LIBERTAD PREPARATORIA. LA PROHIBICIÓN EXPRESA DE CONCEDER ESE BENEFICIO A QUIENES HUBIESEN SIDO CONDENADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ES INAPLICABLE CUANDO SE HAYA ACTUALIZADO LA TRASLACIÓN A ALGUNO DE LOS TIPOS PENALES CONTENIDOS EN EL CAPÍTULO DE DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO DE LA LEY GENERAL DE SALUD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 337/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, QUINTO Y OCTAVO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE DICIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS RESPECTO AL FONDO. SECRETARIO: JULIO VEREDÍN SENA VELÁZQUEZ.
III. Legitimación
12. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo y de acuerdo con el criterio contenido en la jurisprudencia 65/2003 de esta Primera Sala cuyo rubro establece: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL DEFENSOR DEL PROCESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA FORMULAR SU DENUNCIA."(3)
IV. Competencia
13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
14. No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer y que dicha reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del decreto referido.
15. Sin embargo, ello no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto.
16. A juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. Si bien es cierto que las contradicciones no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción, se generaron con la resolución de juicios de amparo, por lo que realizando una interpretación armónica, es posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis iniciadas con anterioridad al decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal ni materialmente el Pleno del Primer Circuito.
17. La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual importa que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios. Si se considerara que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estaría supeditado a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.
18. En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente, estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializados o especializados en una misma materia), lo cierto es que acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Primer Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que la misma fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente), se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental, anterior al cuatro de octubre de dos mil once; y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
V. Existencia de la contradicción
19. Como se verá a continuación, el presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis, fijados por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales exigen que:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
20. Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD y CONCEPTO.",(4) "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(5)
21. A continuación argumentaremos por qué en el caso concreto se actualizan todos los requisitos enunciados.
22. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
23. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 196/2010, analizó un asunto con las siguientes características:
24. Un sentenciado de nombre ********** promovió demanda de amparo contra la resolución en virtud de la cual el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, le negó la concesión de "cualquier beneficio de libertad anticipada". La negativa se basó en el argumento de que el artículo 85, fracción I, inciso b), del Código Penal Federal prohíbe expresamente la concesión del beneficio a quienes, como el solicitante, hubieran sido condenados por un delito contra la salud previsto en el artículo 194 del mismo ordenamiento.(6)
25. La autoridad responsable resolvió negar la solicitud no obstante que mediante resolución de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito había decretado en favor del quejoso la traslación del tipo penal -del previsto y sancionado por el artículo 194, fracción I y 195, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, al contemplado por los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud-.
26. El Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, al resolver el juicio de garantías 444/2010-IV el diecinueve de julio de dos mil diez, otorgó la protección del amparo al quejoso. Como efectos de la concesión ordenó al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública que dejara insubsistente el oficio consistente en el acto reclamado y dictara uno nuevo en el que considerara que el quejoso había sido sentenciado en términos de las penalidades previstas en los artículos 475 y 476, en relación con la tabla prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud.
27. Contra esta determinación, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, mismo del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito -órgano que lo registró con el número 196/2010-.
28. Dicho Tribunal Colegiado dictó sentencia el veintinueve de octubre de dos mil diez, en el sentido de confirmar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo al quejoso.
29. En esencia, dicho Tribunal Colegiado consideró que la concesión del amparo por parte del Juez era correcta a la luz del principio de exacta aplicación de la ley penal, pues la prohibición expresa de conceder el beneficio -prevista por el artículo 85, fracción I, inciso b), del Código Penal Federal- se refería exclusivamente al supuesto en el que se hubiera cometido el delito previsto en el artículo 194 del mismo ordenamiento, por lo que no podía aplicarse analógicamente en perjuicio del inculpado, a quien se le había trasladado el tipo penal contra la salud en su modalidad de comercio (venta) y posesión (venta), a la modalidad de narcomenudeo, conforme a los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud.
30. Las razones del Tribunal Colegiado, al revisar la resolución del Juez, son las siguientes:
"... basta observar que el tercer párrafo del artículo 14 constitucional establece lo que se conoce como garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, que recoge el principio nullum crimen, nulla poena, sine lege el cual constriñe a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, además, prevé que un hecho o conducta no descrito en la ley no pueda ser catalogado como delito ni producir una penalidad para quien lo despliega, así como tampoco aplicar una sanción penal cuando no existe disposición legal que expresamente la establezca.
"Principio constitucional que se extiende, incluso, a la determinación de los beneficios de libertad anticipada, dado que se encuentran íntimamente relacionados con la ejecución de la pena, donde para negarlos la autoridad jurisdiccional deberá apegarse estrictamente a los supuestos e hipótesis que marca la propia ley.
"En el caso de la libertad anticipada, prevista en el artículo 84 del Código Penal Federal, se establece que no se concederá a quienes sean condenados por algún delito de los señalados en la fracción I del artículo 85 de este código, el cual en lo que interesa textualmente dispone:
"(transcribe)
"Véase pues que la prohibición de conceder el aludido beneficio está limitada concretamente por el legislador a las personas sentenciadas por los ilícitos descritos y, en el caso del delito contra la salud, únicamente al previsto en el artículo 194 Código Penal Federal (sic) -con las salvedades que ahí mismo se establecen- de manera que, conforme al citado principio constitucional, no le es dable al juzgador extender en perjuicio de la persona sentenciada, los alcances de tal disposición por analogía o mayoría de razón, es decir, que niegue la aplicación de los beneficios sobre la base de que el delito por el cual se le condena es sustancialmente el mismo que prevé el transcrito artículo 85.
"Pues bien, en el caso, el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en resolución de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, para efectos de la imposición de la pena, aplicó retroactivamente en beneficio del aquí quejoso las reformas de la Ley General de Salud, Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales, publicadas el veinte de agosto de dos mil nueve, en el Diario Oficial de la Federación y, por ende, trasladó el tipo penal por el cual fue acusado el ahora quejoso, que lo fue el delito contra la salud en las modalidades de narcomenudeo de comercio (venta) y posesión con fines de comercio (venta), del estupefaciente clorhidrato de cocaína, en los términos de la modalidad de ‘narcomenudeo’, conforme a lo previsto en los artículos 475 y 476, en relación con la tabla prevista en el numeral 479 de la Ley General de Salud.
"De ahí que, la determinación de la responsable es violatoria de la garantía de exacta aplicación de la ley en perjuicio del quejoso, en tanto que como se puede leer, el artículo 85, fracción I, inciso b), del Código Penal Federal, no incluye dentro de su contenido, el delito previsto en el artículo 475 de la Ley General de Salud, por el cual fue sentenciado el impetrante de garantías; y argumentar que éste es esencialmente el mismo que el previsto en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal -como lo expuso la responsable- implica una aplicación analógica en perjuicio del sentenciado; de modo tal que la responsable incorrectamente negó los beneficios de libertad anticipada, máxime que ni siquiera tomó en cuenta tal situación en la contestación que dio a la petición formulada por el impetrante de garantías."
31. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 261/2010, analizó un asunto con las siguientes características:
32. Un sentenciado de nombre ********** promovió demanda de amparo contra la resolución en virtud de la cual el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, le negó la concesión de "cualquier beneficio de libertad anticipada". La negativa se basó en el argumento de que el artículo 85, fracción I, inciso b), del Código Penal Federal prohíbe expresamente la concesión del beneficio a quienes, como el solicitante, hubieran sido condenados por un delito contra la salud previsto en el artículo 194 del mismo ordenamiento.(7)
33. En idénticos términos que el caso anterior, la autoridad responsable negó la solicitud no obstante que mediante resolución de veintiséis de noviembre de dos mil nueve, el Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito había decretado en favor del quejoso la traslación del tipo penal -del previsto y sancionado por los artículos 194, fracción I y 195, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, al contemplado por los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud-.
34. El Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, al resolver el juicio de garantías 883/2010, otorgó la protección del amparo al quejoso. Como efectos de la concesión ordenó al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública que dejara insubsistente el oficio consistente en el acto reclamado y dictara uno nuevo en el que considerara que el quejoso había sido sentenciado en términos de las penalidades previstas en los artículos 475 y 476, en relación con la tabla contenida en el precepto 479 de la Ley General de Salud.
35. Contra esta determinación, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, mismo del que tocó conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito -órgano que lo registró con el número 261/2010-.
36. Dicho Tribunal Colegiado dictó sentencia el veintisiete de enero de dos mil once, en el sentido de confirmar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo al quejoso. Sus principales razones son las siguientes:
"... si bien es cierto, el artículo 85, fracción I, inciso b), del Código Penal Federal, prevé claramente una prohibición para la concesión del beneficio de libertad preparatoria en tratándose de delitos contra la salud contenidos en el artículo 194 del mismo ordenamiento represivo, también lo es, como se coincide con el criterio de la a quo, en el sentido de que al haberse trasladado el tipo hacia el contenido en los artículos 473 y 474 de la Ley General de Salud, debe entenderse e interpretarse que las conductas contenidas en la legislación especial, no deben contemplarse como aquellas a que se refiere la prohibición del artículo 85 del Código Penal Federal.
"Lo anterior es así, pues del análisis del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve, así como su iniciativa, del que derivó la reforma que incorporó a la legislación el ‘narcomenudeo’, no se advierte que hubiese sido intención del legislador modificar el catálogo de delitos por los que no se concedería la libertad preparatoria, contenido en el artículo 85 del Código Penal Federal, por lo que si el legislador no incluyó, con la reforma el delito contra la salud contemplado en los numerales 473 y 474 de La Ley General de Salud, el juzgador no tiene por qué hacerlo, en estricto cumplimiento a la garantía de legalidad y exacta aplicación de la ley penal.
"Corrobora lo anterior, el proceso legislativo de la reforma publicada el veinte de agosto de dos mil nueve, del que se desprenden las razones que tuvo el legislador para modificar la ley, a saber:
"Por un lado, hacer más efectivo el combate al narcomenudeo, involucrando a las entidades federativas, para lo que creó la jurisdicción concurrente en la materia; por otro lado, estableció reglas de carácter sustantivo tendientes a proteger a los consumidores con la consecuente reducción de penas en unos casos y la concomitante supresión del Apéndice Uno del Código Penal Federal, en tanto que otras penas se incrementan.
"De lo anterior, se desprende que la razón que motivó al legislador fue primordialmente la tendencia a generar una normatividad más clara para su aplicación y evitar en lo posible diferencias de interpretación y abuso de aplicación por parte de autoridades ministeriales y judiciales, con la intención de no convertir el combate al tráfico de drogas en la criminalización de los consumidores, ello, por ponderarse que existe una línea ambigua entre consumidores y ‘narcomenudistas’, se abre la puerta para todo tipo de arbitrariedades, injusticias y violaciones a los derechos civiles de consumidores y adictos, y en especial a los jóvenes, al señalar en la iniciativa ‘... Sin embargo, no compartimos que criminalizar a los jóvenes que consumen narcóticos sea una medida que permita combatir realmente el flagelo del narcomenudeo. Es necesario priorizar la prevención del consumo y el tratamiento de los farmacodependientes, más que reprimirlos y hacerlos víctimas de las extorsiones por parte de policías, agentes del Ministerio Público y juzgadores, como actualmente ocurre. El combate al narcomenudeo es un buen pretexto para criminalizar el consumo y, por ende, a los adictos, quienes no deben ser sujetos de persecución policiaca sino de tratamiento médico, psicológico y social ...’
"Del anterior criterio se colige, que conforme a los principios lógicos que rigen en materia de hermenéutica o interpretación de las leyes y de sus normas en general, una y otras han de ser ponderadas conjunta y no parcialmente, armónica y no aisladamente, para desentrañar la verdadera intención del legislador ratio legis, esto es, resolver la cuestión efectivamente planteada y evitar la incongruencia o contradicción, que repugna a la razón y a la correcta impartición de justicia."
37. Finalmente, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito calificó de infundados los agravios del quejoso y, por consecuencia, señaló que la Juez de Distrito correctamente había negado el amparo respecto al otorgamiento del beneficio de libertad preparatoria.
38. En esencia, dicho órgano colegiado argumentó que la prohibición prevista en el artículo 85, fracción I, inciso b), del Código Penal Federal era aplicable al recurrente, pues éste había sido sentenciado por el delito previsto en el artículo 194 del Código Penal Federal,(8) el cual seguía estando vigente. A su modo de ver, debía entenderse que el Juez de la causa únicamente había adecuado las penas del recurrente en términos de lo previsto por el artículo 475 de la Ley General de Salud, por resultarle más benéfico. Sin embargo, la naturaleza del delito por el cual había sido condenado no había cambiado con motivo del decreto de reformas de veinte de agosto de dos mil nueve, mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Ley General de Salud. A continuación se transcribe el fragmento de la sentencia que contiene las razones centrales:
"... la Juez de Distrito correctamente concluyó que la responsable con acierto negó los beneficios de libertad anticipada al quejoso, por existir una prohibición legal en el artículo 85 del Código Penal Federal, para su concesión, además, acertadamente determinó que el hecho que haya existido una adecuación de la pena con motivo de las reformas que sufrió el numeral 475 de la Ley General de Salud, no es indicativo que el diverso 194, fracción I, del código punitivo federal haya dejado de subsistir para efectos de la concesión de beneficios, ya que éste era el que regía en forma primigenia y, por ello, permanece incólume para tales efectos.
"En abundamiento, cabe precisar que el precepto que tipifica y sanciona la conducta del delito contra la salud en la modalidad de comercio (venta) del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína y la diversa de posesión con fines de comercio (venta) del citado estupefaciente y cannabis sativa l. por el cual fue sentenciado el recurrente se encuentran previstas en los artículos 194, fracción I y 195, párrafo primero, del Código Penal Federal, de lo que se sigue, que ********** por la primera de las modalidades mencionadas, se encuentra en la hipótesis contemplada en la fracción I, inciso b), del numeral 85 de la misma codificación.
"Ahora, el hecho de que vía incidente de traslación, se haya aplicado el principio de retroactividad en beneficio, consagrado en el artículo 14 constitucional, contrario sensu, por existir una sentencia definitiva en la que se impuso al enjuiciado una pena prevista en un dispositivo que al momento de emitirse el fallo preveía una sanción mayor, no implica que se imponga una nueva pena, sino sólo la reducción de la que en su momento le fue aplicada por la autoridad competente.
"Ello, en virtud de que tal dispositivo no sufrió reforma alguna por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinte de agosto de dos mil nueve, porque sigue vigente en la codificación penal federal, empero, como se consideró que el tipo es idéntico al descrito en el artículo 475 que el legislador adicionó a la Ley General de Salud, con menor penalidad (que regula las conductas delictivas relacionadas con los narcóticos que aparecen señalados en la tabla prevista en el ordinal 479 de dicha ley).
"Sin embargo, tal reducción no significa hacer procedentes los beneficios expresamente prohibidos por la ley, toda vez que el precitado artículo 85, fracción I, inciso b), del Código Penal Federal, establece una limitante para el otorgamiento de la libertad preparatoria a los sujetos que hayan sido sentenciados por cualquiera de los ilícitos a que se refiere tal precepto; y como el delito contra la salud, previsto en el numeral 194, fracción I, del código punitivo federal, está contemplado en éste, el juzgador se encuentra impedido para conceder algún beneficio, a quienes hayan sido condenados por el referido ilícito, bajo el pretexto de haber reducido la pena a la punibilidad prevista en el ordinal 475 de la Ley General de Salud, pues ello rebasaría el marco legal establecido en el precepto legal invocado, y sería tanto como crear una diversa hipótesis de procedencia, no prevista en tal numeral.
"...
"En consecuencia, también es infundado lo que afirma el disconforme, en torno a que la aplicación de la ley mas (sic) favorable debe hacerse no sólo al imponer las penas, sino también al momento de ejecutarlas.
"Esto es así, porque adversamente a lo argüido, la aplicación de la ley en esos términos, debe ceñirse únicamente a la imposición de las sanciones."
39. Además, el Tribunal Colegiado en cita sostuvo que las consideraciones de la contradicción de tesis 39/2003-PS, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitían corroborar que la aplicación de la ley más favorable únicamente estaba referida a la imposición de las penas.(9) Al respecto concluyó:
"Así las cosas, de las consideraciones transcritas se desprende que como se ha indicado, la aplicación retroactiva de la ley más benéfica debe efectuarse únicamente en la imposición de las penas, considerar lo contrario, es decir, establecer que el artículo 475 de la Ley General de Salud, cobra aplicabilidad plena en el juicio, conllevaría a transgredir el diverso principio contemplado en el ordinal 14 constitucional, segundo párrafo in fine, que precisa que se deberá juzgar conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, característica que evidente es, no reúne el precepto legal supracitado."
40. Finalmente, sostuvo que sus razonamientos se apegaban a la tesis TC018026.9 PE1 que ese mismo órgano había sustentado en un amparo previo, cuyo rubro y contenido son:
"SALUD, DELITO CONTRA LA. PREVISTO EN EL ARTÍCULO 194 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. IMPROCEDENCIA DE LOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y CONDENA CONDICIONAL, QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 70 Y 90 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. El hecho de que vía incidente de traslación, se haya aplicado el principio de retroactividad en beneficio, consagrado en el artículo 14 constitucional, contrario sensu, por existir una sentencia definitiva en la que impuso al enjuiciado una pena prevista en un dispositivo que al momento de emitirse el fallo preveía una sanción mayor, no implica que se imponga una nueva pena, sino sólo la reducción de la que en su momento le fue aplicada por la autoridad competente; en ese supuesto, se encuentra el artículo 194 fracción I del Código Penal Federal, pues no sufrió reforma alguna por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinte de agosto de dos mil nueve, porque sigue vigente en la codificación penal federal, empero, como el tipo es idéntico al descrito en el artículo 475 que el legislador adicionó a la Ley General de Salud, con una menor penalidad (que regula las conductas delictivas relacionadas con los narcóticos que aparecen señalados en la tabla prevista en el ordinal 479 de dicha ley), en estricto acatamiento al principio de retroactividad penal, el juzgador debe disminuir la pena a la sanción que esta última legislación prevé; pero, tal reducción no significa hacer procedentes los beneficios expresamente prohibidos por la ley, toda vez que el último párrafo, del ordinal 70 y la segunda parte, del inciso b), del numeral 90 del Código Penal Federal, establecen una limitante para el otorgamiento de los sustitutivos de la pena de prisión y condena condicional a los sujetos que hayan sido sentenciados por cualquiera de los ilícitos a que se refiere el artículo 85 del mismo código punitivo; y como el ilícito contra la salud, previsto en el artículo 194 fracción I, del Código Penal Federal, está contemplado en el invocado ordinal 85, el juzgador se encuentra impedido para conceder los mencionados beneficios, a quienes hayan sido condenados por el referido ilícito, bajo el pretexto de haber reducido la pena a la punibilidad prevista en el artículo 475 de la Ley General de Salud, pues ello rebasaría el marco legal establecido en los artículos 70, 85 y 90 del código punitivo invocado, y sería tanto como crear, una diversa hipótesis de procedencia, no prevista en tales preceptos."(10)
41. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver. Los siguientes datos corroboran esta información:
42. Los Tribunales Colegiados resolvieron casos en los que se vieron obligados a resolver si la prohibición de conceder el beneficio de libertad anticipada -prevista en el artículo 85, fracción I, inciso b), del Código Penal Federal-(11) resultaba aplicable a quienes fueron condenados por delitos contra la salud en términos del artículo 194 del mismo ordenamiento pero, posteriormente, recibieron en su beneficio la traslación del tipo a cualquiera de los previstos por los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud y la consiguiente adecuación de su pena.
43. Los Tribunales Colegiados Primero y Quinto ambos en Materia Penal del Primer Circuito coincidieron en que dicha prohibición no resultaba aplicable a quienes, habiendo sido condenados por un delito contra la salud en términos del artículo 194 de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23610-38e5b99f/libertad-preparatoria-la-prohibicion-expresa-de-conceder-ese · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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