VALOR AGREGADO. EL TÉRMINO "TERCEROS" EMPLEADO EN LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE APLICACIÓN ESTRICTA DE LAS DISPOSICIONES FISCALES QUE IMPONEN CARGAS O EXCEPCIONES A ÉSTAS Y DE LEGALIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 403/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 13 DE MAYO DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC-GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los últimos dos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo del año citado, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distintos circuitos en un tema en materia administrativa, además de que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que la formulan los Magistrados del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al emitir la resolución del amparo directo 6/2014 el catorce de noviembre de dos mil catorce, es decir, uno de los órganos jurisdiccionales cuyo criterio es presuntamente discrepante.
TERCERO.-Criterio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. Dicho órgano jurisdiccional, al resolver el catorce de noviembre de dos mil catorce, el amparo directo número 6/2014, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:
"El artículo 5o., primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación dispone:
"...
"De acuerdo con dicho precepto jurídico, entre otras cosas, las disposiciones fiscales que fijen infracciones y sanciones son de aplicación estricta.
"Por el espíritu que la informa, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 27/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo Vigésimo Tercero, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"‘INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ...’
"De igual manera, tiene aplicación la tesis aislada, que se comparte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 396, Volúmenes Doscientos Diecisiete a Doscientos Veintiocho, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:
"‘MULTAS, ANALOGÍA IMPROCEDENTE EN LA IMPOSICIÓN DE LAS. ...’
"Al resolver la contradicción de tesis 15/1999, de su índice, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el alcance de la interpretación estricta contemplada en el aludido numeral y al efecto consideró lo siguiente:
"...
"Por no resolver el tema de la contradicción, ante la existencia de reiteración de otros cuatro criterios en el mismo sentido, se emitió la jurisprudencia 2a./J. 133/2002, visible en la página 238, Tomo Décimo Sexto, diciembre de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"‘CONTRIBUCIONES. LAS DISPOSICIONES REFERENTES A SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AUNQUE SON DE APLICACIÓN ESTRICTA, ADMITEN DIVERSOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN PARA DESENTRAÑAR SU SENTIDO. ...’
"Conforme a lo hasta aquí señalado, se puede concluir en esencia:
"La interpretación jurídica se divide en dos etapas, la primera consistente en precisar cuál es el significado de la norma, con el fin de determinar cuál es la proposición que contiene, cuál es su exacto significado y, por ende, dejar al descubierto la voluntad e intención del legislador.
"La segunda etapa, deben aplicarse los métodos que permitan determinar a qué caso específico se aplicará la hipótesis cuyo sentido se desentrañó, para lo cual, debe atenderse a los criterios interpretativos que se encuentran diseminados en el orden jurídico, que permiten que prevalezca la estructura orgánica del sistema normativo.
"Se concluyó que por tal razón, el hecho de que el legislador estableciera la interpretación estricta de la ley fiscal no impide al intérprete desentrañar su verdadero alcance, ante su falta de claridad o el uso de palabras técnicas o de uso común, acudiendo a los métodos de interpretación jurídica, pues su efecto es constreñir a la autoridad a realizar la aplicación de la hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con lo previsto en ella.
"De igual manera, como parte del marco jurídico con el que se resolverá el presente juicio de amparo, el artículo 81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, dispone que, son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedir constancias; no proporcionar la información a que se refiere la fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a través de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos en dicha ley, o presentarla incompleta y con errores.
"Mientras que el artículo 32, fracción VIII, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece:
"...
"La literalidad del aludido precepto dispone que los sujetos obligados a que se refiere tienen, además, la obligación de proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios que ahí se señalan, la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores, de la manera en que se dispone.
"Según el diccionario de la Real Academia Española, en su acepción ordinaria, proveedor es la ‘persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etcétera’ y proveer es ‘suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin’.
"Por su parte, según la misma obra, la palabra ‘terceros’, conforme a su acepción contextual significa cualquier ‘persona que no es ninguna de dos o más de quienes se trata o que intervienen en un negocio de cualquier género’.
"Es decir, no es lo mismo proveedor que terceros, dado que los distinguen características diferentes.
"Aplicado el marco jurídico al caso concreto, como acertadamente estima el quejoso, la autoridad responsable extendió indebidamente los alcances de la norma en que la autoridad demandada fundó las obligaciones omitidas, en contravención a lo previsto expresamente en el artículo 5o., primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.
"Ello es así, pues la acepción ‘terceros’ constituye un género de personas diferentes al contribuyente que, verbigracia, en un giro comercial pueden corresponder a autoridades, empleados, clientes, proveedores, etcétera y, en la especie, la norma en comento se refiere exclusivamente a una especie de personas, a saber, los proveedores, lo que constituye una interpretación extensiva de la ley, proscrita precisamente por el numeral mencionado en el párrafo que antecede.
"De esta manera, contrario a lo que dijo la Sala responsable, la situación fáctica que generó la infracción impugnada no se subsume estrictamente en la norma que le sirvió de fundamento.
"Por las anteriores razones, este Tribunal no comparte la jurisprudencia VIII.1o.P.A. J/33 (9a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, transcrita en el fallo reclamado.
"Por lo hasta aquí expuesto, al emitir la sentencia reclamada, la autoridad responsable infringió los dispositivos y criterios materia de estudio del presente fallo, excepto al que no comparte este tribunal, lo que se traduce en la violación al derecho humano a la debida aplicación de la ley, tutelada por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados."
CUARTO.-Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. Dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo 657/2010, en sesión de treinta de diciembre de dos mil diez, sostuvo, en lo que interesa para el asunto, las siguientes consideraciones:
"Las alegaciones antes reseñadas devienen infundadas, en razón de que este Tribunal Colegiado considera que la Sala responsable sí se ajustó a derecho en tanto sostuvo, que resultaba infundado el tercero de los agravios expresados por el enjuiciante en la demanda de nulidad, dado que en la fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se prevé precisamente la obligación de dicho contribuyente de presentar información, entre otras cosas, de las operaciones con sus proveedores y la conducta omisiva en relación con esa obligación, se encuentra tipificada en la fracción XXVI del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación.
"Ahora bien, el precepto citado, en primer término, dispone:
"...
"Por su parte, el artículo 81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, dispone lo siguiente:
"...
"En el contexto legal precisado, este órgano jurisdiccional estima que la Sala Fiscal estuvo en lo correcto al resolver de la manera en que lo hizo, pues en el caso la autoridad tributaria tuvo actualizada la infracción atribuida al actor, en virtud de la omisión de éste de presentar la información correspondiente (por los meses de enero, febrero y marzo de dos mil nueve) sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores, pues resulta claro que la denominación utilizada carece en este caso de la relevancia jurídica que se pretende, porque el hecho atribuido y acreditado está legalmente contemplado, de ahí que resulta típico de la infracción a un precepto legal.
"En efecto, con independencia de lo aducido por el quejoso acerca de que en la fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no se hace referencia a la información de operaciones con terceros, sino con proveedores, lo cierto es que, aunque el término en el requerimiento fuera genérico, el contribuyente de mérito incurrió en la infracción por la que fue sancionado, dado que efectivamente omitió presentar la información mensual de operaciones con sus proveedores, correspondiente a los meses antes señalados, no obstante el requerimiento de obligaciones que le fue comunicado por la autoridad, a través del oficio 4019092J000313, en el cual, se especificó, además del concepto (información mensual de operaciones con terceros), también el fundamento legal de las obligaciones omitidas cuyo cumplimiento le fue requerido, esto es, el artículo 32, primer párrafo, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el propio requerimiento, de tal suerte que sin lugar a dudas la autoridad aludió a la información relacionada con los proveedores, a los que simplemente designó con el nombre genérico de terceros, carácter éste que precisamente por ser genérico, también se les puede atribuir.
"Por lo mismo, es indudable que la infracción se configuró con relación a la hipótesis legalmente contemplada, toda vez que incluso, ninguna información fue proporcionada por el contribuyente.
"Por otra parte, para confirmar lo infundado de los conceptos de violación, es oportuno transcribir el texto del requerimiento, que dice:
"...
"De ahí que, al haber requerido la autoridad tributaria al contribuyente la información de operaciones con terceros y haber señalado en el propio documento, como fundamento legal de la obligación la fracción VIII del multicitado numeral 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que indudablemente se refiere a la obligación que tiene el contribuyente de proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señala el Servicio de Administración Tributaria, la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores, al haber incumplido el contribuyente es claro que se hizo acreedor a las sanciones correspondientes; de tal suerte que no se advierte que existiera incertidumbre alguna que evitara que el ahora quejoso cumpliera con el requerimiento destacado y que por lo mismo justificara su conducta.
"Por lo anterior, es dable concluir, que si en el presente asunto la autoridad tributaria solicitó al contribuyente en el requerimiento de obligaciones de trato, la presentación de la información de operaciones con terceros correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil nueve, fundando dicho requerimiento (origen de la multa impugnada), en el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es evidente que lo requerido por dicha autoridad, es lo que se encuentra previsto en el numeral mencionado; además, el contribuyente no puede desconocer la información que está obligado a proporcionar, relativa al pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores, ya que el deber de presentar la información mediante los medios o formatos electrónicos, forma parte de sus obligaciones fiscales, que surgen desde el momento en que se da de alta en el Registro Federal de Contribuyentes.
"Debe destacarse, que si bien es cierto que la fundamentación y motivación de los actos de autoridad no pueden ser imprecisas, incongruentes, de manera que impidan el conocimiento, ampliación y defensa, también lo es que, tampoco es válido exigir una amplitud o abundancia superfluas, pues basta que exponga los hechos relevantes para decidir, citando la norma aplicable y un argumento mínimo, pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se obtenga la relación de pertinencia lógica de los hechos al derecho invocado, como ocurrió en la especie con el requerimiento que dio lugar a la sanción.
"Apoya lo anterior, en lo conducente y sustancial, la tesis jurisprudencial I.4o.A. J/43, que este Tribunal Colegiado comparte, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, materia común, página 1531, de rubro y texto siguientes:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. ...’
"Por lo mismo, es claro entonces que el hecho acreditado en el caso, sí resulta típico de la infracción atribuida al contribuyente, por encuadrar o subsumirse perfectamente la falta cometida en un precepto legal que lo contempla y le impone una sanción, toda vez que habiendo sido requerido para que informara sobre las operaciones con sus proveedores, no lo hizo, como correctamente lo sostuvo y explicó la autoridad responsable, de tal forma que el acto reclamado, no viola garantía alguna al quejoso, al haberse aplicado de manera exacta la ley, sin acudir a la analogía o a la mayoría de razón."
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, reitero el criterio transcrito al fallar los amparos directos 98/2011 y 123/2011, en sesiones de diez y veinticinco de marzo de dos mil once, así como las revisiones fiscales 90/2011 y 197/2011, el diecisiete de marzo y once de agosto del mismo año, lo que dio lugar a la jurisprudencia VIII.1o.P.A. J/33 (9a.),(1) que establece:
"VALOR AGREGADO. SI SE REQUIERE AL CONTRIBUYENTE INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES REALIZADAS ‘CON TERCEROS’ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, DEBE ENTENDERSE QUE SE REFIERE A LA RELATIVA A LAS EFECTUADAS ‘CON SUS PROVEEDORES’.-El artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece la obligación del contribuyente de proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales la información correspondiente al pago, retención, acreditamiento y traslado del mencionado tributo en las operaciones con sus proveedores, cuya omisión actualiza la infracción prevista por el numeral 81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación. En estas condiciones, si la autoridad tributaria requiere al contribuyente la información omitida de las operaciones realizadas ‘con terceros’ y no ‘con sus proveedores’, en términos del precepto inicialmente citado, debe entenderse que se refiere a éstos, a los que designó con un nombre genérico, por lo que se configura la indicada infracción, pues no se advierte que exista incertidumbre acerca de a quién se hace referencia, que impida al obligado cumplir con lo solicitado."
QUINTO.-Existencia de la contradicción de tesis. En principio, es importante recordar que acorde con el criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis se actualiza cuando las Salas de este Alto Tribunal, o bien, dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.
Lo anterior, se corrobora con la jurisprudencia y la tesis aislada, cuyos rubros son los siguientes: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(3)
Deriva de los referidos criterios, que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico, partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues ello conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
Ahora bien, el análisis de las ejecutorias transcritas, en los considerandos tercero y cuarto, en lo conducente, pone de relieve que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados se enfrentaron a una misma problemática jurídica.
Dicha problemática consistió, en determinar si los actos que tienen como fundamento de la actuación de la autoridad el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el numeral 81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, sea el requerimiento de cumplimiento de la obligación prevista en el primer dispositivo citado, consistente en proporcionar mensualmente la información relativa al pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con proveedores, o bien, la imposición de una sanción por el incumplimiento a esa obligación, en los que se alude a las operaciones con "terceros" y no a las realizadas con "proveedores", suponen o no una aplicación extensiva de las normas en contravención al principio de aplicación estricta de las disposiciones fiscales que imponen cargas o excepciones a aquéllas, así como infracciones y sanciones, previsto en el artículo 5o., primer párrafo, del citado Código Fiscal de la Federación.
Al respecto, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito sostuvo que, derivado de lo dispuesto por el artículo 5o., primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 27/2006 de esta Segunda Sala, que refieren el principio de aplicación estricta las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares o excepciones a éstas y las que señalan infracciones y sanciones, para efectos de la obligación establecida en la fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cuya omisión da lugar a la infracción contemplada en el numeral 81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, el término "terceros" y el término "proveedores" son distintos conforme a la definición que de ellos proporciona el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, por lo que la autoridad no debe extender los alcances del citado numeral 32, fracción VIII, para utilizar el primer término referido en los actos que tengan como fundamento de su actuación las disposiciones mencionadas, en tanto ello constituye una interpretación extensiva de la ley, proscrita por el invocado artículo 5o. del código tributario federal.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, sostuvo que si bien el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no hace referencia a la información de operaciones con terceros, sino con proveedores, se entiende que al utilizar la autoridad fiscal el término genérico de "terceros" y, además, invocar el citado numeral 32, fracción VIII, no se genera incertidumbre jurídica en cuanto a la actualización de la conducta omisiva del contribuyente que da lugar a la imposición de la sanción, en tanto es obvio que la autoridad hace alusión a la información relacionada con los "proveedores", a los que simplemente denominó con el nombre genérico de "terceros", carácter que por ser genérico, también se les puede atribuir, por lo que de ello no se sigue la violación de garantía alguna en perjuicio del contribuyente, pues existe aplicación exacta de la ley.
En esa tesitura, se evidencia que los Tribunales Colegiados de Circuito implicados examinaron una hipótesis jurídica esencialmente igual y llegaron a conclusiones diferentes, en tanto que mientras uno estimó que debe entenderse que el empleo del término "terceros" en relación con la obligaciones informativas de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por ser genérico, comprende el concepto de proveedores y, por tanto, no existe afectación jurídica por el hecho de que el acto de autoridad aluda al término "terceros" en lugar de a "proveedores", tal como lo hace el ordenamiento legal en cuestión, mientras que el otro Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que tal hecho implica extender de manera indebida los alcances de la norma que funda la actuación de la autoridad fiscal.
Así, existe la contradicción de tesis denunciada, cuyo punto a dilucidar se constriñe a determinar si los actos que tienen como fundamento de la actuación de la autoridad el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el numeral 81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, en los que se alude a las operaciones con "terceros" y no a las realizadas con "proveedores", suponen o no una aplicación extensiva de las normas en contravención al principio de aplicación estricta de las disposiciones fiscales que imponen cargas o excepciones a las mismas, así como infracciones y sanciones, previsto en el artículo 5o., primer párrafo, del citado Código Fiscal de la Federación y, por ende, si cumplen o no con el principio de legalidad consagrado por el artículo 16 de la Constitución.
SEXTO.-Estudio. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se pasa a desarrollar.
Los artículos 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación disponen, respectivamente, lo siguiente:
"Artículo 32. Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta ley, las siguientes:
"...
"VIII. Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores, desglosando el valor de los actos o actividades por tasa a la cual trasladó o le fue trasladado el impuesto al valor agregado, incluyendo actividades por las que el contribuyente no está obligado al pago, dicha información se presentará, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda dicha información. ..."
"Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias:
"...
"XXVI. No proporcionar la información a que se refiere la fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a través de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos en dicha ley, o presentarla incompleta o con errores. ..."
Conforme a las disposiciones transcritas, los obligados al pago del impuesto al valor agregado y quienes realizan los actos y actividades que precisa el numeral 2o.-A del ordenamiento legal que establece y regula dicho impuesto, incurrirán en infracción si omiten presentar mensualmente a la autoridad fiscal, a través de los medios y formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la información correspondiente al pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto relativo en las operaciones con sus proveedores, lo que deberán hacer desglosando el valor de los actos o actividades por tasa a la cual se les trasladó o les fue trasladado el impuesto, incluyendo las actividades por las que no estén obligados al pago.
Así, las referidas disposiciones establecen una obligación a cargo de determinados contribuyentes y la comisión de una infracción con motivo de su incumplimiento, por lo que se sujetan al principio de aplicación estricta de las disposiciones fiscales que imponen cargas a los particulares o excepciones a las mismas, así como infracciones y sanciones, previsto en el artículo 5o., primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece:
"Artículo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
"Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal."
En este sentido, importa determinar el alcance del aludido principio de aplicación estricta de las disposiciones fiscales que imponen cargas a los particulares o excepciones a las mismas, así como infracciones y sanciones, en tanto que la cuestión jurídica a desentrañar, consiste precisamente, en determinar si el requerimiento de cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como el acto de determinación de la comisión de la infracción contemplada en el numeral 81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, al aludir a las operaciones con "terceros" y no a las realizadas con "proveedores", como específicamente señala el primer dispositivo citado, implica una aplicación extensiva de las normas en contravención al referido principio de aplicación estricta de las disposiciones fiscales.
Al respecto, debe destacarse que, el principio de aplicación estricta, no opera respecto de normas tributarias que no establezcan cargas a los particulares o excepciones a éstas, ni se refieran a infracciones y sanciones, las que pueden interpretarse aplicando cualquier otro método de hermenéutica jurídica, e incluso, a falta de norma fiscal expresa, admiten la aplicación supletoria de las disposiciones del derecho federal común siempre que ello no resulte contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal.
Esta Segunda Sala, en su tesis 2a. CXLII/99,(4) determinó que la obligación de aplicación estricta de las normas tributarias que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25761-cc350417/valor-agregado-el-termino-terceros-empleado-en-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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