Sin rubro
INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO 6/2015. 3 DE NOVIEMBRE DE 2015. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de noviembre de dos mil quince.
V I S T O S; y,
R E S U L T A N D O:
Cotejó:
PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de junio de dos mil trece, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y por los actos, que a continuación se señalan:
AUTORIDADES RESPONSABLES:
1. Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.
2. Síndico Municipal **********, de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.
3. Director de Obras Públicas del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.
4. Presidente de la Junta Auxiliar Santa María La Alta, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.
ACTOS RECLAMADOS:
La orden de ocupación y/o desposesión, respecto de una fracción de veinte por veinte metros aproximadamente del inmueble ubicado en **********, de la Junta Auxiliar Santa María La Alta, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla; así como, el contrato de obra pública **********.
SEGUNDO. De la demanda de amparo, por cuestión de turno conoció el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Puebla, el cual mediante auto de veintiuno de junio de dos mil trece, la admitió y ordenó su registro con el número **********;(1) seguidos los trámites de ley, celebró audiencia constitucional el veinticinco de septiembre de dos mil trece, que terminó de engrosar el veintinueve de noviembre siguiente,(2) en la que se resolvió otorgar el amparo a la quejosa, para los siguientes efectos: que la autoridad responsable respete la garantía de audiencia previa, respecto de la afectación sufrida del inmueble ubicado en **********, de la Junta Auxiliar Santa María La Alta, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, con motivo de la ejecución del contrato de obra pública **********.
Las consideraciones que sustentan dicho fallo, son sustancialmente las siguientes:
"...del análisis de los conceptos de violación hechos valer por la impetrante del amparo, se advierte que en esencia refiere: - - - a) Que se violan en su perjuicio las garantías de fundamentación y motivación previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. - - - b) Que el acto reclamado viola en su perjuicio la garantía de audiencia previa puesto no fue notificada de manera previa a la afectación sufrida en su bien inmueble con motivo del contrato de obra pública ********** y su ejecución, por medio del cual se afectó el inmueble de su propiedad ubicado en **********, de la Junta Auxiliar de Santa María La Alta, del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez. - - - c) Que el acto reclamado violenta su derecho de propiedad, sin haberle hecho saber el origen del acto de privación. - - - Tales argumentos resultan esencialmente fundados, de acuerdo a lo siguiente: - - - En primer lugar debe decirse que la parte impetrante del amparo se encuentra debidamente legitimada para incoar el presente juicio de garantías en atención a que exhibe para acreditar la propiedad del bien inmueble ubicado en **********, de la Junta Auxiliar de Santa María La Alta, del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, las pruebas consistentes en las documentales que anexó a su demanda, integradas, entre otras, copia de un contrato privado de compraventa y de una sentencia del orden civil donde se reconoce su calidad de compradora del bien inmueble afectado con la ejecución del contrato de obra pública ********** que se reclama, acreditando así la titularidad del bien inmueble en cuestión, desde la firma del contrato privado de compraventa, esto es, desde el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, ya que uno de los efectos del juicio de otorgamiento y firma de escrituras cuando se acreditó la acción y se condenó a la parte demandada a las prestaciones reclamadas, como sucedió en expediente ********** de los del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, consisten en retrotraer en el tiempo la eficacia del contrato respectivo, ya que con la emisión de la resolución correspondiente se reconoce la certeza del contrato de compraventa celebrado entre las partes, desde la fecha en que aquélla aconteció.
[...]
Además, para acreditar la identidad del bien inmueble propiedad de la quejosa, obran en autos las pruebas ofrecidas por la impetrante del amparo, consistentes en la pericial en topografía e inspección judicial. - - - La primera de ellas desahogada en términos del dictamen emitido por el perito oficial en cuyo dictamen presentado el dieciséis de agosto de dos mil trece en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y remitido a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente, y del cual se desprende lo en esencia que: - - - 'DOCUMENTACIÓN BASE - - - A.- CONVENIO DE COMPRA VENTA UBICADO EN JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA LA ALTA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - - - [...] - - - CONCLUSIÓN - - - DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADO A LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE AVERIGUACIÓN PREVIA, (sic) ASÍ COMO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO FÍSICAMENTE EN CAMPO, SE LLEGÓ A LA SIGUIENTE: - - - 1.- LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ORIENTACIÓN ASTRONÓMICA, MEDIDAS, COLINDANCIAS Y COORDENADAS DEL PREDIO, COINCIDEN CON LOS DATOS DESCRITOS Y POR LO TANTO, PODEMOS DECIR QUE SE IDENTIFICA PLENAMENTE. - - - SE DETERMINA LA IDENTIDAD DEL PREDIO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS LAS CUALES SON: LATITUD NORTE 19° 04' 35.20' Y LONGITUD OESTE 98° 18' 35.00'.' - - - De igual forma en el complemento al citado dictamen del perito oficial, exhibido ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado el veintinueve de agosto de dos mil trece y remitido a este juzgado al día siguiente, precisó: - - - 'CONCLUSIÓN' - - - DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADO A LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE DEL PRESENTE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO FÍSICAMENTE EN CAMPO, SE LLEGÓ A LA SIGUIENTE: - - - 1.- LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ORIENTACIÓN ASTRONÓMICA, MEDIDAS, COLINDANCIAS Y COORDENADAS DEL PREDIO, COINCIDEN CON LOS DATOS DESCRITOS Y POR LO TANTO, PODEMOS DECIR QUE SE IDENTIFICA PLENAMENTE. - - - 2.- SÍ, SE CONOCE EL CONTRATO DE COMPRA VENTA DE LA Sra. ********** Y SE DAN A CONOCER LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN MI DICTAMEN Y LA AFECTACIÓN QUE SE TIENE. - - - SE DETERMINA LA IDENTIDAD DEL PREDIO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS LAS CUALES SON: LATITUD NORTE 19° 04' 35.20' Y LONGITUD OESTE 98° 18' 35.00'. - - - SE DETERMINA UNA AFECTACIÓN POR EL LADO ORIENTE DEL PREDIO DE 1,143.21 METROS CUADRADOS.' - - - Por su parte, la inspección fue desahogada en los términos de la diligencia practicada en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional por el diligenciario adscrito al Juzgado de lo Civil de Tecamachalco, Puebla, licenciado **********, en términos del despacho **********, y del cual se advierte que en los puntos a desahogar describió: - - - '[...] Por lo que cerciorándome previa y plenamente de ser este el domicilio buscado, como el lugar donde se practica la Inspección Judicial, tal y como está ordenado por proveídos de VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, y resolución de fecha UNO DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, mediante los cuales se ordena la inspección Ocular en el domicilio ubicado en ********** DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA LA ALTA, DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, lugar donde se actúa, se desahoga la misma en los siguientes términos 1).- Se encuentra una construcción de color amarillo con blanco, donde se encuentran canchas deportivas y/o Unidad Deportiva invadiendo el terreno y/o lote materia del presente juicio, 2).- Se aprecia que hubo construcción en algún momento, ya que existen vestigios de material para construcción, 3).- al SUR LINDA CALLE FRANCISCO I. MADERO, al ORIENTE TERRENO BALDÍO SIN CONSTRUCCIÓN, MANIFIESTAN LOS VECINOS QUE ANTERIORMENTE EXISTIÓ UN JAGUE, (sic) al NORTE LINDA CON **********, INMUEBLE DE UN NIVEL PINTADO DE COLOR BEIGE, DECORADO CON TEJA EN EL TECHO, CON PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE HERRERÍA PINTADA DE COLOR BLANCO, ASÍ TAMBIÉN LINDA CON ********** y/o **********, TERRENO BALDÍO SIN CONSTRUCCIÓN, por el LADO PONIENTE SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LAS CANCHAS DEPORTIVAS, 6).- SÍ SE APRECIA UNA CONSTRUCCIÓN DE COLOR AMARILLO CON BLANCO, DONDE SE ENCUENTRAN UNAS CANCHAS DEPORTIVAS y/o UNIDAD DEPORTIVA, invadiendo el predio y/o terreno baldío materia de Juicio, ubicado en ********** DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA LA ALTA, DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, anexándose a la presente diligencia catorce placas fotográficas, que avalan lo narrado en la presente Inspección Judicial, estando presente los testigos oculares y colindantes [...]' - - - Dichas pruebas son valoradas en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, y de las cuales se desprende que el bien inmueble afectado con la ejecución del contrato de obra pública ********** y del que se ostenta propietaria la parte quejosa con las documentales que ofreció como prueba de su parte, ubicado en la **********, de la Junta Auxiliar de Santa María La Alta, del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, es el mismo en términos tanto de la pericial como de la inspección, de donde incluso se aprecia el grado de afectación a dicho predio de la impetrante del amparo. - - - Ahora, respecto a los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en torno a la vulneración en su perjuicio de la garantía de audiencia previa en torno a la afectación sufrida en el inmueble de su propiedad ubicado en **********, de la Junta Auxiliar de Santa María La Alta, del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, con motivo de la ejecución del contrato de obra pública **********, debe decirse que resulta fundado pues de acuerdo a las constancias que fueron ofrecidas por las autoridades responsables como apoyo a sus informes, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos del artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. - - - Ello es así porque se advierte que efectivamente, en torno a la falta u omisión de otorgar audiencia previa a favor de la afectada ahora quejosa como propietaria del inmueble en cuestión, tales autoridades fueron omisas en respetar la garantía de audiencia previa en el proceso de ejecución del contrato de obra pública de referencia. - - - Máxime que de dichas constancias se advierte que se ha afectado el inmueble de la quejosa y se tuvo como propietario de dicho inmueble a diversa persona, distinta a la ahora quejosa en el presente asunto, y toda vez que la propia impetrante del amparo acredita con las documentales exhibidas y pruebas en el sumario previamente reseñadas, ser la propietaria del bien inmueble afectado con la ejecución del contrato de obra pública **********, sin que se le haya escuchado de manera previa. - - - De tal suerte que si la parte quejosa en esencia aduce la violación en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Federal porque se le privó o afectó en su propiedad ubicada en **********, de la Junta Auxiliar de Santa María La Alta, del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, sin previo juicio y por no haberse cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que nunca se le notificó la causa de utilidad pública ni el decreto expropiatorio en su caso, violándose así con ello su garantía de audiencia previa. - - - Así para sustentar tal determinación conviene precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión del dieciséis de enero de dos mil seis, determinó que tratándose actos de molestia y que afecten la propiedad particular de los gobernados, respecto de bienes inmuebles, se debe permitir al propietario del mismo, la posibilidad de que demuestre, en su caso, que tal afectación no es la adecuada, brindándole la oportunidad de alegar lo que a su interés convenga, también previamente al pronunciamiento de la resolución definitiva, debiéndose respetar el mandato constitucional previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, relativo a la garantía de audiencia previa. - - - En la referida ejecutoria se determinó, que no puede sostenerse válidamente que el concepto 'juicio' contenido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, deba consistir necesariamente en un verdadero y auténtico proceso que se siga ante las autoridades judiciales. - - - De tal forma que si a los órganos estatales administrativos incumbe legalmente desempeñar las funciones inherentes a los distintos ramos de la administración pública, la defensa previa que el gobernado deba formular, debe enderezarse también ante ellos, dentro del procedimiento que legalmente se instituya, pues si el acto de privación va a emanar legalmente de una autoridad administrativa, sería ilógico que fuese una autoridad judicial la que escuchase al gobernado en defensa 'previa' a un acto de privación que ya es plenamente ejecutable. - - - Desde esa óptica, el concepto de 'juicio', que es de capital importancia para fijar el sentido mismo de la garantía específica de audiencia en estudio, equivale a la idea de procedimiento, es decir, de una secuela de actos concatenados entre sí afectos a un fin común que les proporciona unidad. - - - En ese sentido, el 'juicio' a que alude el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, no necesariamente supone un real y verdadero conflicto jurídico que deba ser resuelto a través de una resolución jurisdiccional, en sentido material, sino que dicho conflicto puede ser presuntivo o potencial. - - - Así, el carácter normativo de la Constitución impone incluso a las autoridades administrativas del Estado la obligación positiva de observar directamente, frente al gobernado, una conducta activa, que estriba en realizar todos y cada uno de los actos que tiendan al cumplimiento de las exigencias específicas en que el derecho de audiencia se revela.- - - Además, el Máximo Tribunal del país ha determinado que de una nueva reflexión de dicho problema jurídico ha derivado el surgimiento de novedosas y distintas razones que ameritan un cambio de ruta en la interpretación de los alcances de la garantía de audiencia, en relación con el derecho a la propiedad privada y la potestad de las autoridades para afectarla, ya mediante la expropiación o, como sucede en el caso, con la ejecución de un contrato de obra pública, de conformidad con lo siguiente. - - - El tratamiento de lo relativo a la propiedad privada ha sido y continúa siendo uno de los grandes temas del Derecho Constitucional, por el hecho de que a su alrededor giran cuestiones esenciales del consenso político sobre el que descansa el texto supremo; de tal forma que una vez elevada la propiedad privada a elemento básico e imprescindible de la iniciativa de los particulares en materia económica, se constituye como punto de referencia de asuntos tan relevantes como la delimitación en esa esfera económica del ámbito de lo privado frente a lo público. - - - Así, en la regulación de la propiedad privada se ha encontrado presente, de manera permanente, la eterna antítesis entre los intereses del individuo como tal, y los de la comunidad a la que pertenece, antítesis que es uno de los objetos principales de la mediación política y jurídica. - - - Para las formulaciones liberales originarias, el individuo se presenta como un ser aislado e incomunicado con el grupo social, al que precede como realidad, de tal modo que la propiedad se concibe como la extensión de la libertad del hombre sobre las cosas. - - - El contenido del derecho del propietario se presenta como algo ilimitado, a lo sumo restringido por su necesaria coexistencia con otros círculos de poder idénticos. - - - La superación de esa concepción del derecho a la propiedad viene indicada por un acentuado reconocimiento de limitaciones al poder del propietario, exigidas por requerimientos concretos de coordinación con otros individuos y de subordinación a ineludibles exigencias de interés general. - - - La evolución de esa concepción está sometida a una cada vez mayor aceleración histórica: La agudización de los conflictos entre propiedad y trabajo, las necesidades sociales de incrementar la producción y la utilización de los bienes económicos han generado la necesidad de insertar los derechos hacia una finalidad social. - - - En ese sentido, es posible señalar que la Constitución no ha recogido una concepción puramente liberal del derecho a la propiedad privada como mero ámbito subjetivo de libre disposición sobre el bien objeto del dominio, sometido únicamente en su ejercicio a las limitaciones generales para su necesaria coexistencia con otros círculos de poder idénticos. - - - Así, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente del artículo 27, es posible derivar, de un lado, el reconocimiento de un derecho fundamental a la propiedad privada; de otro, una función social de la propiedad, que incide sobre el interior del derecho mismo, configurándose como un haz de facultades individuales sobre las cosas, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones justificados en valores e intereses de la colectividad. - - - De ahí que sea común la aceptación doctrinal y jurisdiccional de una flexibilidad o plasticidad actual del dominio que se manifiesta en la existencia de diferentes tipos de propiedades dotadas de estatutos jurídicos diversos, de acuerdo con la naturaleza de los bienes sobre los que cada derecho de propiedad recae. - - - En nuestra Constitución Federal, desde cierta perspectiva, puede desprenderse una doble garantía del derecho de propiedad privada: como institución jurídica y como derecho subjetivo. - - - La primera de ellas se refiere a la necesaria presencia constitucional de un ámbito de apropiación privada de los bienes económicos. El segundo aspecto de la garantía se refiere, de modo directo, a la propiedad de cada ciudadano sobre sus bienes. Es decir, la garantía constitucional de la propiedad se desdobla en una vertiente institucional, que persigue la preservación de un ámbito, mayor o menor, de bienes reservados a la apropiación privada, y en una vertiente individual, que consagra la tutela de concretos derechos subjetivos. - - - Este segundo carácter se traduce en el reconocimiento constitucional de un derecho público subjetivo, fruto de una relación existente entre el gobernado, por un lado, y el Estado y sus autoridades por el otro, consistente en la posibilidad de exigir de la entidad política y de sus órganos autoritarios su respeto y observancia. - - - El Estado y sus autoridades, ante ese derecho subjetivo público, cuyo contenido es la propiedad privada, tienen a su cargo la obligación correlativa que estriba en una abstención, es decir, en asumir una actitud de respeto, de no vulneración, de no ejecutar acto lesivo alguno. - - -Esta obligación pasiva que se deriva para el Estado y sus autoridades de la garantía individual correspondiente no excluye la posibilidad de que la entidad política, en presencia de un interés colectivo, social o público imponga a la propiedad privada restricciones y modalidades; sin embargo, la facultad de imponer modalidades a la propiedad privada, en aras siempre y exclusivamente de un interés público o social constitucionalmente justificado, debe ser con apego a las garantías constitucionales del gobernado afectado, es decir, no deberá ser a través de un actuar arbitrario del Estado. - - - Por lo tanto, es importante destacar que la Constitución Federal ha establecido como límite del derecho fundamental a la propiedad privada, toda afectación de autoridad a la propiedad privada, consistente en una potestad administrativa dirigida a la supresión de los derechos de uso, disfrute y disposición de un bien particular, decretada por el Estado, con la finalidad de adquirirlo por causas de utilidad pública, ya mediante la figura de la expropiación o al ejecutar una obra pública sin proceso de expropiación como en el caso sucede; empero, la necesidad constitucional de no hacer nugatorio el derecho fundamental a la propiedad privada genera que el haz de facultades a cargo del legislador para configurar el derecho, con fundamento en algún interés constitucional, no pueda deformar su núcleo básico, al grado de resultar desconocido para el afectado el procedimiento de tal naturaleza, so pretexto de tutelar intereses sociales. - - - En el límite de la garantía de la propiedad y la posibilidad de reservar bienes al sector público, es preciso dejar subrayado que ésta no puede conducir a aniquilar o hacer irrisoria o intrascendente socialmente la necesidad de un ámbito de apropiación, disfrute y transmisión de los bienes por los gobernados. - - - Así, es claro que por ejemplo tanto la expropiación es una potestad administrativa, prevista directamente en el artículo 27 de la Carta Magna, dirigida a la supresión de los derechos de uso, disfrute y disposición de un bien particular, decretada por el Estado, con la finalidad de adquirirlo por causas de utilidad pública, al igual que el reclamado consistente en la ejecución del contrato de obra pública **********, en que se afecta la propiedad privada, si bien son una potestad del Estado, pero el hecho de que sea un acto autoritario unilateral del Estado, no debe dejar de observarse que tienen la apariencia de una venta forzosa y por tal causa, dicho acto no es gratuito, sino oneroso y no debe ser arbitrario sino respetuoso de las garantías constitucionales del gobernado como lo es la garantía de audiencia previa.
[...]
De acuerdo a lo anterior, la privación de los bienes y derechos sólo puede advenir por causa justificada de utilidad pública o interés social, es decir, necesita de la presencia de una causa bastante y justificada, de tal suerte que el gobernado afectado con ello tenga conocimiento de ello para exponer en su defensa. - - - Es por ello que en relación con este tema el Máximo Tribunal encuentra que las autoridades cuando afectan la propiedad particular de los gobernados, no solamente deben invocar alguna causa de utilidad pública para efectuar determinada afectación, sino que deben acreditar dicha causa en cada caso concreto de que se trate y dar oportunidad al quejoso a través de la garantía de audiencia previa que defienda la permanencia de su propiedad. - - -Dicho en otros términos, la afectación a la propiedad privada por parte de las autoridades no debe basarse en una simple aseveración de la autoridad expropiante, sino que ésta tiene la obligación de demostrar y justificar que tal causa opera en cada situación concreta en relación con la cual se expida o haya expedido el Decreto correspondiente pero mediante la opción al gobernado de aportar medios de convicción para acreditar, lo contrario en su caso. - - - En ese orden de ideas, toda afectación a la propiedad privada debe ser concreta, específica y operar o registrarse en la realidad: la causa debe ser objetiva y real; porque pesa sobre las autoridades la justificación de las razones para afectar la propiedad frente a las razones del particular por afectar, quien se encontrará en la posición de demostrar que el acto de imperio no se ha ajustado a las condiciones constitucionales que legitiman ese tipo de actuaciones. - - - Por ello resulta primordial la necesidad de una defensa efectiva de los particulares frente a la posible afectación a su propiedad particular, pues ello es una cuestión que ha sido continuamente reconocida en el seno del Máximo Tribunal del país, es decir, la garantía de audiencia se cumple, tratándose de actos privativos provenientes de autoridad administrativa, cuando se sigue un procedimiento semejante a un juicio, donde se escucha al gobernado en forma previa al acto de afectación, y que se cumple a través de las formalidades esenciales del procedimiento. - - - Por ende, la naturaleza excepcional o singular de la expropiación o de una afectación por la ejecución de un contrato de obra pública, no autoriza ni al legislador ni a las autoridades emisoras del acto, a prescindir de la garantía de defensa previa, en atención a que, por un lado, ese tipo de actuaciones inciden especialmente grave, frontal y directa sobre el derecho a la propiedad privada de los gobernados; y, por otro lado, porque la emisión de actos de esa naturaleza declarados judicialmente injustificados ha tendido a generar afectaciones irreversibles sobre los bienes que concretamente han sido objeto de ello, debido a los problemas que la experiencia del presente momento histórico ha evidenciado en relación con la ejecución de ese tipo de sentencias. - - - El acto de privación supone un ataque exterior al derecho respectivo, en virtud de fundamentos distintos de los que sostienen su propio contenido, normal o reducido. Privar de un derecho implica una intervención mutiladora de los bienes del afectado. - - - Desde tal óptica, la privación que supone la ejecución del contrato de obra pública **********, señalado como acto reclamado por la impetrante del amparo, es un fenómeno singular y concreto, que implica un sacrificio especial y grave, que afecta a determinados ciudadanos concretos, lo cual, en principio, supone un desequilibrio de la igualdad ante los beneficios y las cargas públicas (que debe, en consecuencia, ser restablecida mediante una indemnización de ser procedente). - - - Ahora, si frente al acto de afectación reclamado no procediera audiencia previa, está claro que todo decreto acto de esa naturaleza sería además casi definitivo, pues ningún mecanismo de defensa sería efectivo para combatir un acto de expropiación, puesto que el transcurso del tiempo y la firmeza temporal del acto, terminarían por hacer imposible la devolución de la propiedad concretamente afectada al gobernado, en caso de tener éxito en los Tribunales. - - - De tal forma que si la afectación estatal que implica mermar la propiedad particular sobre el derecho fundamental a la propiedad privada de uno o varios gobernados individualmente identificados, ello significa que a partir de una relación lógica de correspondencia, las garantías defensivas deban presentar una intensidad equiparable, en orden a que se encuentren proscritas del ordenamiento jurídico las actuaciones arbitrarias e injustificadas sobre dicho bien constitucionalmente tutelado. - - - En consecuencia, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal debe interpretarse en el sentido de prever una garantía de audiencia previa en favor de los afectados por el despliegue de la potestad administrativa que tienda a privar o afectar la propiedad privada, máxime que no se advierte razón alguna por la cual esta garantía no sea aplicable en este caso. - - - Por todas esas razones, debe determinarse que la Constitución protege a la propiedad privada al prever garantía de audiencia previa, tratándose de actos que pretenden vulnerar la propiedad privada de las personas. - - - Ahora bien, las autoridades responsables, al rendir su informe justificado respectivo, a pesar de haber pretendido negar el acto reclamado, manifestaron haber dado vista a diversa persona a la cual consideraron propietaria, sin embargo, contrario a ello, la impetrante del amparo ha acreditado en el sumario, ser la propietaria del bien inmueble que resultó afectado con la ejecución del contrato de obra pública **********, por medio del cual se afectó precisamente el inmueble de su propiedad ubicado en **********, de la Junta Auxiliar de Santa María La Alta, del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez. - - - Ahora cabe precisar que dicha propiedad, como quedó advertido al inicio de la presente consideración, se encuentra reconocida en términos de la ejecutoria emitida en los autos del expediente ********** de los del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, en donde se reconoció a la ahora quejosa **********, como propietaria del bien inmueble ubicado en **********, de la Junta Auxiliar de Santa María La Alta, del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, desde la firma del contrato privado de compraventa, esto es, desde el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, en términos del criterio cuyo rubro es 'CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA. CUANDO ES RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA, ADQUIERE FECHA CIERTA DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CELEBRÓ EL CONVENIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).', sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. - - - Por lo que, en efecto, si con la ejecución del contrato de obra pública ********** se afectó el bien inmueble propiedad de la parte quejosa ubicado en **********, de la Junta Auxiliar de Santa María La Alta, del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, y las autoridades responsables omitieron por completo permitir a la ahora impetrante del amparo como propietaria del bien afectado con dicha obra, demostrar, en su caso, su postura respecto a la obra en cuestión, ello conduce a estimar que no se ha respetado el mandato constitucional previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal en su perjuicio, y que, como se ha visto en la presente resolución, sí opera tratándose de la apropiación de bienes por parte del Estado. - - - De tal forma que lo procedente es conc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80129-ba2592f8/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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