tuvo la necesidad jurídica de considerar que no podía continuar con el conocimiento del proceso, pues el encausado era ya ajeno a la clase militar.(11)

• Los artículos 14 y 16 de la Constitución estructuran un amplio escenario para que los reos obtengan el respeto de sus derechos fundamentales, principalmente los de debida audiencia, defensa y legalidad. Estas garantías se incumplen cuando, como en el asunto de que se trata, un sujeto desprovisto de la calidad de militar continúa bajo la jurisdicción militar durante el procedimiento al que está sujeto, pues los actos que posteriormente se le impusieran, de privación o molestia, serían emitidos por una autoridad incompetente, en violación a las más elementales formalidades del procedimiento y con trasgresión directa a lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(12)

• Así, la sentencia reclamada viola, en perjuicio del quejoso, las garantías de legalidad, debido proceso e igualdad, en tanto existen elementos procesales para evidenciar la impertinencia del fuero militar.

De la ejecutoria reseñada surgió la tesis aislada I.10o.P.30 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, de febrero de 2009, página 1886, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"FUERO MILITAR. SI DURANTE EL PROCESO LA AUTORIDAD CASTRENSE PRIVA AL INCULPADO DE LA CALIDAD DE MILITAR Y DETERMINA QUE TIENE EL CARÁCTER DE CIVIL, DEBE CESAR SU JURISDICCIÓN Y DEJAR DE SOMETERLO A SU COMPETENCIA. Se vulneran las garantías individuales previstas en los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si durante el procedimiento instruido a un inculpado bajo la jurisdicción militar, la autoridad castrense expresamente determinó considerarlo civil al haber causado baja del servicio activo, en virtud de que fue declarado prófugo de la justicia, en términos del artículo 85, fracción I, inciso C, de la Ley Orgánica de la Armada de México. Lo anterior, porque el citado artículo 13 señala: ‘... Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.’. Esto es, nuestra Ley Fundamental admite la pervivencia del fuero militar, empero, excluye de la jurisdicción de los tribunales militares a los sujetos ajenos al orden castrense. En consecuencia, si por declaración del propio juzgador militar se determinó que debía darse el carácter de civil al justiciable, era evidente que dicha autoridad no podía continuar con el conocimiento del proceso, al ser el encausado ajeno al fuero militar. Por tanto, cuando se prive en el proceso de la calidad de militar al inculpado, lo procedente es cesar la jurisdicción del fuero especial respecto de él y, por ende, el Juez castrense debe dejar de someterlo a su competencia materializada en esa instancia. Lo anterior encuentra apoyo en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que estructuran un amplio escenario para la debida audiencia y defensa sujetas a la legalidad, y así los reos obtengan el respeto a sus derechos fundamentales. Entre éstos, sobresale la necesidad de que todo acto tendente a la privación de la libertad o de las propiedades, posesiones o derechos, sea producto únicamente de juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. También se exige que cualquier acto de molestia deba contenerse en mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Garantías que se incumplen cuando un sujeto desprovisto de la calidad de militar continúa bajo la jurisdicción castrense durante el procedimiento al que está sujeto, pues los actos que posteriormente puedan imponerse serían emitidos por autoridad incompetente, con violación a las más elementales formalidades del procedimiento y con transgresión directa al artículo 13 señalado."

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de 30 de abril de 2009, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis ya no necesita pasar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro señala: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(13) puesto que dicho criterio ya fue interrumpido.

Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.

En definitiva, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación -más no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

El discernimiento expuesto resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL.(14)

Por otro lado, cabe señalar que, como sucede en el presente caso, aun cuando el criterio sustentado por los tribunales contendientes no constituye jurisprudencia debidamente integrada, ello no representa un obstáculo para proceder a su análisis, establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, determinar cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(15)

En este sentido, los requisitos para acreditar la existencia de la contradicción de tesis son:

Primero: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, el primer requisito se actualiza en el caso concreto, ya que los órganos colegiados resolvieron una cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de un método determinado. Así, los tribunales señalados realizaron una interpretación del artículo 13 constitucional para responder qué sucede si durante el proceso penal militar la autoridad castrense da de baja al militar, en aras de determinar si debe cesar su jurisdicción y dejar de someterlo a su competencia o si, por el contrario, debe continuar siendo competente en atención a que el inculpado tuvo la calidad de militar al momento de la comisión del delito.

Segundo: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. Como se desprende de lo anteriormente relatado, ambos Tribunales Colegiados realizaron ejercicios interpretativos en los cuales existió un razonamiento respecto del mismo problema jurídico. No obstante lo anterior, los mencionados órganos jurisdiccionales llegaron a conclusiones distintas.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 124/2010, determinó que la conducta constitutiva de un delito contra la disciplina militar debe ser analizada y, en su caso, sancionada a la luz de las circunstancias que regían al momento de la comisión de dicho delito, pues, si bien el artículo 13 de la Constitución Federal establece que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, ello debe entenderse en el sentido que el imputado no sea miembro del Ejército al momento de cometer el delito que se le atribuye y no cuando, por razón ulterior, deja de pertenecer a él, toda vez que si al momento de la comisión del ilícito el quejoso pertenecía al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, luego entonces, también se encontraba sujeto a la jurisdicción de los tribunales militares por la probable comisión de un delito de orden militar.

Por el contrario, el extinto Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo penal 260/2008-1, determinó que, conforme al artículo 13 constitucional, subsiste el fuero militar, mas se excluye de la jurisdicción de los tribunales militares a los sujetos ajenos al orden castrense y que si por declaración judicial del propio juzgador militar de primera instancia, a partir de determinada fecha, debía dársele trato de civil al quejoso, el mismo juzgador debió considerar que no podía continuar con el conocimiento del proceso, pues el encausado ya no era militar.

Con lo anterior puede llegarse a la conclusión de que sí existe la contradicción de tesis denunciada y que la materia de la misma puede resumirse a través del siguiente planteamiento: si durante el proceso penal militar, la autoridad castrense da de baja a un militar, ¿debe cesar su jurisdicción y dejar de someterlo a su competencia o debe continuar siendo competente en atención a que el inculpado tuvo la calidad de militar al momento de la comisión del delito?

QUINTO. Prevalecerá, con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El estudio del problema planteado debe partir del análisis del Texto Constitucional y de algunas precisiones sobre el fuero militar y los asuntos que son de su competencia.

Como ya se ha mencionado, el fundamento del fuero militar, castrense o de guerra se encuentra en el artículo 13 constitucional, el cual dispone:

"Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar de más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda."

Del texto antes citado se desprende, en primer lugar, el derecho a no ser juzgado por tribunales especiales, el cual tiene importancia respecto del llamado derecho al Juez natural, dentro de las garantías del debido proceso y con especial trascendencia para la seguridad jurídica de los gobernados. Adicionalmente, el artículo transcrito hace referencia a la jurisdicción militar, como excepción a la prohibición de fueros y tribunales especiales, respecto de la cual formula un enunciado descriptivo y otro prescriptivo.

En sentido descriptivo, el artículo 13 constitucional encierra una norma que reconoce la subsistencia de la jurisdicción militar en el Texto Constitucional de 1917.(16) Por lo que hace a su parte prescriptiva, el artículo 13 constitucional determina los elementos para que opere la competencia a favor de dicho fuero, a saber:

1. Que se trate de delitos y faltas contra la disciplina militar, y

2. Que el sujeto activo del delito sea un militar. Al respecto, el Texto Constitucional prohíbe que "los tribunales militares extiendan su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas".

En el constitucionalismo actual, las Fuerzas Armadas tienen el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional y satisfacer la defensa militar del Estado constitucional. Por lo anterior, si bien el fuero militar constituye un régimen especial o singular, no debe ser visto como un régimen de privilegio, puesto que su existencia coadyuva a la citada defensa militar del Estado constitucional, en tanto que establece rigurosos estándares bajo los cuales se lleva a cabo el escrupuloso análisis de la conducta de los militares, en el marco de la disciplina castrense.

Consecuentemente, la subsistencia del fuero de guerra, en términos del artículo 13 constitucional, constituye una excepción que no se basa en consideraciones especiales a la persona militar ni a su jerarquía, sino que obedece a razones de orden público y de especial disciplina, que tienden a garantizar la paz y la seguridad nacional y que exigen una rápida y oportuna intervención de quien tiene mayor conocimiento y capacidad, por su adecuada preparación, para juzgar a las personas regidas por la ley militar. Por tanto, como señaló esta Suprema Corte a los pocos años de entrar en vigor la Constitución, el fuero y el tribunal militar no son garantías constituidas en favor del acusado, sino en bien de la sociedad y de las instituciones perturbadas por el acto trasgresor.(17)

Ahora bien, resulta de la mayor trascendencia enfatizar que si se actualizan los supuestos que activan la competencia de la jurisdicción militar, ésta se convierte en una jurisdicción improrrogable e irrenunciable, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 del Código de Justicia Militar.(18)

Se dice que es una jurisdicción improrrogable o forzosa, ya que ésta no puede ser modificada o alterada por acuerdo expreso ni por sumisión tácita de las partes, de modo que se actualiza si y sólo si se cumplen los elementos ya mencionados, sin que se pueda comprender otro supuesto que exceda lo previsto en la norma constitucional. Además, se trata de una jurisdicción irrenunciable, ya que el juzgador no puede eximirse de juzgar aquellos asuntos que caigan dentro de su esfera competencial. En consideración de lo anterior, atendiendo a los bienes jurídicos tutelados y a los principios que rigen a la materia, podemos observar que la materia militar es de orden público, por lo que se busca el seguimiento de los procesos hasta sus últimas consecuencias.

Una vez establecido el fundamento de la jurisdicción militar, así como precisados su concepto y alcances, res

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23131-0df42960/tribunales-del-fuero-militar-son-competentes-para-conocer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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