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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA. LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA 1a./J. 6/2012 (10a.), DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ES APLICABLE A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ESTABLECER QUE LOS JUECES Y TRIBUNALES ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZARLA DE OFICIO EN CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO. INCIDENTE DE INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA. EL ACTOR ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLO EN UN JUICIO CIVIL ORDINARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 9/2022. · Registro digital (IUS): 31087
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-12-02
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, Pág.1840.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 9/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 11 DE OCTUBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL ALBERTO VILLANUEVA OROZCO, UBALDO GARCÍA ARMAS, ALMA ROSA DÍAZ MORA, PAULINO LÓPEZ MILLÁN Y JESÚS ANTONIO SEPÚLVEDA CASTRO (PRESIDENTE). AUSENTE: JUAN MANUEL ARREDONDO ELÍAS. PONENTE: ALMA ROSA DÍAZ MORA. SECRETARIO: VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ ORTEGA.

Zapopan, Jalisco. Resolución del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de once de octubre de dos mil veintidós, celebrada vía remota por medios electrónicos.

VISTA, para resolver, la contradicción de criterios 9/2022; y,

ANTECEDENTES:

PRIMERO.—Denuncia de posible contradicción de criterios. Mediante oficio 2135/2022, la presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en atención a la solicitud de **********, abogado patrono de **********, parte quejosa en el juicio de amparo indirecto 27/2020, del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, y recurrente en la revisión principal 157/2021 del índice del citado Tribunal Colegiado, denunció la posible contradicción entre el criterio emitido por el órgano jurisdiccional referido, al resolver el recurso de revisión invocado, y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en la misma materia y Circuito, en la ejecutoria de amparo directo 301/2020.

SEGUNDO.—Trámite. Por Acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, se admitió la denuncia de la posible contradicción de criterios, se registró bajo el número 9/2022 y se solicitó al presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que informara si continuaba vigente el criterio sostenido en el amparo directo 301/2020.

Además, se dio vista a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la referida admisión, a fin de que informe si se encuentra en trámite en el Alto Tribunal mencionado alguna contradicción de criterios relacionada con el tema del presente asunto, que se definió de manera preliminar, como sigue:

"Determinar si la parte actora se encuentra legitimada para invocar la falta de competencia por razón de materia y si ésta puede promoverse en cualquier etapa del juicio civil del orden común, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco."

En el propio auto admisorio se anticipó que éste sería turnado, en su oportunidad, a la representante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito.

El Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, comunicó que el criterio objeto de la denuncia continúa vigente.

Mientras que la aludida Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, hizo saber a este Pleno que no se encuentra radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación alguna contradicción de criterios relacionada con el tema planteado en este asunto.

TERCERO.—Turno. En auto de once de mayo del año en curso, se ordenó turnar los autos a la Magistrada Alma Rosa Díaz Mora, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y de este Pleno para la formulación del proyecto de resolución respectivo.

CUARTO.––Prórroga. El treinta y uno de mayo de la citada anualidad, el presidente del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito acordó la solicitud formulada vía electrónica por la Magistrada ponente, a efecto de extender el plazo para elaborar el proyecto de resolución de esta contradicción de criterios, petición que se acordó de manera favorable, otorgándose un nuevo término de quince días para el fin precisado, los que comenzaron a correr a partir del vencimiento del plazo originalmente concedido por el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

CONSIDERACIONES:

I. Competencia.—Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por los diversos 52/2015, 28/2018 y 54/2018, así como el Acuerdo General que reforma y adiciona diversas disposiciones de los similares 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; y 16/2009, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión, en relación con las videoconferencias,(1) todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo Circuito.

Es importante mencionar que los Plenos de Circuito continúan en sus funciones originales, de conformidad con lo establecido en la Circular SECNO/17/2021, signada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal,(2) así como en observancia al artículo quinto transitorio del Acuerdo 1/2021, de ocho del mes y año en cita, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases.(3)

Aunado a que el artículo primero transitorio, fracción II, del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(4) que prevé el comienzo del funcionamiento de los Plenos Regionales en un plazo no mayor a 18 meses transcurridos a partir de la indicada fecha de publicación del Decreto.

De igual forma, cabe puntualizar que ante el período de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Consejo de la Judicatura Federal ha dictado diversa normativa publicada en el Diario Oficial de la Federación con el fin de reactivar el funcionamiento de la actividad jurisdiccional, la cual es acatada por este Pleno de Circuito para la resolución del presente asunto. Así, se procede a su resolución mediante sesión remota celebrada por medios electrónicos, que tienen los mismos efectos y alcances jurídicos que las sesiones con presencia física.

II. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(6) vigentes hasta el once de marzo de dos mil veintiuno, por haberse planteado por la presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, como integrante de dicho órgano jurisdiccional, tribunal que sustentó uno de los criterios contendientes.

III. Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A. Primera postura. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en sesión de siete de enero de dos mi veintiuno, resolvió el amparo directo 301/2020, relacionado con el amparo directo 250/2020, del que se advierten los siguientes antecedentes:

a) El Juzgado Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, admitió la demanda presentada por **********, en la vía civil ordinaria, mediante la cual ejerció la acción de responsabilidad civil en contra del doctor **********; **********; y, **********, la cual registró con el número de expediente **********.

b) Luego, el actor por conducto de su abogado patrono, compareció a promover "incidente de incompetencia" por declinatoria, que fue admitido mediante auto de trece de mayo de dos diecinueve; incidencia que se remitió a la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, quien la resolvió fundada el veintiocho de julio del mismo año, en el toca 663/2019.

Lo anterior, en virtud de que consideró que el órgano jurisdiccional de primera instancia es incompetente por materia para conocer del asunto, ya que tratándose del reclamo de indemnización por daño físico o moral, conforme a los artículos 20, 22 y 28 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y su Municipios, es a la propia entidad demandada a la que corresponde resolver, esto es, al propio **********.

En el entendido de que para el caso de que niegue la indemnización reclamada o ésta no satisfaga al interesado, puede impugnarse la resolución respectiva ante el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado.

De manera que declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó la devolución de los documentos, sin hacer remisión expresa de las actuaciones a la autoridad que estimó competente.

c) Inconforme, la parte demandada **********, promovió amparo directo en contra de dicha resolución, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito quien lo registró con el número de amparo 301/2020, y en sesión de siete de enero de dos mil veintiuno, dicho órgano colegiado otorgó la protección solicitada, conforme a las siguientes consideraciones:

• Que el acto reclamado infringe los artículos 33, 34, 35, 168 y 169 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que la incompetencia está reservada para oponerse mediante una excepción, lo que implica que únicamente puede promoverse por la parte demandada, por ser a quien interesa destruir la acción.

• Lo anterior se corrobora con el contenido del artículo 267 del ordenamiento citado, que establece que uno de los efectos de la presentación de la demanda, es someter al actor a la competencia del Juez ante quien fue presentada.

• Que esa circunstancia obligaba a la Sala a desechar de plano la cuestión de competencia sometida a su consideración, conforme a lo establecido en el numeral 169 del mismo cuerpo normativo, al constar que el litigante que promovió la declinatoria se sometió a la competencia del Juez de origen.

• Puntualizó que no es obstáculo para arribar a dicha conclusión, que la competencia deba analizarse de oficio por los Jueces y tribunales, ya que ese examen no puede llevarse a cabo libremente, en cualquier momento, ya que conforme a lo establecido en el arábigo 87 del enjuiciamiento civil, el cual contempla el estudio de los presupuestos procesales de oficio, ello debe hacerse al momento de dictar sentencia.

• Por consiguiente, concedió el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el fallo reclamado, y en su lugar dicte otro, en el que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria citada, deseche el "incidente de incompetencia" por declinatoria promovido y ordene la continuación del juicio de origen.

B. Segunda postura. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de treinta de marzo de dos mil veintidós, resolvió el recurso de revisión 157/2021, derivado del juicio de amparo indirecto 27/2020, del índice del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, ejecutoria de la cual se advierten los siguientes antecedentes:

a) El Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, admitió la demanda promovida por **********, por su propio derecho, en la vía civil ordinaria, en la que ejerció acción de responsabilidad civil objetiva en contra de **********, ********** y **********, la cual se registró con el número de expediente 969/2017.

b) El abogado patrono de la parte actora promovió "incidente de incompetencia" para que el juzgado de primera instancia se inhibiera de conocer del asunto, por encontrarse ante una responsabilidad patrimonial del Estado, acorde a lo que decidió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 6112/2016.

c) Mediante auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el juzgado de primer grado se negó a proveer la incidencia, porque ésta debe promoverse por la parte demandada, de conformidad a lo previsto en el artículo 168 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, sin perjuicio de la facultad del juzgador de abordar dicho presupuesto al dictar la sentencia definitiva.

d) Contra dicho proveído, la parte actora promovió recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco quien lo registró con el número de toca **********, y el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictó sentencia en la que confirmó el auto apelado.

Para ello, la Sala referida argumentó:

• Que la parte accionante se sometió tácitamente a la competencia del Juez, como también lo hicieron los enjuiciados al contestar la demanda.

• Que si bien el juzgador tenía la facultad de inhibirse en el primer auto, el que no lo hubiera hecho implica que había asumido jurisdicción, por lo que la actora no puede oponerse.

• Que el reconocimiento de competencia por parte del juzgado natural, salvaguarda el derecho invocado por la parte actora apelante, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al haber acudido al tribunal que había considerado competente para conocer del conflicto planteado.

• Que la interpretación del artículo 168 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, permite concluir que sólo la demandada podía oponerse a que el juzgado de la causa conociera del negocio.

e) Inconforme, la actora apelante promovió amparo indirecto, del que correspondió conocer al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, quien registró la demanda con el número 27/2020, la admitió y, una vez celebrada la audiencia constitucional, el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, resolvió en el sentido de negar el amparo solicitado, conforme a las siguientes consideraciones:

• Que la inhibitoria sólo puede hacerse valer en el primer proveído que se dicte en relación con la demanda principal o reconvencional, a fin de no dejar a las partes en estado de indefensión.

• Que con la presentación de la demanda, la parte actora se sometió tácitamente a la competencia del órgano jurisdiccional, por lo que la incompetencia sólo podía promoverse vía excepción.

• Que si la parte enjuiciada no había propuesto la incompetencia, también quedaba sometida tácitamente.

• Que lo dispuesto por el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, respecto a la obligación que tienen los Jueces y tribunales de examinar de oficio los presupuestos procesales, como el de la competencia, sólo cobra vigencia cuando se trataba del dictado de la sentencia de primera o segunda instancia, por ser una cuestión de orden público, no limitada a que lo aleguen las partes en el juicio; por lo que, no pueden inhibirse oficiosamente en cualquier momento.

• Que en el particular, no se trataba de un estudio oficioso de la competencia, sino de un incidente promovido por la parte actora.

• Que se interpretó correctamente lo dispuesto por el citado artículo 168 del Código Adjetivo Civil del Estado, pues para que un Juez, una vez admitida la demanda, se pueda inhibir de conocer un asunto, es necesario que la parte demandada se excepcione, lo que en el caso no había ocurrido, ya que fue la parte actora y quejosa, la que había promovido el incidente de incompetencia.

• Que en ese contexto, la parte actora no se encuentra legitimada para cuestionar la competencia del juzgado natural, pues con la presentación de la demanda se sometió tácitamente a su competencia.

• Explicó que lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 6112/2016, no era aplicable, porque el asunto de fondo ahí versó sobre la interpretación de lo dispuesto por el artículo 113, ahora 109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la naturaleza de las prestaciones reclamadas y la vía a través de la cual debía solicitarse la indemnización derivada del actuar indebido del Estado, cuando se encuentra involucrada una empresa particular.

f) Inconforme con el fallo de amparo indirecto, la parte quejosa promovió recurso de revisión, que se turnó al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien lo registró con el número 157/2021, y en sesión de treinta de marzo de dos mil veintidós, revocó la sentencia recurrida y otorgó la protección solicitada, en esencia, con base en lo siguiente:

• Que asiste la razón al recurrente al argumentar que se interpretó incorrectamente el artículo 168 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

• Precisó que dicho numeral, analizado en armonía con los arábigos 87, 154 y 156 del citado ordenamiento, permite establecer que, tratándose de fuero improrrogable, como es el de la materia, la promoción de un incidente de incompetencia por quien se sometió a la del juzgado que conoce de la demanda, no debe ser desechado, pues mientras no se haya resuelto en definitiva sobre ese tema, está legitimado para pedirle que se inhiba del conocimiento del negocio, en cualquier etapa del juicio, por ser la competencia un presupuesto procesal.

• Que respecto a la competencia improrrogable no puede operar la sumisión tácita y, por ende, las partes están legitimadas para promover la incompetencia, ya que se trata de un presupuesto sin el cual no puede dictarse sentencia válida.

• Explicó que la competencia es el límite de la jurisdicción, es decir, el ámbito en el cual la autoridad judicial válidamente puede ejercer sus atribuciones y facultades otorgadas por el Estado.

• Que constituye un presupuesto procesal de análisis preferente a la procedencia o improcedencia de la demanda y, por ello, exige ser atendido primordialmente, sea expresa o tácitamente, por lo cual su examen debe hacerse de oficio.

• Que en relación con la trascendencia de los presupuestos procesales, destaca lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que originó la jurisprudencia 1a./J. 29/2021 (11a.), en la que refirió que la tramitación de un juicio en la vía incorrecta transgrede el derecho a la seguridad jurídica, y en la que agregó:

• Que conforme lo establece el artículo 17, párrafo tercero, constitucional, la tutela judicial efectiva es un derecho público que toda persona tiene para que, dentro de los plazos y términos que fijen previamente las leyes, se acceda de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso, se decida sobre éstas y en su caso, se ejecute la decisión.

• Que los tribunales deben aplicar los principios constitucionales, convencionales y legales que rigen su función jurisdiccional, pues de lo contrario, provocarían un estado de incertidumbre en los justiciables, pues desconocerían la forma de proceder de tales órganos y se trastocarían las condiciones de igualdad procesal.

• En consecuencia, que el principio constitucional referente al deber de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución del fondo del asunto, no puede ser irrestricto, pues deben respetarse el resto de los principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, como es el derecho de tutela efectiva, debido proceso y equidad procesal, que garantizan, la seguridad jurídica. • Que el derecho a la seguridad jurídica, sobre el cual descansa el sistema jurídico mexicano, tiene como fin que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión.

• Por ende, su contenido esencial radica en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad judicial, a fin de que antes de la instauración del proceso, se tenga plena certeza de los plazos, términos, condiciones y demás formalidades a que serán sujetas sus pretensiones o defensas, con la correspondiente obligación de los órganos jurisdiccionales de respetarlas, y cuyo incumplimiento, tiene consecuencias jurídicas.

• Que los presupuestos procesales son concebidos desde la doctrina y la jurisprudencia, como aquellos requisitos sin los cuales no puede iniciarse ni tramitarse válidamente o con eficacia jurídica algún proceso.

• Asimismo, que son cuestiones de orden público y que deben estudiarse de oficio, dado que la ley expresamente así lo dispone y que entre éstos, se encuentra la competencia, la legitimación y la vía.

• En ese contexto, el Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que las consideraciones respecto a la vía expuestas por el Alto Tribunal, también aplican tratándose de la incompetencia, pues implica la tramitación de un juicio con la legislación incorrecta; violación que transgrede el principio de seguridad jurídica y debido proceso, pues no se aplica la regulación normativa en los términos que fija la ley, y conforme lo exige el Texto Constitucional.

• Que por ese sólo hecho se causa un perjuicio a las partes, sin que se pueda convalidar un proceso seguido ante una autoridad incompetente, pues estimarlo así, generaría una situación de anarquía procesal y daría lugar a llevar juicios que irían contra las normas que son imperativas.

• Abundó al argumentar que no debe perderse de vista que los juzgadores, como órganos del Estado, sólo pueden hacer lo que la ley les faculta y, por ello, no tienen la posibilidad de hacer a un lado las disposiciones específicamente creadas por el legislador en cada caso concreto, conforme a la garantía de legalidad prevista en el numeral 17 constitucional.

• Que la citada Primera Sala del Máximo Tribunal, en relación con el presupuesto procesal de la competencia, al resolver la contradicción de tesis 377/2011, fuente de la 1a./J. 6/2012 (10a.), determinó:

• Que la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdiccionales para conocer y decidir sobre determinadas materias, atañe a su competencia en términos generales.

• Existe competencia constitucional y competencia jurisdiccional; y, en relación con ésta última, explicó que ésta nace o se genera de las disposiciones jurídicas orgánicas de los tribunales o de las reguladoras de los distintos procedimientos que han de sustanciarse ante éstos, y se surte de acuerdo con las circunstancias de materia, lugar, grado o cuantía que rodeen al litigio planteado.

• Que la competencia por razón de la materia se determina por la naturaleza de la pretensión procesal y por las disposiciones legales que la regulan, esto es, se toma en cuenta la naturaleza del derecho subjetivo hecho valer con la demanda y, que constituye la pretensión y norma aplicable al caso concreto, lo que permite determinar cuándo un litigio debe ser sometido a los tribunales, entre otros, administrativos, fiscales, agrarios, laborales, civiles o penales.

• El Tribunal Colegiado de Circuito reiteró que del análisis sistemático de los artículos 87, párrafo segundo, 154, 156 y 168 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se obtiene que la competencia por materia es improrrogable y, por consiguiente, no puede inferirse sumisión tácita o expresa por las partes.

• Que es válido que su análisis se verifique de oficio por los órganos jurisdiccionales respectivos, ya sea en el primer proveído que pronuncien sobre la admisión de la demanda, o bien, durante el procedimiento a petición de parte, e incluso, al dictar la sentencia correspondiente.

Lo anterior, en virtud de que dicho presupuesto constituye un requisito sin el cual no puede iniciarse ni tramitarse válidamente o con eficacia jurídica algún proceso; es una cuestión de orden público; y, debe estudiarse de oficio.

• Que la única competencia que puede ser prorrogable es aquélla por razón del territorio, lo que lleva a concluir, por exclusión, que la competencia por razón de la materia es improrrogable.

• Por consiguiente, si la competencia por materia es improrrogable, no puede inferirse sumisión expresa o tácita de las partes, en relación con ésta.

• Que por ende, es válido que su análisis se verifique, ya sea en el primer proveído que se pronuncie sobre la admisión de la demanda, o bien, durante el procedimiento a petición de parte, e incluso al dictar sentencia, en virtud de tratarse de un presupuesto procesal para el dictado de una resolución válida.

• Que en congruencia con lo anterior, el Pleno del Alto Tribunal, en la jurisprudencia P./J. 12/2020 (10a.), consideró que la competencia es un presupuesto de validez del proceso y un derecho fundamental de los justiciables derivado del artículo 16 constitucional, y que en aras de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia, que debe ser completa, se justifica que el juzgador pueda analizar si es competente por razón de la materia, siempre que ello no haya sido determinado previamente de manera definitiva.

• Que el Juzgado Federal perdió de vista que si el artículo 168 citado, faculta al Juez que se estima incompetente de inhibirse del conocimiento del negocio, su interpretación conforme y en armonía con los arábigos 87, 154 y 156 invocados, permite considerar que, por mayoría de razón, está facultado para admitir un incidente propuesto por el actor, teniendo como base que la competencia por materia constituye un presupuesto procesal de análisis preferente, sin el cual no es dable dictar una resolución válida.

• Que la interpretación correcta de aquel numeral, lleva a concluir que si la parte actora hace valer la incompetencia del Juez en cualquier estado del juicio, debe resolver sobre el tema, si previamente no lo hizo en forma definitiva, pues el accionante sí está legitimado para proponerla.

• Interpretación que consideró es acorde con el postulado de impartición de justicia pronta, previsto en el artículo 17 constitucional, pues ningún sentido tiene postergar esa decisión hasta la sentencia, si es dable dilucidarlo con anticipación.

• Que no pasó por alto el contenido del artículo 169 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dispone que debe desecharse la incompetencia por inhibitoria o declinatoria promovida por el litigante que se ha sometido a la competencia del tribunal que conoce del negocio.

Sin embargo, aclaró que frente a ello, en principio se tiene que la competencia por materia es improrrogable, por lo que no puede existir sumisión; y, en segundo lugar, insistió en que la competencia es un presupuesto de validez del proceso y un derecho fundamental de los justiciables, sin el cual no se puede dictar resolución válida, por lo que es de análisis preferente y de orden público.

De manera que señaló que cualquier atisbo de incompetencia, debe ser resuelta, a fin de dar cumplimiento al derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica.

• Aunado a lo anterior, determinó que la competencia no está sujeta al arbitrio ni voluntad de las partes, lo que aplicado al derecho procesal, se traduce en que la competencia es la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente, por lo que no necesariamente debe esperarse hasta el dictado de la sentencia para emitir pronunciamiento al respecto.

• Añadió que lo dicho se robustece con el hecho de que la actora propuso la incompetencia, en cuanto al fondo, con apoyo en un criterio de la Primera Sala del Alto Tribunal, plasmado al resolver el amparo directo en revisión 6112/2016, en el que resolvió un asunto similar.

• Entonces, concluyó que tratándose de fuero improrrogable, como es el de materia, no debe desecharse un incidente de incompetencia promovido por el actor, pues mientras no se haya resuelto en definitiva sobre la legal competencia del juzgador, se encuentra legitimado para pedirle que se inhiba del conocimiento del negocio, en cualquier etapa del juicio, por ser un presupuesto sin el cual no puede dictarse sentencia válida.

• Así, otorgó el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada, y dicte una nueva, en la que siguiendo los lineamientos trazados, se abstenga de considerar que la incompetencia planteada por la parte actora en el juicio natural, no puede ser analizada, sino hasta el dictado de la sentencia definitiva y que sólo puede plantearse por la parte demandada; y, hecho lo anterior, resuelva con plenitud de jurisdicción.

IV. Existencia de la contradicción. Precisadas las consideraciones en las que se basaron los criterios contendientes, se procede a analizar si en el caso se colman los requisitos para la existencia de la contradicción de criterios.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 199/2019,(7) determinó que el propósito esencial de una contradicción es lograr la unificación de criterios opuestos sobre una misma cuestión normativa, a fin de lograr certeza y seguridad jurídicas, como valores fundamentales de un Estado de derecho.

A su vez, los artículos 107, fracción XIII, de la C

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31087-e3c9eaba/competencia-por-razon-de-la-materia-la-jurisprudencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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