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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA. EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO PUEDE EXAMINARLA DE OFICIO EN EL PRIMER PROVEÍDO QUE EMITA RESPECTO DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, O BIEN, DURANTE EL PROCEDIMIENTO, E INCLUSO, AL DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y CHIAPAS).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 377/2011. · Registro digital (IUS): 23514
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIB
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Pág. 312.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 377/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante de la contradicción. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los asuntos en los que se sostiene uno de los criterios en posible contraposición.

TERCERO. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. Ese órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo 203/2011, en sesión de once de julio de dos mil once, tuvo como antecedentes del asunto, los siguientes:

Antecedentes relevantes del asunto:

1. **********, en representación de sus menores hijos, promovió juicio sumario civil en contra de **********, todos de apellidos **********, demandando el cumplimiento de un contrato en que se estipuló que los demandados ministrarían a los actores alimentos, seguros escolares, seguros de gastos médicos, así como el pago de gastos y costas.

2. La demanda fue enviada al Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial Morelos, donde se radicó en vía de controversias del orden familiar.

3. La Juez del conocimiento dictó sentencia en la que se declaró no probada plenamente la acción e improcedente el cumplimiento de las prestaciones reclamadas, sin decretarse condena en costas.

4. Inconforme con ese fallo, la parte actora interpuso recurso de apelación, y al dictar sentencia la Magistrada del conocimiento abordó de oficio la competencia de la referida Juez Familiar para conocer y resolver del juicio de origen, considerando que era incompetente por razón de la materia.

5. Disconforme con la anterior resolución, la parte actora promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, el que resolvió, en lo que es materia de la presente contradicción, lo siguiente:

La violación que se advierte supliendo la queja radica en el hecho de que la Magistrada responsable determinó, oficiosamente, revocar la sentencia apelada y establecer la incompetencia por razón de materia de la Juez Familiar ante quien se sustanció y resolvió el juicio de origen.

Lo anterior se considera incorrecto, en razón de lo que a continuación se expone:

Al ser la competencia un presupuesto de validez del proceso, el juzgador debe verificar, en la oportunidad o momento que se señala líneas adelante, si objetivamente es o no competente para conocer del mismo, y en caso de considerarse incompetente, deberá abstenerse de conocer de la controversia planteada.

Con independencia de dicho deber, la parte demandada tiene el derecho de hacer valer la causa de incompetencia del Juez, para que éste deje de conocer del negocio y sea un Juez competente el que lo tramite.

Los medios con que cuenta para ello son, conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, la declinatoria y la inhibitoria.

Establecido lo anterior, se tiene a su vez, que del contenido de los artículos 40 y 151 de la citada legislación adjetiva civil se advierte, a simple vista, que hay una contradicción entre los dos preceptos, pues el primero dispone que las cuestiones de competencia sólo podrán entablarse a instancia de parte, es decir, no de oficio.

Empero, luego prevé que el tribunal que tenga razón fundada para creer que conforme a derecho es incompetente puede, de oficio, inhibirse del conocimiento del negocio y, a su vez, el segundo precepto establece que ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto sino por considerarse incompetente.

De ello resulta que no hay tal contradicción, pues de la interpretación relacionada de los citados artículos 40 y 151, se deriva que deben distinguirse dos hipótesis en relación a la declaración de oficio de incompetencia del juzgador: conforme al referido artículo 151, al Juez corresponde la facultad de decidir si es o no competente para conocer de determinado asunto en el momento en que recibe una demanda, pues de no otorgársele esta facultad tendría que conocer forzosamente de cualquier asunto que se le presente sin poder decidir si el negocio se encuentra o no dentro de sus límites de competencia.

Sin embargo, una vez que el órgano jurisdiccional ha aceptado su competencia expresa o tácitamente a través de actos que lo presupongan, legalmente no puede ya declarar de oficio su incompetencia independientemente de que en el diverso artículo 40 se prevea "... pero el tribunal que tenga razón fundada para creer que conforme a derecho es incompetente, puede de oficio inhibirse del conocimiento del negocio. ..."

Lo anterior es así, pues esa facultad otorgada al Juez en ese precepto para inhibirse del conocimiento del negocio y que aparece plasmada inmediatamente después de que dice que las cuestiones de competencia sólo podrán entablarse a instancia de parte, se debe entender como la facultad que le concede el numeral 151 del propio ordenamiento de negarse a conocer de un asunto cuando se considere incompetente en el momento en que se le presenta la demanda y no después de haber aceptado expresa o tácitamente su competencia pues, en este supuesto, ya no puede legalmente declarar, de oficio, su incompetencia.

Al respecto se cita, en la idea conducente y aplicable en el caso, la jurisprudencia 3a./J. 30/94, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "COMPETENCIA. SI EL JUICIO NO SE HA INICIADO EL JUEZ PUEDE DECLARAR DE OFICIO QUE CARECE DE ELLA (CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y DISTRITO FEDERAL)."

De ahí que si en el caso, la Juez Familiar desplegó actos de los que se puede inferir que admitió tácitamente su competencia para conocer del juicio de origen, como el auto de admisión de la demanda y lo que expuso en el considerando primero de su sentencia, es claro que la ad quem no podía establecer de oficio la incompetencia de dicha juzgadora en la apelación contra aquella, pues conforme a los artículos 40 y 151 mencionados, las cuestiones de competencia sólo podrán entablarse a instancia de parte, ya sea por declinatoria o inhibitoria.

Sin que sea obstáculo a ello, que el citado artículo 40 prevea que el tribunal que tenga razón fundada para creer que conforme a derecho es incompetente, puede de oficio inhibirse del conocimiento del negocio; pues, como se dijo, esa facultad sólo puede ejercerse en el momento en que se presenta la demanda y no después de haberse aceptado expresa o tácitamente la competencia, ya que en este supuesto no puede legalmente declararse de oficio la incompetencia por razón de la materia, máxime si se tiene en cuenta, además, que en el caso resulta de aplicación la misma legislación, esto es, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Chihuahua.

Corolario de lo anterior, es otorgar la protección constitucional solicitada.

CUARTO. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Ese órgano jurisdiccional, en sesión de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres, al resolver el juicio de amparo directo 1975/93, tomó en cuenta, como antecedentes, los siguientes:

Antecedentes relevantes del asunto:

1. ********** inició juicio ordinario civil en el que demandó a **********, diversas prestaciones derivadas de un contrato accesorio de fianza.

2. La Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil admitió la demanda, tramitado el juicio dictó sentencia en la que resolvió que la actora probó su acción y la demandada no contestó la demanda ni opuso excepciones.

3. Inconforme con el fallo que antecede, la parte demandada interpuso recurso de apelación, en el que la Sala del conocimiento resolvió confirmar el fallo apelado.

4. En contra de la sentencia de apelación, el demandado promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y en sesión de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres, resolvió, en lo que es materia de la presente contradicción, lo siguiente:

Es fundado en lo esencial y apto para la concesión del amparo, el primer concepto de violación expresado por la parte quejosa, en donde aduce violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo, concretamente la que hace consistir en que la controversia se siguió ante autoridad incompetente.

En efecto, contrariamente a lo considerado por la Sala responsable y como lo sostiene la promovente del amparo, quien legalmente se encuentra facultado para conocer de la contienda es un Juez del arrendamiento inmobiliario de esta capital, es decir, el órgano jurisdiccional que resulta ser competente para conocer del presente caso es al que por disposición de la ley le corresponde dirimir las controversias de la materia apuntada. A tal conclusión debe llegarse al tener en cuenta, por una parte, que el artículo 60 D de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal previene que para que los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario conozcan de una controversia, es menester que la contienda derive de un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, y si, como ocurre en la especie, las prestaciones reclamadas a la parte demandada en su carácter de fiadora no se encuentran desligadas del contrato de arrendamiento que ésta garantizó hasta el eventual incumplimiento de las obligaciones asumidas por la arrendataria fiada, ya que en el mencionado acuerdo de voluntades, entre otras cláusulas, se pactó lo relativo a la fianza, por lo que las obligaciones inherentes a la fiadora devienen precisamente del pacto arrendaticio y, por ello, para establecer la competencia se debe atender a las estipulaciones del contrato de arrendamiento a fin de estar en posibilidad de determinar si hubo o no incumplimiento en las obligaciones contraídas por la arrendataria, pues tal evento es precisamente el que actualiza el deber de la fiadora de responder de las reclamaciones que le hace la arrendadora, de ahí que sea el Juez del Arrendamiento Inmobiliario el competente para conocer de la controversia, pues no sería lícito desvincular la fianza (como acuerdo accesorio) del arrendamiento (como contrato principal), si lo que el primero garantiza son, ciertamente, las obligaciones emanadas del segundo y la prestación principal reclamada en el juicio (el pago de rentas) deriva de este último acuerdo de voluntades.

No es óbice a la anterior consideración, el hecho de que la parte demandada haya comparecido al juicio a absolver posiciones en la audiencia de ley, pues, por una parte, los artículos 149 y 151 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal contemplan la única jurisdicción (competencia) que es susceptible de ser prorrogada o renunciada por las partes, esto es, la que se establece por razón del territorio, y de la interpretación a contrario sensu de estos numerales se infiere, además, que se encuentra legalmente prohibida la prórroga o renuncia que tenga por objeto que se atribuya a un Juez la competencia para conocer de un asunto que en razón de las normas que regulan los diversos ámbitos competenciales previstos por nuestro ordenamiento jurídico (fuero, materia, grado y cuantía), no la tiene; como sucede en la especie, en donde un Juez civil conoció de un asunto cuya materia, por disposición legal, se encuentra encomendada al juzgador del arrendamiento inmobiliario.

En esas condiciones, procede conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada.

De la ejecutoria sintetizada con antelación derivó la siguiente tesis aislada:

"COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA. ES IMPRORROGABLE Y DEBE LA AUTORIDAD INCOMPETENTE INHIBIRSE DEL CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO DE OFICIO. En virtud de ser las cuestiones de competencia de orden público, debe estimarse que aun cuando no sean propuestas con todas las formalidades procesales por las partes, sí pueden y deben ser invocadas de oficio, por las autoridades judiciales respectivas, que en todo caso están obligadas a cumplir con la ley, ya sea en la primera instancia o en la segunda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y en tratándose de competencia por razón de la materia, que por la propia naturaleza de las cuestiones jurídicas que la constituyen es improrrogable, no puede inferirse sumisión tácita o expresa al Juez ni está sujeta a preclusión; consecuentemente, si por imperio de la ley, la autoridad facultada para conocer del juicio natural es una diversa al órgano jurisdiccional ante quien se formuló la demanda y que por tal razón carece de competencia, ni la conformidad de las partes ni cualquier otra circunstancia procesal puede suplir una competencia jurisdiccional que legalmente no se tiene y, por ende, debe inhibirse del conocimiento del negocio de oficio." (Octava Época. Registro: 214014. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XII, diciembre de 1993, Materia: Civil, página 844)

QUINTO. Criterio del actual Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Ese órgano jurisdiccional, en sesión de diez de julio de mil novecientos noventa y seis, al resolver el juicio de amparo directo 1038/95, tomó en cuenta los siguientes antecedentes:

Antecedentes relevantes del asunto:

1. ********** demandó vía ordinaria civil al ejido **********, el cumplimiento de un convenio celebrado entre las partes, la desocupación y entrega del **********, y demás consecuencias legales.

2. El Juzgado de Tonalá, Chiapas, admitió la demanda, tramitado el juicio, dictó sentencia en donde se declaraba la incompetencia de dicho juzgado para conocer del asunto por razón de la materia.

3. La parte actora interpuso recurso de apelación, asimismo, la Sala del conocimiento dictó sentencia en la que confirmó la diversa dictada en primera instancia.

4. Inconforme con la anterior determinación, la parte actora promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el actual Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, y en sesión de diez de julio de mil novecientos noventa y seis, resolvió, en lo que es materia de la presente contradicción, en síntesis, lo siguiente:

Es infundado lo manifestado por la parte quejosa respecto de que los demandados presentaron promociones en el juicio natural para hacer valer sus derechos o para impulsar el procedimiento y que, por ello, debe interpretarse que existe sumisión tácita de la partes al Juez del conocimiento; pues la competencia por razón de la materia es improrrogable y puede ser invocada aun de oficio.

Tiene aplicación a lo considerado, la tesis visible en la página 2395 del Tomo LIII, Quinta Época, Tercera Sala, del Semanario Judicial de la Federación, que dice textualmente:

"COMPETENCIA, NATURALEZA DE LA. Siendo las cuestiones de competencia, de orden público, aun cuando no sean propuestas con todas las formalidades procesales, por las partes, sí pueden ser invocadas de oficio, por las autoridades respectivas, que en todo caso están obligadas a cumplir con la ley, y tratándose de competencia por razón de la materia, que es por lo mismo improrrogable, no puede alegarse sumisión expresa de las partes al Juez, que por disposición de la ley ha dejado de tenerla, ya que la conformidad de las partes no puede suplir una competencia que por la ley no se tiene."

En consecuencia, lo procedente es negar el amparo solicitado.

De la ejecutoria sintetizada con antelación derivó la siguiente tesis aislada:

"COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA, PUEDE SER INVOCADA AUN DE OFICIO LA. La competencia por razón de la materia es improrrogable y puede ser invocada aun de oficio." (Novena Época. Registro: 201107. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IV, octubre de 1996, Materia: Común, tesis XX.91 K, página 506)

SEXTO. Análisis de la existencia de la contradicción. De conformidad con el criterio adoptado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, la existencia de la contradicción de tesis está condicionada a que, en el caso en concreto, los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

El criterio anterior se contiene en la jurisprudencia P./J. 72/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, cuya sinopsis dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

En congruencia con esa tesis, se concluye que sí existe contradicción de criterios en el presente asunto, toda vez que respecto de un mismo tema, a saber: si el Juez puede examinar de oficio la competencia por razón de la materia solamente en el primer proveído dictado con motivo de la presentación de la demanda, o si también puede analizarla durante el procedimiento e incluso al dictar la sentencia, los Tribunales Colegiados arribaron a conclusiones diversas.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito determinó que no se podía establecer de oficio la incompetencia por razón de la materia del juzgador, pues cuando el juicio ya se ha iniciado y el Juez ante el que se presentó el asunto ya ha aceptado expresa o tácitamente su competencia declarándolo así, o bien ejecutando actos que la presupongan como haber admitido la demanda, entonces ya no podrá, de oficio, declararse su incompetencia, pues ello implicaría revocar su propia resolución.

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo el criterio consistente en que las cuestiones de competencia por razón de la materia pueden y deben ser invocadas de oficio, en virtud de que tratándose de competencia por razón de la materia, es improrrogable y, consecuentemente, no es lícitamente posible inferir sumisión tácita o expresa al Juez, por lo que si por imperio de la ley la autoridad facultada para conocer del asunto es una diversa al órgano jurisdiccional ante quien se formuló la demanda y que por tal razón carece de competencia, ni la conformidad de las partes ni cualquiera otra circunstancia procesal puede suplir una competencia jurisdiccional que legalmente no se tiene.

Finalmente, el actual Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito sostiene el criterio consistente en que la competencia por razón de la materia no se puede prorrogar, por lo que debe ser invocada de oficio.

De esta manera, si el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito consideró que la incompetencia por razón de la materia puede ser invocada de oficio únicamente en el primer proveído que se dicte con motivo de la presentación de la demanda; en tanto que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito sostuvieron, en síntesis, que la competencia por razón de la materia es improrrogable y, por tanto, puede ser invocada de oficio en cualquier momento del procedimiento; es claro que, respecto de un mismo tema, los órganos jurisdiccionales mencionados arribaron a conclusiones contrarias.

No es óbice a la conclusión anterior, que los Tribunales Colegiados señalados con antelación en sus resoluciones analizaron, respectivamente, diversos artículos de los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Chihuahua y Chiapas o del Distrito Federal referentes a las cuestiones de competencia.

Ello en virtud de que las disposiciones en las que se apoyaron los Tribunales Colegiados que regulan las cuestiones de competencia son esencialmente de igual contenido normativo y, por consiguiente, se surte la existencia de la presente contradicción, como se advierte del siguiente cuadro comparativo:

Ver cuadro comparativo

En esas condiciones, si como acontece en el caso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito examinaron cuestiones jurídicas iguales y arribaron a posiciones discrepantes, resulta incuestionable que existe la contradicción de tesis que fue denunciada por el presidente del primer órgano jurisdiccional mencionado, al estar reguladas en términos similares las cuestiones de competencia en los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Chihuahua, Distrito Federal y Chiapas, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 72/2010, que ha sido transcrita en los párrafos anteriores.

Demostrado que sí existe contradicción de tesis, se determina que el punto a resolver consiste en determinar si el Juez puede examinar de oficio la competencia por razón de la materia solamente en el primer proveído dictado con motivo de la presentación de la demanda, o si también puede analizarla durante el procedimiento e incluso al dictar la sentencia.

SÉPTIMO. Contradicción de tesis sin materia entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. No obstante la existencia de la contradicción de tesis en el aspecto señalado, esta Primera Sala considera que debe declararse sin materia únicamente la suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en razón de lo siguiente:

Como se dijo, el punto en contradicción consiste en definir si el Juez puede examinar de oficio la competencia por razón de la materia solamente en el primer proveído dictado con motivo de la presentación de la demanda, o si también puede analizarla durante el procedimiento e incluso al dictar la sentencia.

Establecido lo anterior, debe destacarse que el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de las cuales se destaca, para el presente estudio, el primer párrafo del artículo 165, el cual establece que los tribunales quedan impedidos para promover de oficio las cuestiones de competencia, y sólo deberán inhibirse del conocimiento de negocios cuando se trate de competencias por razón de la materia, siempre y cuando se inhiban en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal, como se advierte de su texto literal:

"Artículo 165. ... Los tribunales quedan impedidos para promover de oficio las cuestiones de competencia, y sólo deberán inhibirse del conocimiento de negocios cuando se trate de competencias por razón de territorio, materia, con excepción de lo dispuesto en el artículo 149, o cuantía superior a la que les corresponda por ley, y siempre y cuando se inhiban en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal, o ante reconvención por lo que hace a la cuantía."

Del precepto legal reproducido se advierte, en la materia de la contradicción, que los tribunales deberán inhibirse del conocimiento de negocios, cuando se trate de competencia por razón de la materia, siempre y cuando se inhiban en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal.

Supuesto ese último que no ha sufrido reformas hasta la fecha actual, esto es, posteriores al veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis y al día en que se resuelve la presente contradicción.

Ahora bien, como se precisó anteriormente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito sostiene que de acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua vigente en dos mil once, las cuestiones de competencia por razón de la materia sólo pueden invocarse de oficio en el primer proveído que se dicte al recibir la demanda, y no así con posterioridad; mientras que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal vigente en mil novecientos noventa y tres, las cuestiones de competencia por razón de la materia, pueden invocarse de oficio en cualquier momento del procedimiento al ser improrrogable.

De lo antes expuesto, se concluye que la materia de la contradicción de tesis entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23514-5c8053d6/competencia-por-razon-de-la-materia-el-juez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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