RENTA. LA INTERPRETACIÓN QUE ATENTO AL PRINCIPIO PRO HOMINE O PRO PERSONAE SE HAGA DEL ARTÍCULO 17, SEGUNDO PÁRRAFO, PARTE FINAL DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO LLEGA AL EXTREMO DE ESTABLECER VERDADEROS SUPUESTOS DE EXENCIÓN TRIBUTARIA QUE CARECEN DE SUSTENTO LEGAL.
AMPARO DIRECTO 28/2012. **********. 8 DE MARZO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ EDUARDO TÉLLEZ ESPINOZA. PONENTE: FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS RAMÍREZ. SECRETARIO: ALEJANDRO ANDRACA CARRERA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Deben desestimarse los dos conceptos de violación hechos valer, por las razones que enseguida se exponen.
A fin de realizar el estudio respectivo, importa señalar los siguientes elementos que se desprenden del juicio de nulidad de origen:
1. Mediante escrito presentado con fecha cuatro de junio de dos mil diez, ante la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, por conducto de su representante legal, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 600-52-2010-1915, dictada el veinticuatro de febrero de dos mil diez, por la Administración Local Jurídica de Puebla Sur, dentro del recurso de revocación SAT 458/2009, interpuesto en contra de la diversa a que se refiere el oficio 500-67-00-02-2009-09496, emitida el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Xalapa, Veracruz, en la cual se le determinaron cuatro créditos fiscales en cantidad total de $99'963,852.41 (noventa y nueve millones novecientos sesenta y tres mil ochocientos cincuenta y dos pesos con cuarenta y un centavos), por concepto de impuesto sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas, como resultado de la práctica de una visita domiciliaria realizada en contra de la citada contribuyente (demanda consultable en las fojas 1 a 253 del juicio de nulidad, mientras que las resoluciones impugnada y recurrida corren agregadas, respectivamente, en las fojas 257 a 279 y 289 a 328 de dichos autos).
2. Seguido el trámite respectivo, la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, dictó una primera sentencia definitiva con fecha veintiocho de abril de dos mil once (fojas 2038 a 2092 vuelta), en cuyo considerando quinto estudió conjuntamente el cuarto y quinto conceptos de anulación de la demanda fiscal, mismos que estimó fundados al concluir que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Xalapa, Veracruz, no fundamentó debidamente su competencia material para emitir la orden de visita domiciliaria primigenia, pues omitió citar el artículo 48, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, precepto legal que, no obstante que se refiere a las revisiones de gabinete o de escritorio, a juicio de la Sala es el que faculta a la autoridad fiscal a requerir los estados de cuenta bancarios de la contribuyente dentro de una visita domiciliaria, por lo que resultaba indispensable que se citara en la aludida orden; y en consecuencia, ante la existencia del citado vicio formal, la sala del conocimiento declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnada y recurrida, con fundamento con lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin impedir ni obligar a la autoridad a iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización (fojas 2038 a 2092 vuelta).
3. Inconformes con dicho fallo, las autoridades demandadas interpusieron recurso de revisión fiscal, mientras que la actora promovió juicio de amparo directo; medios de impugnación que por razón de turno se radicaron en este tribunal colegiado con los respectivos números RF-80/2011 y DF-234/2011.
Los mencionados asuntos fueron resueltos mediante ejecutorias de fecha cinco de octubre de dos mil once, en las que por cuanto se refiere al recurso de revisión fiscal mencionado, se desechó dicho recurso en virtud de que la nulidad decretada por la Sala se sustentó en un vicio de forma (fojas 2109 a 2183), mientras que por cuanto se refiere al juicio de amparo directo aludido (ejecutoria visible en las fojas 2185 a 2271), en éste se concedió la protección constitucional solicitada para los siguientes efectos:
"... En las citadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Sala fiscal deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra, en la que reitere los razonamientos vertidos en el considerando tercero del fallo anterior, en virtud de haberse desestimado el concepto de violación tercero, en que se controvirtieron; hecho lo anterior, atendiendo al orden previsto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, estudie en primer lugar el concepto de anulación segundo de la demanda de nulidad, resolviendo con libertad de jurisdicción lo que estime jurídicamente procedente; y sólo en caso de desestimar el planteamiento formulado, reitere los argumentos del considerando cuarto del mencionado fallo, por no haber sido expuesto en su contra razonamiento alguno en la presente instancia constitucional por parte de la quejosa, a quien perjudica tal determinación; así como reitere el considerando quinto de la sentencia reclamada, toda vez que el tema jurídico que en aquél se abordó, relativo a la cita del artículo 48, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en la fundamentación de la competencia de la autoridad fiscal dentro de la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio 500-67-00-06-2008-597 (que es antecedente de la resolución determinante recurrida), constituía la materia de estudio del recurso de revisión fiscal RF-80/2011, relacionado con este asunto, por ser éste el momento en que jurídicamente procedía plantearlo, y que fue previamente resuelto en esta misma sesión, en el sentido de desechar el medio de defensa planteado, por lo que tal punto jurídico, en la referida hipótesis de desestimarse el concepto de anulación segundo, deberá subsistir." (fojas 2269 vuelta y 2270 frente).
4. En cumplimiento a lo anterior, la sala del conocimiento dictó una segunda sentencia definitiva con fecha doce de octubre de dos mil once (fojas 2278 a 2341 vuelta), en la que resolvió lo siguiente:
- En el considerando cuarto, reiteró lo expuesto en el considerando tercero del fallo anterior, en el que desestimó el primer concepto de anulación de la demanda fiscal, así como el primero y segundo de su ampliación, enderezados a combatir la legalidad de las notificaciones del acta final de visita y de la resolución determinante de los créditos fiscales recurrida en revocación.
- En el considerando quinto, la sala responsable analizó y desestimó, con libertad de jurisdicción, el segundo concepto de anulación de la demanda fiscal, al estimar que la cesión onerosa del usufructo de las marcas de la actora, denominadas **********, ********** y **********, por las que obtuvo en el ejercicio fiscal de dos mil seis, ingresos en cantidad total de $70'000,000.00 (setenta millones de pesos), sí constituye un acto gravado por la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues si bien el artículo 17, párrafo segundo, de dicho cuerpo normativo, dispone que no se considerarán ingresos acumulables los obtenidos por la revaluación de activos y capital de los contribuyentes, y en el caso concreto las marcas mencionadas fueron revaluadas contablemente por la actora, debe entenderse que dicha revaluación, que no está gravada por la ley, se refiere únicamente a la actualización contable del valor de los activos o capital de una empresa, pero que no excluye del concepto de ingresos a los obtenidos posteriormente con la venta de tales activos, como sucedió en el caso con el usufructo de las marcas respectivas, pues dicho acto jurídico sí conlleva una contraprestación posterior que trae consigo un ingreso o ganancia en dinero, a favor de la contribuyente, que sí debe pagar impuesto sobre la renta (este pronunciamiento es el que exclusivamente constituye, como más adelante se verá, la materia de litis en el presente juicio de amparo directo).
- Al haberse desestimado el segundo concepto de anulación de la demanda fiscal, en el considerando sexto de la sentencia reclamada, la Sala reiteró lo expuesto en el considerando cuarto del fallo anterior, como le fue ordenado por este tribunal colegiado, en los que desestimó conjuntamente los planteamientos denominados como "alteración de la litis", contenidos en la parte conducente del primero y segundo conceptos de anulación de la demanda fiscal.
- Posteriormente, en el considerando séptimo del fallo combatido, reiteró lo expuesto en el considerando quinto de la sentencia anterior, en cuanto estimó fundados los conceptos de impugnación cuarto y quinto de la demanda fiscal, al sostener que en la orden de visita domiciliaria primigenia, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Xalapa, Veracruz, no fundamentó debidamente su competencia material para emitirla, pues omitió citar el artículo 48, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que faculta a la autoridad fiscal a requerir los estados de cuenta bancarios de la contribuyente dentro de una visita domiciliaria.
Por tanto, atento a la conclusión anterior, la sala responsable se abstuvo de analizar los restantes conceptos de anulación formulados, y con fundamento en los artículos 51, fracción II y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, declaró la nulidad de la liquidación recurrida y de la resolución impugnada "... sin que con ello se obligue ni se impida a la autoridad iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización, ya que el ejercicio de esta última atribución queda dentro del campo de las facultades discrecionales de la autoridad." (foja 2338 vuelta).
Dicho fallo constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo directo.
Precisado lo anterior, este tribunal colegiado considera importante señalar que no obstante que en la sentencia combatida se declaró la nulidad de las resoluciones impugnada y recurrida, con fundamento en los artículos 51, fracción II y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo cierto es que el vicio de ilegalidad que estimó actualizado la responsable se tradujo en la indebida fundamentación de la competencia material de la autoridad hacendaria para emitir la orden de visita primigenia, precisando que ello no le impide ni le obliga a iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización en contra de la contribuyente, de tal modo que esta última cuenta con interés jurídico para promover el presente juicio de garantías, en la inteligencia de que su pretensión es la obtención de una concesión de amparo a fin de que se declare la nulidad lisa y llana de fondo de las resoluciones impugnada y recurrida, que impida a la autoridad exactora el nuevo ejercicio de las facultades fiscalizadoras en contra de la gobernada por las contribuciones y el ejercicio revisado, invocándose al efecto la jurisprudencia 2a./J. 155/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 368, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:
"AMPARO DIRECTO. SUPUESTO EN QUE EL ACTOR EN UN JUICIO DE NULIDAD TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AQUELLA VÍA UNA RESOLUCIÓN DE NULIDAD LISA Y LLANA. Si la resolución recaída a un juicio de nulidad, a pesar de declarar la nulidad lisa y llana de un acto, implica que la autoridad demandada está facultada para instaurar un nuevo procedimiento y pronunciar un nuevo fallo, debido a que tal determinación se sustentó sólo en la indebida fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad emisora, sin que esa fuera la pretensión principal de la parte actora, ésta se encuentra en posibilidad de promover juicio de garantías en su contra, al no haberse satisfecho el motivo por el que reclamó la determinación de la demandada, en virtud de que una decisión en ese sentido, generaría que la autoridad demandada, subsanando la irregularidad destacada, pudiera decretar nuevamente una sanción como la que efectivamente fue generadora de la impugnación. En esa hipótesis, la parte actora en un juicio de nulidad tiene interés jurídico para combatir, mediante juicio de amparo, una resolución de nulidad lisa y llana si se omitió el análisis de aquellos argumentos que de resultar fundados hubieran satisfecho su pretensión principal, generando la imposibilidad para un nuevo pronunciamiento."
Ahora bien, a continuación se procederá a realizar el examen conjunto del primero y segundo conceptos de violación hechos valer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, al encontrarse estrechamente vinculados.
En el primero de ellos (fojas 6 a 10 de este expediente), la quejosa sostiene que el fallo reclamado es violatorio de garantías y del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en razón de que resultan ilegales las consideraciones sostenidas por la responsable, relativas a que la revaluación de inventarios y la celebración de los contratos de usufructo oneroso de las marcas respectivas son actos jurídicos independientes y, por ende, que el producto de la venta de éstas no se puede incluir como uno de los casos de no sujeción contemplados por el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; agrega la quejosa que ello es contrario a derecho, porque los ingresos obtenidos por la impetrante sí encuadran en la mencionada porción normativa, pues fue precisamente a virtud de la revaluación de los activos de la contribuyente que se obtuvieron los ingresos mencionados, siendo el contrato de usufructo un formalismo que la ley contempla para efectos de acreditar la operación jurídica realizada, debiendo por ende considerarse que los ingresos obtenidos al respecto no están gravados por el impuesto sobre la renta.
Por ende, agrega la impetrante que los ingresos obtenidos por la venta del usufructo de activos intangibles de la empresa (marcas), deben considerarse como derivados de la revaluación de aquéllos, pues tales ingresos no hubieran podido obtenerse sin la revaluación de dichas marcas a fin de establecer el valor actual de éstas al momento de practicarse las operaciones.
Agrega la impetrante que el artículo 17, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no exime del tratamiento de ingresos a la revaluación misma sino a los ingresos obtenidos con motivo de ésta, pues esto último es una cuestión secundaria que al ser accesoria debe seguir la suerte de la principal, puesto que si la revaluación no constituye sino una ficción de la ley que no genera efectos fiscales, tampoco tendrían por qué generarlos los ingresos obtenidos de tal situación por otorgar el usufructo de las marcas cuya remuneración dependió del nuevo valor asignado a las mismas, en la inteligencia de que la realización de contratos de usufructo fue únicamente para identificar y darle formalidad al acto jurídico llevado a cabo, como sucede por ejemplo con el caso del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que establece una tasa del cero por ciento a la venta de animales y vegetales no industrializados, lo que no debe entenderse gravado por el solo hecho de que las operaciones respectivas pudieran hacerse constar en un contrato de compraventa.
Añade que además, la sala responsable hizo una interpretación indebida del precepto en comento, al señalar que dentro del artículo 17, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no encuadran las operaciones que derivadas de la revaluación produzcan ingresos reales a la empresa, toda vez que dicha salvedad de la obtención de ingresos reales no está prevista expresamente en ese numeral, el que al no prever supuestos de excepción sino únicamente la referencia a que los ingresos que provengan de la revaluación de activos no se considerarán ingresos, es inconcuso que no cabe distinguir de ello a los ingresos que con motivo de esa revaluación de activos se pacten en una operación posterior de usufructo de dichos bienes.
En el segundo concepto de violación (fojas 10 a 16 de este expediente), se sostiene en esencia que la responsable aplicó de manera inexacta la tesis 1a. CLXXXIX/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RENTA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ‘INGRESO’ PARA EFECTOS DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.", al concluir que el producto de la venta del usufructo de las marcas de la quejosa, constituye una modificación positiva en el patrimonio de la impetrante, pues si dicha modificación fue con motivo de la revaluación de los activos de la empresa, es inconcuso que tales ingresos no deben considerarse gravados, al margen del efecto positivo concreto que produzcan en el haber patrimonial de la impetrante, siendo incongruente considerar que la revaluación y la venta del usufructo de las marcas constituyan actos jurídicos independientes, señalando además que la disposición legal en comento sea una fórmula cerrada y no abierta, pues el artículo 17, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no puede interpretarse generando incertidumbre en cuanto a su significado, sino en sentido estricto conforme al artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación.
La impetrante aduce que conforme al reformado artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del once junio de dos mil once, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, sobre lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que dicha reforma implica el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión del principio pro homine o pro personae, el que debe entenderse en interpretar en el caso concreto el artículo 17, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta de la manera más amplia, impidiendo el cobro de impuestos a la empresa quejosa en un supuesto no establecido expresamente en la ley, además de citar la peticionaria de amparo los artículos 4 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno.
Agrega la quejosa que por tanto, la interpretación que se realice al artículo 17, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debe ser compatible con el derecho económico de los propietarios de la empresa quejosa y de esta última, de obtener un sustento mediante el trabajo libremente escogido, garantizando su libertad económica fundamental como persona humana, sin que resulten al efecto aplicables analógicamente las tesis que cita la responsable relativas a la quita y a la acumulación de ingresos por activo fijo, por tratarse de supuestos jurídicos distintos, siendo además intrascendente lo relativo a la expedición o no de comprobantes fiscales por la operación respectiva.
Finalmente, señala la quejosa que al ser ilegal lo sostenido por la Sala en las consideraciones antes combatidas, igualmente resulta ilegal lo expresado en el considerando sexto del fallo reclamado (considerando cuarto del anterior), en cuanto a la no deducibilidad de los ingresos obtenidos por la venta del usufructo derivado de la revaluación de marcas de la quejosa, siendo de cualquier modo ilegal que en ese apartado la sala fiscal no diera valor probatorio a la contabilidad exhibida por la entonces actora, debiendo además ponderarse dichas documentales para resolver lo conducente.
Son en una parte inoperantes y en otra infundados los conceptos de violación formulados.
En primer término, resulta inoperante lo que señala la quejosa en la parte final del segundo concepto de violación (fojas 15 y 16 de este expediente), en cuanto pretende combatir lo resuelto por la sala fiscal en el considerando sexto del fallo reclamado, señalando la impetrante que es ilegal la conclusión de la responsable relativa a la no deducibilidad de los ingresos obtenidos por la venta del usufructo derivado de la revaluación de marcas de la quejosa, además de que la responsable no otorgó el debido valor probatorio a la contabilidad exhibida por la entonces actora.
Lo anterior es así, porque la quejosa pretende combatir lo sustentado por la responsable en el considerando sexto del fallo reclamado (fojas 2305 vuelta a 2325 frente), en el que una vez que desestimó con libertad de jurisdicción el segundo concepto de impugnación de la demanda fiscal (fojas 2295 vuelta a 2305 vuelta), se limitó a reiterar lo expuesto en el considerando cuarto del fallo anterior, como le fue ordenado por este tribunal colegiado en el juicio de amparo directo DF-234/2011, en cuanto desestimó conjuntamente los planteamientos denominados como "alteración de la litis", contenidos en la parte conducente del primero y segundo conceptos de anulación de la demanda fiscal.
En efecto, como se precisó con anterioridad, en la parte conducente de la ejecutoria dictada por este órgano colegiado en el juicio de amparo directo DF-234/2011, se concedió el amparo solicitado para los siguientes efectos:
"... En las citadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Sala fiscal deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra, en la que reitere los razonamientos vertidos en el considerando tercero del fallo anterior, en virtud de haberse desestimado el concepto de violación tercero, en que se controvirtieron; hecho lo anterior, atendiendo al orden previsto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, estudie en primer lugar el concepto de anulación segundo de la demanda de nulidad, resolviendo con libertad de jurisdicción lo que estime jurídicamente procedente; y sólo en caso de desestimar el planteamiento formulado, reitere los argumentos del considerando cuarto del mencionado fallo, por no haber sido expuesto en su contra razonamiento alguno en la presente instancia constitucional por parte de la quejosa, a quien perjudica tal determinación; así como reitere el considerando quinto de la sentencia reclamada, toda vez que el tema jurídico que en aquél se abordó, relativo a la cita del artículo 48, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en la fundamentación de la competencia de la autoridad fiscal dentro de la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio 500-67-00-06-2008-597 (que es antecedente de la resolución determinante recurrida), constituía la materia de estudio del recurso de revisión fiscal RF-80/2011, relacionado con este asunto, por ser éste el momento en que jurídicamente procedía plantearlo, y que fue previamente resuelto en esta misma sesión, en el sentido de desechar el medio de defensa planteado, por lo que tal punto jurídico, en la referida hipótesis de desestimarse el concepto de anulación segundo, deberá subsistir." (fojas 2269 vuelta y 2270 frente).
Por tanto, una vez desestimado con libertad de jurisdicción el segundo concepto de impugnación de la demanda de nulidad, la sala responsable sostuvo, en lo conducente, lo que sigue en el considerando sexto del fallo reclamado:
"SEXTO. Esta juzgadora, por haber desestimado el planteamiento formulado en el segundo concepto de anulación analizado en el considerando que antecede tal y como se estableció en la ejecutoria que se cumplimenta deducida del juicio de amparo directo DF-234/2011, reitera los argumentos del considerando cuarto del fallo dejado sin efectos, por no haber sido expuesto en su contra razonamiento alguno en la instancia constitucional por parte de la quejosa, a quien perjudicó tal determinación." (foja 2305 vuelta).
Por tanto, si en la ejecutoria de fecha cinco de octubre de dos mil once, dictada por este tribunal colegiado en el juicio de amparo directo DF-234/2011 (fojas 2185 a 2271), quedaron firmes las consideraciones contenidas en el considerando cuarto de la primera sentencia de nulidad dictada por la Sala con fecha veintiocho de abril de dos mil once (fojas 2057 a 2076 vuelta), al no haber sido combatidas por la propia quejosa en el mencionado juicio de garantías, es inconcuso que una vez reiteradas tales consideraciones en el considerando sexto del fallo ahora reclamado, éstas no pueden ser combatidas por la quejosa en el presente juicio de garantías, al haber quedado firmes, por no combatirse, en un juicio de amparo anterior.
Tiene aplicación al caso, por compartirse y por igualdad de razón, la jurisprudencia VI.2o.C. J/311 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito Judicial, publicada en la página 1293, Tomo XXX, Agosto de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON LOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR, QUE ORDENÓ SU REITERACIÓN POR FALTA DE IMPUGNACIÓN. Si en contra de la sentencia de apelación dictada por la Sala responsable únicamente promovió juicio de amparo directo la contraparte de la ahora quejosa, y no ésta, no obstante que en aquella sentencia se sostuvieron las consideraciones que le causaban perjuicios únicamente a ella y de las que se duele en el nuevo juicio de amparo, debe decirse que resultan inoperantes sus argumentos habida cuenta que la impetrante de este amparo no impugnó en su oportunidad, mediante el juicio de amparo directo la parte de la sentencia que solamente a ella le perjudicaba, lo que ocasionó que el tribunal de amparo dejara las consideraciones respectivas en sus términos y solamente se ocupara de la litis constitucional planteada en aquella ocasión por su contraparte, por lo que la amparista no puede ahora pretender controvertirlas en los conceptos de violación en el nuevo juicio constitucional, en virtud de que la decisión judicial pronunciada en ese aspecto, no puede ser cuestionada ni modificada en atención a la técnica del juicio de garantías, a más de que tales consideraciones no fueron emitidas por la responsable con jurisdicción propia, sino en cumplimiento de la ejecutoria de amparo anterior, misma que ordenó su reiteración precisamente por no haber sido impugnadas."
En segundo término, se estima que los restantes planteamientos de los conceptos de violación hechos valer resultan infundados.
Efectivamente, a fin de realizar el estudio respectivo, en principio resulta importante transcribir la parte conducente de la resolución liquidatoria recurrida por la ahora quejosa en revocación:
"... Es de hacer constar que efectivamente la contribuyente **********, llevó a cabo la revaluación de sus activos consistentes en las marcas **********, ********** y **********, siendo evidente que los ingresos obtenidos con motivo de tal revaluación no constituyen una ganancia real, pues se trata de sólo una ficción creada por la ley para actualizar contablemente los valores de los bienes que conforman el activo de una sociedad mercantil o contribuyente, derivado del fenómeno denominado inflación, por tanto, no produce efectos fiscales, sino sólo contables, de lo cual se sigue que, en términos del artículo 17, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes en 2006, no se consideran ingresos los que el contribuyente obtenga con motivo de la revaluación de sus activos o de otros conceptos que reflejen el efecto de la inflación en sus estados financieros, ya que al no generarse una utilidad o ganancia real por ese concepto, únicamente dan lugar a un movimiento interno con motivo del nuevo valor de los bienes del sujeto pasivo del impuesto, pero no a un movimiento de dinero que revele el ingreso generado por las actividades normales inherentes al objeto social de la contribuyente **********, al no ser los ingresos por revaluación de activos, utilidades reales; por lo tanto, sólo tiene efectos contables, de tal modo que, los ingresos producto de la revaluación, no tienen el carácter de acumulables de conformidad con lo señalado en el artículo 17, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2006, por lo que dicho concepto obedece a que la mencionada revaluación de activos no es más que una simple reasignación ‘interna’ de los valores del patrimonio, por su propio titular, a fin de reflejar de una manera más fiel el valor objetivamente estimado de los mismos; no obstante, la asignación interna de valor requiere de una operación, realizada con un tercero, como acontece en este caso. Respecto al caso particular que nos ocupa, la contribuyente **********, celebró posteriormente a la revaluación de sus activos, diversos contratos con las empresas ********** y **********, a efecto de otorgarles a título oneroso el usufructo de las marcas **********, ********** y **********, lo cual constituye un acto jurídico diverso a su revaluación, tan es así que, derivado de los contratos de usufructo, la contribuyente obtuvo un ingreso real de $70'000,000.00, que fue efectivamente cobrado, lo que se constata con los propios contratos, las facturas de ingresos que expidió a favor de sus clientes, su asiento en la contabilidad y haberlos considerado para efectos del impuesto al valor agregado, por lo que no es dable afirmar, como pretende la contribuyente ********** que, el monto señalado se trate de ingresos contables no fiscales, sino que son ingresos acumulables que deben ser gravados de conformidad con lo señalado en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006." (fojas 310 y 311).
Por su parte, en relación con tales aspectos jurídicos, la sala responsable resolvió lo siguiente en la parte conducente del considerando quinto del fallo reclamado:
"... Las precisiones anteriores, sirven para dar respuesta a la pretensión deducida de la actora en el sentido que la contraprestación recibida por la venta del usufructo de las marcas **********, ********** y **********, se debe desincorporar de los ingresos acumulables para la empresa dema
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23548-9360cffe/renta-la-interpretacion-que-atento-al-principio-pro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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