DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintinueve de junio de dos mil uno, porque aun cuando la contradicción denunciada se refiere a criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de Circuito sobre materia común, es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado el sentido que se imprime.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue realizada por el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de circuito al sustentarlos, lo que se realiza de la siguiente manera:
1. Origen del recurso de revisión **********. Por escrito de veinticuatro de enero de dos mil tres, ********** promovió demanda de amparo contra el Juez Cuarto de Primera Instancia de Córdoba, Veracruz, por el acto consistente en el juicio ordinario civil número **********, en donde se le condenó a que desocupara **********, en el que dijo habitaba con su concubina ********** y del que se pretendía privarle de la posesión, sin que hubiera estado en posibilidades de oponerse al juicio mencionado, haciendo valer sus excepciones y defensas, por lo que tenía el carácter de tercero extraño al juicio, teniendo conocimiento de los actos el día **********, cuando se encontraba en ********** lo amenazara con echarlo de dicho inmueble.
La Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, dictó un auto el veinticuatro de enero de dos mil tres, requiriendo al promovente para que, en el término de tres días, ratificara su demanda, con el apercibimiento de que de no cumplir con el mismo, se tendría por no interpuesta.
Por diverso proveído de tres de febrero de dos mil tres, la Juez Federal tuvo por no interpuesta la demanda de garantías.
No estando de acuerdo, ********** promovió recurso de revisión, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, el cual fue remitido al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, a quien tocó conocer del asunto por razón de turno y lo registró con el número ********** de su índice.
Criterio. Debido a que el quejoso ********** promovió recurso de revisión, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el mismo, en síntesis, determinó lo siguiente:
"De los agravios expuestos, resulta sustancialmente fundado y suficiente para revocar el auto que se revisa el que a continuación se analiza ... ********** manifiesta, en esencia, que el auto de veinticuatro de enero del año en curso le causa perjuicio, pues la Juez a quo, determinó desecharle su demanda de garantías con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, en razón de no haber comparecido a ratificar su escrito inicial de demanda, en el cual estampó sus huellas digitales y solicitó que alguien firmara a su ruego, cuando en la Ley Reglamentaria del Artículo 107 de la Constitución no existe disposición alguna que lo obligue a dicha comparencia (sic), dejándosele con esta actuación de la a quo en estado de indefensión.
"Para este Tribunal Colegiado, asiste razón al recurrente, pues tal y como lo afirma, el desechamiento de su demanda de garantías le causa agravio.
"En el particular, debe decirse que la Juez a quo ordenó la ratificación del escrito inicial de demandada (sic) en razón de que en la misma, ********** impuso sus huellas digitales, y no firmó el escrito, argumentando que dicha ratificación era necesaria para llegar al pleno convencimiento de que se satisfacía el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo.
"Sin embargo, debe decirse que tal y como lo sostiene el ahora recurrente, en el dispositivo invocado por la Juez a quo como sustento para desechar la demanda de garantías, en forma alguna se manifiesta que este hecho sea una irregularidad que deba ser subsanada con la comparecencia al local del juzgado a ratificar el escrito de demanda; máxime si, como se advierte, dicha demanda también fue firmada ‘a su ruego’, lo que de suyo sería suficiente para admitir la demanda, al tratarse de una fórmula aceptada en diversas legislaciones sustantivas.
"Lo anterior es así, pues del análisis sistemático del contenido del artículo 146, claramente se desprende que las condiciones impuestas por el numeral para desechar la demanda de garantías son: a) a (sic) que haya una irregularidad en el contenido de la demanda, b) omisión de alguno de los requisitos que se señalan en el artículo 116 de la Ley de Amparo, c) que no se indique con precisión el acto de autoridad reclamado y d) que no se exhiban las copias necesarias.
"En esas condiciones, si la prevención que se mandó hacer al ahora recurrente, no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta entonces evidente que tal requerimiento fue hecho en contravención a las disposiciones que regulan el procedimiento en el juicio constitucional y por tanto, que el auto que determina tenerla por no interpuesta lesiona los intereses del impetrante del amparo.
"Cabe agregar que las exigencias establecidas en el artículo 146 de la Ley de Amparo son de carácter limitativo, no ejemplificativo; y por tanto, no es jurídicamente posible, en ninguna circunstancia, exigir a los peticionarios de garantías mayores requisitos para la admisión de su demanda, que aquellos establecidos en la misma Ley de Amparo.
"Al no haberlo estimado así la Juez a quo, le causó al recurrente los agravios de los que ahora se duele, mismos que se consideran fundados ...
"En las relatadas condiciones, al ser, según se ha visto, sustancialmente fundados los agravios hechos valer, lo que procede es revocar la sentencia recurrida, y ordenar que la Juez de Distrito admita a trámite la demanda de garantías, siempre y cuando no advierta una causal de improcedencia."
De las consideraciones sustentadas derivó la tesis aislada de rubro y texto siguientes:
"DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU ADMISIÓN SI EN LUGAR DE ESTAR FIRMADA CONTIENE LAS HUELLAS DIGITALES DEL PROMOVENTE Y OSTENTA LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Del análisis sistemático del artículo 146 de la Ley de Amparo se desprende que cuando en el escrito de demanda hubiere alguna irregularidad u omisión de los requisitos a que se refiere el numeral 116 de la misma legislación, no se exprese con precisión el acto reclamado o no se exhiban las copias que señala el precepto 120 de la propia ley, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que subsane la omisión, haga las aclaraciones correspondientes o presente las copias faltantes dentro del término de tres días. Si el quejoso no subsana la deficiencia en que incurrió dentro del lapso indicado y el acto afecta sólo su patrimonio, el Juez tendrá por no presentada la demanda. Ahora bien, de lo anterior se advierte que para tener por no interpuesta dicha demanda, el dispositivo en análisis ordena de manera limitativa (no ejemplificativa) que debe concurrir alguno de los siguientes elementos: a) que haya una irregularidad en el contenido de la demanda; b) omisión de alguno de los requisitos que señala el artículo 116 de la Ley de Amparo; c) que no se indique con precisión el acto de autoridad que se reclama; y, d) que no se exhiban las copias necesarias; en esas condiciones, en la hipótesis de que la demanda de amparo se presente con huellas digitales del promovente en lugar de la firma e inclusive ostente la rúbrica de quien, en su caso, la hubiere signado a su ruego, procede admitirla, porque ello no constituye alguna de las irregularidades a que aluden los artículos de referencia, además de no existir en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió sus huellas digitales para que las ratifique ante la presencia judicial."
2. Origen del amparo en revisión **********. El cinco de febrero de dos mil nueve, ********** demandó el amparo contra la **********, por los actos consistentes en:
a) La orden escrita dada para que unilateralmente, sin aviso previo y sin agotar algún trámite administrativo o judicial, se le apercibiera del corte de energía eléctrica, terminando una situación jurídica sin fundamento legal y con afectación de sus derechos como gobernado.
b) La falta de fundamentación y motivación de la determinación por la cual se le apercibe de efectuar el corte del suministro de energía eléctrica en su domicilio, contenida en el aviso-recibo expedido por la responsable el día veintinueve de enero de dos mil nueve, con un monto a pagar por **********, por consumo de energía eléctrica.
c) La cuantificación y cobro por consumo del servicio de energía eléctrica por la cantidad de **********, contenido en el aviso-recibo de veintinueve de enero de dos mil nueve, referente al periodo de consumo del veintiséis de noviembre de dos mil ocho al veintisiete de enero de dos mil nueve, en el que se le requiere para el pago inmediato del importe.
Por proveído de seis de febrero de dos mil nueve, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por licencia del titular, admitió la demanda bajo el número **********.
Seguido el juicio por todos sus trámites, el diecisiete de julio de dos mil nueve, el Juez de Distrito dictó la resolución que concedió el amparo al quejoso.
No conforme con la anterior resolución, el superintendente general de zona de la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Sur, interpuso recurso de revisión, del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el cual mediante proveído de uno de septiembre de dos mil nueve, admitió el recurso bajo el número RAD. **********.
Criterio. Dado que la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, División Centro Sur, promovió recurso de revisión, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el mismo, en síntesis, determinó lo siguiente:
"Resulta innecesario examinar la sentencia recurrida, así como los agravios vertidos, en virtud de que durante el trámite del juicio de garantías seguido ante el Juez de Distrito, acaeció una violación que motiva la reposición de este procedimiento, atento a lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"Ante el juzgador federal, ********** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el apercibimiento de corte del suministro de energía eléctrica, así como el cobro de dicho servicio, contenidos en el aviso recibo **********, relativo al servicio **********, atribuidos al superintendente general de Zona Chilpancingo, de la Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur ...
"Por ello, la firma en la demanda de amparo constituye un reflejo documental de la voluntad de promover la demanda de amparo en contra de los actos que son reclamados.
"Cabe precisar que ni en la Ley de Amparo ni en el Código Federal de Procedimientos Civiles, se prevé el supuesto relativo a cómo debe procederse cuando una persona no sabe escribir y desea ejercer alguna acción, sin embargo constituye un hecho notorio que en esos casos es costumbre reiterada que en la demanda de amparo se estampe la huella digital y, en ocasiones, además, la firma de una persona que firme a ruego del promovente.
"De igual forma, se considera oportuno recordar que los artículos 145 y 146 de la Ley de Amparo prevén que el Juez de Distrito debe, ante todo, examinar la demanda de garantías para que, si hubiere alguna irregularidad en ella o se omitiere alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, prevenga al promovente para que subsane la irregularidad o deficiencia advertida dentro del término de tres días, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda.
"Por ello, cuando el juzgador federal tenga duda respecto a la identidad y voluntad del quejoso para promover la demanda de amparo, debe considerarse como una irregularidad documental de la demanda, pues ha de observarse que ésta no es más que la expresión formal del acto por el cual una persona excita la actividad jurisdiccional para la solución de un conflicto.
"Acorde con lo anterior, el momento en que es dable examinar lo relativo a si existe o no la voluntad del gobernado de promover la acción constitucional es al recibir la demanda, de cuyo análisis si está plenamente satisfecho y así procede, la admitirá, pero de no ser así, esto es, en caso de existir duda en torno a ese tópico, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de prevenir al promovente para que acuda a reconocer la promoción del amparo, a efecto de cerciorarse de que efectivamente esa era su intención, pues el reconocimiento consiste en el acto a través del cual el autor jurídico de un documento le otorga autenticidad, esto es, certeza de que procede de la persona que en él se indica, sea espontáneamente o por citación judicial.
"Lo anterior, porque entre los principios que rigen al juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme al cual sólo puede promoverse por quien con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata en su esfera jurídica de derechos ...
"Ahora, de las constancias del juicio de garantías, se aprecia que la demanda de amparo glosada a fojas dos a trece no fue firmada directamente por quien la promovió, esto es, por **********, sino que en la última hoja aparece una huella digital, así como la leyenda: FIRMA A SU RUEGO POR NO SABER FIRMAR LIC. ********** y la firma de esta última persona.
"Elementos que este órgano jurisdiccional considera insuficientes para demostrar de manera fehaciente la manifestación indubitable de la voluntad de ********** de promover el juicio de garantías, lo que es un elemento necesario para admitir la demanda, porque se traduce en un requisito necesario, a efecto de establecer el cumplimiento del principio de iniciativa o instancia de parte legítima que, para promover el juicio de amparo, exige el artículo 4o. de la Ley de Amparo, conforme al cual dicho juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley de la materia lo permita expresamente, lo que hace necesario que el promovente se presente ante el juzgado a reconocer que en realidad externó su intención de ejercer la acción constitucional ...
"Bajo ese tenor, teniendo en cuenta que no existe certeza que en realidad haya sido voluntad de ********** promover el juicio de amparo; por tanto, previa revocación del fallo recurrido, en los términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que se impone es decretar la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, para el efecto de que el a quo ordene prevenir al promovente de conformidad con el artículo 146 del referido ordenamiento, para que en el término de tres días comparezca ante el tribunal a reconocer la promoción de la demanda de garantías, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta."
De las consideraciones sustentadas derivó la tesis aislada de rubro y texto siguientes:
"DEMANDA DE AMPARO. SI SE PRESENTA SÓLO CON LA HUELLA DIGITAL DEL QUEJOSO Y CON LA RÚBRICA DE QUIEN LO HIZO A SU RUEGO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIR PARA QUE EL SOLICITANTE COMPAREZCA A RECONOCER SU PROMOCIÓN, APERCIBIDO DE QUE, DE NO HACERLO, SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA. Entre los principios que rigen el juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme al cual sólo puede promoverse por quien sufre un agravio actual, cierto, directo e inmediato en su esfera jurídica. De ahí que si de las constancias del juicio de garantías se advierte que la demanda carece de firma del quejoso y únicamente aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, resulta inconcuso que la solicitud en esos términos es insuficiente para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, porque a través de aquel signo gráfico (firma) se exterioriza su propósito de promoverla; es decir, la ausencia de éste en la demanda la convierte en un documento anónimo o privado de autenticidad, por lo que, ante la falta de certeza de la voluntad del impetrante de promover el amparo, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que comparezca a reconocer su promoción, apercibido que, de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta; de lo contrario, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo procede ordenar la reposición del procedimiento."
CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.
De lo anterior se sigue que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.
Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis aislada, emitida por el Tribunal Pleno del rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(2)
Asimismo, el criterio jurisprudencial sustentado por el Tribunal Pleno, en cuyo rubro se aprecia el texto siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)
En la especie, los extremos indicados con antelación se acreditan, tal como se demuestra a continuación:
a) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, actual Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, al resolver el amparo en revisión **********, se ocupó del problema jurídico consistente en determinar si procede la admisión de la demanda de amparo si en lugar de estar firmada, contiene la huella digital del promovente y ostenta la rúbrica de quien firma a su ruego.
El tribunal de mérito concluyó que, en la hipótesis de que la demanda de amparo se presente con las huellas digitales del promovente, en lugar de la firma e inclusive ostente la rúbrica de quien, en su caso, la hubiere signado a su ruego, procede admitirla, ya que ello no constituye alguna de las irregularidades precisadas en los numerales 116 y 120 de la propia ley; además de que no existe en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió sus huellas digitales para que las ratifique ante la presencia judicial.
Dicho criterio dio origen a la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU ADMISIÓN SI EN LUGAR DE ESTAR FIRMADA CONTIENE LAS HUELLAS DIGITALES DEL PROMOVENTE Y OSTENTA LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO."(4)
b) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, determinó que cuando se presenta una demanda de amparo sólo con la huella digital del quejoso y con la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, el Juez de Distrito debe prevenir al solicitante para que comparezca a reconocer su promoción, apercibiéndolo de que, en caso de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta.
Así, dicho Tribunal Colegiado concluyó que si de las constancias del juicio de garantías se advierte que la demanda carece de firma del quejoso y únicamente aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, entonces la solicitud en esos términos resulta insuficiente para demostrar su voluntad de instar la acción constitucional, porque a través de aquel signo gráfico (firma) se exterioriza su propósito de promoverla.
Como se aprecia de lo anterior, ambos Tribunales Colegiados se avocaron al conocimiento de un mismo problema jurídico, el cual consiste en determinar si cuando una demanda de amparo contiene sólo la huella digital del quejoso y la firma de quien lo haga a su ruego, debe admitirse o, en cambio, requerirse al impetrante para que ratifique su promoción.
También, debe decirse que en vista de que no existe pronunciamiento emitido por el Máximo Tribunal de la Nación, el cual verse sobre el tema en estudio, es comprensible que se suscite una contradicción de criterios entre dos o más órganos jurisdiccionales pues, en el caso concreto, resolvieron una cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método; además, del ejercicio interpretativo realizado por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, existe un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida, gira en torno a un mismo problema jurídico; y, finalmente, sobre lo anterior, surge una pregunta sobre cuál manera de resolver la cuestión jurídica planteada debe ser preferente.
Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial sustentado por esta Primera Sala, del rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(5)
Bajo este orden de ideas, es claro que en el presente asunto sí se actualiza la contradicción de tesis, pues como se anunció con anterioridad, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, actual Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, formuló su parecer en torno a la admisión de la demanda de garantías cuando se estampó en ella la huella digital del promovente y se firmó por alguien a su ruego.
Las consideraciones vertidas por dicho tribunal son, en síntesis, las siguientes:
1. Que el Juez de Distrito, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, desechó la demanda de garantías; sin embargo, en dicho dispositivo en modo alguno se manifiesta que el hecho destacado sea una irregularidad que deba ser subsanada con la comparecencia al local del juzgado a ratificar el escrito de demanda; máxime, si también la demanda fue firmada "a ruego", lo que sería suficiente para admitirla, al tratarse de una fórmula aceptada en diversas legislaciones sustantivas.
2. Que del análisis sistemático del contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, se desprende que las condiciones impuestas por ese numeral para desechar la demanda son:
a. Que haya una irregularidad en el contenido de la demanda;
b. Que exista alguna omisión respecto a alguno de los requisitos señalados en el numeral 116 de la propia ley;
c. Que no se indique con precisión el acto de autoridad reclamado; y,
d. Que no se exhiban las copias necesarias.
3. Que si la prevención hecha al promovente no encuadra en alguno de los supuestos indicados, el requerimiento, en consecuencia, fue hecho en contravención a las disposiciones que regulan el procedimiento en el juicio constitucional.
4. Que las exigencias establecidas en el precepto 146 de la Ley de Amparo son de carácter limitativo, no ejemplificativo y, por tanto, no es jurídicamente posible, bajo ninguna circunstancia, exigir a los peticionarios de garantías mayores requisitos para la admisión de su demanda, que aquellos establecidos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo:
1. Que era innecesario examinar la sentencia recurrida, así como los agravios vertidos, en virtud de que durante la tramitación del juicio de garantías acaeció una violación que motivó la reposición del procedimiento, atento a lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.
2. Que la firma en la demanda de amparo constituye un reflejo documental de la voluntad de promover el juicio de garantías contra los actos que se reclamen.
3. Que ni en la Ley de Amparo ni en el Código Federal de Procedimientos Civiles se prevé el supuesto relativo a cómo debe procederse cuando una persona no sabe escribir y desea ejercer alguna acción; sin embargo, que en esos casos, es costumbre reiterada que en la demanda de amparo se estampe la huella digital y, en ocasiones, la firma de una persona que lo haga a su ruego.
4. Que los artículos 145 y 146 de la Ley de Amparo prevén que el Juez de Distrito debe, ante todo, examinar la demanda de amparo para que, si hubiere alguna irregularidad en ella o se omitiere alguno de los requisitos a que se refiere el numeral 116 de la propia ley, prevenga al promovente para que subsane la irregularidad o deficiencia advertida dentro del término de tres días, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta la demanda.
5. Cuando el juzgador federal tenga duda respecto a la identidad y voluntad del quejoso para promover la demanda de garantías, debe considerarse como una irregularidad documental de la demanda, pues ha de observarse que ésta no es más que la expresión formal del acto por el cual una persona incita la actividad jurisdiccional para la solución de un conflicto.
6. Que el momento en que es dable examinar lo relativo a si existe o no la voluntad del gobernado, es al recibir la demanda: si está satisfecho, la admitirá, si existe duda, el órgano jurisdiccional tendrá la obligación de prevenir al promovente para que acuda a reconocer la promoción del amparo, a efecto de cerciorarse de que esa era su intención, pues el reconocimiento consiste en el acto a través del cual el autor jurídico de un documento le otorga autenticidad.
7. Que entre los principios que rigen el juicio de amparo, se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme al cual sólo puede promoverse por quien sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata en su esfera jurídica de derechos.
8. Que en consecuencia, la huella digital y la firma a ruego de quien lo hace, por no saber firmar el promovente, son insuficientes para demostrar de manera fehaciente la manifestación indubitable de promover el juicio de garantías, lo que es un elemento necesario para admitir la demanda, a efecto de estab
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23295-9c3570c1/demanda-de-amparo-indirecto-es-innecesario-requerir-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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