AGRARIO, POSESION INSUFICIENTE PARA RESOLVER UN CONFLICTO PARCELARIO. AMPARO EN REVISION 88/92. MARCELO VICENTE SANCHEZ RAMIREZ.
Se publica íntegra la ejecutoria del amparo en revisión 88/92, Marcelo Vicente Sánchez:
CONSIDERANDO:
Ahora bien, son infundados los agravios atentos a las consideraciones siguientes:
Contra lo aducido por el quejoso, la sentencia recurrida acató lo dispuesto en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo, ya que en su resultando primero especificó que el quejoso promovió amparo contra los actos que, en esencia, hizo consistir en la resolución del veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y uno, dictada en el expediente 8/90, por la Comisión Agraria Mixta y la ejecución de esa resolución; por ende, aun cuando no precisó todos los efectos y consecuencias de esa resolución descritas por el quejoso como parte de los actos reclamados, lo cierto es que esos efectos se traducen en la ejecución de la resolución impugnada, por lo que es suficiente que la Juez federal indicara que los actos reclamados, en esencia, consistieron en tal resolución y su ejecución, para estimar que fijó de manera clara y precisa los actos combatidos.
Además, del contexto de la sentencia federal se advierte que apreciaron las pruebas conducentes para tener por demostrados tales actos y concretamente las constancias del expediente 8/90 del que emanan los mismos.
También que la Juez de Distrito consideró y estudió los argumentos materia de los conceptos de violación, inclusive efectuó una síntesis de los mismos, en seguida, los analizó, determinó que eran infundados y negó el amparo solicitado, lo cual fue correcto, pues los actos reclamados no resultan ser inconstitucionales, según se advierte de los razonamientos vertidos en esta ejecutoria.
En efecto, resulta inexacto que en el expediente número 8/90 del que emanan los actos reclamados, no se diera oportunidad al quejoso de presentar sus pruebas, defensas y realizar las diligencias que estimara pertinentes respecto a lo que existe en la fracción 151 de la parcela controvertida; dado que de acuerdo al oficio 386, el trece de marzo de mil novecientos noventa, personalmente se notificó al hoy quejoso el acuerdo del nueve de febrero de ese año, en el que se inició el conflicto se concedió término de treinta días para que las partes ofrecieran pruebas, conforme a los preceptos 439 y 476 de la Ley Federal de Reforma Agraria, además se les requirió señalar domicilio para notificaciones en Toluca, México, con apercibimiento de que en caso contrario se efectuarían en los estrados.
Por tanto, el quejoso sí fue notificado y tuvo oportunidad de ofrecer pruebas y efectuar las diligencias conducentes. Sin embargo, omitió ofrecer algún medio de convicción y designar domicilio en esta ciudad para oír notificaciones por lo que todas las subsecuentes se realizaron mediante los estrados haciendo así efectivo el apercibimiento.
También es inexacto que no se notificara al quejoso el acuerdo recaído a su ocurso de desistimiento de la acción intentada en el procedimiento 8/90; en virtud de que respecto a ese escrito se acordó que una vez ratificado se acordaría lo procedente, por lo que el quejoso personalmente compareció a ratificarlo y su contraparte (hoy tercero perjudicado) se opuso al desistimiento y solicitó la continuación del procedimiento, lo que se acordó de conformidad; de ahí que el quejoso sí conoció lo determinado sobre su escrito de desistimiento.
Por otro lado, el tercero perjudicado con la constancia del director general del Registro Agrario Nacional del veinte de marzo de mil novecientos noventa, demostró estar reconocido como titular de la parcela número 72-151, amparada con el título 46547 y con la testimonial a cargo de Heriberto Cureño Fuentes, Emilio Villada Rivas y Juan Cureño Rivas, acreditó que siempre ha poseído y cultivado ambas fracciones hasta que a últimas fechas el hoy quejoso se metió a la fracción 151, en esta virtud contra lo aducido por el recurrente, su contraparte ha gozado de la posesión de las dos fracciones y no sólo de la número 72.
En las constancias obra el acta de asamblea general extraordinaria de ejidatarios del diecisiete de agosto de mil novecientos ochenta y nueve en la que Basilio Rivas Rivas manifestó ser titular del certificado 46547, que siempre ha detentado y trabajado su parcela, pero últimamente confronta problemas con sus sobrinos, entre ellos el quejoso, por lo que le quieren despojar de una fracción de su parcela, pues en mil novecientos ochenta y siete le cedió a Teodoro Sánchez una fracción de 224.60 metros cuadrados y solicitaba se respetaran sus derechos; y la asamblea acordó se respetaran esos derechos de Basilio Rivas Rivas; además ocurso del cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y siete en el que consta esa cesión, en consecuencia, sólo obra el dato de que a partir de mil novecientos ochenta y siete se efectuó la cesión de mérito mas no desde hace treinta años como indica el recurrente, empero, con independencia de la fecha exacta de dicho acto, lo cierto es que el mismo resulta inexistente de acuerdo con los artículos 52, 53 y 75 de la Ley Federal de Reforma Agraria, porque expresamente prohíben ese tipo de actos y los declaran inexistentes en caso de efectuarse.
Además, si el tercero perjudicado incurrió en alguna de las hipótesis del artículo 85 de la Ley Agraria por la que debe ser privado de su unidad de dotación, la Comisión Agraria Mixta no podía iniciar en forma directa el procedimiento previsto en los artículos 426 al 431 de tal legislación, ya que ello sólo puede efectuarlo previa solicitud de la asamblea general el delegado agrario relativo, pues así lo determina el precepto 426 citado.
De ahí que es correcto que la responsable continuara el conflicto por posesión y goce hasta su resolución en lugar del privativo de derechos agrarios.
La sentencia recurrida sí acató los lineamientos de la Ley de Amparo y acertadamente analizó la resolución materia del acto reclamado misma que sí está fundada y motivada, porque precisa los preceptos legales en que se apoyó como son los artículos 443, 444, 434 al 437, 52, 53, 75 y 440 de la Ley Federal de Reforma Agraria; asimismo los razonamientos en virtud de los cuales arribó a la conclusión a que a Basilio Rivas Rivas le asiste el mejor derecho a la posesión y goce de la parcela de la que una de sus fracciones es motivo del conflicto.
Es verdad que el quejoso detenta una de la fracciones de la mencionada parcela y ocupa los cuartos en ella construidos, empero no significa que tenga mejor derecho que su contraparte a detentar dicha fracción, ya que éste se encuentra reconocido como titular de la misma y cuenta con certificado de derechos agrarios, por lo que es evidente que tiene mejor derecho sobre la parcela, con independencia de que llegara a gestionarse la privación de sus derechos en caso de que hubiera incurrido en alguna de las hipótesis correspondientes.
En apoyo a esta consideración se cita la tesis de jurisprudencia número uno, visible en la página 515 del informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1988, Colegiados que dice: "AGRARIO. CONFLICTOS PARCELARIOS. VALOR DE LA POSESION.Cuando en un conflicto sobre posesión y goce de una parcela, ninguna de las partes tiene derechos agrarios reconocidos ante las autoridades agrarias, es indudable que la controversia debe decidirse en favor de aquella parte que se encuentre en posesión de la unidad parcelaria; en cambio, la simple posesión de la unidad no puede hacerse valer, en el caso en que la parte que reclama la posesión tiene derechos agrarios reconocidos para usufructuar y poseer la unidad de dotación y no así la persona que posee, pues en este supuesto es claro que debe resolverse que es al titular a quien le asiste el mejor derecho a poseer, independientemente de que si el poseedor considera que su posesión le ha generado algún derecho gestione la privación de derechos agrarios de su oponente."
Al ser infundados los agravios y encontrándose la sentencia recurrida ajustada a los lineamientos de los artículos 77 y 78 y relativos de la Ley de Amparo, procede confirmarla y negar el amparo.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a MARCELO VICENTE SANCHEZ RAMIREZ en contra de los actos y autoridades especificados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese el toca.
Así lo sentenció el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los C.C. Magistrados presidente: Lic. María del Carmen Sánchez Hidalgo, Lic. Fernando Narváez Barker y Lic. José Angel Mandujano Gordillo, siendo relator el tercero de los nombrados.
Firman los C.C. Magistrados con el secretario de Acuerdos de autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/818-4ae2fbfc/agrario-posesion-insuficiente-para-resolver-un-conflicto-parcelario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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