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Modo: Corpus Pro

TESTIGOS DEPENDIENTES ECONOMICAMENTE DE LA PARTE QUE LOS PRESENTA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 6/95. · Registro digital (IUS): 2354
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GUADALUPE VILLANES RAMOS.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-1, Febrero de 1995, , Pág. 119.

AMPARO EN REVISION 6/95. GUADALUPE VILLANES RAMOS.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los agravios hechos valer son infundados.

En efecto, se alega sustancialmente que el Juez de amparo incorrectamente analizó la causal de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable, ya que, aduce, el quejoso jamás acreditó su interés jurídico para que procediera la demanda de garantías, siendo que, no se puede considerar a éste como poseedor de un inmueble pues ni siquiera demostró dicha posesión con pruebas aptas, ya que si bien es cierto la responsable admitió tal posesión, alega, en ningún momento quedó acreditado que efectivamente el quejoso era sujeto de ese derecho, por tanto, aduce, jamás existió una identidad de la cosa para que se diera la posesión del módulo cuya privación se reclama.

Por otra parte, se argumenta que el testimonio de CARLOS OMAR BALDERRAMA es parcial, ya que dicho testigo señaló tener un interés directo en el asunto pues al declarar dijo que le interesaba que su patrón ganara el juicio de amparo para seguir trabajando con él, contraviniéndose por tanto, se aduce, el artículo 247, fracción II, del Código Penal Federal. (sic)

Así también, se argumenta que indebidamente se aplicó lo dispuesto en el precepto 151 de la Ley de Amparo, ya que no se le dio oportunidad de poder hacer repreguntas a los testigos por no habérsele entregado copia de los interrogatorios sobre los cuales versaría dicha prueba testimonial.

Ahora bien, en contraposición a lo alegado debe decirse que la resolución impugnada se encuentra ajustada a derecho pues el resolutor de amparo ciñó su actuación a los dispositivos contemplados por la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

Ciertamente, la autoridad señalada como responsable al rendir su informe con justificación admitió expresamente que el quejoso, desde la administración anterior, tenía en posesión un módulo o local de los llamados prefabricados dentro del recinto fiscal, el cual fue ocupado temporalmente y que después estuvo abandonado por más de un año. Luego, dicha autoridad admitió que el peticionario de garantías tenía la posesión del inmueble cuestionado, tampoco en ningún momento se puso de manifiesto la existencia de otros diversos módulos, como lo pretende la tercero perjudicado; por tanto, al ser reconocida dicha posesión por la autoridad responsable surge el interés jurídico del quejoso, siendo que, en el caso, la litis se circunscribe a la presunta desposesión que la autoridad responsable hizo al agraviado de dicho módulo y no sobre la existencia o inexistencia del permiso o concesión que el quejoso requiriera para colocar el módulo, ya que como bien lo dijo el resolutor de amparo, tal permiso es un hecho anterior a la reclamada desposesión, de ahí lo infundado del argumento manifestado por la revisionista al acreditarse el interés jurídico del quejoso y, por ende, no es atendible la causal de improcedencia que se alega.

En lo tocante a lo expresado por la revisionista relativo a que el testimonio de CARLOS OMAR BALDERRAMA es parcial, por tener un interés directo en el asunto, al respecto y en contraposición a tal alegación, es de señalarse que aun cuando el testigo dependa económicamente de la parte que lo presenta, esa circunstancia no es suficiente para desestimar su dicho, ya que para desvirtuar tal testimonio es preciso justificar con razones fundadas que éste no es digno de fe, siendo que el hecho de ser empleado del promovente del amparo no afecta por sí solo su imparcialidad, de tal surte que ello no significa un uso imprudente del arbitrio judicial para valorar dicha prueba.

Si cita por aplicable el criterio jurisprudencial número 1942, contenido en la página 3127, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo rubro y texto son: "-Aun cuando los testigos dependan económicamente de la parte que los presenta, esa circunstancia no es suficiente para desestimar sus dichos considerándolos parciales, porque la Suprema Corte ha establecido que para desvirtuar un testimonio de esta clase, es preciso justificar con razones fundadas que los testigos no son dignos de fe, puesto que el hecho de que sean empleados o dependientes de la parte que los presenta, no afecta por sí solo su imparcialidad, ni significa un uso imprudente del arbitrio judicial para valorar dicha prueba.".

Por último y en cuanto a la violación procesal alegada por la tercero perjudicado, aquí recurrente, relativa a que no se le dio oportunidad de hacer repreguntas a los testigos ofrecidos en el juicio constitucional por no corrérsele traslado con copia del interrogatorio, en cuanto a ello es de señalarse que si bien es cierto no se le corrió traslado con los interrogatorios sobre los cuales versaría la diligencia testimonial ofrecida como prueba por el quejoso, también lo es que a foja ciento veintisiete del juicio constitucional en consulta, se advierte un escrito recibido con fecha dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, mediante el cual la tercero perjudicado, aquí revisionista, señaló al Juez Federal que no tenía interés en el juicio, siendo precisamente la fecha de la audiencia constitucional; luego, si la tercero perjudicada concurrió al juicio constitucional precisamente el día de la audiencia y en esta misma fecha tuvo lugar el desahogo de la prueba testimonial ofrecida, la tercero perjudicado estuvo en posibilidad de hacer del conocimiento del resolutor de amparo tal irregularidad, sin embargo se advierte del referido escrito que señaló expresamente que no tenía interés en el asunto, por tanto, resulta evidente que la violación procesal debe tenerse por consentida ya que tuvo conocimiento del juicio en su oportunidad.

En consecuencia, siendo infundados los agravios analizados lo que procede es confirmar la sentencia que se revisa.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 103/94.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MARIO SEPULVEDA ALEXANDRE respecto de los actos y autoridades señaladas en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad archívese como asunto concluido.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Ricardo Rivas Pérez, Alicia Rodríguez Cruz y Genaro Rivera, siendo ponente el primero de los mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2354-6414abfb/testigos-dependientes-economicamente-de-la-parte-que-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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