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Modo: Corpus Pro

ISSSTE. DISTINCIÓN ENTRE SALARIO TABULAR Y TABULADOR REGIONAL PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2013. · Registro digital (IUS): 24405
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Pág. 740.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE MARZO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos tercero, quinto y octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución General, cuyo contenido es:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, y no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de esta contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente caso, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

En la especie, es aplicable la tesis P. I/2012 (10a.), del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se reproduce:

"Registro: 2000331

"Décima Época

"Instancia: Pleno

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro VI, marzo de 2012

"Tomo: 1

"Materia: común

"Tesis: P. I/2012 (10a.)

"Página: 9

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito.

"Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina.

"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.

"El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número I/2012 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce."

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.

TERCERO. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el Magistrado denunciante considera contradictorios.

En ese sentido, cabe señalar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el veinticuatro de mayo de dos mil doce la revisión fiscal **********, determinó, en lo que al caso importa, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Por cuestión de método, se analizan de manera conjunta los agravios primero y tercero que hace valer la autoridad recurrente, por encontrarse relacionados entre sí, en los que aduce: Que en la sentencia recurrida, la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución impugnada pasando inadvertido que las cantidades y conceptos que obligó se tomaran en cuenta dentro del sueldo básico para efectos del cálculo de la pensión, se debieron cotizar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Que conforme a los artículos 15 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, que se encuentra vigente para todos los pensionistas que siguen percibiendo una pensión en los términos de esa ley, la pensión que recibió la actora debió ser calculada en función de la cantidad respecto de la cual pagó las cuotas y aportaciones correspondientes, y no con base en el sueldo nominal del empleado, no obstante acredite (sic) que los haya recibido de manera regular. Que el instituto calculó la pensión con base en las percepciones obtenidas con motivo del último año de trabajo, tomando únicamente las cantidades asentadas en la hoja única de servicios por lo que hace a las cantidades que cotizaron, sin estar en condiciones de tomar en cuenta adicionalmente las cantidades y conceptos a que se refería la constancia expedida por la dependencia en la que laboraba, por no ser el documento idóneo para contemplar los conceptos que integran el sueldo, así como tampoco acredita que se hayan efectuado respecto de dichas cantidades y conceptos, cotización alguna (sic). Que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debe guardar un equilibrio financiero entre las pensiones que otorga y las cuotas y aportaciones que recibe para esos fines; esto es, al fijar el monto y alcance de la pensión debe existir una correspondencia con las cotizaciones, pues el monto de las pensiones debe ir en congruencia con las cuotas y aportaciones, dado que de tales recursos se obtienen los fondos para cubrirlas. Que el pago de las cuotas y aportaciones sobre las cantidades y conceptos que percibió como sueldo, debieron ser cubiertas por la dependencia previamente a la fecha del otorgamiento de la pensión, a fin de que se pudieran tomar en cuenta para calcular el monto de beneficio (sic) pensionario. Que respecto a la carga de la prueba, ésta debe recaer sobre la parte actora, ya que ella es quien debe acreditar los extremos de su acción, de conformidad con el artículo 40, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone que le corresponde a la parte actora acreditar los extremos de su acción, ya que es ésta quien manifiesta su inconformidad a través del ejercicio de su derecho de acción, como es el procedimiento contencioso administrativo; y que si la actora pretendía el reconocimiento de un derecho subjetivo, consistente en la incorporación de conceptos para el cálculo de la cuota diaria de pensión, ésta es quien debió probar los extremos de su acción; por lo que la actora debió acreditar que efectivamente tenía ese derecho subjetivo, por los conceptos que haya cotizado ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 41/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que de los medios de prueba ofrecidos por la actora, no se advertía que los conceptos que reclamó hayan sido objeto de cotización, requisito indispensable para que fueran tomadas (sic) en consideración para efectos de cuota de pensión, en virtud de que sólo las percepciones obtenidas en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja y que hayan sido objeto de cotización como fondo de pensión u otra prestación diversa, serán las tomadas en consideración para el cálculo de la pensión, lo que en el caso no aconteció, porque la actora no acreditó que las prestaciones reclamadas se hayan tomado en consideración para las aportaciones efectuadas al instituto, por parte de la dependencia en la que laboraba. Que el documento en el cual constan la aportaciones realizadas es la hoja única de servicios que expide la dependencia para la cual laboró el beneficiario, pues en ella (sic) se contienen las cantidades de sueldo, sobresueldo, compensación, quinquenios, prima de antigüedad y los años de servicios prestados por el trabajador que fueron objeto de aportación al fondo del instituto, con fundamento en el artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Que las tesis y jurisprudencias que invocó la Sala del conocimiento son inaplicables, ya que no basta la existencia de criterios del Poder Judicial de la Federación que determinen que las cantidades que percibió la parte actora como trabajador (sic), las haya obtenido de manera regular, periódica y continua, para tomarlas en cuenta dentro del sueldo básico para efectos del cálculo de la pensión, dado que es criterio sostenido por el Máximo Tribunal que se debe demostrar que respecto de ellas se pagaron cuotas y aportaciones de seguridad social, para que puedan tomarse en cuenta para efectos del cálculo de la cuota de pensión, conforme a la jurisprudencia de rubro: ‘PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA COMPENSACIÓN GARANTIZADA INTEGRA LA BASE SALARIAL PARA SU CÁLCULO, CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CORRESPONDIENTE LA CONSIDERÓ PARA CUBRIR EL MONTO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES EFECTUADAS AL ISSSTE (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).’, emitida al resolver la contradicción de tesis 28/2009. Que el Máximo Tribunal determinó que la pensión debe calcularse tomando en cuenta las cantidades que el pensionado percibió como trabajador en activo, siempre y cuando efectivamente haya pagado respecto de ellas, las cuotas correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que no basta que las cantidades que percibió la parte actora como trabajador (sic), las haya obtenido de manera regular, periódica y continua, para tomarlas en cuenta dentro del sueldo básico para efectos del cálculo de la pensión, dado que en la ley y la jurisprudencia se determina que se debe conocer la forma en que se realizaron las cuotas y aportaciones de seguridad social, pues el monto de las pensiones debe ir en congruencia con las aportaciones y cuotas, dado que de tales recursos se obtienen los fondos para cubrirlas. Que la sentencia recurrida causa agravios, porque la Sala del conocimiento declaró la nulidad de la resolución impugnada en el hecho de que el instituto se abstuvo de acreditar las excepciones planteadas en el juicio natural, pero que ese criterio es ilegal y violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la carga probatoria recae sobre la actora y no sobre la autoridad administrativa. Que el demandante es quien manifiesta su inconformidad a través del ejercicio de su derecho de acción, por lo que de conformidad con el artículo 40, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es a éste a quien corresponde acreditar los extremos de su acción. Que si en la especie el actor pretendía el reconocimiento de un derecho subjetivo, consistente en la incorporación de los conceptos para el cálculo diario de su pensión, conforme al artículo 15, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete; entonces debió acreditar que efectivamente tenía ese derecho subjetivo. Que los conceptos pedidos hayan sido percibidos de manera regular, periódica, continua e ininterrumpida, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que por dichos conceptos el trabajador haya cotizado ante el instituto demandado, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que el accionante debió demostrar (carga probatoria), que efectivamente los conceptos que haya percibido de manera regular, periódica, continua y de forma ininterrumpida, cotizaron al instituto, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que por tanto, si el actor acredita que cumplió con el requisito de percibir de manera regular, periódica, continua e ininterrumpida los conceptos reclamados, ello no era suficiente para que la Sala considerara que tales conceptos debían formar parte de sueldo básico para efectos del cálculo de la pensión, pues el actor debe acreditar en el juicio de nulidad que sobre tales conceptos se realizó y enteró el descuento correspondiente ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues de lo contrario se le estaría reconociendo un derecho subjetivo de forma ilegítima, que no ha sido probado en el juicio de nulidad. Que la carga de la prueba respecto de acreditar que por los conceptos solicitados se cotizó ante el instituto, recae sobre la actora, porque es ésta la que debió ofrecer a la Sala, los elementos suficientes para que adquiriera certeza de que, efectivamente, tenía ese derecho, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 114/2010, de rubro: ‘ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DEL AJUSTE A LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).’. Que el actor debió requerir en términos del artículo 6 de la ley del instituto, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, a la dependencia o entidad en la que laboró, ya son éstas (sic) las que emiten toda la información referente a los movimientos afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, descuentos, derechohabientes, nóminas, recibos, así como certificaciones e informes y en general, todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios que el instituto presta, para que la Sala pudiera determinar qué conceptos fueron los que cotizaron. Que por lo expuesto, es ilegal ordenar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, incorporara (sic) los conceptos reclamados al cálculo de la cuota diaria de pensión de la actora, porque la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país definió que no se le puede exigir fijar el monto de la pensión tomando en cuenta un salario base distinto al cotizado que no haya sido enterado mediante las cuotas respectivas, pues tal circunstancia representaría un desequilibrio en las finanzas del instituto, al obligársele a pagar más de lo que recibe, siendo que la finalidad es contar con un funcionamiento autosustentable, a través del cual pueda hacer frente a sus obligaciones, precisamente con las cuotas que por diversos conceptos se le reportan. En principio, debe decirse que es inoperante el argumento que hace valer la parte recurrente en el que sostiene que la sentencia recurrida es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque contrario a lo que resolvió la Sala, la carga probatoria recae sobre la actora y no sobre esta autoridad administrativa. ... En cambio, resultan fundados los restantes agravios, antes sintetizados, por lo que se explica: En su escrito de demanda, la parte actora adujo que percibió durante el último año laborado, los conceptos denominados ‘compensación garantizada’, ‘Fonac Aportación del Gobierno Federal’, ‘Previsión social múltiple’ y ‘Ayuda por servicios’; por lo que la autoridad demandada debió considerarlos en el cálculo de su cuota pensionaria diaria. En la sentencia reclamada, la Sala responsable advirtió que al tener a la vista el tabulador regional que sirvió de base para calcular el sueldo de la actora por el año anterior a la fecha de baja, que exhibió el gerente de lo contencioso de la Comisión Nacional del Agua, se apreciaba que los conceptos ‘Fonac Aportación del Gobierno Federal’, ‘Previsión social múltiple’ y ‘Ayuda por servicios’, que reclamaba la actora, no se encontraban incluidos en los tabuladores respectivos. En cambio, resolvió la Sala Fiscal que respecto a la percepción identificada como ‘Com Gda,’ -compensación garantizada-, sí se encuentra incluida en el tabulador regional aplicable, que constituía la base salarial a efecto de que pudiera tomarse en cuenta para el cálculo de la pensión por jubilación del actor, por lo que procedía declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada la tomara en cuenta para efectos de integración, cálculo y promedio del sueldo básico de la pensión de la actora, sin menoscabo de los ya considerados en la hoja única de servicios y, en consecuencia, se le pagaran las diferencias generadas. Contra las consideraciones anteriores, la autoridad recurrente aduce en suma que la carga de la prueba respecto de acreditar que por los conceptos solicitados se cotizó ante el instituto, recae sobre la actora, porque es ésta la que debió ofrecer a la Sala, los elementos suficientes para que adquiriera certeza de que, efectivamente, tenía ese derecho, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 114/2010, de rubro: ‘ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DEL AJUSTE A LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).’. Precisado lo anterior, debe decirse que en efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 37/2010, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Centro Auxiliar de la Segunda Región y Segundo, Noveno y Cuarto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de diecisiete de marzo de dos mil diez, estableció, en la parte que interesa, lo siguiente: Que en términos de los artículos 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 1o., 2o., 40 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la controversia entre un pensionado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto de las resoluciones que éste emite en materia de pensiones, constituye una acción de naturaleza administrativa. Que cuando en el juicio contencioso administrativo el pensionado pretende la inclusión en la cuota diaria pensionaria de conceptos distintos al salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios, le corresponde acreditar su pretensión ‘... no sólo porque existe disposición expresa que le impone esa carga, sino porque esos son los únicos elementos integrantes de la cuota diaria pensionaria ...’. Que cuando el pensionado controvierte que el cálculo de su pensión se efectuó incorrectamente, tiene la carga procesal de acreditar que los conceptos distintos al salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios, deben tomarse en cuenta para dicho cálculo. ‘... esto es, el asegurado puede reclamar y, por ende, demostrar la procedencia de la inclusión únicamente de esos conceptos en su cotización de encontrarse en alguno de los supuestos de excepción ...’. La ejecutoria de referencia dio origen a la jurisprudencia número 2a./J. 114/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, del mes de agosto de dos mil diez, que establece: ‘ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DEL AJUSTE A LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).’ (se transcribió). Del criterio jurisprudencial aludido, se aprecia que cuando un pensionado controvierte que el cálculo de su cuota pensionaria se efectuó incorrectamente respecto de conceptos distintos al salario tabular, a él corresponde acreditar su pretensión y no a la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo. En el caso, la Sala Fiscal estimó que sí era procedente la inclusión del conceptos (sic) ‘Compensación garantizada’, porque el mismo se encontraba contemplados (sic) en el tabulador regional que sirvió de base para calcular el sueldo de la actora por el año anterior a la fecha de baja, exhibido por el gerente de lo contencioso de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el sueldo, sobresueldo y compensación, quedaron compactados en un solo concepto denominado ‘sueldo tabular’, por lo que el salario asignado en los tabuladores regionales es el que, excluyéndose cualquier otra prestación percibida por el trabajador con motivo de su trabajo, debe tomar en cuenta la dependencia para efectuar las cotizaciones al régimen de seguridad social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Las consideraciones anteriores tienen sustento en la tesis 2a. LXXVI/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página cuatrocientos sesenta y cinco, que dice: ‘ISSSTE. EL SALARIO ASIGNADO EN LOS TABULADORES REGIONALES ES EL QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA EFECTUAR LAS COTIZACIONES AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).’ (se transcribió). Asimismo, se tiene presente que el Tribunal Pleno del Alto Tribunal, determinó que el salario tabular se integra por el salario nominal, el sobresueldo y las compensaciones adicionales por servicios especiales que eran otorgadas discrecionalmente por el Estado, y considerando que con motivo de la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en mil novecientos ochenta y cuatro, se cambió el concepto del salario, al que también se identificó con el nombre de sueldo; éste es el que aparece consignado en los tabuladores regionales para cada puesto y cuya cantidad es el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados; y que el sueldo del tabulador regional se integra con los mismos conceptos a que se refería el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, es decir, con el sueldo, sobresueldo y compensación. Las consideraciones anteriores quedaron expuestas en la jurisprudencia número P./J. 119/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de dos mil nueve, en los siguientes términos: ‘ISSSTE. EL SUELDO DEL TABULADOR REGIONAL QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY RELATIVA, ES EQUIVALENTE AL SUELDO BÁSICO ESTABLECIDO EN LA LEY ABROGADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).’ (se transcribió). En tales consideraciones, resulta fundado el argumento de la autoridad recurrente en el que aduce que la prueba respecto de acreditar que por los conceptos solicitados se cotizó ante el instituto, recae sobre la actora, porque es ésta la que debió ofrecer a la Sala, los elementos suficientes para que adquiriera certeza de que, efectivamente, tenía ese derecho, sin que en el caso, la parte actora probara los conceptos que integran el sueldo tabular por los cuales cotizó al instituto para que fueran tomados en cuenta en el cálculo de su cuota diaria. Por tanto, como se expuso, cuando el pensionado controvierte que el cálculo de su pensión se efectuó incorrectamente, tiene la carga procesal de demostrar la procedencia de la inclusión de los conceptos diversos al sueldo tabular en su cotización. De ahí que si la parte actora considera que en la especie debieron tomarse en cuenta para el cálculo de su pensión, el concepto (sic) que menciona, lo alegado por la autoridad recurrente en el presente recurso de revisión resulta apegado a derecho, pues se reitera, en términos de las consideraciones legales que anteceden, es la actora quien debió acreditar su acción

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24405-347fee77/issste-distincion-entre-salario-tabular-y-tabulador-regional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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