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Modo: Corpus Pro

CONTRIBUCIONES. LA INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE SU CONTRADICCION CON LEYES SECUNDARIAS O PACTOS ECONOMICOS. * * * PROPORCIONALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES. DEBE DETERMINARSE ANALIZANDO LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES DE CADA UNA. * * * IMPUESTOS. SU DETERMINACION Y COBRO NO SON ACTOS INMINENTES. - - -

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1564/88. · Registro digital (IUS): 235
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TELAS ESPECIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Localización: Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, , Pág. 39.

Se publica parcialmente la ejecutoria del amparo en revisión 1564/88.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con la dispuesto en los artículos 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 11, fracción V, inciso A) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se reclama la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho, y el decreto por el que se reforma la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, concretamente del primer ordenamiento el renglón del Impuesto sobre Nóminas y del segundo, el Capítulo VI relativo al Impuesto sobre Nóminas, artículos 45-G, 45-H y 45-I, y subsiste en el recurso del problema de constitucionalidad planteado.

SEGUNDO. La sentencia recurrida se sustenta en las siguientes consideraciones:

"PRIMERO. Son ciertos los actos reclamados al Congreso de la Unión, Presidente de la República y Secretario de Gobernación, mismos que substancialmente se hacen consistir en la promulgación y firma de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio de mil novecientos ochenta y ocho, por el que introduce el impuesto sobre nóminas y del decreto que reformó la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, específicamente el impuesto sobre nóminas, regulado en los artículos 45-G, 45-H y 45-I, por así manifestarlo la primera autoridad responsable al rendir su informe justificado (fojas ciento siete a ciento diez) de los autos".

"Además la certeza de los actos que concurrieron en el proceso y formación legislativa del ordenamiento legal reclamado, se acredita plenamente con la Ley de Ingresos del Departamento Distrito Federal, para el ejercicio de 1988 y con el decreto mediante el cual se expidió la adición de los artículos 45-G, 45-H y 45-I de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal que este juzgado no puede ignorar, resultando innecesario, por consiguiente, formular consideraciones acerca de la presunción de certeza de tales actos de formación legislativa. Sirve de apoyo a esta consideración el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejecutoria visible a fojas 337, del Informe de labores de 1974, con el rubro: "LEYES NO SON OBJETO DE PRUEBA."

"SEGUNDO. No se actualiza la presunción de certeza de los actos que se reclaman al jefe del Departamento del Distrito Federal y tesorero de dicha dependencia, que señala el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo. A pesar de que estas autoridades fueron omisas en rendir su informe justificado y de que el mismo les fuera oportunamente solicitado, en virtud de que la parte quejosa no justificó que se le estuviera haciendo efectivo por la vía económico coactiva el entero del impuesto del 2% sobre nóminas ni que se le estuviera ejecutando".

"En estas condiciones ante la inexistencia de los actos reclamados procede sobreseer en el juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo".

"Como el Presidente de la República, Secretario de Gobernación, Jefe del Departamento del Distrito Federal y Tesorero de dicha dependencia fueron omisos en rendir su informe justificado, a pesar de que el mismo les fue oportunamente solicitado, como consta a fojas ciento tres a ciento cinco, razón por la que con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 149 de la Ley de Amparo, procede imponerles una multa equivalente a diez días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal; para su efectividad gírese oficio al Administrador Fiscal Regional Centro del Distrito Federal".

TERCERO. Previamente al estudio del fondo del asunto, se analizan las causas de improcedencia, sea que las partes lo aleguen o no, por ser esta cuestión de orden público de estudio preferente en el juicio de garantías atento a lo sostenido en la tesis de jurisprudencia número 158, visible en la Octava Parte del Apéndice al Semanario judicial de la Federación, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA".

"El Congreso de la Unión al rendir informe justificado argumentó que en la especie se surte la causa de inejercitabilidad prevista en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo." No resulta operante la causal de inejercitabilidad invocada, pues si bien es cierto que el acto reclamado por su naturaleza es consumado; el mismo no puede considerarse como irreparable, pues precisamente la finalidad del juicio de garantías es el de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; asimismo el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política, establece para la procedencia del juicio de amparo, la existencia de la ley, como en el presente caso, por lo que procede desestimar la causa de improcedencia aducida por la responsable.

No existiendo ninguna otra causal propuesta, ni diversa que se advierta de oficio, procede pasar al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados.

CUARTO. Los conceptos de violación aducidos por la quejosa resultan infundados por lo siguiente: los argumentos de la enjuiciante parten de un evidente error de perspectiva jurídica, que deforman el marco de la litis constitucional.

En efecto, como premisa debe decirse que el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: que "son obligaciones de los mexicanos: fracción IV. Contribuir para los gastos públicos de la Federación, Estados y Municipios en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".

Por su parte el decreto por el que se adicionaron los artículos 45-G, 45-H y 45-I de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, disponen:

"Artículo 45-G. Se encuentran obligadas al pago de Impuesto sobre Nóminas, las personas físicas y morales que en el Distrito Federal realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que les le otorgue."

"Artículo 45-H. El Impuesto sobre Nóminas se determinará aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado."

"Artículo 45-I. El Impuesto sobre Nóminas se causará en el momento en que se realicen las erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagarán mediante declaración, que deberá presentarse cada mes dentro del plazo establecido para el pago del impuesto al valor agregado."

El decreto por el que se creó el Impuesto sobre Nóminas contenido en los artículos 45-G, 45-H y 45-I que se acaban de transcribir no son violatorios de la garantía de legalidad consagrada en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV constitucionales, pues cumplen con todos los elementos fundamentales: siguiendo los principios rectores que a todo impuesto imprime la ley, esto es, el artículo 21 fracción IV constitucional no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que esté establecido por ley, sea proporcional y equitativo, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo como pueden ser sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley.

De la lectura del texto de los numerales impugnados se advierte que el legislador al crear el Impuesto sobre Nóminas, determinó como sujeto del impuesto tanto a las personas físicas y morales que en el Distrito Federal realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, siendo el objeto de dicho impuesto las erogaciones en dinero o en especie que por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado realicen los sujetos del impuesto, teniendo como base del impuesto el monto total de las erogaciones realizadas por ese concepto, sobre una tasa del 2% del monto total de las erogaciones, cuya época de pago es mensual, el que se efectuará dentro del plazo establecido para el pago del impuesto al valor agregado.

De lo anterior, se advierte que el legislador al crear el Impuesto sobre Nóminas contenido en la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, acogió los elementos esenciales para su validez, atendiendo los lineamientos que consagran el principio de legalidad, sin que con la creación del impuesto entre dicho se establezca incertidumbre e inseguridad jurídica. Por otra parte, contrario a lo sostenido por la enjuiciante, no puede considerarse que el decreto que crea el Impuesto sobre Nóminas sea desproporcionado e inequitativo y por ende, inconstitucional, pues no atenta contra lo dispuesto por la fracción IV del artículo 31 constitucional por las siguientes consideraciones: la equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad jurídica frente a la norma jurídica que lo establece y regula, es decir, todos los sujetos pasivos de un mismo tributo deben recibir un tratamiento idéntico en los concerniente a la hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, etc., debiendo únicamente variar los montos tributarios aplicables de acuerdo a la capacidad económica de cada contribuyente.

En el caso a estudio, los artículos que se impugnan de inconstitucionales son equitativos, al establecer que se encuentran obligadas al pago del Impuesto sobre Nóminas las personas físicas y morales que, en el Distrito Federal, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue, ya que dan un trato igual a condiciones económicas iguales, comprendiendo tanto a las personas físicas como morales con el carácter de patrón eventual o permanente, por ser estas las únicas reconocidas por nuestro derecho positivo vigente con existencia jurídica.

De lo anterior se llega a la conclusión de que tampoco se viola la garantía de igualdad que consagra el artículo primero de la constitución, porque el artículo 45-G, del decreto por el que se crea el Impuesto sobre Nóminas, incluye a todas las personas físicas y morales que en el Distrito Federal realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado independientemente de la designación que se le otorgue, es decir, que todos los patrones con trabajadores a su cargo, están contemplados en este precepto y obligados al pago del impuesto del 2%.

La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la equidad tributaria debe tener como principio rector el concepto de igualdad de la ley, otorgando un trato igual a los iguales y un trato desigual a los desiguales, es decir, varía el monto del impuesto a cubrir, de acuerdo a la situación particular y económica de cada contribuyente, en virtud de que se grava más al que mejor situación económica detenta y menos al de menor capacidad económica, de acuerdo al monto de las erogaciones que por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado realicen en su totalidad cada contribuyente.

En este punto, debe decirse que, contrario a lo sostenido por la quejosa, no es exacto, que el tributo que se impugna resulte inconstitucional en tanto algún patrón realice erogaciones adicionadas en beneficio de sus trabajadores, lo que se traduzca en cobrar más impuesto al patrón que acumule menos riqueza, pues es de explorado derecho que la inconstitucionalidad de un impuesto no deriva de una casuística individual o particular, sino de situaciones generales en que se encuentren los gobernados sujetos del tributo; además de que, por reflejo de las disposiciones legales respectivas, es común que cuando se impone a la clase patronal la obligación de cubrir erogaciones adicionales en beneficio de los trabajadores, ello se impone a todos los titulares del ramo patronal respectivo y no a uno en singular, luego, la carga tributaria es equitativa. En una palabra la proporcionalidad y la equidad en la fijación impositiva no depende de afirmaciones individuales o casos particulares; sino de circunstancias generales pues la naturaleza de la ley, su equidad o desproporcionalidad, se insiste, sólo puede derivar del sistema general que previene en relación con todos los contribuyentes a quienes afecta. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 32, consultable a fojas 400 de la Primera Parte, Pleno, del Informe de labores correspondiente al año de mil novecientos ochenta y ocho, que el rubro dice: "IMPUESTOS. SU DESPROPORCIONALIDAD E INEQUIDAD DEPENDE DE SITUACIONES GENERALES".

Por otra parte, debe decirse que la obligación de contribuir a los gastos públicos a que se refiere el artículo 31 fracción IV constitucional, debe establecerse de una manera proporcional a la capacidad contributiva del particular. La proporcionalidad tributaria radica medularmente en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica. Esto es, el gravamen debe fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo de manera que las personas que eroguen más por concepto del trabajo personal subordinado, tributen en forma cualitativamente superior al de los medianos y reducidos recursos: en este orden de ideas debe establecerse, que el Impuesto sobre Nóminas es proporcional en la misma medida que cada patrón (persona física o moral); hará una erogación por concepto de salarios y demás prestaciones laborales, dependiendo de su capacidad de soporte de trabajadores necesarios para su actividad preponderante, siendo el número de ellos mayor o menor según sus propias necesidades y posibilidades económicas; razón por la cual la cantidad de empleados y por ende de salarios a cubrir, va en razón directa de la capacidad de riqueza con que cuenta el sujeto del impuesto, luego, en esa medida, el gravamen proporcional.

En este orden de ideas, la igualdad o equidad y la proporcionalidad de todo impuesto, son las características que a éste imprime la ley fundamental en el artículo 31, fracción IV, que se acaba de referir; un impuesto para que no sea inconstitucional, debe ser igual o equitativo, es decir, decretarse para todo individuo que se encuentra en la misma situación determinada que aquel gravamen (sic), constituido por los salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral; sería desproporcionado y por ende inconstitucional, en el caso de que todos los causantes, independientemente de su posición económica gravable estuviesen obligados a pagar una misma suma por tal concepto.

Las consideraciones vertidas tienen sustento en la tesis de jurisprudencia número 98, visible a fojas 190 y 191, tomo relativo al pleno del Apéndice de los fallos correspondientes a los años de 1917 a 1985, que al rubro dice: "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL".

No se transgreden los artículos 123 y 31 fracción IV constitucionales, partiendo del argumento de la enjuiciante en el sentido de que el Impuesto sobre Nóminas grave el gasto a cargo de los patrones por concepto de salarios cuando la fuente de otros impuestos la constituyen el ingreso, el consumo y la riqueza reflejada objetivamente, gravando en su perjuicio una disminución de su patrimonio.

Contrario a lo sostenido por la quejosa, el Impuesto sobre Nóminas no grava la disminución del patrimonio del patrón, la pobreza que resulta del pago de erogaciones por concepto de salarios, como lo pretende la enjuiciante, pues si bien el patrón que cubre a sus trabajadores mejores salarios y prestaciones, como consecuencia realiza mayores erogaciones, ello significa que es el resultado de una mayor productividad y por ende el aumento de una riqueza en formación en beneficio de la clase patronal, denotando la capacidad contributiva del sujeto obligado al pago del impuesto de que se habla, y no es un gravamen en la disminución del patrimonio aducido por la quejosa.

A mayor abundamiento, no es exacto que con el pago del Impuesto sobre Nóminas se esté gravando la disminución económica de la persona física o moral (patrón), el gasto que se refiere a la pobreza patronal; sino por lo contrario, con el tributo en entre dicho se grava la riqueza real reflejada objetivamente en la actividad preponderante del susodicho patrón.

En efecto, la erogación por concepto del pago de salarios y demás prestaciones laborales que lo Constituyen, en la especie se traduce en la contraprestación que recibe el patrón, la riqueza resultante del trabajo producido por sus empleados que al final del proceso económico se convierte en el ingreso que refleja, valga la repetición, la riqueza objetiva de los multicitados patrones; luego, es falso que se grave la disminución económica del sujeto de que se habla.

En una palabra, debe decirse que, contrario a lo sostenido por la enjuiciante con el impuesto del dos por ciento sobre nóminas a que se contrae la actual Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, no se grava la disminución del patrimonio del patrón, como antes se expresó, la pobreza patronal, el gasto no recuperable, la pérdida total y definitiva; pues el tributo se finca en una riqueza real y objetiva, aquella que se constituye en la inversión de dinero (salario), que tiene como fin obtener el ingreso al patrimonio patronal de un bien que es el trabajo producido por los empleados que se traduce, valga la repetición, en una riqueza real y objetiva.

En otro giro, no se grava el gasto como pérdida patronal al cubrir los salarios de sus trabajadores, sino que, la fuente del tributo es la riqueza real y efectiva resultante de erogar o gastar una cantidad en dinero o en especie, la distribución de un bien cierto; haciendo hincapié, como inversión para obtener un fruto específico en la actividad preponderante del patrón.

Toralmente, el erogar o gastar una cantidad específica de dinero como pago de salarios, de consumo no tiende a afectar tributariamente la disminución del patrimonio del patrón, sino que en última instancia, es un gasto destinado al consumo de trabajo, que es la contraprestación que recibe el patrón por el pago de salarios y que, al final del proceso económico se refleja en una riqueza real y objetiva, que constitucionalmente es gravable.

Como corolario, de lo que aquí vertido debe decirse que el impuesto del 2% sobre erogaciones en dinero y en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado no rompe la garantía de legalidad en cuanto a la proporcionalidad y equidad de dicho tributo, porque el mismo no es gravoso ni es ruinoso para el sujeto obligado a cubrirlo, en la misma medida que como se expresó en el informe con justificación, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal, al formular el dictamen, relativo a la iniciativa del decreto por el que se reformó y adicionó la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, el impuesto impugnado es deducible del diverso impuesto sobre la renta; por lo que en última instancia estaríamos ante la presencia de una mínima carga fiscal que por su naturaleza, no es inconstitucional.

En este orden de ideas tampoco resulta atendible su argumento en el sentido de que las leyes cuestionadas contravengan lo dispuesto en el pacto de solidaridad económica, porque la constitucionalidad de una ley o su inconstitucionalidad, no puede depender de pactos económicos.

Por igual son inatendibles sus argumentos en el sentido de que las leyes impugnadas violan en detrimento de la quejosa los artículos 14 y 16 constitucionales; porque, con al aplicación de los mismos se está privando al quejoso de sus propiedades, posesiones y derechos, sin que se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y sin que para ello medie una orden por escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Porque hasta de la simple lectura de la Ley de Ingreso del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio de 1988 y del decreto que contiene las adiciones y reformas a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal vigente (que aquí se tienen por reproducidos porque la ley no es objeto de prueba), que las mismas fueron expedidas con anterioridad al hecho. Cabe señalar también que la legislación impugnada si está fundada y motivada, extremos que se satisfacen con exposición de motivos que el Congreso de la Unión tomó en cuenta para aprobar y expedir la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y la diversa de ingresos del propio Departamento del Distrito Federal para el año de 1988.

Tampoco se vulneran los artículos 14, 16 y 31 fracción IV, y por ende el principio de proporcionalidad y equidad con la emisión de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal en su apartado de impuesto sobre Nóminas partiendo del argumento de la quejosa en el sentido de que con la misma se fija un impuesto al gasto o erogación, o contribución que hace el quejoso pagando la cuota al INFONAVIT, para las casas, los créditos inmobiliarios, casas para los obreros y para la seguridad social pues "...exige un impuesto complementario adicional a un gasto contributivo..."

Contrario a lo sostenido por la enjuiciante, el Impuesto sobre Nóminas en la especie no es inconstitucional partiendo de sus argumentos, en efecto de una interpretación congruente y armónica de los dispositivos legales que componen el impuesto sobre nóminas y no aislada, singular o particular de una expresión parcial del numeral 45-G a que se ha hecho mérito se llega al conocimiento de que el tributo en entredicho se contrae exclusivamente a gravar el pago de salario y demás prestaciones laborales (entendidos éstos como los beneficios laborales que la ley de la materia le reconoce a los trabajadores formando parte del salario y que para su casuística deberá someterse a la legislación laboral y contratos colectivos de trabajo).

En este orden de ideas, con el Impuesto sobre Nóminas no se esta afectando la obligación patronal al enterar el pago de cuotas obrero-patronales al INFONAVIT, con el carácter de contribuciones que le adosa la enjuiciante; esto es que se trate de una doble tributación sobre la misma fuente gravable.

Para mayor firmeza de este fallo debe decirse que es de explorada jurisprudencia que la doble tributación no es inconstitucional como ha quedado señalado.

Consecuentemente al haber resultado infundados los conceptos de violación aducidos por la quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal; y por ende, en la especie, resulta constitucional el Impuesto sobre Nóminas, regulado por la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal y la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.

TERCERO. La recurrente planteó los siguientes agravios:

"AGRAVIO INTEGRAL Y ESTRUCTURAL EN CUANTO SE REFIERE A LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA Y QUE REQUIERE EL ANALISIS PREVIO AL EXAMEN ULTERIOR DE LOS AGRAVIOS INDIVIDUALES QUE SE EXPRESARON EN LA DEMANDA DE AMPARO, QUE NO FUERON ANALIZADOS, POR LO QUE LOS AGRAVIOS PROPIOS DE ESTE RECURSO DE REVISION VENDRAN A CONTINUACION DE ESTE CAPITULO."

"Nuestro juicio de amparo definido y estructurado con características peculiares en los artículos 103 a 107 de la Constitución -tanto para garantizar el respeto de las garantías individuales para la persona física y jurídica, cuanto el respeto a la organización del Estado garantizando la soberanía de los estados y la esfera de acción de la Autoridad Federal- impone limitaciones muy peculiares a la actuación y función del Poder Judicial y por ello en la fracción segunda del artículo 107 constitucional se establece:

"La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare."

"En la sentencia que se recurre no se sigue dicha norma estricta y con el afán de apoyar y podríamos decir, de avalar el Poder Legislativo (obsecuente aprobador de las iniciativas del 13 de noviembre de 1987 de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal y las Reformas a la Ley de Hacienda del propio Departamento) ampliando a su modo los informes justificados de la Cámara de Diputados, procediendo a sentar "premisas" de carácter mucho muy general y así declarar solemne y enfáticamente la constitucionalidad del denominado "impuesto sobre nóminas" y otorgando al Departamento del Distrito Federal (confiado a la administración del Presidente de la República en la interpósita persona del Jefe del Departamento del Distrito Federal) un patrimonio más cuantioso aun que los impuestos que le son propios y que tradicionalmente estableció la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, adicionando ahora este nuevo gravamen que al deducirse como gasto del impuesto sobre la renta está afectando los impuestos tributarios de la Federación. No fue óbice para el juzgador que el propio Presidente de la República reconoció en el Pacto de Solidaridad Económico en el capítulo de determinaciones, lo siguiente:

"El Ejecutivo promoverá modificaciones a las iniciativas de Leyes de Ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal que ha sometido al H. Congreso de la Unión para instrumentar diversos cambios en materia tributaria.

"Y asimismo el compromiso sobre el gasto público, precisando:

"Se promoverán modificaciones a los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal que ha sometido el Ejecutivo Federal a la H. Cámara de Diputados para 1988 para reducir el gasto público programable como proporción del PIB, el cual pasará de 22 por ciento en 1987 al 20.5 por ciento en 1988. Los correspondientes ajustes se realizarán selectivamente por proyectos y atendiendo a la prioridad del gasto social.

"Lógicamente el señor Presidente, el 15 de diciembre se refirió a no pedir nuevos impuestos y se comprometió a reducir el gasto, pero ello no le interesó ni al Poder Legislativo ni mucho menos al juez de Distrito al resolver el amparo, estimando que es constitucional gravar la actividad y erogación empresarial en la creación y retribución de empleos y aun tratándose de un gasto en beneficio de los trabajadores, gravando tributariamente no la creación y obtención de ingresos y de "riqueza", puesto que no lo es, ni puede serlo, el gasto se hace como contraprestación por el trabajo prestado.

"No obstante eso, el juez sentenciado "sienta cátedra" y afirma que de acuerdo con su particular exposición doctrinaria, que el impuesto sobre nóminas es constitucional.

"El fallo dedica a esta exposición "magistral" de la página 2 vuelta a la página o frente y utiliza expresiones tales como "actividad preponderante", afirmando que el impuesto sobre nómina "no grava la disminución de patrimonio del patrón", y afirma que "él tributo se finca en una riqueza real y objetiva, aquella que se constituye en la inversión de dinero (salario), que tiene como fin obtener el ingreso al patrimonio patronal de un bien que es el trabajo producido por los empleados, que se traduce, valga la repetición, en una riqueza real y objetiva".

"En el cuarto considerando se afirma inconsulta mente que: los conceptos de violación aducidos por la quejosa resultan infundados por lo siguiente, los argumentos de la enjuiciante parten de un evidente error de perspectiva jurídica (sic) que deforman el marco de la litis constitucional.

"Continúa más adelante, estableciendo una serie de premisas para llegar a sus conclusiones, sin importarle referirse a los agravios alegados en la demanda de amparo y ya sintiéndose maestro de Derecho Constitucional, precisa en primer término cuáles son las obligaciones de los mexicanos, por lo que toca al pago de los gastos públicos y transcribe del artículo 31 de la Constitución lo siguiente:

"Que son obligaciones de los mexicanos: fracción IV. Contribuir para los gastos públicos de la Federación, Estados y Municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

"Y continúa después transcribiendo los artículos 45-G, 45-H y 45-I de la Ley de Hacienda del Distrito Federal, afirmando categóricamente que tales artículos "no son violatorios de la garantía de legalidad consagrada en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV constitucionales, pues cumplen con todos los elementos fundamentales".

"Pasa luego a los principios rectores del artículo 31 fracción IV de la Constitución y continúa precisando cuáles son los elementos esenciales de un tributo (sujeto, objeto, base, tasa y época de pago) que estima están consagrados de manera expresa en la ley. Y sigue diciendo que tales elementos se han cumplido y por ende "que el legislador al crear un impuesto sobre nóminas contenido en la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, acogió los elementos esenciales para su validez, atendiendo los lineamientos que consagra el principio de legalidad, sin que con la creación del impuesto entredicho se establezca incertidumbre e inseguridad jurídica". "Después de precisar todo lo que a su juicio es pertinente para fundar la constitucionalidad del impuesto hace otras consideraciones sobre lo que significa la equidad tributaria", y sostiene enfáticamente que los artículos impugnados en el amparo son equitativos.

"De ahí llega a la "conclusión", que tampoco se viola la garantía de igualdad que consagra el artículo 1o. de la Constitución.

"Es decir, el juez de Distrito como catedrático de una clase sobre lo que estima deben ser las normas constitucionales en materia de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/235-eac7c01e/contribuciones-la-inconstitucionalidad-no-depende-de-su-contradiccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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