CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO EN AUTOS NO CONSTEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS MATERIAL DE LA FACULTAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XVI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PROCEDE DEVOLVER EL EXPEDIENTE AL JUZGADOR DE ORIGEN PARA QUE LOS RECABE.
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 8/2012. 8 DE FEBRERO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: GABINO GONZÁLEZ SANTOS.
III. Competencia
13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos tercero, fracción V y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno y reformado mediante instrumento normativo de seis de octubre de dos mil once y el Acuerdo General Plenario Número 12/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil nueve, modificado mediante instrumento normativo emitido por el Tribunal Pleno el dieciséis de enero de dos mil doce, por tratarse de un incidente de inejecución de sentencia en el que no procede aplicar la sanción prevista en el artículo constitucional citado.
IV. Consideraciones y fundamentos
14. Es procedente la devolución de los autos del juicio de amparo número ********** al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en atención a lo siguiente:
15. De conformidad con lo establecido por los artículos 107, fracción XVI, constitucional y 105 de la Ley de Amparo, así como por los puntos quinto, fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2001 y, puntos segundo y tercero del Acuerdo General Número 12/2009, emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el procedimiento que debe seguirse cuando no se cumple con las sentencias de amparo, es el siguiente:
a) Una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, la autoridad judicial correspondiente debe requerir a las autoridades responsables para que realicen los actos tendentes al cumplimiento de la misma, lo que deberán informar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la ejecutoria (artículo 105 de la Ley de Amparo).
b) En caso de que las autoridades responsables sean omisas en el cumplimiento de la sentencia de amparo, la autoridad judicial correspondiente deberá requerir al superior jerárquico inmediato de aquéllas, a fin de que las obliguen al cumplimiento.
c) De persistir la omisión, tratándose de juicios de amparo indirecto, el Juez de Distrito deberá remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito en turno. El presidente del Tribunal Colegiado al cual corresponda conocer del asunto, al admitirlo, debe requerir a las autoridades responsables, a las diversas que se estimen vinculadas a su cumplimiento, con copia al superior jerárquico de todas ellas, en su caso, para que en un plazo de tres días demuestren ante el Juzgado de Distrito y ante el propio tribunal, que la ejecutoria de amparo se cumplió o expongan las razones que tengan para no haberlo hecho. En ese auto, el presidente del Tribunal Colegiado debe apercibir a las responsables y a los superiores jerárquicos que, en caso de ser omisas respecto de ese requerimiento, se continuará con el procedimiento respectivo, que puede terminar con la imposición de las sanciones establecidas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional.
d) Si persiste la omisión de la autoridad responsable, y para efecto de continuar con el procedimiento establecido en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si el Tribunal Colegiado estima que se debe aplicar la sanción correspondiente, remitirá el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (punto tercero, fracción II, numeral cuarto, del Acuerdo General Plenario Número 12/2009).
16. Por lo anterior y en congruencia con lo detallado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez recibidos los autos, debe constreñirse únicamente a resolver si el incumplimiento por parte de la autoridad es excusable o inexcusable y si se está en el caso de aplicar la sanción a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal.
17. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre lo que debe entenderse por procedimiento para la ejecución de una sentencia y el momento en que habiéndose agotado esa etapa, los autos son remitidos a este Alto Tribunal para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, como momentos diversos en la actuación del Juez de Distrito, encaminados a buscar el cumplimiento de una sentencia de amparo. La primera etapa está formada por todos los requerimientos realizados a las autoridades responsables y por todas las gestiones emprendidas por el Juez de amparo a fin de lograr el acatamiento del fallo protector. La segunda fase está a cargo de la Suprema Corte, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal.
18. De lo anterior se desprende que el incidente de inejecución de sentencia se inicia cuando el órgano jurisdiccional competente remite los autos a la Suprema Corte de Justicia, apoyado en la evidencia de que las autoridades responsables han tenido una actitud de rebeldía al no haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, absteniéndose de obrar en el sentido ordenado en la sentencia, limitándose a desarrollar actos intrascendentes, secundarios o poco relevantes para crear una apariencia de cumplimiento.
19. Es necesario poner de manifiesto que por ejecución de sentencia de amparo, debe entenderse la obligación constitucional que tiene el juzgador de amparo que haya dictado el fallo protector de hacer que éste se cumpla, esto es, la de realizar todos los actos que sean necesarios hasta lograr su cumplimiento, según lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Amparo, sin que pueda ordenar el archivo de ningún expediente si no está cumplida la sentencia de amparo, es decir, es una cuestión de orden público.
20. En consecuencia, habrá inejecución de sentencia cuando a pesar de los medios utilizados para lograr el cumplimiento, éste no se logre, por una actitud contumaz -ya sea de manera abierta o con evasivas- de la autoridad o autoridades obligadas a obedecer el fallo constitucional.
21. La apertura del incidente de inejecución depende, desde luego, de:
a) La existencia de una sentencia protectora;
b) Que el juzgador de amparo haya agotado el procedimiento establecido en los artículos 105 y 111 de la Ley de Amparo; y
c) Que exista desobediencia de las autoridades para acatar el fallo protector o que los actos que realicen sean intrascendentes.
22. Al respecto, es necesario señalar que los tribunales de amparo, ante todo, deben ajustarse al procedimiento de ejecución de sentencias que establece la ley de la materia, pues éste no deja lugar a dudas de cuál es el camino a seguir para lograr el eficaz cumplimiento de una ejecutoria.
23. Se considera que para lograr el eficaz cumplimiento de las sentencias de amparo, los órganos jurisdiccionales, al emitir sus sentencias, lo deben hacer en forma clara y precisa, esto es, deben determinar concretamente sus alcances y efectos, así como describir pormenorizadamente los actos específicos que cada una de las autoridades responsables deban realizar.
24. El incidente de inejecución de sentencia requiere como presupuesto, que el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado después de haber agotado todos los medios legales que la ley les concede para hacer cumplir sus determinaciones, concluya que la autoridad responsable ha incurrido en una actitud contumaz de abstención de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, lo que da lugar a que se solicite la intervención de este Alto Tribunal, para que aplique el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal.
25. Del aludido artículo, así como del diverso 105 de la Ley de Amparo y de los Acuerdos Generales Plenarios Números 5/2001 y 12/2009, se desprende que la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo tiene lugar una vez que se ha determinado que la autoridad responsable soslayó su obligación de dar cumplimiento a la ejecutoria de garantías emitida por el juzgador que tuvo a su cargo el procedimiento de ejecución de sentencia. Ello implica, necesariamente, que sólo se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se esté específicamente en el supuesto previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
26. Ahora bien, de los autos se desprende que los quejosos promovieron amparo indirecto en contra del decreto por el que se confirma la determinación de utilidad pública y se expropia a favor del Sistema de Transporte Colectivo el inmueble identificado registralmente como **********, Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de mayo de dos mil diez y de la declaratoria de utilidad pública de la obra de construcción y el funcionamiento de la subestación de rectificación (SR 5 Periférico) de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril y dieciocho de mayo, ambos de dos mil diez.
27. Mediante sentencia de veintidós de octubre de dos mil diez, el secretario en funciones de Juez, adscrito al Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, concedió el amparo a los quejosos para el efecto de que las autoridades responsables otorguen a los demandantes la garantía de audiencia en el procedimiento que dio origen a los decretos impugnados, en cuanto concierne al inmueble identificado como **********, Distrito Federal, actualmente conocido como *********, en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual se traduce en que sean oídos y vencidos en juicio o en el procedimiento respectivo, a fin de que se les otorgue la oportunidad de defender el inmueble de su propiedad y el de alegar lo que a sus intereses convenga, atendiendo al contenido del artículo 14 constitucional; además de que también dejen sin efectos los actos que se hayan realizado con posterioridad a la expedición de los decretos materia de la litis, toda vez que los mismos constituyen meras consecuencias de los actos de autoridad cuya constitucionalidad ha sido declarada.
28. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al conocer del recurso de revisión, mediante sentencia de veinticuatro de junio de dos mil once, confirmó la sentencia y señaló:
"... Por lo antes expuesto, se impone confirmar la decisión de la Juez de origen y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, respecto del decreto de expropiación impugnado, pues previa su emisión no se respetó a favor de los quejosos la garantía de audiencia previa que para tal efecto se encuentra prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal.
"Concesión que desde luego y como se sostuvo en la sentencia recurrida, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo que a continuación se invoca, obliga a las autoridades a dejar sin efectos los actos impugnados y retrotraer las cosas al estado que guardaban antes de su emisión; es decir, a dejar insubsistente el decreto expropiatorio reclamado, así como sus actos de ejecución, que se traducen en la toma de posesión de los inmuebles e inscripción en el folio real que corresponda, en caso de que la misma se hubiere efectuado.
"...
"Lo anterior sin desconocer que, en caso de que resulte materialmente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos de que fue privado, el cumplimiento de la sentencia de amparo deberá realizarse en los términos previstos en (sic)
"La Ley de Amparo al respecto, pudiendo llegarse a determinar el monto de la indemnización que corresponde a la parte quejosa."(15)
29. Por otro lado, de autos se advierte que desde la demanda de amparo los quejosos señalaron como acto reclamado los efectos y consecuencias de los decretos señalados; es decir, la demolición de la casa habitación y accesorias comerciales, cuestión que se corrobora con la inspección judicial desahogada al tramitar la suspensión el veintiocho de junio de dos mil diez, en la que el actuario del juzgado asentó lo siguiente:
"... En cumplimiento a lo ordenado en el proveído de fecha veinticuatro de junio de dos mil diez, dictado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********** y en compañía de la licenciada ********** quien se identifica con credencial con número de empleado ********** expedida por el Gobierno del Distrito Federal se procede al desahogo de la prueba de inspección judicial, ahora bien, hago constar que me encuentro ubicado en ********** en México, Distrito Federal, que dicho inmueble se encuentra desocupado y sólo se encuentran los cimientos del mencionado inmueble, se hace constar que tiene una escavación de (sic) aproximada tres metros de profundidad lo anterior se hace constar para los efectos legales a que haya lugar dando por terminada la presente diligencia a las trece horas del día veintiocho de junio de dos mil diez ..."(16)
30. Por lo anterior y dado que de autos se advierte que ya se realizó la demolición de la casa habitación de los quejosos para la construcción y funcionamiento de la subestación de rectificación (SR 5 Periférico) de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación esté en posibilidad de determinar si procede el cumplimiento sustituto o no, es necesario tener mayores elementos probatorios, pues como lo señaló el Tribunal Colegiado que conoció de la revisión, "... podría resultar materialmente imposible restituir a los quejosos en el goce de los derechos de que fueron privados."
31. En ese sentido, es dable afirmar que en este momento no existen elementos para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la aplicación de la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, toda vez que de autos se advierte que podría actualizarse lo previsto en el tercer párrafo de dicho artículo, reformado el seis de junio de dos mil once; es decir, podría haber imposibilidad de cumplir la sentencia en la forma en que se concedió el amparo.
32. Al respecto, el tercer párrafo del artículo 107, fracción XVI, señala:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional. ..."
33. Conforme a lo señalado en el artículo constitucional antes citado y dadas las condiciones fácticas que operan en este asunto, es inconcuso que deben devolverse los autos del juicio de garantías a fin de que la Juez de Distrito del conocimiento realice lo siguiente:
a) Requiera a los quejosos para que tengan la oportunidad de optar, o no, por el cumplimiento sustituto, y de ser así, determine la forma y cuantía del mismo.
b) En caso de que la parte quejosa no esté de acuerdo en que el cumplimiento de la sentencia de amparo se lleve a cabo de manera sustituta, el Juez deberá realizar los actos y diligencias necesarias con el objeto de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación esté en aptitud de determinar oficiosamente, en su caso, si procede o no el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo con los elementos probatorios y manifestaciones necesarias.
34. Lo anterior, se insiste, dado que como se advierte, en el inmueble en cuestión podría estar ya construida la subestación del metro a que se ha hecho mención.
35. En lo que resultan aplicables a las anteriores consideraciones, se citan las jurisprudencias y tesis siguientes:
"CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DISPONERLO, DE OFICIO, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DETERMINEN LA IMPOSIBILIDAD DE ACATAR EL FALLO PROTECTOR (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN XVI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 105 DE LA LEY DE AMPARO). Para que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación disponga, de oficio, el cumplimiento sustituto, deben actualizarse los supuestos siguientes: a) que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, debiéndose atender a la naturaleza del acto; b) que se haya determinado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, y c) que de ejecutarse la sentencia de amparo por parte de las autoridades responsables, se afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso. Sin embargo, aquellos incidentes de inejecución de sentencia en los que, por sus características específicas y atendiendo a la naturaleza del acto, el Juez de Distrito o Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de amparo, en cumplimiento a lo ordenado por alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinen que de ejecutarse la sentencia protectora se afectaría gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso, no ameritan la intervención del Tribunal en Pleno, puesto que al no tener que ocuparse de todos los supuestos a que aluden los preceptos citados, lo único que habrá de ser materia de pronunciamiento es lo relativo a lo que dispone el mencionado artículo 105, párrafo quinto. En consecuencia, en estos casos, cuando sólo deba decidirse respecto a que se cumplimente en forma sustituta o subsidiaria la sentencia de amparo y, por tanto, ordenar que se remitan los autos al Juez de Distrito o Tribunal de Circuito que la hayan dictado para que incidentalmente resuelvan el modo o la cuantía de la restitución, son las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las que en términos del punto tercero, fracción IV, del Acuerdo Plenario 1/1997, relativo a la determinación de la competencia por materia de dichas Salas y al envío a ellas de asuntos competencia del Pleno, deben resolver al respecto, ya que no habrá de determinarse el incumplimiento de la ejecutoria de amparo o la repetición del acto reclamado, sino atender a lo que establecieron el Juez de Distrito o el Tribunal de Circuito que conoció del juicio de amparo, en el sentido de que de ejecutarse la sentencia protectora se afectaría gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso."(17)
"SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ORDENE, DE OFICIO, SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. De la interpretación del párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, en relación con el cuarto párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, adicionado mediante decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial el 17 de mayo de 2001, que reglamenta y determina la vigencia de aquel precepto constitucional en términos del artículo noveno transitorio del decreto de reformas a la Norma Fundamental referido, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ordenar de oficio el cumplimiento sustituto de una ejecutoria de garantías cuando se colmen los siguientes requisitos: a) que la naturaleza del acto lo permita; b) que se determine previamente el incumplimiento de la sentencia de amparo o la repetición del acto reclamado; y, c) que la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que podría obtener el quejoso con su cumplimiento, requisito éste que implica que aunque la ejecutoria de garantías pueda ejecutarse materialmente, no conviene hacerlo, lo cual no debe confundirse con la imposibilidad material o jurídica para cumplirla; hecho lo anterior, deberá remitirse el expediente al órgano que haya conocido del amparo, para que éste tramite de manera incidental el modo o el monto en que la sentencia deberá cumplirse de manera sustituta."(18)
"CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO EN AUTOS NO CONSTEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS MATERIAL DE LA FACULTAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XVI, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PROCEDE DEVOLVER EL EXPEDIENTE AL JUZGADOR DE ORIGEN PARA QUE LOS RECABE.-Si se toma en cuenta que el análisis del ámbito material de la facultad prevista en el artículo 107, fracción XVI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la determinación de afectación grave a la sociedad o a terceros frente al beneficio económico que obtendría el quejoso con la ejecución de una sentencia de amparo, responde a una racionalidad económica, resulta evidente que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda determinar si procede o no ordenar el cumplimiento sustituto de la sentencia, el juzgador que lo solicite debe proveer a este órgano jurisdiccional de los elementos necesarios para ejercer la aludida facultad. Por tanto, cuando se advierte que en autos no constan elementos suficientes para pronunciarse al respecto, procede devolver el expediente al juzgador de origen para que como parte del procedimiento de ejecución de sentencia (y no en vía incidental), ordene el desahogo de las diligencias necesarias para determinar tanto el valor de los bienes jurídicos relevantes como la cuantificación derivada de la posible afectación a terceros, pues sólo contando con tales elementos, la Suprema Corte podrá determinar la procedencia o no del aludido cumplimiento sustituto."(19)
"CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CONDICIONES PARA SU APLICABILIDAD MATERIAL.-El hecho de que una autoridad jurisdiccional distinta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación señale que es imposible el cumplimiento de una sentencia de amparo, no implica que el alto tribunal sólo sea competente -desde una perspectiva declarativa- para ordenar el cumplimiento sustituto de tal resolución, ya que del análisis del ámbito material de la facultad prevista en el artículo 107, fracción XVI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la determinación de afectación grave a la sociedad o a terceros frente al beneficio económico que obtendría el quejoso con la ejecución de la sentencia concesoria, se llega a la convicción de que ésta debe cumplirse en sus términos y que, por tanto, no procede ordenar el cumplimiento sustituto. Ahora bien, el aspecto material mencionado conlleva evaluar los costos y beneficios que una determinada acción puede tener a partir de su expresión en una unidad comparable (normalmente mediante valores pecuniarios), para optar por la decisión que represente mayores beneficios netos, lo cual es posible tratándose de situaciones de cuantificación perfecta, esto es, cuando los elementos a comparar están definidos y la cuantificación numérica de los costos y beneficios es absoluta, pues en este caso la facultad se limita a comparar entre el valor de un curso de acción y otro, y decidir por el que represente el valor más alto. Sin embargo, dicho supuesto no siempre se actualiza, sea porque los elementos a contrastar no están completamente claros o porque es imposible asignarles un valor numérico preciso, pues algunos factores pueden no ser de índole económica o no tener referente en un valor pecuniario. De manera que si para permitir la ejecución sustituta de las sentencias de amparo el constituyente estableció un criterio que implica realizar un análisis costo-beneficio, resulta necesario abordar el problema desde una dimensión cuantitativa o, al menos, darle la mayor dimensión posible. De esta manera, primeramente deben identificarse los bienes jurídicos relevantes en cada caso, así como los costos y beneficios que de ellos resulten también relevantes, y su adecuada relación respecto de los sujetos mencionados en el citado precepto constitucional, pues ello permitirá establecer, por ejemplo, el tipo de afectación que puede generar la ejecución, a quién afectará, de qué manera repercutiría en la sociedad, los beneficios reales que obtendría el solicitante con la ejecución sustituta y cómo podrían concretarse los costos y los beneficios de las medidas para la sociedad y para el solicitante. En segundo lugar, debe distinguirse de entre los costos y beneficios determinados como relevantes, aquellos que puedan monetizarse y los que no pueden serlo, ya que esa diferencia demanda distintos tratamientos, en tanto que tratándose de montos que no puedan monetizarse, deben argumentarse todos los elementos relacionados, es decir, determinar el tipo de afectación que se irroga a la sociedad o a terceros y si ésta es o no grave. En este aspecto, pueden darse dos soluciones: a) considerar casos anteriores con un grado suficiente de semejanza para extrapolar las consecuencias que haya tenido hacia aquel que tenga que resolverse y, b) a falta de supuestos semejantes, construir la mayor cantidad de hipótesis para procurar obtener una estimación aplicable al caso. Por otro lado y respecto a los montos monetizados, debe establecerse el valor de los supuestos a partir de los cuales habrá de llevarse a cabo la estimación, y la determinación del monto de los costos y beneficios tendrán que actualizarse a valor presente. Finalmente, la última etapa del análisis conlleva la unión de los elementos anteriores mediante una adecuada motivación que consistirá en identificar los bienes jurídicos, costos relevantes y sujetos relacionados, así como verificar los cálculos necesarios para arribar a la determinación final que permita contraponer costos frente a beneficios y, como consecuencia, resolver si procede o no (ello con independencia del resto de elementos) ordenar el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo."(20)
36. Similares consideraciones sostuvo esta Primera Sala al resolver el incidente de inejecución de sentencia **********, en sesión de ocho de junio de dos mil once, por unanimidad de cinco votos.
V. Decisión
37. Esta Primera Sala ordena devolver los autos del juicio de amparo número ********** al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a fin de que su titular cumpla con los lineamientos establecidos en esta ejecutoria.
38. Como consecuencia de lo expuesto, debe quedar sin efectos el dictamen emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de dos de diciembre de dos mil once, en el incidente de inejecución de sentencia **********, en el que estimó procedente la aplicación de las medidas contenidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la autoridad señalada como responsable.
39. Por último, debe informársele al Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal que, en caso de tener cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo **********, deberá remitir a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el acuerdo que así lo acredite, para que con dicha constancia se resuelva lo conducente en el presente incidente de inejecución de sentencia.
Por lo expuesto y fundado,
Se resuelve:
PRIMERO.-Devuélvanse los autos del juicio de amparo **********, al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para los efectos precisados en el último apartado de la presente resolución.
SEGUNDO.-Queda sin efectos el dictamen emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de dos de diciembre de dos mil once, en el incidente de inejecución de sentencia **********.
TERCERO.-Requiérase al Juez de Distrito del conocimiento que, de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, deberá informarlo a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz (ponente), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
_______________
15. Ibid, foja 1106 y vuelta.
16. Ibid, foja 851.
17 1a./J. 77/2005, Novena Época, Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 2005, página 89.
18. 2a./J. 196/2009, Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23520-be587734/cumplimiento-sustituto-de-sentencias-de-amparo-cuando-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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