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Modo: Corpus Pro

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL JUZGADO DE ORIGEN ORDENA LA APERTURA DE UN INCIDENTE INNOMINADO, PROCEDE DEVOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE GARANTÍAS A ÉSTE.

Tipo de asunto: INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 462/2009. · Registro digital (IUS): 23529
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Pág. 261.

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 462/2009. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE Y PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: MARÍA ISABEL CASTILLO VORRATH.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 de la Ley de Amparo; y, 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos tercero, fracción V y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, así como en el diverso Acuerdo General Número 3/2008, por el que se reforma la fracción I y se adiciona una fracción II al punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días veintinueve de junio de dos mil uno y dos de abril de dos mil ocho, respectivamente, por tratarse de un incidente de inejecución de sentencia en el que no procede aplicar la sanción prevista en el artículo constitucional citado.

SEGUNDO. Es procedente la devolución de los autos del juicio de amparo 437/2008, al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, toda vez que para que este Alto Tribunal determine si es excusable o inexcusable el incumplimiento de la ejecutoria de amparo, su titular debe haber agotado todas las gestiones necesarias para que las autoridades den cumplimiento a la resolución pronunciada en el juicio de garantías.

Antes de explicar por qué se arribó a esta conclusión, es necesario señalar que conforme a lo establecido tanto por la Constitución Federal, como por la Ley de Amparo y el Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procedimiento para el cumplimiento de las sentencias de amparo, es el siguiente:

Una vez que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria, la autoridad judicial correspondiente debe requerir a las autoridades responsables, para que realicen los actos tendentes al cumplimiento de la misma, lo que deberán informar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la ejecutoria (artículo 105 de la Ley de Amparo).

En caso de que las autoridades responsables sean omisas en el cumplimiento de la sentencia de amparo, la autoridad judicial correspondiente, deberá requerir a los superiores jerárquicos de aquéllas, a fin de que como autoridades vinculadas con el cumplimiento de la ejecutoria federal, acrediten su cumplimiento.

Agotados los trámites anteriores, si la autoridad sigue siendo omisa en el cumplimiento de la sentencia y sólo si la naturaleza del acto reclamado lo permite, se comisionará a un secretario o a un actuario e incluso el Juez o Magistrado podrán constituirse en el lugar donde se debe dar cumplimiento a la sentencia y ejecutarla por sí mismos (artículo 111 de la Ley de Amparo).

De continuar la omisión, tratándose de juicios de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe remitir las constancias al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, con la finalidad de que éste requiera nuevamente a las autoridades responsables contra quienes se hubiera concedido el amparo, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación del proveído que requiere, demuestren ante el propio tribunal el acatamiento de la ejecutoria o expongan las razones que tengan en relación con el incumplimiento de la sentencia (punto decimoquinto del Acuerdo General Plenario 5/2001), dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento.

Si persiste la omisión de la autoridad responsable y para efecto de continuar con el procedimiento establecido en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, si el Tribunal Colegiado estima que se debe aplicar la sanción correspondiente, remitirá el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciéndolo del conocimiento de las autoridades responsables (punto decimoquinto del Acuerdo General Plenario 5/2001).

Ahora bien, la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, establece:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XVI. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados.

"Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso. Igualmente, el quejoso podrá solicitar ante el órgano que corresponda, el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, siempre que la naturaleza del acto lo permita.

"La inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada, en los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo, producirá su caducidad en los términos de la ley reglamentaria."

Por lo expuesto, y en congruencia con lo establecido por la fracción recién transcrita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez recibidos los autos, se constriñe únicamente a resolver si el incumplimiento por parte de la autoridad es excusable o inexcusable y si se está en el caso de aplicar la sanción correspondiente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha distinguido entre lo que debe entenderse por procedimiento para la ejecución de una sentencia, y el momento en que habiéndose agotado esa etapa, los autos son remitidos a este Alto Tribunal para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, como momentos diversos en la actuación del Juez de Distrito, encaminados a buscar el cumplimiento de una sentencia de amparo. La primera etapa está formada por todos los requerimientos realizados a las autoridades responsables y por todas las gestiones emprendidas por el Juez de amparo, a fin de lograr el acatamiento del fallo protector. La segunda fase está a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal.

De lo anterior, se desprende que el incidente de inejecución de sentencia se inicia cuando el órgano jurisdiccional competente remite los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apoyado en la evidencia de que las autoridades responsables han tenido una actitud de rebeldía, al no haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, absteniéndose de obrar en el sentido ordenado en la sentencia, limitándose a desarrollar actos intrascendentes, secundarios o poco relevantes para crear una apariencia de cumplimiento.

Es necesario poner de manifiesto que el procedimiento de ejecución de sentencia de amparo consiste en la obligación constitucional que tiene el juzgador de amparo que haya dictado el fallo protector de hacer que éste se cumpla, esto es, la de realizar todos los actos que sean necesarios hasta lograr su cumplimiento (artículo 111 de la Ley de Amparo), sin que pueda ordenar el archivo de ningún expediente si no está cumplida la sentencia de amparo, es decir, es una cuestión de orden público.

En consecuencia, habrá inejecución de sentencia cuando a pesar de los medios utilizados para lograr el cumplimiento, éste no se logre, por una actitud contumaz -ya sea de manera abierta o con evasivas- de la autoridad o autoridades obligadas a obedecer el fallo constitucional.

La apertura del incidente de inejecución, depende, desde luego: a) de la existencia de una sentencia protectora; b) de que el juzgador de amparo haya agotado el procedimiento establecido en los artículos 105 y 111 de la Ley de Amparo; y, c) de que exista desobediencia de las autoridades, para acatar el fallo protector o que los actos que realicen sean intrascendentes.

Al respecto, es necesario señalar que los tribunales de amparo, ante todo, deben ajustarse al procedimiento de ejecución de sentencias que establece la ley de la materia, pues éste no deja lugar a dudas de cuál es el camino a seguir para lograr el eficaz cumplimiento de una ejecutoria.

Se considera que para lograr el eficaz cumplimiento de las sentencias de amparo, los órganos jurisdiccionales, al emitir sus sentencias lo deben hacer en forma clara y precisa, esto es, deben determinar concretamente sus alcances y efectos, así como describir pormenorizadamente los actos específicos que cada una de las autoridades responsables deban realizar.

El incidente de inejecución de sentencia requiere como presupuesto, que el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado, después de haber agotado todos los medios legales que la ley les concede para hacer cumplir sus determinaciones, concluyan que la autoridad responsable ha incurrido en una actitud contumaz, de abstención de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, lo que da lugar a que se solicite la intervención de este Alto Tribunal, para que aplique el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal.

Del aludido artículo, así como del diverso 105 de la Ley de Amparo, se desprende que la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo tiene lugar una vez que se ha determinado que la autoridad responsable soslayó su obligación de dar cumplimiento a la ejecutoria de garantías, emitida por la juzgadora que tuvo a su cargo el procedimiento de ejecución de la sentencia, de acuerdo con la jurisprudencia 20/98, emitida por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio se comparte y se transcribe a continuación:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VII, abril de 1998

"Tesis: 2a./J. 20/98

"Página: 195

"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO SE HA CUMPLIDO CABALMENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLO Y, EN SU CASO, DICTAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS HASTA CONSEGUIRLO. El artículo 17 de la Constitución previene que las leyes establecerán las medidas necesarias para que se garantice la plena ejecución de las resoluciones. Congruente con ello, la Ley de Amparo dispone, en su artículo 113, que no podrá archivarse ningún juicio de garantías sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido la protección constitucional. Asimismo, en los artículos 104 a 113 de este ordenamiento, se señalan las diversas reglas que deben seguirse para conseguir que toda sentencia de amparo se cumpla con exactitud. Dentro de ellas, se previene que el Juez de Distrito, de oficio o a instancia de parte, cuando la sentencia no quedase cumplida, abrirá el incidente de inejecución, que puede culminar con el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, a saber, la separación del cargo de la autoridad contumaz y su consignación ante un Juez de Distrito. Ahora bien, dentro de la tramitación del incidente ante el Juez, conforme a las reglas que se fijan en esos dispositivos, la autoridad responsable puede informar que ha cumplido con la sentencia, lo que dará lugar a que el Juez de Distrito dé vista con ello al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga. Si al desahogar la vista expresa que la sentencia no se ha cumplido como es debido, el Juez deberá pronunciarse al respecto y en el supuesto de que su conclusión sea negativa, deberá dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo e, incluso, dentro de ellas, remitir el asunto a la Suprema Corte para los efectos indicados. Por consiguiente, si ante el acuerdo de dar vista con el informe de cumplimiento de la responsable, el quejoso se opone a ello y el Juez remite el expediente a la Suprema Corte, sin hacer pronunciamiento alguno, debe regresársele a fin de que se haga cargo del escrito del quejoso y actúe en la forma que se ha especificado."

Lo anterior, implica necesariamente, que sólo se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se esté específicamente en el supuesto previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esas condiciones, debe ponerse de manifiesto que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda pronunciarse sobre el presente incidente de inejecución de sentencia, en los términos que establece el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, es necesario precisar si la Juez de Distrito, agotó todos los medios legales que la ley le concede para hacer cumplir sus determinaciones, y hecho lo anterior, concluya que la autoridad responsable ha incurrido en una actitud contumaz de abstención de dar cumplimiento a la sentencia de amparo.

TERCERO. Ahora bien, de lo expuesto se desprende que el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, concedió el amparo a la quejosa para el efecto siguiente:

"... que el subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, subdirector de Pensiones y jefe de Servicios de Asignación de Derechos, de la Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (sic), emitan la resolución que corresponda, dando debido cumplimiento a las diversas resoluciones de veintiuno de febrero de dos mil cinco y uno de agosto de dos mil siete, ambas dictadas por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad **********."

En la resolución de veintiuno de febrero de dos mil cinco, se señaló que:

"... se estima que en el caso resulta procedente se declare la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que emita un nuevo acto en el que haga el debido desglose de las cantidades que se deben tomar en cuenta en términos de lo establecido por los artículos 15, 64 y demás relativos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para determinar la cuota diaria que realmente le corresponde a la hoy actora, así como que ha recibido los incrementos autorizados."

Por su parte, en la resolución de uno de agosto de dos mil siete, se estableció lo siguiente:

"... es evidente que la demandada no ha cumplido con la sentencia de 21 de febrero de 2005, en virtud de que no basta que se hayan girado oficios a la autoridad administrativa antes precisada para acreditar que se ha cumplido con la sentencia en comento, toda vez que en la especie es obligación del jefe de Servicios de Asignación de Derechos del ISSSTE dar seguimiento correspondiente para que se cumpla a cabalidad con la sentencia referida, al no hacerlo, así es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 239-B, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación."

En ese sentido y a fin de que se diera cumplimiento al fallo protector el Juzgado de Distrito por conducto de su titular, requirió a la directamente responsable jefa de Departamento de Consulta y Regularización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cumplimiento de la misma, así como también requirió al jefe de Servicios de Asignación de Derechos, al subdirector de Pensiones, al subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, al director general, a la Junta Directiva (todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) y al presidente de la República, para que éstos en su carácter de superiores jerárquicos de aquélla, la conminaran a dar cumplimiento a la sentencia de amparo y, en virtud, de ser omisos al respecto, el Juzgado de Distrito por conducto de su titular, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente a efecto de iniciar el trámite del incidente de inejecución respectivo.

Seguido el trámite de ley y ante la omisión de las responsables a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, el órgano colegiado determinó enviar los autos a este Alto Tribunal a efecto de continuar con el procedimiento establecido en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal.

Expuesto lo anterior, se procede a exponer las razones que en el caso concreto motivan la devolución de los autos al Juez que conoció del asunto.

De las constancias de autos se advierte a foja sesenta y cinco el oficio número J-40755 de veinticuatro de julio de dos mil nueve, mediante el cual la secretaria del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, informa a este Alto Tribunal que por auto de esa misma fecha el Juez de Distrito suspendió el procedimiento de la ejecución de sentencia y ordenó la apertura del incidente innominado, en atención a lo solicitado por la autoridad responsable.

El citado oficio en la parte conducente dice:

"... Con dicha determinación la autoridad responsable no da cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, en virtud de que, si bien es cierto emitió una nueva resolución, la misma no cumple con el requisito de debida motivación, ya que aun y cuando la autoridad responsable manifiesta que realizó el cálculo a la cuota original de pensión de la quejosa conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 57, párrafos tercero, cuarto y quinto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también lo es que no tomó en cuenta las prestaciones que se le cubrieron como retribución a sus labores de la quejosa, en virtud de que no cuenta con la hoja única de servicios en la que se contiene el sueldo, sobresueldo, compensación, quinquenios, prima de antigüedad y los años de servicios prestados por la quejosa. En atención a lo expuesto, este juzgador (sic) considera que con las documentales que obran en autos no se acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria, por tanto, con fundamento en los artículos 80, 105, tercer párrafo, 113 y 157 de la Ley de Amparo, no se tiene por cumplida la sentencia. Así Las cosas, con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 35, 79, 80, 111 y 113 de la Ley de Amparo, 358 a 361 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria con la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2o., se ordena la apertura del incidente innominado del procedimiento de ejecución de sentencia en que se actúa. Con fundamento en los artículos 297, fracción II y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria con la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2o., dése vista a las partes por el término de tres días, contado (sic) a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, ofrezcan las pruebas que a su interés convenga ... De acuerdo a lo anterior se suspende el procedimiento de ejecución de sentencia ..."

De conformidad con lo anterior no es posible concluir que el Juez de Distrito haya agotado el procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, para que en su caso, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda estimar si es excusable o inexcusable el incumplimiento de la sentencia de amparo y poder proceder conforme con el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal.

En ese sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que deben devolverse los autos del juicio de amparo número 437/2008 al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para que su titular lleve a cabo todas aquellas actuaciones necesarias a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y hecho lo anterior determine si ésta acató o no el fallo amparador. En caso de no ser así, y como ya quedó señalado en líneas precedentes, el Juez del conocimiento deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, con la finalidad de que éste requiera nuevamente a las autoridades directamente responsables, así como a sus superiores jerárquicos, de conformidad con lo dispuesto en el punto decimoquinto del Acuerdo General Plenario 5/2001 y, en caso de que éstas continúen siendo omisas respecto al cumplimiento, se enviarán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el pronunciamiento respectivo en el incidente de inejecución de sentencia que nos ocupa, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de esta Primera Sala que a la letra dice:

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXIX, enero de 2009

"Tesis: 1a. VI/2009

"Página: 554

"-Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda pronunciarse sobre un incidente de inejecución de sentencia en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario precisar si la autoridad responsable contó con los elementos suficientes para cumplir con el fallo protector, siendo uno de ellos la determinación inequívoca de los exactos extremos en que debe cumplirse dicha ejecutoria, los cuales deben fijarse por el propio órgano jurisdiccional con los elementos aportados por las partes en el juicio. Así, cuando durante la tramitación del incidente de inejecución de sentencia ante la Suprema Corte el juzgado de origen ordena la apertura de un incidente innominado, lo procedente es devolver los autos del juicio de garantías a dicho juzgado para que lleve a cabo todas las actuaciones necesarias para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y hecho lo anterior, determine si ésta se acató o no para que, en su caso, el tribunal constitucional proceda en términos del citado precepto constitucional.

"Incidente de inejecución 483/2008. **********. 5 de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Gustavo Ruiz Padilla."

Como consecuencia de lo anterior, debe quedar, además, sin efectos el dictamen de veinte de mayo de dos mil nueve, pronunciado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 20/2009, en el que estimó procedente la aplicación de las medidas contenidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de las autoridades señaladas como responsables y de sus superiores jerárquicos.

Cabe señalar que el Juez de Distrito deberá proveer lo necesario a fin de hacer del conocimiento de las autoridades responsables, obligadas a cumplir la ejecutoria de amparo, que cualquier cuestión relacionada con el cumplimiento del fallo protector deberá ser informada a dicho órgano jurisdiccional, toda vez que de acuerdo con lo considerado en esta ejecutoria el cumplimiento debe ser acreditado ante el órgano jurisdiccional que concedió el amparo a la quejosa.

Por último, debe informarse al Juez de Distrito, que en caso de tener por cumplida la sentencia de amparo, deberá remitir a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acuerdo que así lo acredite, para el efecto de que con dicha constancia, se resuelva lo conducente en el presente incidente de inejecución de sentencia.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Devuélvanse los autos del juicio de amparo 437/2008 al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución.

SEGUNDO.-Queda sin efectos el dictamen de veinte de mayo de dos mil nueve, pronunciado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 20/2009.

TERCERO.-Requiérase al Juez de Distrito del conocimiento que de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, deberá informarlo a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Sergio A. Valls Hernández. Ausente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo (ponente), haciendo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23529-324bed48/inejecucion-de-sentencia-si-durante-su-tramitacion-ante · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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