Corpus
Modo: Corpus Pro

DOCUMENTO DE ELECCIÓN PARA EJERCER EL DERECHO DE OPCIÓN A QUE SE REFIERE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SU SOLA EMISIÓN NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 236/2011. · Registro digital (IUS): 23406
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO TERCERO, TERCERO, OCTAVO, CUARTO, DÉCIMO SEGUNDO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRI
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Pág. 895.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 236/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO TERCERO, TERCERO, OCTAVO, CUARTO, DÉCIMO SEGUNDO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: DIANA MINERVA PUENTE ZAMORA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por una de las partes en los asuntos que dieron origen a la presente contradicción.

TERCERO. Con el objeto de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados, estimadas como posiblemente contradictorias. Al efecto, se transcribirá la ejecutoria en la que se consideró que el "documento de elección" no es una resolución definitiva impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, en obvio de repeticiones innecesarias, únicamente se transcribirá una de las siete sentencias que integran la presente contradicción y en la que se estimó lo contrario, es decir, que el "documento de elección" sí es una resolución definitiva para efectos de la impugnación ante el citado tribunal, en esencia, por las mismas consideraciones. Aquí es necesario explicar que también se transcribirá la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal, para efecto de demostrar por qué no se tomará en cuenta para resolver el presente asunto.

I. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el once de agosto de dos mil diez el amparo directo DA. 226/2010, sostuvo en lo conducente:

"SEXTO. En primer lugar, es pertinente realizar una reseña de los antecedentes del presente asunto que se obtienen del juicio de nulidad número 31636/08-17-01-1, del índice de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que son los siguientes: I) ********** interpuso juicio de nulidad en contra de la resolución de ocho de septiembre de dos mil ocho, contenida en el documento de elección emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para llevar a cabo la correcta determinación del bono de pensión y estar en condiciones de ejercer el derecho de opción respecto de los regímenes pensionarios establecidos en la ley de dicho instituto. II) Mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil ocho, la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa desechó la demanda de nulidad, por considerar que el formato que la actora pretendía impugnar no era un acto definitivo, toda vez que sólo era un documento de elección en el que la trabajadora comunicaría al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la opción del sistema para pensionarse que elegía, por lo cual no era un acto emitido por autoridad y que, por ende, no encuadraba en supuesto alguno del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. III) En contra de la determinación anterior la actora interpuso recurso de reclamación, mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil nueve en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. IV) En auto de tres de febrero de dos mil nueve, la Primera Sala Regional Metropolitana admitió a trámite el recurso de reclamación, posteriormente sólo la autoridad demandada formuló alegatos. V) El uno de octubre de dos mil nueve, la Sala Regional resolvió el recurso de reclamación en el sentido de confirmar el auto recurrido, al tenor de las consideraciones siguientes: Los actos administrativos impugnables mediante el juicio contencioso administrativo deben ser de carácter definitivo, esto es, que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo; empero, el carácter de definitividad en (sic) aludido no se limita a la posibilidad de interponer un recurso, sino también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución o acto, la cual debe constituir el producto final de su voluntad en relación a un asunto de su competencia. El monto del bono de pensión contenido en el ‘documento de elección formato para ejercer el derecho de optar por el régimen del artículo 10o. transitorio de la Ley del ISSSTE o por el bono de pensión’, no puede considerarse como acto ni resolución de carácter definitivo en los términos en que lo pretende demostrar la demandante, ya que no se desprende que la determinación del monto del bono en alusión sea efectivamente una manifestación aislada del instituto demandado, por virtud del cual se refleje su última voluntad oficial en relación a dicho monto. De la parte final del documento se desprende que la reclamante debía elegir alguna de las dos opciones insertas en el formato, entregarlo en el área de recursos humanos de su centro de trabajo, sin que se desprenda que lo haya hecho. La naturaleza del formato en comento es de carácter informativo para que la actora elija y dé a conocer a la autoridad el régimen de pensión que escoja otorgándole la posibilidad de corregir los datos contenidos en ese documento. El propio formato le da la oportunidad de corregir sus datos, tales como el sueldo básico que se contempló para cuantificar el bono de pensión, presentando una solicitud de revisión, lo que realizó la actora mediante la solicitud de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, presentado en esa fecha ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la que ********** solicitó la revisión del sueldo básico de cotización de treinta y uno de diciembre de dos mil seis (tal como lo reconoce en su recurso de reclamación), de lo que se colige que el bono de pensión en cantidad de ********** (**********) no es de carácter definitivo, ya que la actora ha solicitado la revisión de su sueldo básico, siendo que la cantidad controvertida podría ser modificada en virtud de la solicitud de revisión. Tampoco es exacto que la autoridad resolvió negando tácitamente su solicitud de revisión del sueldo básico, dado que el documento de elección al no ser una manifestación aislada de la autoridad no refleja su última voluntad y, por ende, no constituye un acto administrativo definitivo, por lo que no puede estimarse que ese documento contenga lo conducente en relación a la solicitud de revisión de mérito ni que la autoridad se haya pronunciado en sentido negativo, sino que será en el momento en que la autoridad emita un acto material del que pueda apreciarse el bono de pensión, cuando pueda analizarse si el demandado tomó o no en consideración la solicitud de revisión del sueldo básico de la actora. El acto que pretende impugnar la reclamante no es de los que competa conocer al tribunal, pues no consiste en una manifestación aislada que refleje la última voluntad oficial del instituto demandado en relación al bono de pensión, por ende, no constituye un acto administrativo de carácter definitivo para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo, en términos de la fracción VI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Al no estar conforme con esas determinaciones, la quejosa esgrime en vía de conceptos de violación los argumentos siguientes: La resolución reclamada transgrede las garantías de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la impartición de justicia, contempladas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República; ya que en ésta la responsable esgrimió argumentos que carecen de fundamento, apreció los hechos en forma incorrecta e interpretó inexactamente diversas disposiciones normativas aplicables al caso en particular. Contrariamente a lo sostenido por la responsable, el documento de elección impugnado constituye una manifestación aislada de la voluntad de la autoridad demandada, por lo cual sí es una resolución definitiva, ya que con éste se resuelve la situación particular respecto del bono de pensión que se otorgaría en caso de optar por ese régimen. La determinación y acreditación del bono de pensión definitivo en la cuenta individual del trabajador sí constituye una resolución definitiva que incide en su esfera jurídica, puesto que como el documento impugnado contiene el importe definitivo del bono de pensión afecta sus derechos subjetivos e interés jurídico. La naturaleza de resolución definitiva que se le atribuye al documento impugnado deriva del contenido del artículo séptimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en el que se dispone: ‘... habrá un documento donde el trabajador podrá solicitar al ISSSTE que se revisen los conceptos en los que se basó para fijar el monto preliminar del bono de pensión con el propósito de que los ajustes procedentes le sean reconocidos en el cálculo del bono de pensión, como parte de los elementos necesarios para sustentar su elección.’. En los artículos 7 al 24 del Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad en los artículos quinto y séptimo transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se establece el procedimiento para la revisión de datos que utilizó el citado instituto para fijar el monto preliminar del bono de pensión; además, en el acuerdo del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que se da a conocer el formato del documento de elección a que se refieren los artículos 2, fracción VII, 4, fracción III, inciso g), 26, 31, 32, 33, 35, 40, 43 y tercero transitorio del citado reglamento, se publicó el formato oficial por el que los trabajadores deben hacer su petición para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado corrija los datos que le sirvieron de base para establecer el monto preliminar del bono de pensión; por ende, es evidente que derivado de lo que antecede, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras dependencias se obligaron a poner a disposición del trabajador el documento de elección de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto del citado acuerdo, en relación con el numeral 17, fracción IV, del también mencionado reglamento, aunado a que dichas disposiciones en ninguna parte prevén que el documento de elección pueda recurrirse, por lo cual sí se está ante una resolución definitiva. En otro de sus reclamos, el quejoso esgrime que en catorce de febrero de dos mil ocho, entregó en la institución en que presta (sic) servicios, el documento de actualización de datos que le fue proporcionado para corregir lo relativo al sueldo básico y tiempo de cotización sin recibir alguna respuesta; empero, la demandada persistió en la ilegal determinación, motivo por el cual demandó la nulidad del documento de elección impugnado en el juicio de origen. A la narración de los conceptos de violación que hasta este momento se ha expuesto, el quejoso agrega que en la fecha en que promovió su demanda de nulidad, era ya improcedente presentar una nueva solicitud de revisión, puesto que el plazo expiraba el treinta de junio de dos mil ocho con prórroga hasta el quince de agosto del mismo año, y que eso no lo apreció la responsable aun cuando se le dijo que la resolución impugnada fue expedida en veintidós de octubre de ese año. -La resolución impugnada es un acto de autoridad definitivo, ya que no existe controversia en cuanto que la resolución impugnada fue emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que mediante su contenido se hace nugatorio el derecho que le asiste para elegir el sistema que más le beneficie a sus intereses, por lo cual si ésta subsiste se afectaría el importe de la cuenta individual del actor y, consecuentemente, de la pensión que se le pagaría al retirarse del servicio activo. Es inexacta la consideración atinente a que el documento impugnado es un formato y que por ese hecho carezca de definitividad; aunado a que el solo hecho de que dicho documento no lleve la firma del servidor público que lo emitió, es causa suficiente para declarar su nulidad. Precisad

s los puntos fundamentales de los conceptos de violación, es menester precisar que según se advierte de los antecedentes relatados, así como de los argumentos aducidos por el quejoso en su concepto de violación, la litis en el presente asunto versa en dilucidar si el ‘documento de elección’ impugnado en el juicio contencioso administrativo de origen, constituye una resolución definitiva susceptible de ser controvertida en dicho procedimiento. A efecto de definir tal situación, primeramente es necesario tener en cuenta que la acción contenciosa administrativa por parte de los administrados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no procede contra todo acto de la administración pública, ya que se trata de un juicio de jurisdicción restringida cuya procedencia se encuentra condicionada a que el acto a impugnar se reconozca en la norma como hipótesis de procedencia expresa de la acción. De conformidad con los artículos 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio contencioso sólo resulta procedente contra los actos de la administración pública federal que se enlistan en las fracciones previstas en el primer numeral citado, siempre y cuando posean la característica de ser ‘resoluciones administrativas definitivas’. En efecto, los preceptos normativos de mérito, en las partes que interesan al presente estudio, dicen: Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ‘Artículo 14.’ (se transcribe). Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). Según se aprecia, los preceptos anteriores prevén que el juicio contencioso administrativo ante Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sólo resulta procedente contra actos de la administración pública federal que posean la característica de ser ‘resoluciones administrativas definitivas’ y, además, que se encuentren mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia expresas de asuntos que son de la competencia del referido tribunal administrativo. Resulta conveniente precisar que por ‘resolución definitiva’, para efectos del juicio contencioso administrativo, debe entenderse no sólo aquellas resoluciones contra las que no se admita recurso alguno o que admitiéndolo se trate de recursos optativos (según lo prevé el antepenúltimo párrafo del primer artículo transcrito), ya que a efecto de determinar si una resolución es definitiva, necesariamente debe atenderse a la naturaleza de tal resolución, pues para que ello acontezca es imperativo que dicho acto constituya el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa. En ese tenor, debe tenerse presente que el producto final o última voluntad de la autoridad, suele expresarse como la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o bien, a través de una manifestación aislada que, por su naturaleza y características, no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública. De ahí que no podrá generar agravio o conflicto alguno para el gobernado aquella resolución administrativa que no constituya la última palabra de la autoridad a quien competa decidir una situación concreta. En conclusión, para determinar si una resolución constituye un acto definitivo susceptible de ser materia de impugnación a través del juicio contencioso administrativo, resulta imprescindible que tal acto constituya la última palabra por parte de la autoridad al decidir una situación concreta y que a ello se combine la causación de un agravio objetivo en perjuicio del particular. Resulta ilustrativa de lo anterior, por igualdad de razón y en lo conducente, la tesis número X/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 336 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de dos mil tres, Novena Época, cuyos rubro y texto, indican: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.’ (se transcribe). Pues bien, en el caso particular, acontece que la entonces actora en el juicio de origen demandó la nulidad del ‘documento de elección’ emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fecha de emisión ocho de septiembre de dos mil ocho, el cual es del tenor siguiente: ‘documento de elección.’ (se transcribe). La transcripción precedente permite aseverar que el ‘documento de elección’ impugnado, constituye un formato a través del cual se da oportunidad al trabajador (hoy quejoso) al servicio del Estado de optar entre el régimen de pensión establecido en el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de abril de dos mil siete, o bien, por el bono de pensión en cuenta individual, según lo previsto en el numeral quinto transitorio del propio ordenamiento citado. Ahora, a efecto de precisar la naturaleza jurídica del referido acto impugnado, debe atenderse a los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que, a la letra, estipulan: (se transcriben). De los preceptos reproducidos se desprende, en lo que interesa, que aquellos trabajadores que se encontraran cotizando al régimen previsto en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la fecha de entrada en vigor del ordenamiento en cita (uno de abril de dos mil siete), tendrían derecho de optar por la acreditación de bonos de pensión del instituto en sus cuentas individuales, o bien, por el régimen establecido en el artículo décimo transitorio de la propia ley. Al efecto, se estableció que dentro de un plazo que no excedería del treinta y uno de diciembre de dos mil siete, la Secretaría de Hacienda y el instituto señalado harían del conocimiento de los trabajadores el cálculo preliminar de sus bonos de pensión, así como la información sobre las opciones que tuvieran conforme a la ley. Asimismo, se señaló que a partir del uno de enero de dos mil ocho, los trabajadores tendrían seis meses para optar por el régimen previsto en el artículo décimo transitorio o por la acreditación de bonos de pensión del instituto; además, que en aquellos casos en que el trabajador considerara que su sueldo básico o tiempo de cotización fueran diferentes a los acreditados como base para el cálculo preliminar de su bono de pensión, tendría derecho a entregar al instituto las hojas únicas de servicio que para este efecto le expidieran las dependencias y entidades en que hubieran laborado, a fin de realizar la revisión y ajuste correspondiente y el mismo se viera reflejado en el cálculo del bono de pensión, como parte de los elementos necesarios para sustentar su decisión. Finalmente, se estableció que la opción adoptada por el trabajador -esto es, si elige el régimen de pensión modificado conforme al artículo décimo transitorio de la ley en mención o por la acreditación de los bonos de pensión en cuentas individuales- deberá ser comunicada por escrito al instituto a través de las dependencias y entidades donde labore; elección que se entenderá definitiva, irrenunciable y no podrá modificarse. Además, que en caso de que el trabajador no opte por alguno de los regímenes citados, se estaría a lo dispuesto por el ordenamiento reglamentario respectivo. En el caso, se analizarán conjuntamente los conceptos de violación en términos de lo estatuido en el artículo 79 de la Ley de Amparo, en los cuales la quejosa sustancialmente aduce que el acto cuya nulidad reclamó sí constituye una resolución definitiva para efectos del juicio de nulidad y que, por ende, debió admitirse a trámite el juicio de nulidad. En relación con lo anterior, los artículos 2, fracciones I, V, VII y VIII, 4, 7, 26 y 35 del Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo transitorios del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, señalan: ‘Artículo 2.’. ‘Artículo 4.’. ‘Artículo 7.’. ‘Artículo 16.’. ‘Artículo 24.’. ‘Artículo 26.’. ‘Artículo 35.’ (se transcriben). De la parte conducente del primer numeral citado deriva que los bonos de pensión del instituto son títulos emitidos por el Gobierno Federal de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo transitorio de la ley; que el derecho de opción es aquel que tienen los trabajadores a escoger por el régimen que se establece en el artículo décimo transitorio de la ley o por la acreditación de los bonos de pensión en sus cuentas individuales; que el documento de elección es el formato que el trabajador debe utilizar para ejercer su derecho de opción; así como que el documento de solicitud de revisión es el formato que sirve para solicitar al instituto a través de la dependencias y entidades en donde el trabajador labora, la revisión de su sueldo básico, tiempo de cotización al instituto o fecha de nacimiento, a efecto de ajustar el cálculo preliminar del bono de pensión. El artículo 4 transcrito preceptúa que para estar en posibilidad de hacer del conocimiento de los trabajadores el monto preliminar del bono de pensión, así como la información necesaria para que tomen la decisión correspondiente, el instituto, las dependencias, entidades y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debían llevar a cabo diversas acciones dentro de las cuales resaltan que en un plazo que no excedería del treinta y uno de diciembre de dos mil siete, el instituto y la Secretaría de Hacienda harían del conocimiento de los trabajadores por medio de la página de Internet del instituto, entre otra información, el cálculo preliminar de sus bonos de pensión, el cual se obtendría con base en la edad, el sueldo básico, así como el tiempo de cotización de los trabajadores, además de informarles sobre el derecho que tienen para optar por el régimen de su conveniencia y la posibilidad de solicitar la revisión del cálculo del bono de pensión. En ese contexto, el artículo 7 referido señala que los trabajadores que consideren que su sueldo básico, su tiempo de cotización o su edad no están debidamente registrados ante el instituto, podían solicitar ante la dependencia o entidad en que labore o ante el instituto, que se verifiquen dichos datos para efecto de calcular el bono de pensión, lo cual podía realizarse entre el uno de enero y el treinta de junio de dos mil ocho (cabe señalar que el plazo citado fue ampliado hasta el quince de agosto de dos mil ocho, en términos del decreto de reformas al reglamento de mérito, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintisiete de junio de dos mil ocho). Del artículo 16 transcrito, se desprende que los trabajadores que consideren que su sueldo básico es distinto al que debe considerase como base para calcular su bono de pensión, tendrán derecho a presentar una solicitud de revisión. El normativo 24 estatuye que el instituto emitirá la resolución correspondiente a la solicitud de revisión que presenten los trabajadores, declarándola procedente o improcedente. En el numeral 26 del reglamento se estatuyó que el instituto y la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público, con la colaboración de las dependencias y entidades pondrían a disposición de cada trabajador el documento de elección que le correspondiera, el cual debía contener, entre otros requisitos, el cálculo preliminar del importe del bono de pensión que le corresponda. Por último, el artículo 35 del ordenamiento de mérito establece que en caso de que al catorce de noviembre de dos mil ocho, los trabajadores que no hubieren comunicado por cuál régimen de pensión optaron, les sería aplicado el previsto en el décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Todo lo anterior permite concluir, por un lado, que contrario a lo pretendido por el quejoso, el ‘documento de elección’ cuya nulidad demandó en el juicio de origen, si bien puede ser catalogado como un acto dictado en materia de pensiones civiles a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cierto es que no comparte la naturaleza de una resolución definitiva para efectos del juicio de nulidad, pues en términos del artículo 26 del cuerpo reglamentario citado, el importe del bono de pensión ahí contenido constituye únicamente el cálculo preliminar de la cantidad que le correspondía al hoy quejoso, en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ello es así, pues el propio numeral en comento define de manera expresa que el importe que se cita en el formato denominado ‘documento de elección’, constituye un monto preliminar del bono de pensión que le habría de corresponder al trabajador, circunstancia que excluye, por sí misma, la posibilidad de considerar que dicha cantidad sea la última voluntad o decisión de la autoridad respecto de esa cuestión, por lo que dicho acto no puede ser entendido como una resolución definitiva que afecte de manera actual la esfera jurídica del quejoso. Asimismo, los numerales de referencia permiten discurrir que no asiste la razón al quejoso en cuanto alega que el ‘documento de elección’ de mérito constituye la resolución final dictada en un procedimiento específico de determinación del importe del bono de pensión en conflicto; lo anterior es así, pues del análisis de dichos preceptos no se advierte la existencia de procedimiento alguno con las características que refiere la quejosa. Esto es, en el reglamento de referencia únicamente se establece que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público darían a conocer a los trabajadores, por conducto de su página de Internet, el monto preliminar del bono de pensión que les correspondiera conforme a la ley; que se les daría a conocer el ‘documento de elección’, en el que se contuviera el importe preliminar del bono de pensión; y que dicho monto podría ser sujeto de revisión a través de la solicitud que en su caso se presentara ante la dependencia o entidad respectiva, o bien, directamente ante el propio instituto. Sin embargo, en tales preceptos no se establecieron etapas o procedimiento alguno a efecto de determinar el monto del bono de pensión, pues lo previsto en tal ordenamiento, como se ha relatado, solamente imponía a las autoridades citadas la obligación de dar a conocer anticipadamente el monto del bono de pensión para que, en su caso, los trabajadores que estuvieran inconformes con esa cantidad, pudieran solicitar su revisión ante la dependencia o el instituto a través de una instancia en la que podrían aportar los medios de prueba que estimaran pertinentes para demostrar la incorrección del cálculo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 117/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de dos mil ocho, página 58, que reza: ‘ISSSTE. LOS ARTÍCULOS SEXTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS DE LA LEY RELATIVA, RESPETAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).’ (se transcribe). En el contexto señalado, resulta clara la existencia de un medio ordinario de defensa contra los datos asentados preliminarmente en el documento de elección impugnado en el juicio de origen, contra el cual se puede ejercer indistintamente el ‘procedimiento simplificado de revisión sin acreditación documental ante las dependencias y entidades’, ‘el procedimiento de revisión mediante acreditación documental ante las dependencias y entidades’ o ‘el procedimiento de revisión ante el instituto’ como lo prevé el citado reglamento en los artículos relativos al capítulo tercero que alude al procedimiento de revisión, circunstancia que demuestra que el documento de elección impugnado originariamente, tal como lo so

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23406-1824719e/documento-de-eleccion-para-ejercer-el-derecho-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.