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Modo: Corpus Pro

OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS. EL TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOZCA DEL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SI ADVIERTE QUE AQUÉLLA SE ADMITIÓ Y TRAMITÓ ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 212/2011. · Registro digital (IUS): 23538
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Pág. 1809.

AMPARO EN REVISIÓN 212/2011. 13 DE JULIO DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO. PONENTE: ERIC ROBERTO SANTOS PARTIDO. SECRETARIO: IGNACIO VALLE OROPEZA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. No obstante haberse transcrito la parte considerativa de la sentencia recurrida y los agravios hechos valer por la recurrente no serán materia de examen, por advertir este tribunal que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, que dejó sin defensa a la recurrente y podría influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, las cuales se examinan de oficio, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.

En la especie se observa que la quejosa **********, ahora recurrente, promovió el juicio de amparo del que deriva la sentencia recurrida, contra actos del Juez ********** del Distrito Judicial de Puebla y del secretario encargado de los expedientes pares, adscrito al anterior, de quienes reclamó el hecho de que en el inventario que se formuló en el expediente **********, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de **********, se hubiera incluido el inmueble ubicado en la ********** número **********, colonia ********** de la ciudad de Puebla, el cual dijo era de su propiedad por habérselo vendido la autora de la sucesión, a través de un contrato de compraventa ratificado ante notario público, mismo que acompañó a su demanda de garantías.

En dicha demanda se señaló con el carácter de ********** perjudicada, a la referida **********, por conducto del albacea de su sucesión.

Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil diez, **********, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión intestamentaria de bienes de **********, se apersonó al juicio de garantías y en lo conducente expuso:

"... En primer término el acto reclamado que hace valer la quejosa no le causa agravio ni le viola las garantías individuales, toda vez que la quejosa con el contrato de compraventa con el cual comparece a este juzgado, la firma que aparece en él no fue firmado (sic) de puño y letra de mi difunta hermana **********, como lo comprobaré en el momento procesal oportuno ... ofrezco como pruebas dentro del juicio de garantías para probar lo manifestado las siguientes: ... IV. la prueba pericial documentoscópica y grafoscópica. Misma que estará a cargo del perito licenciado **********, mismo que en el momento de llevarse a cabo la audiencia constitucional acreditará con documentos idóneos que es apto y especializado para rendir esta clase de peritajes y que su domicilio se encuentra ubicado en ********** de esta ciudad. Prueba que se desahogará conforme al cuestionario que por separado se acompaña y que desde este momento señalo como documentos indubitables para desahogarla los siguientes: ..." (fojas 123 a 127).

A dicha promoción le recayó el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil diez, que en lo que interesa, establece lo siguiente:

"Agréguese a los autos el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 5o., fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase a ********** en su carácter de albacea definitivo de bienes de **********, apersonándose al presente juicio de garantías en su carácter de ********** perjudicado; asimismo, con apoyo en los diversos 150 y 151 del mismo ordenamiento legal en cita, se le tiene ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales públicas consistentes en copia certificada de su nombramiento de albacea definitivo de bienes de la extinta **********, la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana. ... Asimismo, en relación con la prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía que ofrece, con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciado dicho medio de convicción, que estará a cargo del licenciado **********, la que se desahogará conforme a los puntos que se contienen en el cuestionario exhibido con el escrito de cuenta, corriendo a cargo de la parte quejosa (sic) presentar ante este Juzgado Federal a dicho profesionista dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para la aceptación, protesta y discernimiento del cargo conferido; en el entendido que de no hacerlo, la experticia se desahogará únicamente con el dictamen que emita el perito oficial. En consecuencia, distribúyanse entre las demás partes, las copias del cuestionario aludido y en lo que respecta a este juzgado, gírese oficio al coordinador de los Servicios Periciales de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en esta capital, para que en auxilio de la Justicia Federal y de las labores propias de este juzgado, tenga a bien designar un perito en documentoscopía y grafoscopía y lo haga comparecer ante este tribunal federal dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que tenga conocimiento de este auto, para los efectos de aceptación, protesta y discernimiento del cargo, ello en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 151 de la ley de la materia; lo anterior sin perjuicio de que cada parte en este juicio pueda designar dentro del término de tres días, también perito para que se asocie al nombrado por este tribunal, o bien, rinda dictamen por separado. Respecto al señalamiento que hace el promovente de la firma indubitable para efectos del desahogo de la prueba pericial, así como a su solicitud consistente en que se gire oficio a la directora del archivo de notarías, con sede en la ciudad de Puebla, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto comparezcan ante este juzgado los peritos nombrados. Asimismo, como lo solicita el ocursante, gírese oficio al Instituto Federal Electoral, con sede en la ciudad de Puebla, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que tenga conocimiento del presente proveído, informe si en su base de datos existe firma registrada de la extinta **********, quien tenía el número de credencial de elector **********; de igual forma, al Ayuntamiento de Puebla, con sede en la ciudad del mismo nombre, para que dentro de igual término, informe si cuenta con los recibos de nómina que firmaba la de cujus, toda vez que se desempeñó en el área de digitalización de dicho Municipio; con el apercibimiento de que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo anterior con fundamento en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2o. De igual forma, sin que haya lugar a tener como firma indubitable la que refiere el ********** podría obrar en el expediente de la cuenta número ********** de la institución bancaria **********, sucursal **********, puesto que ésta sería una documental privada, no pública ..." (fojas 135 a 137).

Del juicio de garantías cuya sentencia es materia del presente recurso, se advierte que a las once horas treinta minutos del dieciocho de marzo de dos mil once, se celebró la audiencia constitucional y después de que la Juez Federal tuvo a la secretaria del juzgado haciendo la relación de constancias y por asentada la certificación de que no había promoción pendiente de acordar, se pasó al periodo de pruebas, que establece lo siguiente:

"... Abierto el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, en su demanda de garantías, consistentes en la documental pública de actuaciones y la documental que acompañó a su libelo de amparo (fojas 12 a 20); con la documental pública que acompañó el Juez ********** con sede en ciudad judicial, Puebla, a su informe con justificación, consistente en copia certificada del expediente ********** de su índice, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********** (fojas 32 a 121); con las ofrecidas por el ********** perjudicado ********** albacea definitivo a bienes de **********, a través de su ocurso recepcionado el dieciocho de agosto de dos mil diez (fojas 123 a 127), consistentes en la documental pública de actuaciones, la documental pública que anexó a su libelo (fojas 132 a 134), la pericial en documentoscopía y grafoscopía y la presuncional legal y humana, además con la documental que acompañó a su escrito recibido el veintiséis de agosto del año pasado (fojas 153 a 233). La Jueza acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales y presuncional legal y humana de cuenta, así como la pericial al tenor de los dictámenes emitidos por ********** (385 a 405) y ********** (fojas 420 a 434), expertos del ********** perjudicado y oficial, respectivamente; probanzas que serán valoradas al momento de dictar sentencia en el presente caso. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, ...". (-énfasis añadido- foja 437 frente y vuelta).

De lo anterior se colige que la recurrente con su demanda de garantías acompañó un contrato de compraventa el cual fue ratificado ante notario público; por su parte la tercera perjudicada, esto es, la sucesión intestamentaria a bienes de **********, por conducto de su albacea definitivo ********** objetó la firma que en dicho contrato aparece como de la autora de la sucesión y propuso la prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía, nombrando su correspondiente perito.

Por su parte, la Juez Federal tuvo por anunciado dicho medio de convicción, a cargo del perito que señaló el ********** perjudicado, el que se desahogaría conforme al cuestionario que se exhibió, con el cual ordenó correr traslado a las partes y giró oficio al coordinador de Servicios Periciales de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en Puebla, para que designara un perito y lo hiciera comparecer para los efectos de su aceptación y protesta del cargo, así como que cada una de las partes podía nombrar perito y, finalmente, se ordenó girar oficios al Instituto Federal Electoral y al Ayuntamiento de Puebla para que informaran, respectivamente, si en su base de datos existía una firma registrada de la de cujus y si en los recibos de pago aparecía la firma de ésta.

Y del periodo de pruebas de la audiencia constitucional se observa que en el mismo se tuvo por admitida y desahogada la aludida prueba pericial, al tenor de los dictámenes formulados por el perito del ********** perjudicado y el nombrado por el juzgado, indicándose que esta probanza se valoraría en la sentencia.

Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/98, sustentó la jurisprudencia número P./J. 22/2000, visible en la página 24 del Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:

"DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De una interpretación sistemática de lo que se dispone en los artículos 151, 153 y 155 de la Ley de Amparo, y atendiendo a los fines prácticos que caracterizan al juicio de garantías, se llega a la conclusión de que si la prueba documental puede presentarse con anterioridad a la audiencia constitucional, nada impide que la objeción a una documental también pueda hacerse por escrito antes de la referida audiencia y, por lo mismo, en este supuesto, el Juez de Distrito no debe desechar dicha objeción bajo el argumento de que no es el momento procesal oportuno para formularla, sino que, en su caso, debe tener por manifestada la objeción, sin perjuicio de hacer nuevamente relación de ella en la audiencia constitucional y tenerla por hecha en ese acto, o bien, reservar el acuerdo correspondiente a la objeción para el momento de la celebración de la mencionada audiencia constitucional. Además, si el citado artículo 153 de dicho ordenamiento prevé la posibilidad de que una de las partes objete de falso un documento, sin indicar en qué fase procesal puede hacerse, debe entenderse que la objeción puede presentarse durante la celebración de la audiencia constitucional, o bien con anterioridad, ya que donde la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo."

Y la ejecutoria de la que surgió la citada jurisprudencia, en lo conducente establece:

"... Quinto. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio que se precisará más adelante y que coincide, esencialmente con el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, por las razones siguientes: En efecto, de acuerdo con el sistema que rige la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de garantías, que regula la Ley de Amparo, en los artículos 151, 153 y 155, las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, con excepción de la prueba documental que podrá presentarse con anterioridad. Dichos preceptos dicen: ‘Artículo 151. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental, que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. ...’. De dicho numeral se advierte que tratándose de pruebas documentales, su presentación es perfectamente válida con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, es decir, la presentación de dicha prueba puede darse, tanto en el momento de la audiencia de ley, como con antelación a la misma. Por su parte, el artículo 153 de la ley de la materia, en la parte que interesa dice: ‘Artículo 153. Si al presentarse algún documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento.’. De dicho precepto se desprende la forma en que deberá sustanciarse el incidente de falsedad de documentos durante la tramitación del juicio de garantías. En efecto, en términos de dicho numeral, si al presentarse algún documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez de amparo, debe suspender la audiencia constitucional y reanudarla dentro de los diez días siguientes a fin de dar oportunidad de presentar pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad, para que el juzgador esté en aptitud de resolver en la propia audiencia sobre la objeción planteada. Asimismo, el artículo 155 de la Ley de Amparo dice: ‘Artículo 155. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. ...’. De conformidad con lo que establece este numeral, se sigue que en la audiencia constitucional se reciben las pruebas, alegatos y se dicta sentencia, por lo que el a quo está en aptitud de resolver en la misma sobre la objeción de falsedad de un documento que se le hubiere planteado. Ahora bien, de una interpretación sistemática de los artículos antes relacionados, se desprende que en tratándose del ofrecimiento de la prueba documental, por su naturaleza puede presentarse en cualquier momento del juicio de garantías o, en el momento de la audiencia de ley, ya que su desahogo se lleva a cabo sin mayores trámites a diferencia de otras pruebas (testimonial y pericial); de manera que, si antes de la audiencia constitucional se ofrece un documento por ejemplo (informes justificados o cualquier otro que las partes exhiban como pruebas), es evidente que de ser admitidos por el Juez del conocimiento, cualquiera de las partes desde ese momento está en aptitud de objetarlos en términos del artículo 153 de la ley invocada. Ciertamente, el hecho de que alguno de los interesados objete la autenticidad de un documento con antelación a la audiencia de ley, no contraviene lo dispuesto por el artículo 153 en cuestión, porque en su caso se puede admitir sin perjuicio de que el Juez haga relación de ésta en el momento procesal oportuno, esto es, que llegado el momento de la citada audiencia, el a quo proceda a acordar lo que en derecho corresponda, en cuanto a la objeción que se le plantee, sin que por ello se altere o afecte el procedimiento que señala dicho numeral. Precisado lo anterior, se debe decir que para objetar la falsedad de un documento, el momento procesal oportuno no lo es únicamente cuando tiene verificativo la audiencia de ley, sino que se puede hacer valer con anterioridad a ésta, pues aun en el caso de que al Juez de Distrito, le fuera planteada la objeción de algún documento antes de la audiencia, éste la puede tener por ofrecida sin perjuicio de hacer relación de ella en su momento; es decir, reservar su derecho para relacionarla en la audiencia respectiva en la que puede o no admitirla y acordar lo correspondiente en cuanto a si suspende o no la audiencia de ley, para los efectos que precisa el citado artículo 153 de la ley de la materia. Cabe destacar, que si bien es cierto que el artículo antes señalado prevé el supuesto en el que el Juez de Distrito suspenderá la audiencia cuando una de las partes objete de falso un documento; también lo es, que no limita la fase procesal en que puede hacerse, tal objeción. Esto es comprensible, si se toma en cuenta que la prueba documental por su naturaleza se puede presentar en cualquier momento; luego, es incuestionable que también desde ese momento son susceptibles de ser objetadas. La obligación que impone el artículo 153 de la Ley de Amparo es de que el juzgador acuerde lo procedente hasta el momento de la audiencia respectiva; además, donde la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo. Así las cosas, debe entenderse que la objeción a un documento puede presentarse durante la celebración de la audiencia constitucional, o bien con anterioridad a la misma, ello es así, porque si se objeta antes de la audiencia no existe apoyo para diferir o aplazar la misma, sino que es en la celebración de ésta cuando se da cuenta de las pruebas y, si ya existió una objeción con anticipación, es el momento y no antes de suspender la audiencia. Luego, se llega al conocimiento que si tal precepto contiene una disposición obligatoria, ésta debe entenderse dirigida al juzgador (suspender la audiencia para iniciar el incidente de falsedad), no a las partes, quienes en cualquier momento del procedimiento (incluso al momento de la celebración de la audiencia) podrán hacer valer su objeción. En conclusión, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la objeción de falsedad de documentos puede hacerse valer con anterioridad a la celebración de la audiencia de ley, en virtud de que el artículo 153 de la Ley de Amparo no indica en qué fase procesal puede hacerse; en tal virtud, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio que sostiene este Alto Tribunal, que coincide con el del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito en contra del que sustenta el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por las razones antes apuntadas, que dice: ..." (se transcribió con antelación) (énfasis añadido).

Asimismo, la Primera Sala del más Alto Tribunal del País, al resolver la diversa contradicción de tesis 81/2006-PS, sustentó la jurisprudencia 1a./J. 86/2006, consultable en la página 433 del Tomo XXV, febrero de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:

"OBJECIÓN DE DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL INCIDENTE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE SUSPENDER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, YA SEA QUE AQUÉLLA SE FORMULE ANTES O EN EL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN.-Del análisis de los artículos 151, 153 y 155 de la Ley de Amparo, así como de lo sustentado por el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 15/98, que originó la tesis P./J. 22/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 24, con el rubro: ‘DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’, se advierte que la objeción de documentos prevista en el segundo de los preceptos citados, puede formularse antes o en el momento de la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, en ambos casos el Juez de Distrito invariablemente debe relacionar la prueba documental y su objeción y de ser procedente, la audiencia debe ser suspendida para recibir las pruebas y contrapruebas relativas a la falsedad o autenticidad del documento objetado, por así establecerlo expresamente el mencionado artículo 153, el cual no admite más interpretación que la literal, ya que es claro en el sentido de que la audiencia constitucional deberá suspenderse ante la formulación del incidente de objeción de falsedad de documentos."

La mencionada jurisprudencia deriva de la ejecutoria, que en lo conducente, establece:

"... Sexto. Una vez precisado el punto de contradicción, esta Primera Sala estima que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio contenido en la presente ejecutoria. ... La obligación que impone el artículo 153 de la Ley de Amparo es de que el juzgador acuerde lo procedente hasta el momento de la audiencia respectiva; además, donde la ley no distingue el juzgador no tiene por qué hacerlo.-Así las cosas, debe entenderse que la objeción a un documento puede presentarse durante la celebración de la audiencia constitucional, o bien con anterioridad a la misma, ello es así, porque si se objeta antes de la audiencia no existe apoyo para diferir o aplazar la misma, sino que es en la celebración de ésta cuando se da cuenta de las pruebas y si ya existió una objeción con anticipación, es el momento y no antes de suspender la audiencia.-Luego se llega al conocimiento que si tal precepto contiene una disposición obligatoria, ésta debe entenderse dirigida al juzgador (suspender la audiencia para iniciar el incidente de falsedad), no a las partes, quienes en cualquier momento del procedimiento (incluso al momento de la celebración de la audiencia) podrán hacer valer su objeción.-En conclusión, la objeción de falsedad de documentos puede hacerse valer con anterioridad a la celebración de la audiencia de ley, en virtud de que el artículo 153 de la Ley de Amparo no indica en qué fase procesal puede hacerse.-De las consideraciones antes precisadas se advierte que al fallar la contradicción antes citada, el Tribunal Pleno se pronunció en el sentido de que la objeción de documentos se puede presentar en cualquier momento ya que no existe disposición expresa en el sentido de que deba presentarse en el momento en que se celebra la audiencia constitucional, por tanto, dicha objeción puede ser formulada por las partes antes de que tenga verificativo la audiencia constitucional o bien en la misma.-También se advierte de las propias consideraciones citadas con antelación, así como del texto del artículo 153 de la Ley de Amparo que es obligación del juzgador suspender la audiencia constitucional con la interposición del incidente de objeción de documentos; es decir, la norma citada es expresa en el sentido de que la audiencia constitucional debe ser suspendida, sin que exista la posibilidad de interpretarla en un diverso sentido, ya que dicho precepto es claro en cuanto a su contenido y no admite más interpretación que la literal. En efecto, el precepto es claro en cuanto a la suspensión de la audiencia constitucional a efecto de recibir las pruebas y contrapruebas respecto a la objeción hecha valer, contenido que además es acorde con la naturaleza misma de la objeción de documentos y su sustanciación que requiere del ofrecimiento y desahogo de pruebas relativas únicamente a dicha objeción, cuestión incidental que tiene un trámite propio dentro del juicio de amparo indirecto ... Ahora, en cuanto a la obligación del Juez de Distrito de suspender la audiencia constitucional por diez días a efecto de que se presenten las pruebas y contrapruebas existe disposición expresa en el artículo 153 antes mencionado, en ese sentido, por ende, se concluye que con independencia del momento en que se presente la objeción de documentos en el juicio indirecto, si previamente o durante la celebración de la audiencia constitucional, invariablemente debe relacionar la prueba documental y su objeción y de ser procedente, la audiencia debe ser suspendida en términos de lo dispuesto en el precepto citado con antelación y para el efecto de recibir las pruebas y contrapruebas relativas a la falsedad o autenticidad del documento objetado.-En efecto, lo anterior es así aun cuando la objeción del documento se presente con tanta anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional que puedan presentarse y desahogarse las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento, en virtud de que no existe en la Ley de Amparo sustento legal para sustanciar el incidente de objeción de documentos antes de la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, al no existir una disposición legal que así lo permita no es jurídicamente correcto sustanciar la objeción en esos términos. Y sí en cambio existe disposición expresa en el sentido de que dicha objeción será sustanciada durante la audiencia constitucional, atendiendo a la naturaleza de la objeción que es de una incidencia dentro de la sustanciación del juicio de amparo. ..." (énfasis añadido).

De las referidas jurisprudencias y sus respectivas ejecutorias, se advierte lo siguiente:

1. Que las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio de garantías, con excepción de la prueba documental, que puede presentarse con anterioridad, es decir, tanto en el momento de la audiencia de ley, como con antelación a la misma;

2. Que la objeción de documentos puede presentarse en cualquier momento, es decir, aun antes de que se verifique la audiencia constitucional (en cuyo caso sólo se debe tener por manifestada la objeción), o bien en la misma;

3. Que es en la fase de pruebas cuando se reciben los medios de convicción que las partes propusieron, debiendo relacionar invariablemente la prueba documental y su objeción;

4. Que si la prueba objetada no se admite, es claro que no tiene caso abrir el incidente para recibir y desahogar las pruebas relativas a la objeción de ella;

5. Que si la prueba documental objetada se admite, en tal caso el Juez tiene obligación de suspender la audiencia constitucional y reanudarla dentro de los diez días siguientes, a fin de dar oportunidad a las partes de presentar pruebas y contrapruebas relativas a la falsedad o autenticidad del documento objetado, y el juzgador resolver en la propia sentencia sobre la objeción planteada; y,

6. Si la objeción de documentos se hace antes de la celebración de la audiencia constitucional, legalmente no deben admitirse ni desahogarse las pruebas y contrapruebas relacionadas con la autenticidad del documento, pues no existe en la Ley de Amparo sustento legal para sustanciar el incidente de objeción de documentos, antes de la celebración de la audiencia de ley.

Ahora bien, en la especie se observa que fue en el acuerdo de fecha diecinueve de agosto de dos mil diez, esto es, antes de que se celebrara la audiencia constitucional, lo que sucedió hasta el dieciocho de marzo de dos mil once, cuando se recibió e inició el desahogo de la prueba pericial que propuso el ********** perjudicado, para acreditar la objeción que planteó en relación al contrato privado de compraventa, que la quejosa acompañó con su demanda de garantías, y que durante el trámite del juicio constitucional se recibieron los dictámenes que rindieron el perito del mencionado ********** perjudicado (foja 407) y el del perito del juzgado (foja 436); de donde se colige, que la objeción que propuso el ********** perjudicado se admitió y tramitó violando las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, porque como ya se indicó, el artículo 153 de la ley de la materia, es claro al establecer que es en la audiencia constitucional donde se debe relacionar la prueba documental y su objeción, y el Juez tiene la obligación de suspenderla por diez días, para que las partes presenten las pruebas y contrapruebas que se relacionen con la falsedad o autenticidad del documento objetado, y al no haber actuado el Juez Federal en estos términos, infringió las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio constitucional, dejando en estado de indefensión a la recurrente al crear un procedimiento no establecido en la Ley de Amparo, lo que indudablemente influyó en la sentencia definitiva.

Consecuentemente, en la especie procede revocar la sentencia recurrida y ordenar a la Juez Federal reponga el procedimiento, para el efecto de que señale una nueva fecha para celebrar la audiencia constitucional, y en ella haga relación de las pruebas que se hubieran ofrecido y, después de admitirlas, tome en consideración la objeción de documento que se propuso, procediendo en términos del artículo 153 de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85 fracción II, 86, 90 y 91 de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se ordena a la Juez ********** de Distrito en el Estado de Puebla reponga el procedimiento en el juicio de amparo número **********, promovido por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez ********** del Distrito Judicial de Puebla y otra autoridad.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23538-27a0ba73/objecion-de-falsedad-de-documentos-el-tribunal-colegiado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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