REVISIÓN. SI EL JUEZ DE DISTRITO SOBRESEYÓ EN EL AMPARO INDIRECTO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO Y AL PROMOVERSE DICHO RECURSO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE CONDUCE A REPONER EL PROCEDIMIENTO, DEBE ANALIZAR PREFERENTEMENTE EL SOBRESEIMIENTO, PUES DE NO ACTUALIZARSE, PREVIO A ORDENAR LA REPOSICIÓN, ESTÁ OBLIGADO A EXPONER LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE SURTE LA CAUSAL QUE LO ORIGINÓ.
AMPARO EN REVISIÓN 78/2011. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SARA OLIMPIA REYES GARCÍA. SECRETARIO: MARTÍN PEÑALOZA MENDIETA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Estudio de los agravios.
En principio, es menester indicar que una vez analizadas las manifestaciones que en concepto de agravio refiere la recurrente **********, atinente a la existencia de su interés jurídico en el asunto, resultan esencialmente fundadas y suficientes para revocar el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo objeto de revisión.
A manera de preámbulo debe señalarse que el seis de julio de dos mil diez, el Juez de Control y Juicio Oral de Lerma de Villada, Estado de México, decretó auto de vinculación a proceso en contra de **********, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de robo con modificativa (agravante de perpetrarse con violencia moral) en agravio de ********** y **********.
Por solicitud del inculpado se aperturó el procedimiento abreviado, por lo que el catorce de septiembre de dos mil diez, el Juez de Control en cita, dictó sentencia de condena contra el acusado de mérito por el delito objeto de reproche y, entre otras cosas, ordenó el decomiso del vehículo Nissan, tipo Tsuru, modelo 2008, serie **********, por encontrarse relacionado con los hechos.
Contra el decomiso del automóvil recién mencionado, ********** acudió ante la autoridad federal a solicitar su amparo y protección, pero el Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México -quien conoció del asunto-, desechó de plano la demanda desde el auto inicial, por considerarla manifiesta e indudablemente improcedente, pues según dijo, la promovente carecía de interés jurídico.
Ante dicha determinación, la citada quejosa interpuso recurso de revisión **********, del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se revocó el proveído impugnado y se ordenó admitir la demanda de mérito; por lo que en este sentido, el Juez de amparo dio cumplimiento a lo determinado por este tribunal, sustanció el juicio en todas sus etapas, celebró la audiencia constitucional y por resolución terminada de engrosar el tres de mayo de dos mil once, sobreseyó en el juicio de garantías, al estimar que la quejosa no había acreditado plenamente la propiedad del vehículo Nissan, tipo Tsuru, modelo 2008, serie ********** y por ende, su interés jurídico, por lo que consideró actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.
Para combatir dicha medida, ********** interpuso recurso de revisión, y en su escrito de agravios señaló esencialmente contar con interés jurídico para promover el juicio de garantías contra el acto emitido por el Juez de Control y Juicio Oral de Lerma de Villada, Estado de México.
Lo anterior, pues afirma que, si el propio juzgador de amparo declaró que las cartas factura acreditan la propiedad del vehículo ante autoridades administrativas encargadas del registro vehicular, es ilógico que una autoridad jurisdiccional no les pueda atribuir el mismo valor.
Máxime que dichas documentales se concatenan con el resto de las que agregó a su escrito inicial de demanda y en las cuales fundó su derecho a acudir ante la autoridad federal a solicitar la protección constitucional, toda vez que es su valoración conjunta la que permite de manera apta y suficiente demostrar que es la legítima propietaria del bien mueble que fue decomisado sin ser parte en el proceso derivado de la causa penal **********.
Tales motivos de disenso resultan fundados, pues en primer lugar debe decirse que el interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que cuando es vulnerado por un acto de autoridad ocasionando un perjuicio real a su titular, faculta a este último, y no a otra persona, para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación.
Ahora, tal como lo señala la peticionaria de garantías, la propiedad del vehículo reconocida por el Juez de amparo no sólo debe operar en tratándose de autoridades administrativas, sino también para las jurisdiccionales, ya que con independencia de la autoridad ante la cual se pretenda hacer valer tal derecho, ese atributo es uno sólo y se identifica con la calidad que tiene una persona respecto de un bien.
Además, a la inversa de las consideraciones emitidas por el Juez de Distrito, las cartas factura adminiculadas con el holograma de permiso provisional **********, relativo a la concesión **********; las copias simples tanto de la factura ********** expedida a favor de ********** con folio **********, como del formato para transporte público **********; diversos recibos de depósito en una institución bancaria, y el contrato de prestación de servicios de operación del vehículo de alquiler que la quejosa celebró con ********** -señalado como probable responsable en la comisión del delito de robo-, aportan indicios que justipreciados en su conjunto conducen a demostrar la titularidad del bien mueble que aquélla reclama y por ende, su interés jurídico.
Lo anterior es así, pues es de la valoración conjunta de las múltiples probanzas referidas y de su corroboración recíproca, de donde a criterio de este órgano colegiado se obtienen indicios suficientes para demostrar de manera plena, que en el caso a estudio, a la quejosa le asiste un derecho público subjetivo que se traduce en el poder de exigencia imperativa para instar el juicio de amparo en defensa de un bien mueble, al ser éste de su propiedad, es decir, cuenta con interés jurídico.
Estimar lo contrario y valorar de manera aislada dichos elementos de convicción -como lo llevó a cabo el Juez de Distrito-, sería ir en contra de las reglas para la valoración de las pruebas, pues a raíz de ello se obtendría una visión parcial del asunto.
Máxime si se considera que en el juicio constitucional también opera la prueba presuncional, según lo establecen los artículos 190, fracción II, 197 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo.
Es por tales motivos que este órgano colegiado afirma que para acreditar la propiedad que ********** tiene sobre el vehículo Nissan, 2008, serie ********** y así advertir su interés jurídico, el juzgador de amparo debió sujetarse al valor convictivo de la que gozan las cartas factura y hacerlo extensivo respecto de las autoridades jurisdiccionales, ya que tales documentos se adminiculan con el resto de los elementos de prueba que ofreció en su escrito inicial de demanda, todo lo cual a criterio de este tribunal, aporta la suficiente fuerza probatoria para tener por demostrado dicho extremo de manera plena.
En consecuencia, al diferirse de la respetable determinación del Juez Federal primigenio, en el sentido de que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, se revoca el sobreseimiento decretado en el juicio constitucional que se revisa y se procede al estudio del asunto que se somete a la consideración de esta potestad.
SEXTO. Examen del asunto.
Ahora bien, del análisis de los autos que conforman el juicio de amparo sujeto a examen, este Tribunal Colegiado advierte que el juzgador federal incurrió en una violación durante el trámite del juicio de garantías, que conduce a revocar el fallo impugnado y ordenar la reposición del procedimiento, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone:
"Artículo 91. El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:
"...
"IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV, del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley."
La anterior decisión obedece a que la litis constitucional no puede ser resuelta en su integridad debido a que no se conformó correctamente, pues de las constancias allegadas durante la sustanciación del juicio constitucional se advierte la existencia de una autoridad vinculada íntimamente al acto reclamado que no fue señalada como responsable por la quejosa **********, en su escrito inicial de garantías, y que el Juez de Distrito omitió notificarle de forma personal dicha circunstancia, así como prevenirla a fin de que manifestara si deseaba ampliar su petición primigenia.
A fin de justificar lo antes señalado, es menester traer a colación los siguientes antecedentes y argumentos jurídicos:
Por escrito de veintitrés de noviembre de dos mil diez, ********** acudió ante la autoridad federal a solicitar su amparo y protección contra el decomiso del vehículo Nissan, tipo Tsuru, modelo 2008, serie **********, y únicamente señaló como autoridad responsable al Juez de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, y como acto reclamado, la sentencia definitiva de catorce de septiembre de dos mil diez, dictada dentro de la causa penal **********, en la que, entre otras cosas, se ordenó el decomiso del mencionado automotor.
Sin embargo, como antes se dijo, el Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, desechó de plano la demanda desde el auto inicial, al considerar que la solicitante de garantías carecía de interés jurídico; determinación que fue revocada por este tribunal al resolver el recurso de revisión **********, ordenándose admitir la demanda de mérito, a lo cual el Juez de amparo dio cumplimiento, por lo que emplazó a juicio a los terceros perjudicados, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional.
Así, por oficio 256, de veintiocho de febrero de dos mil once, el Juez de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, rindió su informe con justificación donde aceptó la existencia del acto reclamado y como complemento de aquél, remitió diversas constancias de las que se advierte que el seis de julio de dos mil diez, decretó auto de vinculación a proceso contra **********, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de robo con modificativa (agravante de perpetrarse con violencia moral) en agravio de ********** y **********, y el catorce de septiembre siguiente, dictó sentencia de condena en su contra por el ilícito objeto de reproche, ordenando además el decomiso, entre otras cosas, del vehículo multicitado -por encontrarse relacionado con los hechos-, requiriendo al fiscal para que lo pusiera a su disposición dentro del término de cuarenta y ocho horas, luego de que la sentencia causara ejecutoria, y hecho esto, el bien mueble fuese remitido dentro del tercer día a la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado de México, esto con fundamento en el artículo 48 de la ley punitiva de la materia y fuero, así como del diverso 384, párrafo segundo, de la ley procesal penal.
En proveído de uno de marzo de dos mil once -notificado por lista a la quejosa-, el Juez de garantías se concretó a tener al a quo rindiendo su informe justificado y a dar vista con él a las partes a fin
de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, de conformidad con el primer párrafo del dispositivo 149 de la Ley de Amparo, sin que al efecto realizaran señalamiento alguno.
Seguido el juicio en todas sus etapas, el veintitrés de marzo de dos mil once se celebró la audiencia constitucional, y en resolución terminada de engrosar el tres de mayo de ese mismo año, el Juez Federal sobreseyó en el juicio de garantías, al estimar que la quejosa no había acreditado plenamente la propiedad del vehículo indicado y, por ende, su interés jurídico, por lo que consideró actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.
La reseña anterior permite advertir que al momento en que el Juez de Control y Juicios Orales de Lerma de Villada, Estado de México, rindió su informe justificado, anexó diversas constancias como complemento, de las que se desprende que dicho juzgador ordenó el decomiso del vehículo multicitado y su remisión a la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado de México, en términos del artículo 48 del Código Penal para el Estado de México, el cual establece: "El decomiso consiste en la pérdida de la propiedad o posesión de los instrumentos, objetos y efectos del delito, a favor y en forma equitativa de la procuración y administración de justicia. ..."
En tales condiciones, es inconcuso que a la dependencia antes citada también le asiste el carácter de autoridad responsable, pues al instante en que el Juez de la causa le remitió el automotor descrito, éste pasó a formar parte de sus activos, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 145, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, con todo lo que ello implica y, por tanto, es quien está en aptitud de disponer e informar sobre la condición actual que guarda el mismo.
Así, es claro que las acciones que pudiera haber llevado a cabo dicha institución respecto del vehículo decomisado, se encuentran relacionadas íntimamente con el acto tildado de inconstitucional, que propiamente consiste en el decomiso, pues si lo que pretende la quejosa es que se le devuelva su automóvil, es menester saber su condición actual, ya que en caso de que hubiera sido enajenado, imposibilitaría materialmente su restitución, y en el supuesto de que estuviera en vías de ello, haría factible suspender tal suceso; por tanto, es inconcuso que dicha dependencia queda comprendida dentro de la clasificación de autoridad responsable que al respecto se prevé en el artículo 11 de la Ley de Amparo.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 5/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 96, Tomo VII, enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro IUS 196929, que dice:
"PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR. De los artículos 4o., 11 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se infiere que, como regla general, para determinar qué autoridades han de ser llamadas como responsables cuando alguien demanda el amparo como persona extraña a un juicio, deben precisarse los actos autoritarios que afectan los intereses jurídicos del quejoso; y si bien no puede establecerse, a priori, con precisión, quiénes son autoridades responsables en esta clase de amparos, sí es posible, dentro de la amplia serie de situaciones susceptibles de presentarse, llegar a señalar a título ejemplificativo y como aplicación de la regla general, algunas de las hipótesis más características. Así, cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; en esas condiciones, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución (si hasta ahí se llegó), serán autoridades responsables el Juez y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. En otro supuesto, si los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el Juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado y el Juez la autoridad responsable. En otra aplicación de la regla general, si ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del quejoso extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados, y serán responsables el ordenador y el ejecutor. Finalmente, si los derechos del extraño no son tocados por el procedimiento ni por la sentencia, ni por el mandamiento de ejecución, sino sólo por la ejecución, ésta constituye el acto reclamado y el actuario o ejecutor será la autoridad responsable. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que al momento de promover la demanda no se tenga conocimiento de todas las autoridades sino sólo de alguna de ellas, ya que el quejoso tendrá la oportunidad de realizar el señalamiento de las restantes en la ampliación de demanda, que procederá una vez que se conozca el informe justificado y, para tal efecto, si el quejoso omitiera señalar alguna o algunas de las autoridades que participaron en el procedimiento, concurriendo a la afectación de su derecho, debe atenderse a la jurisprudencia número 30/96 de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, a fojas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno, bajo el rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.’"
No obstante lo anterior, la quejosa prescindió de señalar a la autoridad citada como responsable y el Juez de Distrito omitió hacerle notar a la peticionaria de garantías dicha circunstancia y prevenirla personalmente a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda, respecto de ella, limitándose a dar vista a las partes con el informe justificado rendido por el juzgador de origen a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, de conformidad con el primer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo y, por si fuera poco, notificó dicho auto a la quejosa por medio de lista que se fijó en los estrados del juzgado federal, inadvirtiendo, incluso, lo dispuesto en el numeral 30 de la Ley de Amparo, que establece:
"Artículo 30. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la autoridad que conozca, el juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente; y, en todo caso, el emplazamiento al tercero perjudicado y la primera notificación que deba hacerse a persona distinta de las partes en el juicio, se harán personalmente. ..."
Precepto de cuya interpretación teleológica se advierte la facultad discrecional que el legislador confirió al Juez de Distrito para ordenar la realización en forma personal de una notificación cuando estime que la determinación correspondiente tiene importancia para el planteamiento de la litis constitucional, como es el caso en que del informe justificado o de sus anexos se advierta la existencia de un acto reclamado o la participación de una autoridad no señalada como responsable en el escrito inicial de demanda de garantías.
Es más, el Juez de Distrito no sólo estaba obligado a notificarle a la peticionaria de amparo en forma personal el contenido de ese informe, sino incluso, a prevenirla para que de así considerarlo, ampliara su demanda, y al no haberlo hecho, la dejó sin defensa para controvertir adecuadamente la legalidad del acto que reclamó y sus consecuencias.
Máxime si se considera que, en la especie, la quejosa es una persona extraña al juicio -por no formar parte de éste- y derivado de la propia naturaleza de dicha figura, se infiere que no tiene conocimiento pleno y certero de las autoridades que intervinieron en dicho acto y que, deben señalarse como responsables; y sí en cambio, está en aptitud de saber de ellas por la información contenida en el informe justificado que al afecto se rinda, lo cual le da la posibilidad de ampliar su demanda.
Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 127/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, Tomo XII, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
con registro IUS 190689.
"PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR LA QUEJOSA EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, CON LA PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE.-La interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, permite considerar que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito, para ordenar que se haga personalmente una notificación; pero dicha notificación personal, que se ordena durante la sustanciación del juicio de amparo, únicamente se llevará a cabo cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes. En estas condiciones, cuando la demanda de amparo es presentada por quien se ostenta como persona extraña a juicio, y al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierte la participación de autoridades no señaladas por el quejoso como responsables, dicho juzgador deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, para que esté en aptitud de regularizar su demanda, debiendo también tomar en cuenta lo que respecto a la prevención establecen las jurisprudencias números 5/98 y 8/98 de este Tribunal Pleno, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, páginas noventa y seis y noventa y cuatro, respectivamente, bajo los rubros: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR.’ y ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR. OMISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN LOS ACTOS RECLAMADOS.’, ya que de lo contrario el Juez de Distrito incurrirá en violación a las normas del procedimiento, que en todo caso será corregida por el tribunal revisor ordenando para ello que se reponga el procedimiento, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo."
Y es que durante la tramitación del juicio de amparo, la rendición del informe justificado, sin lugar a dudas, constituye una oportunidad para que el quejoso tenga conocimiento de algún otro acto diferente al que señaló que pudiera afectarle o de diversa autoridad que hubiere intervenido en la emisión o ejecución del mismo, por lo cual una vez que el Juez de Distrito lo recibe, tiene el deber de analizar si de su contenido se advierte la participación de alguna autoridad que no haya sido señalada originariamente en la demanda de garantías y, de darse el caso, prevenir mediante notificación personal al quejoso para que tenga oportunidad de ampliar la demanda de amparo en relación con la nueva autoridad.
En armonía con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, estableció que cuando del informe justificado rendido por alguna autoridad responsable se advierta la participación de una potestad diversa no señalada con tal carácter por el quejoso en su escrito inicial de demanda, el Juez de Distrito debe notificarle a este último de manera personal su contenido y prevenirlo para que aclare o, en su caso, amplíe la demanda respecto de tal autoridad y actos que considere le causan perjuicio, lo que conlleva que dicha autoridad acuda a juicio, manifieste si es cierto o no el acto reclamado que se le atribuye, si existe alguna causa de improcedencia y, en todo caso, justifique el acto, ello con el propósito de que el juzgador pueda resolver la litis constitucional en su integridad.
En el anterior sentido, la jurisprudencia 2a./J. 112/2003 referida, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 93, que dice:
"INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.-De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada."
Luego entonces, de no actuar conforme a lo antes expuesto, el Juez Federal incurrirá en violación a las normas del procedimiento, que faculta al tribunal revisor a ordenar su reposición, en términos de la última parte del artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia.
En las anteriores condiciones, es inconcuso que el hecho de que el Juez de Distrito no le haya dado vista a la quejosa en forma personal con el informe justificado rendido por el Juez de la causa, de donde se advierte la participación de una autoridad que no señaló como responsable y, menos aún que la haya prevenido para que manifestara si ampliaba su escrito de demanda, infringió las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías que amerita su reposición, de conformidad con la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo.
Conclusión.
En consecuencia, con fundamento en la fracción y numeral recién aludidos, procede revocar la resolución recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez de Distrito, notifique en forma personal el informe justificado rendido por el Juez de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, a la quejosa ********** y la prevenga para que, si así lo desea, señale como autoridad responsable a la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado de México, y según el resultado de dicha prevención, proceda conforme a sus atribuciones, continúe con la secuela legal del procedimiento y en su oportunidad dicte la sentencia respectiva, en el entendido de que deberá considerar que la peticionaria de garantías acreditó plenamente su interés jurídico en el juicio de amparo de donde deriva el presente recurso.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, así como 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-Se ordena la reposición del procedimiento en los términos precisados en la parte final de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de esta determinación, devuélvanse los autos al Juez de Distrito de su procedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y la estadística, y en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.
Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, presidenta y ponente Sara Olimpia Reyes García, Juan Pedro Contreras Navarro y José Valle Hernández.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, V y VI, 5, 8, 13, 14, 18, 61 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23326-c5353e68/revision-si-el-juez-de-distrito-sobreseyo-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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