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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO 622/2011. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ. SECRETARIA: ZAZIL HA HERNÁNDEZ CONTRERAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 622/2011. · Registro digital (IUS): 23243
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, Pág. 3645.

CONSIDERANDO:

VI. Son infundados los conceptos de violación planteados por la inconforme, sin que exista queja deficiente que suplir en términos del artículo 76 Bis, fracción IV de la Ley de Amparo.

En el caso, la **********, a través del secretario del Comité Ejecutivo General como representante, reclama de la Junta Especial Treinta y Seis Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, el laudo emitido el diez de mayo de dos mil once, en el expediente laboral ********** y acumulado **********, formado con motivo de la demanda presentada por **********, en contra de ********** y codemandada física **********.

En el caso, la parte demandada, hoy quejosa, señala en sus conceptos de violación que la autoridad responsable omitió analizar todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, a conciencia, verdad sabida y buena fe guardada en virtud de que, como se advierte de los autos del juicio laboral que se combate, existen violaciones al procedimiento.

Que tratándose de preferencia de derechos escalafonarios, la carga probatoria le corresponde a la parte actora.

Que la Junta responsable omitió analizar y valorar de acuerdo a las pruebas aportadas en el juicio laboral, que el actor se encuentra ubicado en la lista escalafonaria publicada con el número **********, con vigencia del primero de julio al treinta de septiembre de dos mil cuatro, correspondiente al escalafón de ********** del departamento de Subdirección de la Coordinación de ********** en la empresa ********** y que la codemandada física ********** se encuentra con adscripción al departamento de subgerencia de ********** en **********, Tabasco; que, por tanto, se encuentran escalafonando en distintos departamentos.

Que al actor correspondía probar cuáles son los derechos escalafonarios de uno y otro, y si no lo hizo tenía que concluirse que la acción no fue probada y el laudo debió ser absolutorio.

Que la Junta responsable omitió analizar y valorar la prueba documental ofrecida por la actora y las empresas demandadas, consistente en los artículos 1, fracciones II y VII y 2 del Reglamento de Escalafones y Ascensos del contrato colectivo de trabajo.

Que al considerar que al actor le asisten mejores y preferentes derechos escalafonarios para ocupar la plaza vacante temporal, omitió fundar y motivar adecuadamente, toda vez que resulta ser una simple apreciación de la responsable, sin que se encuentre sustentada con pruebas, es decir, la parte actora jamás acreditó en autos que la plaza reclamada se encuentra ubicada en el mismo escalafón en el que se encuentra el actor, toda vez que como consta en autos, el actor escalafona en el escalafón de obra civil del departamento de subdirección de la ********** de la empresa ********** y la plaza reclamada pertenece al escalafón de adscripción al departamento de ********** en **********, Tabasco y que resulta ser una plaza de obra determinada para laborar temporalmente.

Son infundados los conceptos de violación planteados.

En principio, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, la autoridad responsable sí expuso concretamente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para condenar a los demandados al cumplimiento de las prestaciones reclamadas; para lo cual analizó y valoró cada uno de los medios de prueba que ante su jurisdicción ofrecieron las partes; arrojando la carga procesal a la parte actora, de acreditar la procedencia de la acción ejercitada, determinando que cumplió con esa fatiga.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."

De ahí, que el laudo impugnado, también colme los extremos del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, que establece:

"Artículo 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente."

En tanto que, el laudo es congruente consigo mismo y con la litis surgida, ya que no contiene afirmaciones que se contradigan entre sí, existiendo concordancia entre la demanda y contestación formuladas por las partes, sin distorsionar o alterar lo pedido, por el contrario, se ocupó de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir alguna que no se hubiera reclamado, ni de condenar o absolver a alguien que no fuera parte en el juicio laboral; aunado a que la autoridad efectuó un análisis de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en la contestación, y las demás pretensiones deducidas en el juicio, de tal forma que condenó a los demandados, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que fueron materia del debate.

Tiene aplicación al caso la jurisprudencia VI.2o. J/165, del Segundo Tribunal Colegido del Sexto Circuito, visible en la página 1309, Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"LAUDO CONGRUENTE. Según el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, los laudos deben ser congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente, es decir, sólo se pueden ocupar de la litis planteada en la demanda y su contestación, así como de las prestaciones hechas valer en su momento oportuno o sea, en la aclaración de demanda, réplica, contrarréplica, reconvención y su contestación, sin que deban ocuparse de otras cuestiones."

Asimismo, respecto del fondo del asunto, resultan infundados los conceptos de violación planteados, los cuales se analizan en forma conjunta en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo.

En relación con el tema a estudio, la Ley Federal del Trabajo en el capítulo IV, del título cuarto, regula lo relativo a los derechos de preferencia escalafonarios, antigüedad y ascenso de los trabajadores, precisamente en los artículos 154 y 159, que disponen:

"Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén.

"Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical.

"Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida."

"Artículo 159. Las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de treinta días y los puestos de nueva creación, serán cubiertos escalafonariamente, por el trabajador de la categoría inmediata inferior, del respectivo oficio o profesión.

"Si el patrón cumplió con la obligación de capacitar a todos los trabajadores de la categoría inmediata inferior a aquélla en que ocurra la vacante, el ascenso corresponderá a quien haya demostrado ser apto y tenga mayor antigüedad. En igualdad de condiciones, se preferirá al trabajador que tenga a su cargo una familia y, de subsistir la igualdad, al que, previo examen, acredite mayor aptitud.

"Si el patrón no ha dado cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 132, fracción XV, la vacante se otorgará al trabajador de mayor antigüedad y, en igualdad de esta circunstancia, al que tenga a su cargo una familia.

"Tratándose de puestos de nueva creación para los cuales, por su naturaleza o especialidad, no existan en la empresa trabajadores con aptitud para desempeñarlos y no se haya establecido un procedimiento para tal efecto en el contrato colectivo, el patrón podrá cubrirlos libremente.

"En los propios contratos colectivos y conforme a lo dispuesto en esta ley, se establecerá la forma en que deberán acreditarse la aptitud y otorgarse los ascensos."

Del análisis de los artículos transcritos, se observa que el 154 de la ley laboral, contiene una obligación de dar preferencia a determinada clase de trabajadores mexicanos respecto de extranjeros; de aquellos que hayan prestado servicios satisfactoriamente por mayor tiempo respecto de los que no estén en esas condiciones y de los sindicalizados respecto de quienes no lo estén.

Esta obligación no existe para el patrón cuando haya celebrado un contrato colectivo en el que se incluya la cláusula de exclusión por admisión, ya que el propio patrón ha perdido la libertad para designar a su personal y es el sindicato respectivo el que tiene el derecho de proponer a las personas que, cumpliendo los requisitos contractuales correspondientes, tendrá que contratar el patrón.

La interpretación del referido artículo, se efectuó por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 23, Séptima Época, Informe 1974, parte II, que dice:

"PREFERENCIA DE DERECHOS. INTERPRETACIÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 154 DE LA NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo de 1970 contiene una obligación de dar preferencia a determinada clase de trabajadores mexicanos respecto de extranjeros; de aquellos que hayan prestado servicios satisfactoriamente por mayor tiempo respecto de los que no estén en esas condiciones y de los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Esta obligación no existe para el patrón cuando haya celebrado un contrato colectivo en el que se incluya la cláusula de exclusión por admisión, lo cual es natural, ya que el propio patrón ha perdido la libertad para designar a su personal y es el sindicato respectivo el que tiene derecho de proponer a las personas que, cumpliendo los requisitos contractuales correspondientes, tendrá que contratar el citado patrón. El espíritu que informa este precepto, como fue el que inspiró la fracción I del artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, fue otorgar protección a los trabajadores mexicanos, así como reconocer los efectos que produce la antigüedad en el trabajo, para que aquellos obreros que tuvieran más tiempo de servicios satisfactorios fueran preferidos sobre los de menor antigüedad. Si el derecho de seleccionar a los candidatos para ocupar una vacante dentro de las empresas, se ha transferido a los sindicatos cuando existe un contrato colectivo de trabajo que incluya la cláusula de exclusión por admisión, es lógico que esa obligación de proteger a los trabajadores mexicanos y a los de mayor antigüedad tenga que recaer en el propio sindicato, por lo que una interpretación racional del precitado artículo 154 lleva a cabo concluir que las obligaciones de preferencia existen para los patrones cuando no tengan celebrado contrato colectivo de trabajo o éste no contenga la cláusula de admisión, y para el sindicato cuando se registra tal circunstancia."

El artículo 159 de la misma ley laboral establece las reglas para los ascensos de los trabajadores de planta que pretenden el derecho para ocupar la vacante definitiva de un puesto o categoría superior.

En cuanto a las reglas establecidas en el referido artículo 159, la anterior Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis publicada en la página 40, Volúmenes 205-216, Quinta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"PREFERENCIA, DERECHO DE, TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES DE PLANTA. En los casos en que dos o más trabajadores de planta demanden la preferencia de su derecho a ocupar la vacante definitiva de un puesto de categoría superior, rige el artículo 159 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece, básicamente, que: 'las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de 30 días y los puestos de nueva creación, serán cubiertos escalafonariamente por el trabajador de la categoría inmediata inferior del respectivo oficio o profesión'. Lo anterior significa que cuando se genere una vacante definitiva en un puesto de categoría superior, legalmente debe ser ocupada por el trabajador de planta agrupado en la categoría inmediata inferior del escalafón departamental respectivo, y si fueren varios los aspirantes a la vacante, la empresa tomará en cuenta al que reúna el requisito de mejor aptitud si es que cumplió con la obligación de capacitar a todos los trabajadores de la categoría inmediata inferior, ya que de lo contrario, deberá atenderse a la antigüedad departamental para cubrir la vacante."

Asimismo, la tesis ubicada en la página 39, Volúmenes 205-216, Quinta Parte, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"PETROLEROS. PROPOSICIÓN SINDICAL NO REQUERIDA PARA QUE UN TRABAJADOR DE PLANTA CUBRA LA VACANTE A UN PUESTO DE CATEGORÍA SUPERIOR. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 159 de la Ley Federal del Trabajo, no se requiere proposición sindical para cubrir la vacante a un puesto de categoría superior por un trabajador de planta, aun cuando dicho puesto sea de nueva creación y la sección sindical invoque el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo y la cláusula 4 del contrato colectivo de los trabajadores petroleros, la cual establece que 'en los casos de vacantes definitivas o puestos de nueva creación de Pemex, éste los cubrirá por conducto del sindicato', pues dicha cláusula debe interpretarse en el sentido de que los puestos a que hace referencia son los de la última categoría en el escalafón departamental correspondiente, ya que de otra manera se violarían los derechos adquiridos por los trabajadores de planta existentes en la empresa."

Como se observa, el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo establece las reglas sobre el derecho de los trabajadores que no tienen el carácter de planta para ocupar los puestos vacantes o de nueva creación; y el artículo 159 establece las reglas en cuanto al derecho de trabajadores de planta y que pertenezcan al escalafón.

Respecto de los derechos de los trabajadores de planta que pertenecen al escalafón, la anterior Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la tesis publicada en la página 38, Volumen 56, Quinta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"PETROLEROS, ESCALAFÓN Y DERECHOS RELATIVOS DE LOS. El escalafón es la lista de los trabajadores de planta, agrupados en las diferentes especialidades de trabajo o departamento a que pertenezcan y que se formula para determinar el ascenso de los trabajadores, de acuerdo con los derechos que les correspondan conforme al contrato y al Reglamento de Escalafones; y los derechos de escalafón son los que adquiere el trabajador de planta, dentro del escalafón en que figure, en razón de su antigüedad de categoría, departamento, planta, empresa, sindical y demás que concede el Reglamento de Escalafones."

Así, cuando un trabajador reclama un puesto de diversa categoría aduciendo que tiene mejores derechos que otro trabajador para ascender, debe demostrar para colmar los requisitos de su acción, en primer lugar, que dicho puesto corresponde a su rama o especialidad; en segundo lugar, que se encuentra ubicado dentro del mismo escalafón al que pertenece; y, en tercer lugar, que de acuerdo a dicho escalafón le corresponda el ascenso por mayor antigüedad de categoría departamental, y sólo en el supuesto de que hubiera uno o más trabajadores que aspiren al puesto o ascenso, se tomará en cuenta la antigüedad general o, en su caso, que reúna el requisito de mejor aptitud previos los exámenes correspondientes.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis X.3o.39 L, emitida por este Tribunal Colegiado, en su anterior denominación -Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito-, publicada en la página 1177, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"PREFERENCIA. CUANDO SE RECLAMAN DERECHOS ESCALAFONARIOS, NO ES NECESARIO QUE EL TRABAJADOR ACREDITE HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 155 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SINO LOS REGIDOS POR EL DIVERSO 159 DEL MISMO ORDENAMIENTO. De una correcta interpretación de lo establecido por el artículo 159 de la Ley Federal del Trabajo, las cláusulas 4, 5 y 6 del contrato colectivo de trabajo y los artículos 10, 11, 12 y 21 del Reglamento de Escalafones y Ascensos, se desprende que si bien es cierto en los puestos de nueva creación definitivos y las vacantes definitivas, siempre que no se deban a reajuste de personal, el patrón las cubrirá en los términos de la cláusula 4 del pacto colectivo por conducto del sindicato, a través de las secciones o delegaciones respectivas y cuando la cobertura de estas vacantes origine movimiento escalafonario, éste deberá efectuarse en los términos del Reglamento de Escalafones y Ascensos y una vez corrido el escalafón, como regla general, el patrón se obliga a cubrir el último puesto a propuesta sindical y en los términos de dicho contrato, no menos verdad es que tratándose de derechos escalafonarios el actor no está obligado a demostrar que cumplió con el requisito de procedibilidad que establece el artículo 155 de la Ley Federal del Trabajo, sino aquel que rige el artículo 159 de la citada ley, el cual establece, básicamente, que ‘las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de treinta días y los puestos de nueva creación, serán cubiertos escalafonariamente, por el trabajador de la categoría inmediata inferior, del respectivo oficio o profesión’. Lo que significa que cuando se genera una vacante definitiva en un puesto de categoría superior, legalmente debe ser ocupado por el trabajador de planta agrupado en la categoría inmediata inferior del escalafón departamental respectivo, y si fueran varios aspirantes a la vacante, la empresa tomará en cuenta al trabajador que reúna el requisito de mejor aptitud si es que la citada empresa cumplió con la obligación de capacitar a todos los trabajadores de la categoría inmediata inferior,1 de lo contrario, deberá atenderse a la antigüedad departamental para cubrir la vacante; por lo que en ese marco jurídico, cuando un trabajador reclama un puesto de diversa categoría aduciendo que tiene mejores derechos que otro trabajador para ascender, debe demostrar para colmar los requisitos de su acción, en primer lugar, que dicho puesto corresponde a su rama o especialidad; en segundo lugar, que se encuentra ubicado dentro del mismo escalafón al que pertenece; y, en tercer lugar, que de acuerdo a dicho escalafón le corresponda el ascenso por mayor antigüedad de categoría departamental, y sólo en el supuesto de que hubiera uno o más trabajadores que aspiren al puesto o ascenso, se tomará en cuenta la antigüedad general o, en su caso, que reúna el requisito de mejor aptitud previos los exámenes correspondientes."

Así, los extremos que como requisitos son menester acreditar tratándose de un derecho escalafonario de manera acertada, la responsable decidió que fueron satisfechos con los elementos de convicción allegados al juicio natural.

En efecto, la autoridad responsable a fin de determinar quién de entre el actor ********** y la codemandada física **********, reúne los mejores y preferentes derechos escalafonarios para ocupar la plaza temporal por obra determinada con categoría operador especialista de equipo de sistemas de cómputo, clasificación **********, jornada 0 (diurna), régimen sindical, con adscripción a **********, de la gerencia de **********, arrojó la carga probatoria al actor y valoró el acervo probatorio allegado por las partes y, con base a ello, determinó:

"... por lo que esta Junta considera que al actor le asiste los mejores y preferentes derechos escalafonarios para ocupar la plaza vacante temporal reclamada, ello en virtud de que éste ocupa una mejor posición escalafonaria que la codemandada física, y además porque cuenta con mayor antigüedad de empresa; esta antigüedad queda reflejada en la documental consistente en el reglamento de escalafones y ascensos exhibidos como prueba, de la que queda de manifiesto que el actor tiene antigüedad de categoría de dos años 132 días; de departamento 7 años 332 días, así como la misma de antigüedad de planta, y de antigüedad de empresa 20 años 3 días hasta el 30 de junio de 2004, y la codemandada física cuenta con una antigüedad de categoría de 3 años 132 días, así como antigüedad de departamento de planta y general de empresa, ya que si bien es cierto la codemandada física, con la documental consistente en el visto bueno de fecha 4 de agosto de 2004, se le dio el visto bueno para ocupar el puesto demandado como se aprecia a foja 264 de autos, pero también lo es de que no queda acreditado, que también se le haya aplicado el examen correspondiente al hoy actor y así establecer si éste resultaba apto o no para ocupar el puesto, y además es de señalarse que el actor tiene conocimientos de computación como lo acredita con las constancias expedidas por la propia empresa para ocupar el puesto en debate; en esas circunstancias, se considera que la proposición sindical y la contratación de la codemandada física en el puesto demandado, no se encuentra ajustado conforme a derecho, ni a las normas contractuales, tales como son las cláusulas 4, 5 y 6 del contrato colectivo, y el anexo 2 del reglamento de escalafones y ascensos de la industria petrolera, sin que en este caso le beneficie a los demandados la confesión ficta del actor al no haber comparecido esta última a absolver posiciones (fojas 284-285 expediente **********), ya que esta confesión ficta admite prueba en contrario, y en este caso resultan ser los documentos analizados con anterioridad."

Por ende, el actor acreditó en el juicio, que se generó una vacante temporal en un puesto de categoría superior; que se encuentra en una mejor posición escalafonaria respecto de la codemandada quejosa, y que tiene una mayor antigüedad de departamento, de planta y de empresa, respecto de aquélla.

Lo cual se advirtió, principalmente, de la copia cotejada del oficio **********, relativo a la "autorización ampliación vigencia 5 plazas temporales por obra determinada, categoría: operador especialista en equipo de sistema de cómputo, clasificación **********, régimen sindical, jornada 0 (diurna), adscritas a la **********" (foja 126 del expediente laboral) y de la documental ofertada por el actor consistente en copia simple del escalafón del periodo del uno de junio al treinta de septiembre de dos mil cuatro de la paraestatal **********, centro de trabajo ********** Tabasco, escalafón ********** obra civil (fojas 122 a 125 del expediente laboral); documental que no se objetó en autenticidad, contenido y firma, por lo que al ser una copia fotostática simple adquirió valor probatorio indiciario, en términos del artículo 798; en relación con el 810 de la Ley Federal del Trabajo, pues pese a que el actor ofreció como medio de perfeccionamiento el cotejo respectivo, la autoridad responsable no ordenó su desahogo, y de la que efectivamente se desprende:

1. Que el actor y la codemandada física pertenecen al mismo escalafón 27, de la Región **********, centro de trabajo 270 de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

2. Que el actor en el juicio se encuentra en la posición escalafonaria 62 respecto del lugar 85 que ocupa la codemandada.

3. Que el actor tiene una antigüedad departamental de siete años, trescientos treinta y dos días e igual de planta y una de empresa de veinte años tres días frente a la codemandada física que tiene tres años ciento treinta y dos días de antigüedad de categoría, planta y de empresa, hasta el treinta de junio de dos mil cuatro.

Es de aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 123 de la Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 102, Tomo V, Materia del Trabajo, Jurisprudencia SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"COPIA FOTOSTÁTICA REGULADA POR EL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VALORACIÓN DE LA.-Para determinar la eficacia probatoria de la prueba documental privada consistente en copia fotostática sin certificar, debe atenderse, ante todo, a que la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 797 y 801, establece la regla general de que tratándose de pruebas documentales, éstas deben ofrecerse originales. Esta carga que pesa sobre el oferente de pruebas documentales, de exhibir en original las que tenga en su poder, se justifica con mayor razón, cuando el oferente es el patrón y se trata de documentos que, de acuerdo con el artículo 804, tiene obligación de conservar y exhibir en juicio. Por su parte, el artículo 798 cataloga como documentos privados tanto a las copias simples como a las copias fotostáticas, pese a que estas últimas, en realidad, son representaciones fotográficas del documento considerado como cosa u objeto. Esta observación es importante en virtud de que la naturaleza real de este tipo de probanza no puede desconocerse al efectuar su valoración. En efecto, como la copia fotostática se obtiene mediante métodos técnicos y científicos a través de los cuales es posible lograr la composición, arreglo o alteración de los objetos reproducidos, no puede descartarse la posibilidad de que aquélla no corresponde de una manera real o auténtica al contenido exacto o fiel del documento o documentos de los que se toma. De ahí que cuando el oferente exhibe copias fotostáticas sin certificar y éstas son objetadas, debe señalar el lugar donde se encuentra el original para que se lleve a cabo la compulsa o cotejo correspondiente, y si no lo señala, aquel documento carecerá de valor probatorio, en virtud de que no habrá modo de comprobar su fidelidad o exactitud. Si la copia fotostática que se ofrezca no es objetada, ello no trae como consecuencia el que el documento privado tenga valor probatorio pleno, aunque sí constituirá un indicio cuyo valor será determinado por la Junta al apreciarlo, en conciencia, con las demás pruebas; en efecto, aun cuando el artículo 810 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las copias hacen presumir la existencia de los originales, de ello no puede inferirse que la falta de objeción da lugar a aceptarlas como prueba plena, en virtud de que la especial naturaleza de la copia fotostática, a la que ya se aludió, constituye un riesgo que no puede ser desconocido por el juzgador e impide que le otorgue valor de prueba plena. Por último, puede darse el caso de que el propio oferente de la copia fotostática, aunque no sea objetada, solicite su compulsa o cotejo, señalando el lugar donde se halla el original, la que de efectuarse, perfeccionaría dicha prueba documental."

Por tanto, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, el actor en el juicio cumplió con la carga procesal que le fue impuesta y acreditó en autos tener derechos preferentes escalafonarios respecto de la codemandada física **********, para ocupar la plaza temporal de nueva creación **********, del departamento de **********, que le fuera otorgado a esta última, según se colige de los originales de las órdenes de pago de sueldos para trabajador sindicalizado a nombre de la codemandada, que obran en autos (fojas 148 y 149 del expediente laboral), las cuales

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23243-ea08472a/amparo-directo-622-2011-2-de-septiembre-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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