SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. EL HECHO DE NO CITAR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN LA QUE, ADEMÁS DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL CONTRIBUYENTE -RESPECTO DE LOS QUE LA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A HACERLO-, SE REQUIERAN DIVERSOS DATOS CON APOYO EN LOS CUALES SE DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL QUE NO INVOLUCRA EL ANÁLISIS DE AQUÉLLOS, NO IMPLICA QUE LA ILEGALIDAD DE ESA ACTUACIÓN, EN CUANTO A LA OMISIÓN ALUDIDA, TRASCIENDA AL RESTO DE LA SOLICITUD NI A LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO.
REVISIÓN FISCAL 166/2011. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE NAUCALPAN, UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. 25 DE ENERO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ. SECRETARIA: DINORAH HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
OCTAVO. La autoridad recurrente señala en su único agravio, que la sentencia viola lo dispuesto por el artículo 50, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la Sala se extralimitó en sus facultades al declarar la nulidad de la resolución impugnada, por considerar que la autoridad, al emitir el oficio por el que inició sus facultades de comprobación, no citó lo dispuesto por el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación.
Que si bien es cierto que en la jurisprudencia 2a./J. 44/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se señaló que la autoridad se encuentra obligada a citar el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, también lo es que por no haberlo hecho, ello no hace ilegal el oficio de solicitud de información, sino que sólo trasciende en la legalidad del crédito fiscal determinado con motivo del análisis de cuentas bancarias.
Agrega que del análisis de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia en cita, se advierte que lo ilegal es que la autoridad determine contribuciones por pagar con base en los estados de cuenta bancarios, cuando la autoridad no cite el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación en el oficio con el que da inicio al procedimiento fiscalizador; sin embargo, los otros conceptos que se determinan en una liquidación y que no tienen que ver con las cuentas bancarias quedan intocados, puesto que la ilegalidad de la orden sólo recae sobre los conceptos revisados y no sobre la totalidad del crédito fiscal determinado.
Que debe tomarse en consideración que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de comprobación, no sólo determinó créditos fiscales con base en el análisis de cuentas bancarias, pues existen otros conceptos que no tienen que ver con los estados de cuenta bancarios.
Esgrime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce expresamente la existencia de dos tipos de instrumentos para conocer la situación fiscal de los contribuyentes: 1) la contabilidad de los contribuyentes descrita en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación; y 2) la documentación bancaria de los contribuyentes, entre ella, los estados de cuenta bancarios; por ende, el hecho de que no se cite en el oficio de inicio de una revisión el artículo que prevé la facultad de la autoridad para revisar el segundo instrumento (artículo 48, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación), tal ilegalidad no puede hacerse extensiva a aquellas contribuciones determinadas con base en el primer instrumento, esto es, a la contabilidad a que se refiere el artículo 28 en cita.
Que en todo caso la nulidad debió decretarse por el hecho de no haber citado el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, únicamente sobre el crédito fiscal determinado con base en la información bancaria de la contribuyente, y no sobre el crédito fiscal determinado con base en la contabilidad de la actora.
Son infundados en parte y fundados en otra, los argumentos que anteceden.
En efecto, previamente debe señalarse que contrario a lo que aduce la recurrente, la Sala no se extralimitó en sus facultades al declarar la nulidad de la resolución por considerar que la autoridad, al emitir el oficio de solicitud de información y documentación 324-SAT-15-II-1023, de veintitrés de febrero de dos mil seis, no fundó debidamente su competencia material.
Lo anterior es así, en razón de que la Sala analizó la competencia de la autoridad que emitió el oficio de solicitud de información y documentación antes señalado, en razón de que la actora en el primero, segundo y quinto conceptos de impugnación hizo valer que la autoridad demandada omitió señalar con precisión los preceptos jurídicos que le confieren facultades en razón de materia y territorio.
Dichos conceptos de impugnación se calificaron de fundados porque la autoridad que emitió el oficio 324-SAT-15-II-1023, de veintitrés de febrero de dos mil seis, no fundó debidamente su competencia material, pues al requerir al contribuyente estados de cuenta bancarios debió citar el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, sin que lo hubiera hecho.
En consecuencia, en términos de lo previsto por el penúltimo párrafo del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fue correcto que la Sala analizara el argumento que hizo valer la actora, en relación con la falta de fundamentación de la competencia material de la autoridad que emitió el oficio de marras, pues tal numeral otorga a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la facultad de examinar de oficio o a petición de parte la incompetencia de la autoridad.
Por ende, contrario a lo que aduce la recurrente, la Sala no se extralimitó en sus facultades al declarar la nulidad de la resolución impugnada, por las causas ya mencionadas.
Brinda apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 2a./J. 219/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y uno del Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Conforme a los citados preceptos, en el juicio contencioso administrativo las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrán analizar la competencia de la autoridad en los siguientes casos: 1) cuando el actor plantee en los conceptos de anulación de su demanda argumentos por los que considere que la autoridad carece de competencia para emitir el acto impugnado; y, 2) cuando la Sala advierta oficiosamente de las constancias de autos que la autoridad emisora del acto impugnado es incompetente. En el primer supuesto, la Sala analizará el problema planteado y si estima fundado el concepto de anulación procederá a declarar la nulidad del acto impugnado. Respecto del segundo punto, la Sala realizará el estudio oficioso de la competencia de la autoridad, porque a ello la obligan los artículos citados en el rubro. Si la Sala estima oficiosamente que la autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada. Si considera que la autoridad es competente, no existe obligación de pronunciamiento expreso, pues la falta de éste indica que la Sala estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad; tan es así, que continuó con el análisis de procedencia del juicio y en su caso, entró al estudio de fondo de la cuestión planteada. La decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que establezca la nulidad de la resolución por incompetencia de la autoridad será lisa y llana. En el juicio de amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito sólo estará obligado al análisis del concepto de violación aducido respecto de la incompetencia de la autoridad demandada en el juicio de nulidad o de la omisión de su estudio, cuando este argumento haya sido aducido como concepto de nulidad en el juicio contencioso administrativo; o bien, haya sido motivo de pronunciamiento oficioso por parte de la Sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues de lo contrario el estudio del concepto de violación será inoperante, toda vez que el quejoso no puede obtener en el juicio de amparo un pronunciamiento respecto de un argumento que no formó parte de la litis en el juicio de nulidad, bien porque no lo hizo valer o porque la autoridad responsable al estimar que la demandada es competente, no formuló pronunciamiento al respecto."
En otro orden, debe señalarse que en la ejecutoria con que se integró la jurisprudencia 2a./J. 44/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -invocada por la Sala en apoyo de su sentencia-, en lo conducente se señaló:
"...
"‘Incluso, lo anterior se corrobora por el hecho de que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de enero de dos mil cuatro, se adicionó al artículo 48 del código, un párrafo que establece que para los efectos del primer párrafo de esa norma, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, lo que viene a confirmar que ese supuesto no podía entenderse tácitamente contemplado en la norma que fue objeto de reforma; tan es así, que en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de trece de diciembre de dos mil dos, se afirma que la adición propuesta por el Ejecutivo Federal sería una herramienta importante para que el fisco federal determine el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que hace evidente que ese supuesto no se contemplaba en la disposición vigente con anterioridad al año dos mil cuatro.
"‘Cabe señalar que lo razonado no implica desconocer que la documentación relativa a las cuentas bancarias de un contribuyente puede ser útil en la revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, sin embargo, por razones de seguridad jurídica se debe procurar que los actos de autoridad se encuentren fundados y motivados, lo que significa que deben tener un sustento legal que autorice su realización; por ello, si el artículo 48 del Código Fiscal que se analiza, no establecía que como parte de la documentación o información a requerir se encontraba la referente a las cuentas bancarias del contribuyente, debe concluirse que las autoridades fiscales no podían con apoyo en esa norma, formular requerimientos de esa naturaleza.
"‘En consecuencia, debe prevalecer el criterio consistente en que el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación anterior a la reforma de cinco de enero de dos mil cuatro, no establecía que dentro de la documentación o información que se podía requerir a un gobernado al que se le practicara una revisión de gabinete, estuviera incluida la documentación relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, por ello, esa norma no puede constituir el fundamento para que la autoridad fiscal realice requerimientos de esa naturaleza.’
"...
"En efecto, de las consideraciones transcritas con anterioridad destaca lo siguiente:
"a) Que el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación describe en ocho fracciones las facultades de las autoridades fiscales para comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, han cumplido con las obligaciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales.
"b) Que la fracción II de tal numeral prevé la facultad de las autoridades para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades (revisión de gabinete), a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como proporcionar los datos, otros documentos o informes que se les requieran.
"c) Que en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de enero de dos mil cuatro, se le adicionó al artículo 48 del Código Fiscal de la Federación un último párrafo, para establecer lo siguiente: ‘Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente.’
"d) Que el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación regula la denominada revisión de gabinete o escritorio, la cual a diferencia de la orden de visita domiciliaria, se realiza en las oficinas de las autoridades y no en el domicilio del gobernado.
"e) Que la contabilidad se integra por los libros de contabilidad, los registros contables, la documentación comprobatoria y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales.
"f) Que de la lectura del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación vigente con anterioridad a la reforma de cinco de enero antes mencionada, se desprende que tal precepto hace referencia a la facultad de las autoridades hacendarias para solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos, documentos o contabilidad, pero no alude a la documentación o información relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, por lo que en esa época las autoridades fiscales, con apoyo en esa disposición, no estaban facultadas para formular requerimientos para la exhibición de ese tipo de documentación en la revisión de gabinete.
"g) Que la documentación correspondiente a las cuentas bancarias del contribuyente no constituyen en estricto sentido información contable, ya que no contiene información sobre las obligaciones fiscales.
"h) Que por documentación de carácter bancario se entiende aquella que contiene la información referente a alguna de las operaciones o servicios que un particular haya contratado con alguna institución de crédito, es decir, alguna de las operaciones y servicios que se enumeran en el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito.
"i) Que si de acuerdo con el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad comprende los libros, registros contables, documentación comprobatoria y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales, es claro que dentro de ese tipo de documentación no se entiende incluida la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, ya que su naturaleza es diversa, de ahí que no puede decirse que el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, vigente con anterioridad a la reforma de cinco de enero de dos mil cuatro, preveía una facultad general que permitía a la autoridad solicitar los documentos relativos a las cuentas bancarias del contribuyente sujeto a una revisión de gabinete.
"Desde luego, en esa ocasión, se hizo la aclaración de que la circunstancia de que en el precepto en mención no se establecía la facultad de requerir la documentación relativa a las cuentas bancarias, ello no impedía que se obtuviera tal documentación con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.
"j) Toma relevante importancia para resolver el presente negocio la aclaración que se hizo, en esa ocasión, en el sentido de que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de enero de dos mil cuatro, se adicionó al artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, un párrafo que establece que para efectos del primer párrafo de esa norma, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, lo que viene a confirmar que ese supuesto no podía entenderse tácitamente contemplado en la norma que fue objeto de reforma, y que en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de trece de diciembre de dos mil dos, se afirmó que la adición propuesta por el Ejecutivo Federal sería una herramienta importante para que el fisco federal determine el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que hace evidente que este supuesto no se contemplaba en la disposición vigente con anterioridad al año dos mil cuatro.
"De lo antes precisado se puede advertir, con meridiana claridad, que esta Segunda Sala, en la contradicción de mérito, señaló que el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación solamente establece las facultades de las autoridades fiscales para comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, han cumplido con las obligaciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y que la fracción II, de tal precepto (cuyo texto no ha sido modificado desde diciembre de mil novecientos ochenta y dos), prevé que las autoridades podrán requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.
"De igual manera, se determinó que la documentación correspondiente a las cuentas bancarias del contribuyente no constituye en estricto sentido información contable, ya que no contiene información sobre las obligaciones fiscales y su naturaleza es diversa.
"También se estableció que, conforme al texto del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, vigente antes de la reforma de cinco de enero de dos mil cuatro, no era factible requerir al contribuyente para que en una revisión de gabinete exhibiera la documentación relativa a las cuentas bancarias, pero sí se podía requerir tal información con apoyo en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.
"Lo anterior pone de manifiesto que esta Segunda Sala, de manera tácita, ha considerado que la documentación relativa a las cuentas bancarias no puede ser requerida en una revisión de gabinete, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, ya que tal precepto faculta a la autoridad fiscal para requerir única y exclusivamente la documentación vinculada con la contabilidad, de la que no forman parte los documentos bancarios.
"Consecuentemente, contrariamente a lo señalado por el actual Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, es inexacto que conforme a lo previsto en el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales se encuentren facultadas para requerirle al contribuyente los estados de cuenta bancarios en una revisión de gabinete, puesto que tal precepto no otorga de manera específica esa facultad.
"En otro aspecto, cabe hacer mención que el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, como se mencionó con anterioridad, regula la revisión de gabinete, toda vez que en su texto establece el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la autoridad, excluyendo expresamente a las visitas domiciliarias.
"De ello se sigue que la incorporación de un último párrafo al precepto en mención, en el que se establece que, para los efectos del primer párrafo de este artículo (48), se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, implica que el legislador ha establecido de manera expresa que, en las revisiones de gabinete, el contribuyente también ponga al alcance de las autoridades fiscales, para su revisión, la documentación relativa a las cuentas bancarias, a fin de que se determine el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.
"Conforme a lo anterior, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el sustentado por esta Segunda Sala, el cual en lo fundamental es coincidente con el que emitió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en el sentido de que el actual artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, en su párrafo último, contiene la facultad material de la autoridad para requerir las cuentas bancarias del contribuyente, cuando se trata de revisiones de gabinete, a fin de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. ..."
Ahora, de la parte conducente de la ejecutoria transcrita, este Tribunal Colegiado advierte que, en el caso, cobra especial relevancia el hecho de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró:
- Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del cinco de enero de dos mil cuatro, se adicionó al artículo 48 del Código Fiscal de la Federación un último párrafo que establece que para los efectos del primer párrafo de esa norma, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente; lo cual, en ese supuesto, confirmaba que no podía entenderse tácitamente contemplado en la norma que fue objeto de reforma.
- Que lo razonado no implicaba desconocer que la documentación relativa a las cuentas bancarias de un contribuyente puede ser útil en la revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales; sin embargo, por razones de seguridad jurídica se debe procurar que los actos de autoridad se encuentren fundados y motivados, lo que significa que deben tener un sustento legal que autorice su realización; por ello, si el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación no establecía que como parte de la documentación o información a requerir se encontraba la referente a las cuentas bancarias del contribuyente, debía concluirse que las autoridades fiscales no podían, con apoyo en esa norma, formular requerimientos de esa naturaleza.
- Que la documentación correspondiente a las cuentas bancarias del contribuyente no constituye en estricto sentido información contable, ya que no contiene información sobre las obligaciones fiscales y su naturaleza es diversa.
- Que la documentación relativa a las cuentas bancarias no puede ser requerida en una revisión de gabinete, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, ya que tal precepto faculta a la autoridad fiscal para requerir única y exclusivamente la documentación vinculada con la contabilidad, de la que no forman parte los documentos bancarios.
- Que la incorporación de un último párrafo al precepto en mención, en el que se establece que para los efectos del primer párrafo de ese artículo (48) se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, implica que el legislador ha establecido, de manera expresa, que en las revisiones de gabinete el contribuyente también ponga al alcance de las autoridades fiscales, para su revisión, la documentación relativa a las cuentas bancarias, a fin de que se determine el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Consecuentemente, el actual artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, en su último párrafo, contiene la facultad material de la autoridad para requerir las cuentas bancarias del contribuyente cuando se trata de revisiones de gabinete, a fin de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y, por ende, en estricto cumplimiento a la garantía de fundamentación prevista en el artículo 16 constitucional, dicho párrafo debe citarse en las órdenes de revisión de gabinete en las que se pretenda la revisión de documentación relativa a las cuentas bancarias del contribuyente.
De lo antes señalado, este Tribunal Colegiado concluye que al adicionarse un último párrafo al artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, fue con la finalidad de que las autoridades fiscales determinaran el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, al tener una herramienta clara que las facultara para solicitar a los contribuyentes documentación o información relativa a las cuentas bancarias, dado que, antes de la reforma de dicho artículo -cinco de enero de dos mil cuatro-, no se establecía que dentro de la documentación o información que se podía requerir a quien se practicaba una revisión de gabinete o solicitud de información y documentación, estuviera incluida la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, por lo que dicha norma no podía servir de fundamento para que la autoridad hiciera requerimientos de esa naturaleza.
Entonces, ello significa que siempre que la autoridad fiscal gire una orden de revisión de escritorio o gabinete o una solicitud de información y documentación, con lo que se inicie las facultades de comprobación en que se involucren cuentas bancarias de los contribuyentes, tal solicitud debe estar fundada precisamente en el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación y, en caso de no hacerlo así, traerá como consecuencia la ilegalidad de la orden.
Por ende, si en el caso a estudio el administrador local de Auditoría Fiscal de Toluca emitió la solicitud de información y documentación contenida en el oficio 324-SAT-15-II-1023, de veintitrés de febrero de dos mil seis -que obra a fojas 149 del expediente de origen-, a través de la cual dio inicio a las facultades de comprobación al contribuyente **********, y entre la documentación que solicitó se encuentra la relativa a estados de cuenta bancarios, como consta de la siguiente transcripción:
"Asunto: Se solicita la información y documentación que se indica.
"...
"La información y documentación que se deberá proporcionar es la siguiente:
"...
"12. Estados de cuenta bancarios nacionales y extranjeros, correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, así como inversiones bancarias. ..."
Es evidente que estaba obligado a citar, entre los artículos que fundan su solicitud, el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, sin que en el caso lo hubiera hecho, como se advierte de lo siguiente:
"... y a efecto de ejercer las facultades previstas en los artículos 42, fracción II, y último párrafo y 48, fracciones I, II y III del propio Código Fiscal de la Federación, se dirige a ese(a) contribuyente para solicitarle la información y documentación que a continuación se señala: ..."
De ahí, resulta acertado que la Sala en la sentencia ahora recurrida haya declarado la ilegalidad de la orden de revisión o solicitud de información y documentación contenida en el oficio 324-SAT-15-II-1023, de veintitrés de febrero de dos mil seis, por no haber citado como fundamento de su actuación el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, al ser éste el que contiene la facultad material de la autoridad para requerir a los contribuyentes las cuentas bancarias, a fin de verificar el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Por ende, contrario a lo que aduce la recurrente, no existió una indebida interpretación de la jurisprudencia 2a./J. 44/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -a cuya ejecutoria se ha hecho referencia en párrafos precedentes-, en la cual la Sala Fiscal apoyó la sentencia materia del presente recurso de revisión fiscal.
No obstante lo anterior, son esencialmente fundadas las consideraciones de la recurrente donde sostiene que la indebida fundamentación de la competencia para requerir estados de cuenta bancarios no trasciende en la legalidad del crédito fiscal determinado, por conceptos diferentes a los que fueron dictados con motivo del análisis de dichas cuentas bancarias, pues la nulidad únicamente debe recaer sobre el crédito fiscal determinado con base en la información bancaria de la contribuyente, y no sobre el crédito fiscal determinado con base en la contabilidad de ésta.
Efectivamente, como se señaló en párrafos precedentes, de la ejecutoria transcrita sólo se advierte que cuando la autoridad fiscal gire una orden de revisión de escritorio o gabinete o una solicitud de información y documentación, con la que se inicie las facultades de comprobación en que se involucren cuentas bancarias de los contribuyentes, tal solicitud debe estar fundada precisamente en el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, y en caso de no hacerlo así, traerá como consecuencia la ilegalidad de la orden.
Sin embargo, ello no quiere decir que si con motivo de la orden de revisión de escritorio o gabinete o solicitud de información y documentación, como en el caso, además de requerirse documentación relativa con cuentas bancarias de la contribuyente, si requiere de diversa información y documentación a que se refiere el artículo 48, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la Federación, con apoyo en lo cual se determina un crédito fiscal -sin que se involucre el análisis de cuentas bancarias de la contribuyente-, deba quedar sin efectos en su totalidad el crédito fiscal determinado con motivo del inicio de las facultades de comprobación, apoyado en el oficio de solicitud de información y documentación mencionado.
Lo anterior es así, en razón de que aun cuando el oficio de requerimiento de información y documentación carezca del requisito de fundamentación en cuanto a la solicitud de estados de cuenta bancarios de la contribuyente -por no haberse citado el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación-, lo cierto es que la validez del oficio en cuanto al resto de la solicitud de información y documentación, diversa a los estados de cuenta bancarios, no se puede ver afectada pues la solicitud de esa información y documentos sí está debidamente fundamentada.
De ahí que dicho requerimiento no resulta ilegal en sus demás aspectos ni por lo mismo, sus consecuencias, pues se aprecia que la determinación del crédito se apoyó en diversos documentos a los estados de cuenta bancarios de la contribuyente.
Por ende, si bien es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23559-f0f565cd/solicitud-de-informacion-y-documentacion-el-hecho-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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