AGUAS NACIONALES. EL ARTICULO 227 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS NO ES INEQUITATIVO.
Se publica parcialmente la ejecutoria del amparo en revisión 8928/84.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y 11, fracción V, inciso A), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un recurso que se interpone en contra de la sentencia dictada por un juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclaman los artículos 69 y 112 de la Ley Federal de Aguas, 226, 227, 229 y 230, y primero, cuarto y quinto transitorios de la Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos ochenta y dos, 535 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y el decreto que lo reforma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de diciembre de mil novecientos ochenta, subsistiendo el problema de constitucionalidad en virtud de la concesión del amparo decretada por el juez del conocimiento y el recurso interpuesto.
Es de mencionarse que si bien es cierto, este Tribunal Pleno ha sustentado ya algunos criterios jurisprudenciales en relación con determinados aspectos que en el presente asunto se abordan, también lo es que en este fallo habrán de analizarse cuestiones de constitucionalidad de leyes respecto de las cuales aún no se ha sentado jurisprudencia, lo que hace que su conocimiento y resolución sigan siendo de la competencia de este alto Tribunal.
SEGUNDO: No es materia del presente recurso de revisión, al no haber sido impugnado por la parte que legalmente tenía derecho a ello, el punto resolutivo primero de la sentencia recurrida, que se rige por el Considerando III de dicha resolución, en el cual se sobresee en el juicio de garantías en relación con determinados actos reclamados.
Con el objeto de precisar la materia de la revisión, este Tribunal Pleno estima necesario mencionar que el juez de Distrito del conocimiento, con marcada falta de técnica, al resolver el juicio de amparo que dio origen al presente toca, niega el amparo y protección de la justicia federal en relación con ciertos conceptos de violación que analiza en el Considerando V de la sentencia combatida, cuando lo procedente es que todo amparo se conceda o se niegue respecto de los actos que de una u otra autoridad se reclaman.
Lo anterior condujo al juzgador de amparo a la incongruencia que se advierte entre los Resolutivos Segundo y Tercero, regidos por los considerandos V y VI, respectivamente, pues en realidad, mientras en el Resolutivo Segundo está negando el amparo respecto de los artículos 226, 227, 229 y 230 (así se desprende de la remisión que hace en el resolutivo al considerando), por haber estimado que algunos conceptos de violación emitidos respecto de ellos resultaron inoperantes e infundados, en el Resolutivo Tercero está concediendo el amparo en relación con los artículos 226 y 227, fracción II, porque encontró que otro concepto de violación esgrimido a propósito de ellos, sí resultó fundado.
Es de considerarse que si es su criterio, el a quo había encontrado que uno de los conceptos de violación enderezados contra los artículos 226 y 227, fracción II, resultaba fundado, y ese era suficiente para conceder el amparo y protección solicitados, era innecesario ocuparse de otros conceptos de violación que, relacionados con los mismos preceptos, resultaban "inoperantes e infundados".
No obstante lo anterior, este Tribunal Pleno está en la obligación de respetar las consideraciones y pronunciamientos efectuados por el a quo, respecto de los conceptos de violación que analizó en el apartado en alusión, al no haber sido impugnados, como antes se dijo, por la parte a quien pudiera perjudicar.
Por otra parte, debe señalarse también que de ese Considerando V de su sentencia, el juzgador de amparo simplemente cita, entre los preceptos respecto de los cuales declara que "los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, en parte resultan inoperantes e infundados", a los artículos 229 y 230 de la Ley Federal de Derechos combatida; sin embargo, en el desarrollo de dicho considerando no analiza ni alude siquiera a aspecto alguno relacionado con dichos numerales y dado que según la parte final de ese apartado de su resolución, el amparo se niega por lo que hace a los conceptos de violación ahí estudiados, debe entenderse que esos artículos 229 y 230 quedaron intocados por el a quo y que este órgano revisor debe proceder, en caso de resultar fundados los agravios de la autoridad responsable recurrente, al análisis de los conceptos de violación que respecto de ellos haya expresado la quejosa y a hacer el pronunciamiento que a cada uno de ellos corresponda sin restricción alguna.
TERCERO: El Subsecretario de Inspección Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente de la República y en ausencia del titular de la dependencia y de los subsecretarios del ramo, de ingresos y de la banca nacional, expresó como agravios los siguientes:
"PRIMERO.- Violación a lo dispuesto por los artículos 14, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77, fracción I y 78 de la Ley de Amparo, y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por indebida interpretación de los diversos 226 y 227, fracción II de la Ley Federal de Derechos, y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"Se causa el agravio que se hace valer, toda vez que el juez de Distrito consideró indebidamente que los artículos 226 y 227, fracción II, de la Ley Federal de Derechos no satisfacen los requisitos que prevé la fracción IV del artículo 31 constitucional, en cuanto a que no contienen la base, ni la cuota o la cantidad de la prestación por el uso o aprovechamiento de aguas extraídas del subsuelo dentro de los límites de la Cuenca o Valle de México; por lo que los derechos constituyen un tributo "impuesto autoritariamente" por el Estado a los particulares."
"Como se puede apreciar, el criterio sustentado por el a quo adolece de una debida interpretación de hermenéutica jurídica, puesto que al señalar que los preceptos invocados vigentes en 1982 de la Ley Federal de Derechos no contienen la base, ni la cuota o la cantidad de la prestación por el uso o aprovechamiento de aguas extraídas del subsuelo, pasa por alto que precisamente la fracción II del artículo 227 del ordenamiento en cita, establece que por este concepto, y siempre y cuando las aguas que se extraigan se encuentren dentro de los límites de la Cuenca o Valle de México, se considerarán las cuotas vigentes en el Distrito Federal, esto es, que serán aplicables las mismas cuotas que rijan en el D.F. (sic), pero en modo alguno se está indicando ni sugiriendo que la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal sea una norma aplicable a los habitantes de la Cuenca o Valle de México que se ubican en este supuesto."
"Así, es claro que la juzgadora le da un sentido y alcances diversos al real y exacto contenido de los preceptos reclamados mencionados, puesto que en ellos únicamente se está señalando el hecho generador del derecho sobre aguas y que las cuotas aplicables serán las mismas que operan en una diversa entidad federativa, en este caso, concretamente el Distrito Federal, pero ello no puede significar o no conlleva la circunstancia de que la ley local de la materia regule las contribuciones que se causen por concepto de extracción de aguas del subsuelo, ya que, se insiste, únicamente se equiparan las cuotas que se causen dentro de los límites de la Cuenca o Valle de México a las que operan en el D.F. (sic), sin que exista un precepto constitucional que impida al Congreso de la Unión remitir a otras disposiciones legales, en cuanto a la determinación del monto de la cuota ya establecida."
"En efecto, en los términos de los artículos 73, fracción VII, y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión está facultado para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto; contribuciones que deben de estar fijadas o establecidas por la ley, ser proporcionales y equitativas, estar destinadas al pago de los gastos públicos y contener sus elementos esenciales como son el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, requisitos sine qua non que evidentemente cumplen a satisfacción, en este caso, el derecho sobre extracción de agua del subsuelo."
"En razón de lo anterior, es válido concluir que la contribución reclamada en el juicio en que se actúa, cuenta con los requisitos de legalidad que estatuye la Carta Fundamental, y que el hecho de que se determine que las cuotas a cubrir por este concepto sean las mismas a las que operan y rigen en el Distrito Federal, sólo viene a significar una equiparación en cuanto a su monto a otras que se encuentran vigentes en una entidad federativa diferente o como lo es en la especie, en el Distrito Federal; ya que se precisa la cuota, sólo que se remite a la que tiene también establecida en este caso el D.F. (sic)."
SEGUNDO.- Violación a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por indebida interpretación de los diversos 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Federal, y 521 y 535 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal."
"Se causa un diverso agravio a los intereses de las recurrentes, toda vez que el juzgador del conocimiento, al emitir su sentencia, considera que no se pueden aplicar las tarifas o cuotas previstas en leyes locales, porque las mismas sólo tienen efecto obligatorio y vigencia en el Distrito Federal, en este caso, pero nunca fuera del mismo; apreciación por demás equívoca, ya que como se acreditó en párrafos precedentes, la remisión que se hace en la fracción II del artículo 227 de la Ley Federal de Derechos, a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, únicamente es en cuanto a que se fijan dichas cuotas en un monto similar a las fijadas en el D.F. (sic), pero nunca que dicha ley local sea aplicable fuera del ámbito territorial de su competencia."
"Por lo tanto, queda de manifiesto que el criterio sustentado por el a quo resulta ajeno a la hipótesis jurídica contemplada en el precepto en análisis y, desde luego, no se está contrariando tampoco la fracción I del artículo 121 constitucional, como erróneamente lo hace valer la juzgadora, toda vez que no se amplía la jurisdicción de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, sino que únicamente se precisa que las cuotas a cubrir por el derecho sobre extracción de aguas del subsuelo que se extraigan dentro de los límites de la Cuenca o Valle de México, sean las mismas, en cuanto a su monto, a las vigentes en el Distrito Federal."
CUARTO: Son fundados los agravios que se hacen valer a nombre del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, como autoridad responsable y recurrente, en contra de la sentencia combatida.
En efecto, como se podrá observar de la lectura del Considerando VI de la resolución impugnada, el juez de Distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, por considerar que en los artículos 226 y 227, fracción II, de la Ley Federal de Derechos, tildados de inconstitucionales, "no se contiene la base ni la cuota o cantidad de la prestación" que deberá pagar la peticionaria de garantías por el uso o aprovechamiento de las aguas extraídas del subsuelo dentro de los límites de la Cuenca o Valle de México, sino que remite, para esos efectos, a las Leyes de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, las cuales dijo, no pueden ser aplicables fuera del territorio para el que fueron expedidas, que los artículos 521 y 535 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, sólo tienen efecto, obligatoriedad y vigencia en el Distrito Federal, pero nunca fuera del mismo, pues ello pugnaría con la fracción I del artículo 121 constitucional, que, como consecuencia, los mencionados artículos combatidos de la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y dos son inconstitucionales, porque pugnan con las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales.
Por su parte, la responsable y recurrente, adecuadamente a juicio de este Tribunal Pleno, combate el criterio del juez de amparo señalando que el hecho de que la fracción II del artículo 227 citado, establezca que por el uso o aprovechamiento de aguas extraídas del subsuelo dentro de los límites de la Cuenca o Valle de México, se considerarán las cuotas vigentes en el Distrito Federal, esto es, que serán aplicables las mismas cuotas que rijan en el Distrito Federal, de modo alguno implica que la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal sea una norma aplicable a los habitantes de la Cuenca o Valle de México que se ubican en este supuesto; que ello no significa que la Ley local de la materia regule las contribuciones que se causen por concepto de extracción de aguas del subsuelo, pues únicamente se equiparan dichas cuotas a las que operan en el Distrito Federal, sin que exista un precepto constitucional que impida al Congreso de la Unión remitir a otras disposiciones legales; que sí se da cumplimiento al principio de legalidad en materia tributaria, pues son contribuciones establecidas por la ley, son proporcionales y equitativas, se destinan al gasto público y en la propia ley se fijan sus elementos esenciales: sujeto, objeto, base, tasa y época de pago; que la cuota sí se precisa, sólo que se remite a la que tiene establecida la ley correspondiente del Distrito Federal; que no es cierto que se esté infringiendo el artículo 121, fracción I, constitucional, puesto que no se está ampliando la "jurisdicción" (sic) de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, sino que solamente se precisa que las cuotas a cubrir por el derecho sobre extracción de aguas del subsuelo que se extraigan dentro de los límites de la Cuenca o Valle de México, sean las mismas, en cuanto a su monto, a las vigentes en el Distrito Federal.
Sobre ese particular, debe decirse que este Tribunal Pleno ha sentado ya jurisprudencia al respecto en los siguientes términos: "AGUAS NACIONALES. EL ARTICULO 227, FRACCION II, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA AL REMITIR A UNA LEY LOCAL PARA LA DETERMINACION DE LA CUOTA PARA SU USO O APROVECHAMIENTO.- Es inexacto que el artículo 227, fracción II, de la Ley Federal de Derechos sea inconstitucional porque establezca que el derecho por uso o aprovechamiento de aguas nacionales se pague conforme a las cuotas vigentes en el Distrito Federal cuando sean extraídas dentro de los límites de la Cuenca o Valle de México, pues si bien es verdad que de acuerdo con el principio de legalidad en materia tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los elementos del tributo deben estar previstos en la ley para que el contribuyente tenga certeza y seguridad jurídica en cuanto a su pago, también lo es que no existe ningún impedimento constitucional para que el legislador fije la cuota o tarifa de un gravamen remitiendo a las que se establezcan en otra ley, porque al hacerlo así, adopta o integra esos elementos, sin que por ello se demerite la certeza y seguridad jurídica de los mismos, que es el fin perseguido por el citado principio".- Amparo en revisión 224/85.- Convertidores Textiles, S.A.- 24 de junio de 1986.- Mayoría de 17 votos.- Ponente: Carlos del Río Rodríguez.- Secretario: Rubén Pedrero Rodríguez; Amparo en revisión 2622/84.- Textiles Guadalajara, S.A.- 17 de marzo de 1988.- Mayoría de 17 votos.- Ponente: Fausta Moreno Flores.- Secretario: Jorge Antonio Cruz Ramos; Amparo en revisión 269/87.- Cristales Inastillables de México, S.A.- 7 de abril de 1988.- Mayoría de 14 votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretario: Carlos Ronzon Sevilla; Amparo en revisión 8743/84.- Compañía Hulera Euzkadi, S.A.- 7 de junio de 1988.- Mayoría de 17 votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretaria: Concepción Martín Argumosa; Amparo en revisión 8813/84.- Alimentos Industriales, S.A.- de junio de 1988.- Mayoría de 17 votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretaria: Concepción Martín Argumosa.
Como consecuencia de lo anterior, habiendo resultado fundados los agravios alegados en contra de la resolución recurrida, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, este Tribunal Pleno debe ocuparse de los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador de amparo.
QUINTO: Sin embargo, antes de proceder al estudio de los conceptos de violación no analizados por el juez de Distrito, este alto Tribunal debe advertir que en la especie concurre una diversa causal de improcedencia que no habiendo sido alegada por las responsables ni advertida por el juzgador y, consecuentemente, tampoco materia de pronunciamiento alguno, debe ser considerada de oficio por este Cuerpo Colegiado, toda vez que, por ello, sigue operando respecto de la misma el carácter de orden público de la determinación de la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, reiterado por este Tribunal Pleno en múltiples ejecutorias.
A ese respecto, vale la pena citar la tesis jurisprudencial que bajo el número 158 aparece publicada en la página 262 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1985, Octava Parte, jurisprudencia común al pleno y a las salas, del tenor literal siguiente: " IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Quinta Epoca: Tomo XVI, página 1518. Herman Walterio. Tomo XIX, página 311. Páez de Ronquillo María de Jesús. Tomo XXII, página 195. Fierro Guevara Ignacio. Tomo XXII, página 200. C. Fernández y Hnos. y Cía. Tomo XXII, página 248. Cervecería Moctezuma, S. A." y, en su complemento la que se encuentra publicada en el volumen citado, página 263, que a la letra dice: " IMPROCEDENCIA DEL AMPARO.- La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud, dicha causa puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. QUINTA EPOCA: Tomo LXVIII, página 334. Grajales J. Cicerón".
Bajo estas premisas, es de señalarse que el presente juicio de garantías resulta improcedente en relación con los combatidos artículos 227 en sus fracciones I, parcialmente en cuanto a la II, de acuerdo a lo que a continuación se expondrá, y III, y 229, de la Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal de 1982, en atención a que la quejosa no demostró su interés jurídico para impugnarlos en amparo, al no haber acreditado que dichos artículos le hayan sido aplicados.
En efecto, cabe mencionar que en el capítulo de actos reclamados de su demanda de garantías, la quejosa mencionó como tales, además de otras disposiciones de diversas leyes, los artículos 226, 227 (sin precisar fracción alguna), 229, 230 y Primero, Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal de 1982, y que, sin embargo, en el capítulo de conceptos de violación, no mencionó siquiera que ese artículo 227 le haya sido aplicado en toda su extensión y contenido, ni que se le haya aplicado el diverso precepto 229, al que sólo hace alusión en el encabezado del concepto de violación marcado con el número I, y de manera muy tangencial en el incluido bajo el número V.
Del análisis del oficio notificación que obra a fojas treinta de los autos, por el que se determina y requiere a la empresa quejosa el pago de los derechos por concepto de aprovechamiento de las aguas nacionales alumbradas a través del pozo profundo de su propiedad y que reclama como acto concreto de aplicación de las leyes impugnadas, se observa que sólo se encuentra fundado en los artículos 226, 227, fracción II, 230 y Primero, Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley Federal de Derechos combatida, no así en las fracciones I y III, que también conforman el mencionado artículo 227, ni en el diverso precepto 229, también impugnado por inconstitucional.
Ahora bien, en lo que se refiere a la fracción II del numeral 227, el juicio constitucional que en relación a ella puede formularse, tampoco debe abarcarla en todo su contenido, pues son dos aspectos que contempla, sino sólo en el que aparece aplicado en el caso concreto que se analiza.
En efecto, en la especie, dado que el pozo profundo a través del cual alumbra las aguas la empresa quejosa, se encuentra ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, debe concluirse que esa fracción II del artículo 227 a comentario, le fue aplicada únicamente en la parte relativa a que por las aguas extraídas del subsuelo, destinadas a usos distintos de los contemplados en la fracción I del propio precepto, cuando se extraigan dentro de los límites de la Cuenca o Valle de México, se pagarán las cuotas vigentes en el Distrito Federal, y no así en la parte que establece que cuando dichas aguas son extraídas fuera de esta región geográfica, "se pagará el 75% de la cuota que se aplique en el sistema de agua potable del municipio de extracción o del más cercano a ésta".
En tal virtud, como la ley a que se ha venido haciendo alusión fue combatida por su primer acto de aplicación y éste no se acreditó respecto de las fracciones I y III, así como tampoco en la parte precisada de la fracción II del artículo 227, ni en relación con el artículo 229, y dado que la sola promulgación no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, debe sobreseerse en el juicio en lo que a dichas disposiciones se refiere, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo.
Resulta aplicable, a este respecto, la tesis jurisprudencial que bajo el número 59 aparece publicada en la página 124, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1985, Primera Parte, Tribunal Pleno, del tenor literal siguiente: "INTERES JURIDICO. AMPARO CONTRA LEYES.- Si se reclamó la aplicación de una ley y ella no se demostró, la sola promulgación no afecta los intereses jurídicos del quejoso.- Sexta Epoca, Primera Parte: Volumen LXIII, página 9.- Amparo en revisión 4863/57.- Valentín Rayón Díaz.- Unanimidad de 16 votos.- Volumen LXIII, página 9.- Amparo en revisión 4001/57.- Alfredo Femat Ruiz Esparza y coagraviados.- Unanimidad de 16 votos.- Volumen LXIII, página 9.- Amparo en revisión 2271/58.- José Villa Arellano y coagraviados.- Unanimidad de 16 votos.- Volumen LXIII, página 9.- Amparo en revisión 2802/57.- Cenobio Moreno Vázquez y coagraviados.- Unanimidad de 16 votos.- Volumen LXIII, página 9.- Amparo en revisión 5744/55.- Gonzalo Mercado Ruiz y coagraviados.- Unanimidad de 17 votos."
SEXTO: El concepto de violación que bajo el número I se incluye en la demanda de garantías (en lo que se refiere a la impugnación que hace del artículo 226 de la Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal de 1982, pues por lo que hace a los artículos 69 y 112 de la Ley Federal de Aguas, el juez de Distrito decretó un sobreseimiento no impugnado), en la parte relativa al señalamiento que la empresa quejosa hace en el sentido de que no puede existir un derecho donde no hay la prestación de un servicio público por parte del Estado y que éste no le presta ningún servicio que pudiera generar tal derecho al permitirle que alumbre las aguas del subsuelo, se las apropie, las use y las aproveche, fue motivo de estudio y de pronunciamiento por parte del juez de amparo en el Considerando V de su sentencia y, por lo mismo, no es materia de análisis en el presente fallo.
De igual forma, el concepto de violación marcado bajo el número VI, en el que la peticionaria de garantías tilda de inconstitucional el artículo 535 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y el decreto que lo reforma, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día treinta de diciembre de mil novecientos ochenta, por considerar que con el mismo se invade la esfera de atribuciones impositivas de la Federación, así como el incluido en la parte inicial del concepto de violación señalado con el número VII, en el que la amparista aduce que el "derecho de aguas" previsto por el artículo 227 de la Ley Federal de Derechos combatida y el impuesto por el uso de agua de pozos operados por particulares, que establece el citado artículo 535 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y el mencionado decreto que lo reforma, no son proporcionales ni equitativos, tampoco serán materia de estudio por parte este Alto Tribunal, en atención a que ambos se analizaron y fueron motivo del pronunciamiento por el juez de Distrito en el propio considerando V de su resolución.
SEPTIMO: Por su parte, el concepto de violación marcado con el número II, en cuanto la quejosa señala que los artículos 226 y 227 de la Ley Federal de Derechos cuestionada establecen un derecho sin señalar la tasa o cuota a cubrir por ese derecho, cuando conforme al artículo 31, fracción IV, constitucional, dicha tasa es un elemento esencial de la obligación fiscal; que la ley que regula la contribución debe señalar expresamente la tasa o cuota que habrá de cubrirse, que el concepto de derecho no está completo si no se señala esa tasa o cuota, y que no puede considerarse que ese artículo 227 la contenga en su fracción II, al remitir a las cuotas vigentes en el Distrito Federal, fue el que sirvió de fundamento al juez de Distrito para conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, y fue el mismo respecto del cual la responsable recurrente formuló agravios que han sido analizados y declarados fundados por este Tribunal Pleno en el Considerando Cuarto de este fallo. En tal virtud, no requiere consideración adicional cual ninguna.
OCTAVO: En la respectiva parte final del concepto de violación que bajo el número I incluye en su demanda de garantías, constituyendo un aspecto que no fue abordado por el a quo, la quejosa señala que ese pretendido "Derecho de Agua" que fallidamente se propone regular el artículo 226 de la Ley Federal de Derechos combatida, más bien cae en los extremos de un impuesto cuyo hecho imponible sería el uso o aprovechamiento de aguas nacionales, pero que aun en este supuesto, dicha contribución no podría subsistir, porque la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1982 no la establece. Agrega que es incuestionable y que está reconocido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, "que en materia de impuestos existen dos clases de disposiciones: las que enumeran cuáles impuestos deben causarse y que constituyen un presupuesto constitucional de las leyes tributarias y condicionan la aplicación de éstas, y las leyes que fijan el monto, los sujetos y las formas de causarse y recaudarse los impuestos, y que por ello sólo deberán reputarse como reglamentarias de cada uno de los renglones previstos por las primeramente mencionadas, de manera que la falta de las primeras hace inoperantes las segundas".
Relacionando con este aspecto, en la parte final del concepto de violación señalado con el número II, la quejosa expresa que tampoco sería constitucionalmente válida la aplicación de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y del Decreto reclamado, porque ese artículo 535 "establece un impuesto por el uso de agua que produzcan los pozos artesianos y, por tanto (agrega), sus cuotas no pueden regir o ser las de un derecho, como se pretende sea el "derecho de agua", habida cuenta de que aquél y éste son contribuciones esencialmente distintas y regidas por principios jurídicos distintos".
Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el concepto de violación que se menciona es infundado. Por lo que se refiere a la alegada circunstancia de que en el caso del "Derecho de Aguas" realmente no se trata de un derecho, sino que más bien presenta las características y naturaleza de un impuesto, cabe señalar que este Alto Tribunal ha sostenido con anterioridad el criterio de que "...resulta irrelevante que la ley reclamada establezca un derecho u otro gravamen, ya que lo cierto es que en el artículo 73, fracción XXIX, apartado 2o. constitucional, se encuentra prevista la posibilidad de que la Federación imponga la contribución relativa y contribución en la voz genérica de cualquier clase de tributo o gravamen engloba tanto impuestos como derechos. Además, si la norma jurídica positiva no llega a encuadrar en un caso determinado en el concepto tradicional de derechos aportado por la doctrina, ello no constituye razón suficiente para dejar de aplicarla". Así se señaló al resolver el amparo en revisión número 7179/83, promovido por Fábrica de Hielo "El Polo", S. A., fallado el día diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, por unanimidad de 15 votos (en lo que a esto se refiere), siendo ponente el ministro Ulises Schmill Ordóñez y encargado del engrose el ministro Mariano Azuela Güitrón, con secretaria Concepción Martín Argumosa.
Con posterioridad, al resolver el amparo en revisión 2622/84, promovido por Textiles Guadalajara, S. A. y fallado el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y ocho por unanimidad de 20 votos (en lo que a esto se refiere), siendo ponente la señora ministra Fausta Moreno Flores, con secretario Jorge Antonio Cruz Ramos, se sostuvo que "... es irrelevante que la Ley Federal de Derechos reclamada establezca dicha contribución a título de derechos y que, por otro lado, el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación vigente en la época en que se emitió aquella ley, estableciera solamente en el citado título de derechos la prestación por el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/261-17d38dd7/aguas-nacionales-el-articulo-227-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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