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Modo: Corpus Pro

VALOR AGREGADO. EL REQUERIMIENTO A LAS PERSONAS FÍSICAS OBLIGADAS AL PAGO DE DICHO TRIBUTO, DE PRESENTAR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS, CUMPLE CON EL REQUISITO DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CUANDO EN ÉL SE INVOCA EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 327/2011. · Registro digital (IUS): 23338
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN (ACTUAL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, C
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Pág. 3746.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 327/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN (ACTUAL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN DICHA CIUDAD) Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, es decir, uno de los órganos jurisdiccionales cuyo criterio es presuntamente discrepante.

TERCERO. En principio, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el tribunal denunciante estima disímbolos.

Así, el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Morelia, Michoacán, actual Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en dicha ciudad, al resolver el ********** el amparo directo número ********** (número interno **********), sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:

"QUINTO. ... En otro aspecto, pero en el mismo concepto de violación, el quejoso alega que la autoridad responsable emitió sentencia contraria a derecho, porque no es cierto que el requerimiento de obligaciones omitidas de ********** se encuentre debidamente fundado y motivado, puesto que no se indicaron las reglas I.5.1.6 y II.5.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil ocho, conforme a las cuales el Servicio de Administración Tributaria señala la forma y medios para la presentación de la información que le fue requerida. Afirma que por el hecho de que las reglas administrativas estén publicadas en el Diario Oficial de la Federación, ello no dispensa que la autoridad las cite en su acto, especialmente si éste encuentra sustento en tales normas; lo contrario, implicaría que las autoridades en su actuar no se obliguen a señalar los preceptos en que se apoyen para la emisión de sus resoluciones, en el caso de que los preceptos hayan sido publicados el (sic) medio de difusión respectivo. También sostiene que invariablemente la garantía de fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 constitucional, obliga a las autoridades a citar en sus actos los preceptos en que se estén apoyando para su emisión, con independencia de que las normas tengan plena aplicación, siendo igualmente intrascendente la circunstancia de que con un precepto se informe el medio o formato para cumplir una obligación, pues la finalidad de la regla de que se trate no libera a la autoridad de mencionarla al emitir el acto correspondiente. Motivo de inconformidad que es fundado. A propósito de la naturaleza jurídica de las mencionadas reglas, debe decirse que son emitidas en términos de lo dispuesto en el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación y en el diverso 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que dicen: Código Fiscal de la Federación: ‘Artículo 33. ... I. ... g) ...’ (se transcribió). Ley del Servicio de Administración Tributaria: ‘Artículo 14. ... III. ...’ (se transcribió). Como se advierte de los preceptos antes transcritos, se trata de disposiciones de observancia general que una específica autoridad hacendaria puede emitir y que encuentran su origen en una habilitación legal mediante la cual el Congreso de la Unión, en términos de lo previsto en los artículos 73, fracción XXX y 90 de la Constitución General de la República -en ejercicio de sus atribuciones para distribuir los negocios del orden administrativo entre los órganos que integran la administración pública federal centralizada-, faculta a una autoridad administrativa para emitir disposiciones de observancia general, como sucede en el caso, en virtud de lo previsto en el artículo 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. En esa tesitura, las disposiciones de observancia general cuya publicación debe realizarse en términos de lo previsto en el inciso g) de la fracción I del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación y en la fracción III del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, tienen como finalidad pormenorizar y precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y el presidente de la República con el fin de lograr su eficaz aplicación y están sujetas a una serie de principios que tutelan el principio de seguridad jurídica de los gobernados, entre otros, los de reserva de la ley y primacía de la ley, por lo que no deben incidir en el ámbito reservado a la ley ni ir en contra de lo dispuesto en ésta, para lo cual deben ceñirse a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que habilita su emisión. Ilustran las anteriores consideraciones las tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se insertan: ‘REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA HABILITAR A LAS SECRETARÍAS DE ESTADO A FIN DE EXPEDIRLAS, NO CONSTITUYE UNA DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS.’ (se transcribió). ‘REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. LAS DICTADAS EN EJERCICIO DE UNA FACULTAD CONFERIDA POR LA LEY A UNA SECRETARÍA DE ESTADO, NO PUGNAN CON EL PRINCIPIO DE DISTRIBUCIÓN DE ATRIBUCIONES ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO.’ (se transcribió). ‘REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO EN USO DE UNA FACULTAD AUTORIZADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. DIFERENCIAS CON LOS REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y ÓRDENES DICTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.’ (se transcribió). Conviene destacar que las disposiciones de carácter general aplicables a impuestos y derechos federales, para fines de identificación y por el tipo de normas que abarca, se han denominado Resolución Miscelánea Fiscal y, como se ha dicho, tienen la finalidad de explicar detalladamente los derechos y obligaciones con que cuentan los contribuyentes; generalmente se expide en los meses de marzo o abril de cada año y tienen, por tanto, una vigencia anual. De lo antes expuesto, es inconcuso que las reglas contenidas en las resoluciones miscelánea fiscal, deben formar parte de la fundamentación de los actos de autoridad, habida cuenta que por medio de dichas reglas la autoridad fiscal instrumenta la forma en que las personas morales (sic) habrían de presentar su declaración informativa de operaciones con terceros, es decir, pormenoriza y precisa la regulación establecida en el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, fijando las condiciones de su ejecución. De esa guisa, las reglas I.5.1.6 y II.5.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, para establecer los medios y formatos en que se deberán presentar las declaraciones informativas de operaciones con terceros deben invocarse en la fundamentación de los requerimientos acumulados de obligaciones, pues prescriben el modo y la forma de presentar la declaración, ya que establecen que la vía en que se presentará ese (sic) declaración es a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, mediante el formato electrónico A-29 ‘Declaración informativa de operaciones con terceros’, es inconcuso que esas porciones normativas deben formar parte de la fundamentación del requerimiento acumulado de obligaciones, antecedente primigenio de la resolución impugnada. En el caso particular, se tiene que el requerimiento de obligaciones omitidas, contenido en el oficio ********** de **********, que precedió a la imposición de la sanción impugnada, en lo conducente dice: (se transcribió). En esas condiciones, si la autoridad fiscal en el requerimiento de obligaciones omitidas antes referido, se concretó a invocar el artículo 32, primer párrafo, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, absteniéndose de citar, además la reglas de la (sic) Miscelánea Fiscal I.5.1.6 y II.5.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio dos mil ocho, incurrió en violación del artículo 16 constitucional, porque con la cita de esas reglas, se demostraba que la contribuyente, aquí quejosa, estaba obligada a presentar vía Internet la declaración informativa de referencia, mediante el formato A-29, denominado ‘Declaración informativa de operaciones con terceros’. Entonces, como lo sostiene la parte quejosa, el requerimiento de obligaciones omitidas, antecedente primigenio de la imposición de la multa, carece de la debida fundamentación y motivación exigida por los artículos 16 de la Constitución Federal y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, porque el legislador federal en la redacción del diverso 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no estableció los medios y formatos con los que las personas morales (sic) debían presentar sus declaraciones informativas, sino que reservó para el Servicio de Administración Tributaria, la facultad de fijarlas a través de las diversas I.5.1.6 y II.5.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio fiscal de dos mil ocho, antes invocadas. En esas condiciones, contrario a lo que concluyó la Sala Fiscal responsable, a fin de cumplir con los requisitos formales de debida fundamentación y motivación exigidos por los artículos 16 de la Constitución Federal y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en el requerimiento de obligaciones omitidas, la autoridad fiscal aparte de la invocación del artículo 32, primer párrafo, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, debió citar también las reglas I.5.1.6 y II.5.1.7, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio dos mil ocho, porque sólo de esta forma la contribuyente podría tener la certeza de cómo es que estaba obligada a presentar sus declaraciones informativas de operaciones con terceros. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia número 206, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 168, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCIÓN Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO.’ (se transcribió). ... En mérito de lo anterior, se impone conceder la protección de la Justicia de la Unión impetrada a la quejosa, para el efecto de que la Sala responsable deje sin efecto la sentencia reclamada de **********, y emita otra, en la que se declaren fundados el segundo y tercer conceptos de impugnación de la demanda, acorde con los lineamientos expuestos en la parte final de esta ejecutoria; hecho lo anterior, resuelva, con plenitud de jurisdicción, conforme a derecho proceda ..."

A su vez, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el ********** el amparo directo número **********, sostuvo, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:

"SEXTO. ... Asimismo lo esgrimido y sintetizado en el apartado 2.1. resulta infundado, toda vez que para la fundamentación del requerimiento no era necesario que en él se citara la regla administrativa que prevé la forma específica en que debe cumplirse la obligación consignada en la ley. Así se determina, porque el cumplimiento de la obligación consignada en el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no depende de la forma que establezca una regla administrativa. Lo anterior, porque la obligación de cumplir con proporcionar la información a que alude aquel precepto subsiste por la sola circunstancia de que el legislador la estableció en una ley formal y materialmente legislativa. Es verdad que el mismo legislador ordinario dispuso que para cumplir con aquella obligación, el contribuyente debe hacerlo ‘a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria’, empero esta última leyenda no significa que el cumplimiento de aquella obligación esté condicionada a que la autoridad fiscalizadora le indique con toda precisión cuáles son los medios o formatos, o bien, en qué regla administrativa se detallan dichos medios o formatos, pues la obligación existe por sí misma, en tanto esos medios o formatos -que ciertamente debe establecerlos el Servicio de Administración Tributaria- sólo vienen a ser el vehículo o la forma específica que debe observar el contribuyente para cumplir con la obligación. Esto es, aun cuando no mediara requerimiento alguno por parte de la autoridad fiscalizadora, el contribuyente tiene la obligación de proporcionar la información, prevista en el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Valor Agregado (sic), a través de los medios o formatos que establezca el Servicio de Administración Tributaria. Más aún, la misma norma legal en comento prevé el cómo debe cumplirse la obligación de proporcionar la información (a través de los medios y formatos electrónicos) y si bien no detalla en qué consisten o cuáles son esos medios y formatos específicos, también lo es que el legislador hace una remisión a que esos medios y formatos debe señalarlos el Servicio de Administración Tributaria; remisión que, a su vez, implica que el contribuyente afecto al impuesto al valor agregado, al conocer de sus obligaciones, se presume que conoce cuáles son esos medios y formatos que dicho órgano ha establecido. Máxime que esos medios y formatos se detallan en las reglas I.5.1.6 y II.5.1.7, de las Misceláneas Fiscales de dos mil ocho y dos mil nueve, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de agosto (sic) de dos mil ocho y veintinueve de abril de dos mil nueve, respectivamente; reglas aquellas que permiten a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, las cuales se contienen en las llamadas ‘Misceláneas’, que son disposiciones de carácter general que se emiten y publican de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación. Por ello, contrariamente a lo argumentado por el hoy quejoso, los requisitos de fundamentación y motivación en el requerimiento de cumplimiento de una obligación omitida (no proporcionar la información mensual prevista en el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado), exigidos por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, no llegan al extremo de tener que fundar aquel requerimiento en la regla administrativa que hubiese confeccionado el Servicio de Administración Tributaria, pues con la cita de aquella disposición legal (artículo 32, fracción VIII, de la ley citada) se genera certeza de qué obligación estaba requiriendo la autoridad, la cual se presume que el contribuyente conoce y que, por ende, sabe a través de qué medios y formatos debe acatarla ..."

CUARTO. Cabe significar que la circunstancia de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito implicados no hayan integrado jurisprudencia ni estén expuestos formalmente como tesis y, por ende, no existan las publicaciones respectivas en términos de lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno y 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifican y transcriben:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"Página: 77

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, noviembre de 2000

"Tesis: 2a./J. 94/2000

"Página: 319

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

QUINTO. Precisado lo anterior, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues su existencia constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.

Al respecto, es importante destacar que para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

Por tanto, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

En ese sentido se pronunció el Tribunal en Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que a continuación se identifica y transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Ahora bien, el análisis de las ejecutorias transcritas en el considerando tercero, en lo conducente, pone de relieve que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados se enfrentaron a una misma problemática.

Dicha cuestión consistió en determinar si para que los requerimientos efectuados por las autoridades fiscales a las personas físicas causantes del impuesto al valor agregado, en relación con el cumplimiento de la obligación de proporcionar mensualmente, a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto respectivo en las operaciones con sus proveedores, satisfaga los requisitos de la debida fundamentación y motivación, basta invocar el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que prevé esa obligación, o si deben citarse también las reglas I.5.1.6 y II.5.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, o bien, las reglas I.5.1.6 y II.5.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009.

En relación con la referida problemática, el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Morelia, Michoacán, actual Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en dicha ciudad, sostuvo que las reglas de miscelánea fiscal deben formar parte de la fundamentación de los actos de autoridad, toda vez que por medio de ellas la autoridad fiscal instrumenta la forma en que las personas morales deben presentar su declaración informativa de las operaciones realizadas con terceros, es decir, pormenorizan y precisan la regulación establecida en el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, fijando las condiciones de su ejecución.

De igual manera, señaló que las reglas I.5.1.6 y II.5.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, que establecen los medios y formatos en que se deberán presentar las declaraciones informativas de operaciones con terceros, deben invocarse en la fundamentación de los requerimientos acumulados de obligaciones, pues prescriben el modo y la forma de presentarlas, a saber, a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante el formato electrónico A-29 denominado "Declaración informativa de operaciones con terceros", por lo que si la autoridad fiscal en el requerimiento de obligaciones omitidas se concreta a invocar el artículo 32, párrafo primero, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sin citar las referidas reglas, incurre en violación a los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en la medida en que la cita de tales reglas demuestra la obligación del contribuyente de presentar vía Internet la declaración informativa de referencia, mediante el formato A-29, denominado "Declaración informativa de operaciones con terceros", y sólo de esa manera el contribuyente puede tener certeza sobre cómo es que está obligado a presentar las declaraciones informativas de sus operaciones con terceros.

Cabe destacar que a pesar de que el mencionado Tribunal Colegiado Auxiliar hizo alusión a personas morales, el asunto del que conoció se refirió a una persona física, y la conclusión a la que arribó involucró a este tipo de personas, porque comprendió el estudio de las referidas reglas I.5.1.6 y II.5.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, que establecen los medios y formatos en que las personas físicas causantes del impuesto al valor agregado deberán presentar las declaraciones informativas en cuestión.

Por su parte, respecto de la cuestión de que se trata, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el asunto sometido a su consideración, sostuvo que para la fundamentación y motivación de los aludidos requerimientos no es necesario que en ellos se cite la regla administrativa que prevé la forma específica en que debe cumplirse la obligación consignada en la ley, porque el cumplimiento de la prevista en el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no depende de la forma que establezca una regla administrativa, en tanto que la obligación de cumplir con proporcionar la información a que alude aquel precepto subsiste por la sola circunstancia de que el legislador la estableció en una ley formal y materialmente legislativa.

Asimismo, señaló que si bien es verdad que el legislador ordinario dispuso que para cumplir con aquella obligación, el contribuyente debe hacerlo "a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria", también es verdad que eso no significa que el cumplimiento de la obligación esté condicionado a que la autoridad fiscalizadora indique con toda precisión cuáles son los medios o formatos, o bien, en qué regla administrativa se detallan dichos medios o formatos, pues la obligación existe por sí misma, en tanto esos medios o formatos -que ciertamente debe establecerlos el Servicio de Administración Tributaria- sólo vienen a ser el vehículo o la forma específica que debe observar el contribuyente para

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23338-76e65c5e/valor-agregado-el-requerimiento-a-las-personas-fisicas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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