REDUCCIÓN DE LA PENA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 71 TER Y 71 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 245/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: BEATRIZ JOAQUINA JAIMES RAMOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y, actualmente, establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.
Sin embargo, lo anterior no implica que, a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que, a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final, conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.
Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que, realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que, a la fecha, no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del Primer Circuito.
La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad, respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica, como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.
En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializados o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Primer Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme a la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma-, y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción son las siguientes:
1. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo penal número **********, fallado el catorce de abril de dos mil once, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:
"CUARTO. Este Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito considera que los conceptos de violación formulados por el quejoso son en parte inoperantes y en otra parcialmente fundados, aunque suplidos en su deficiencia en términos de la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. ... Precisado lo anterior, y en suplencia de la queja deficiente, se procede al estudio de las consideraciones derivadas del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la anterior ejecutoria de amparo, en la que se le dejó plenitud de jurisdicción, para que, tomando en consideración la valoración que realizó de las declaraciones del quejoso, determinara si era procedente o no el beneficio de la reducción de la pena a que se refiere el artículo 71 Ter del Código Penal para el Distrito Federal y, con ello, de ser procedente, se pronunciara de nueva cuenta sobre las penas a imponer, sobre los beneficios de ley y de la duración de la suspensión de derechos políticos del quejoso. Así, la autoridad responsable, con relación al tema, señaló: (se transcribe) ... Como se aprecia, la autoridad responsable consideró que resultaba improcedente el beneficio establecido en el artículo 71 Ter del Código Penal para el Distrito Federal, porque el quejoso no emitió una confesión lisa y llana, sino calificada divisible pues, aun cuando aceptó como hecho propio haber realizado la conducta ilícita, agregó una causa modificativa de responsabilidad, consistente en que realizó la conducta típica porque fue extorsionado; sin embargo, ello no se corroboró con algún elemento de prueba. Pues bien, los artículos 71 Ter y 71 Quáter establecen lo siguiente: ‘Artículo 71 Ter. (De la disminución de la pena en delitos graves) Cuando el sujeto activo confiese su participación en la comisión de delito grave ante el Ministerio Público y la ratifique ante el Juez en la declaración preparatoria se disminuirá la pena una tercera parte, según el delito que se trate, excepto cuando estén relacionados con delincuencia organizada, en cuyo caso se aplicará la ley de la materia. Este beneficio no es aplicable para los delitos de homicidio, previsto en el artículo 123 en relación al 18, párrafo segundo; secuestro, contenido en los artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 166 Bis, con excepción de lo previsto en el último párrafo del artículo 164; desaparición forzada de personas, previsto en el artículo 168; violación, previsto en los artículos 174 y 175; corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tengan capacidad de resistir la conducta, previsto en los artículos 183, 184 y 185; turismo sexual, previsto en el artículo 186; pornografía, previsto en los artículos 187 y 188; trata de personas, previsto en el artículo 188 Bis; lenocinio, previsto en los artículos 189 y 189 Bis; robo, previsto en el artículo 220, en relación al artículo 225; tortura, previsto en los artículos 294 y 295; todos de este código.’. ‘Artículo 71 Quáter. (Reglas generales para la aplicación de las penas disminuidas por reconocimiento de participación en la comisión del delito). El otorgamiento de la pena disminuida sólo será aplicable tratándose de primodelincuentes por delitos dolosos consumados y se requerirá que el reconocimiento que haga el sujeto activo de su participación en la comisión del delito se encuentre robustecido con otros elementos de prueba, para cuyo efecto se observarán las reglas previstas en los tres últimos párrafos del artículo 71 de este código.’. De los preceptos transcritos se desprende que para la procedencia de la disminución de la pena por reconocimiento de responsabilidad penal del sujeto activo, tratándose de delito grave, deben satisfacerse los requisitos siguientes: 1. Que el sujeto activo confiese ante el Ministerio Público su participación en la comisión de un delito grave y lo ratifique ante el Juez en la declaración preparatoria. 2. Que no se trate de delitos relacionados con delincuencia organizada: homicidio, previsto en el artículo 123 en relación con el 18, párrafo segundo; secuestro, contenido en los artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 166 Bis, con excepción de lo previsto en el último párrafo del artículo 164; desaparición forzada de personas, previsto en el artículo 168; violación, previsto en los artículos 174 y 175; pornografía infantil, a que se refiere el artículo 187; robo, previsto en el artículo 220, en relación al artículo 225; tortura, previsto en los artículos 294 y 295, todos del Código Penal para el Distrito Federal. 3. Que el imputado sea primodelincuente por delito doloso consumado; y, 4. Que el reconocimiento que realice el sujeto activo de su participación en la comisión del delito, se encuentre robustecido con otros elementos de prueba. Precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito estimó que son inatendibles los conceptos de violación del quejoso en los que señala que como es primodelincuente y que se trata de un delito grave y de carácter doloso, sí procede la concesión del beneficio de disminución de la pena, pues la autoridad responsable, para negar la procedencia de la aplicación de la disminución, no se apoyó en tales circunstancias, incluso, sobre esos temas existe coincidencia en lo considerado por la autoridad y lo alegado por el quejoso. Por otra parte, en torno al requisito consistente en que exista confesión, es fundado, suplido en su deficiencia, lo alegado por el quejoso, en cuanto a que su aceptación de los hechos realizada en el proceso sí reúne las características para hacer procedente la reducción de la pena, ya que no es necesario que confiese totalmente su participación, porque el artículo 71 Ter del Código Penal para el Distrito Federal no lo refiere así, por lo que se trata de una invención de la responsable. En efecto, en primer término, resulta necesario realizar las siguientes consideraciones generales, en torno a la confesión y a la llamada confesión calificada divisible. En la teoría general del proceso, la confesión es la declaración que hace una parte de la verdad de hechos afirmados por el adversario y favorable a éste; es el testimonio que una de las partes hace contra sí misma, es decir, el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas a su cargo. En el campo del derecho penal, se considera que una confesión es la declaración voluntaria realizada por una persona penalmente imputable, ante autoridad competente, y con las formalidades legales exigidas sobre hechos propios constitutivos de delito, que importa el reconocimiento de la propia culpabilidad derivada de su actuar. Así, en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, los artículos 136 y 249 se refieren a la confesión de la manera siguiente: (se transcriben). Como se colige, en materia penal, la confesión es la declaración realizada voluntariamente por el inculpado o procesado ante el Ministerio Público, el Juez o tribunal de la causa, con las formalidades legales, sobre hechos propios constitutivos del tipo delictivo materia de la imputación y que no se encuentre acompañada de otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil. Ahora bien, tratándose de la confesión, en la que el imputado admite su intervención activa en el hecho ilícito pero, además, introduce a su favor una causa excluyente o modificativa de responsabilidad, se ha denominado confesión calificada o también llamada restrictiva. La confesión calificada, entonces, se compone de dos partes; la primera, es la admisión del hecho atribuido y, la segunda parte, es en la que se adicionan circunstancias que rodean el evento, en cuanto al modo, lugar, tiempo, ocasión, incluso, forma de participación, y también aquellas referidas a la exclusión de la responsabilidad penal. A manera de ejemplos, se pueden citar los supuestos siguientes: 1. El imputado confiesa el hecho, pero alega que actuó dentro del límite de lo legalmente permitido, esto es, invoca una causal de justificación, como sería la legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho. 2. Se admite el hecho, pero se niega que le corresponda pena alguna por mediar una excusa absolutoria (se admite la posesión de una cantidad mínima de narcótico aduciendo que es para su consumo personal inmediato). 3. Se acepta el hecho principal, pero no las circunstancias agravantes, como cuando acepta que se apoderó de la cosa, pero niega que mediara la violencia. 4. Se admite el hecho, sin embargo, se agrega que su intervención fue en un grado de menor intensidad en relación con la de otros activos. 5. El imputado sostiene, que, efectivamente, atentó contra la vida, pero alega que lo hizo bajo un estado psíquico especial, esto es, bajo los efectos de un estado de emoción violenta. A su vez, la confesión calificada puede ser indivisible o divisible; el primer caso, no presenta complejidad alguna, pues se trata de una versión que tanto en la admisión de la intervención activa en el hecho como en los motivos de disculpa total o parcial, se encuentra corroborada con otros medios de prueba y, por ello, es indivisible y debe ser admitida íntegramente en el proceso; en el caso de la segunda, la confesión será divisible, cuando la parte con la que el imputado pretende favorecerse no es verosímil o se encuentra contradicha por otros elementos de prueba, en cuyo caso, podrá tomarse en cuenta sólo lo que le perjudica y no lo que le beneficia, tal y como lo ha considerado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis siguientes: Jurisprudencia 98, Sexta Época, localizable en el Apéndice 1917-2000, Tomo II, materia penal, página 69, que dice: ‘CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE.’ (se transcribe). Y la jurisprudencia 1a./J. 31/2010, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, julio de 2010, página 34, que dice: ‘CONFESIÓN. TIENE ESE CARÁCTER LA DECLARACIÓN DEL INCULPADO, EN EL CASO DEL DELITO CONTRA LA SALUD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 195, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, CUANDO NO RECONOCE EL ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO REQUERIDO POR LA LEY Y ADUCE QUE LA POSESIÓN DEL NARCÓTICO ES PARA SU CONSUMO PERSONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE).’ (se transcribe). De lo expuesto, se desprende que, tratándose de la confesión, ya sea calificada o no, invariablemente existe el reconocimiento de haber participado en el evento delictivo, pues aun y cuando se introduzca una modificativa o excluyente de responsabilidad, ello no afecta ese reconocimiento, esto último, incluso, es materia de prueba y afectaría, en todo caso, ya las circunstancias de modo, lugar, ocasión y la participación y atribuibilidad, pero no la comisión del evento mismo. En el caso, la Sala responsable, de acuerdo con sus facultades de apreciación de las pruebas, consideró la declaración del quejoso como una confesión calificada divisible, pues consideró que aceptó la comisión del delito de robo, al haber dispuesto indebidamente del dinero correspondiente al cheque número ********** del banco ********** expedido por la empresa **********, el cual depositó a la cuenta de una persona amiga de un primo suyo que vive en **********, para posteriormente recuperar el efectivo, pero agregó haber sido objeto de una extorsión de parte de unos sujetos, que lo amenazaron con hacerle daño a sus hijos, y esto último lo estimó no corroborado. Como se aprecia, el quejoso aceptó haber realizado la conducta atribuida y también agregó una circunstancia relacionada con una excluyente de responsabilidad penal, como podría ser un estado de necesidad, lo cual no justificó con probanza alguna. Sin embargo, considerar su declaración como una confesión calificada divisible no implica que hubiere dejado de aceptar su responsabilidad penal en la comisión del evento típico, pues únicamente refiere que sí lo realizó al verse apremiado por las circunstancias personales y familiares que relata. Ahora bien, el beneficio de la reducción de la pena establecido en los artículos 71 Ter y 71 Quáter del Código Penal para el Distrito Federal, requieren precisamente que exista una confesión del imputado sobre su participación en el delito, entendida como el reconocimiento que haga de su intervención y que se encuentre robustecido con otros elementos de prueba, lo que sucede en el caso, pues el quejoso aceptó haber dispuesto indebidamente del dinero del cheque, lo que se estimó corroborado con los restantes elementos del sumario, como lo estimó la responsable en la parte final de la foja 147 del acto reclamado. En ese sentido, como lo alega el quejoso, es incorrecto que la responsable considerara que no procede el beneficio de la disminución de la pena, porque no confesó totalmente los hechos, esto es, de forma lisa y llana, por ser una confesión calificada divisible, pues los artículos 71 Ter y 71 Quáter del Código Penal para el Distrito Federal no establecen una distinción, simplemente requieren que el sujeto activo reconozca su participación en la comisión del delito. Requisito que puede satisfacerse tanto con una confesión simple o también denominada lisa y llana, como con una confesión calificada divisible, pues en ambos supuestos existe el reconocimiento de la participación, en la comisión del evento delictivo, lo que en el caso se presenta, ya que el quejoso aceptó haber depositado el cheque número ********** a la cuenta de una persona amiga de su primo, para después disponer del efectivo, con independencia de que el quejoso introdujera en ese reconocimiento la circunstancia excluyente de responsabilidad, relativa a que dispuso del numerario, porque estaba siendo extorsionado. Por tanto, el beneficio de la disminución de la pena por reconocimiento de la participación en la comisión del delito no es aplicable únicamente a quienes realizan una confesión simple, conocida como lisa y llana, pues la ley no excluye de ese beneficio a quienes, además de aceptar esa participación, introducen a su favor una circunstancia modificativa o excluyente de responsabilidad. Lo que, incluso, es coincidente con la exposición de motivos contenida en la iniciativa de decreto, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil cinco, por el que se adicionaron al Código Penal para el Distrito Federal, entre otros, el artículo 71 Ter que, en la parte conducente, dice: ‘... Así también, se propone adicionar los artículos 71 Bis y 71 Ter del mismo código. En tal virtud, se concede el beneficio de la disminución de la pena, para el sujeto activo que confiese su participación en la comisión del delito. Y, atendiendo al sentido de proporcionalidad entre conducta desplegada y sanción impuesta, que pretende guardarse en todas las reformas propuestas, los beneficios a que se refieren estos artículos tendrán limitaciones específicas, en tratándose de delitos que, por la gravedad que representan, no deben incluirse en la hipótesis que se propone ...’. De lo que se advierte que el legislador no realizó distinción alguna en cuanto al tipo de confesión requerida para la procedencia de ese privilegio de reducción de la pena, sólo consideró que el sujeto activo debe confesar su participación en la comisión del delito, sin más limitaciones para que proceda la disminución de la pena, que las específicamente establecidas en cuanto a la naturaleza del delito y, en el caso, la confesión se satisface tanto con una confesión lisa y llana como con la derivación de ésta, denominada confesión calificada divisible. No se soslaya que la autoridad responsable, en apoyo de sus consideraciones, citó la tesis I.2o.P.163 P, Novena Época, del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal en el Distrito Federal, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, junio de 2008, página 1218, que dice: ‘CONFESIÓN. REGLAS PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS DISMINUIDAS POR RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE DELITO GRAVE (LEGISLACIÓN PENAL DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe). Sin embargo, este Tribunal Colegiado de Circuito no comparte dicho criterio, pues la confesión a que se refiere la tesis, en cuanto a que para que proceda la aplicación de los artículos 71 Ter y 71 Quáter, el sujeto activo debe aceptar o reconocer de manera plena y categórica tanto de los componentes típicos como de los restantes elementos configuradores del delito, y que deriva del contenido de los artículos 136 y 249 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, es una interpretación que realiza distingos de la confesión, en cuanto a que si es lisa y llana, o bien, calificada, que no contienen los preceptos que regulan la procedencia de la disminución de la pena por confesión, los cuales, se reitera, sólo aluden a un reconocimiento del sujeto activo sobre su participación en la comisión del delito, la cual se actualiza en cualquier tipo de confesión, ya sea lisa y llana o calificada, mas no a la aceptación de todos y cada uno de los componentes del delito. ..."
Similar criterio sostuvo el propio Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo número **********.
Criterio del que derivó la siguiente tesis «I.6o.P.132 P»:
"REDUCCIÓN DE LA PENA POR RECONOCIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN, ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 71 TER Y 71 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SU PROCEDENCIA NO DISTINGUE ENTRE LA CONFESIÓN SIMPLE O CALIFICADA DIVISIBLE. En materia penal la confesión es la declaración realizada voluntariamente por el inculpado o procesado, ante el Ministerio Público, el Juez o tribunal de la causa, con las formalidades legales, sobre hechos propios constitutivos del tipo delictivo materia de la imputación; dentro de la confesión, la jurisprudencia distingue aquella en la que el imputado admite su intervención activa en el hecho ilícito, pero además introduce a su favor una causa excluyente o modificativa de responsabilidad, denominada confesión calificada o restrictiva, la que a su vez puede ser divisible o indivisible, en función de la comprobación o no de los motivos de ‘disculpa’ introducidos por el imputado y, cuando no lo están, es posible fraccionar la declaración y tomarse en cuenta sólo lo que le perjudica y no lo que le beneficia. En el caso, para la procedencia del beneficio de la reducción de la pena, de acuerdo con lo establecido en los artículos 71 Ter y 71 Quáter del Código Penal para el Distrito Federal, que no hacen distinción alguna, se requiere que el sujeto activo confiese su participación en la comisión del delito, lo que puede satisfacerse tanto con una confesión lisa y llana, como con una confesión calificada divisible, por ello, resulta violatoria de garantías la resolución que, haciendo esa distinción, excluye del beneficio a quienes además de aceptar su participación en el delito, introducen a su favor una circunstancia modificativa o excluyente de responsabilidad.
"Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
"Amparo directo 109/2011. 14 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: Julio César Ramírez Carreón.
"Amparo directo 167/2011. 26 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: Juan Carlos Salas Juárez."
2. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número **********, fallado el veintiuno de mayo de dos mil ocho, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:
"... También fue adecuado que el tribunal de apelación determinara que el actuar del acusado no se encontraba justificado, además de que éste era imputable, tenía conocimiento de la antijuridicidad y le era exigible un comportamiento distinto al que realizó. Lo anterior se demostró, tal como lo expuso la Sala responsable, con la declaración de **********, quien manifestó que el latrocinio que sufrió fue cuando surtía de mercancía a una papelería y, al regresar, advirtió que la camioneta ya no se encontraba en el lugar que la había dejado, por lo que solicitó el auxilio de los agentes captores supraindicados, quienes aseguraron al justiciable; lo que se vio fortalecido con lo declarado por los elementos policiacos preanotados, quienes refirieron que intervinieron en la detención del sujeto activo a petición del denunciante, por lo que, al ser interceptado el autor, se recuperó el automotor y mercancía de los que éste se había apoderado; también se encuentra concatenado con lo expuesto por **********, apoderado de la empresa ofendida, quien si bien no apreció los hechos, sí acreditó la propiedad que tiene su representada respecto del vehículo y la mercancía; tales manifestaciones se encuentran fortalecidas con la fe ministerial de mercancía, del vehículo y documentos, pruebas que en su conjunto merecieron pleno valor probatorio y constituyeron la prueba presuncional. ... No pasa inadvertido que el sentenciado, al declarar ministerialmente, expuso que sí se llevó el automotor, pero que se trataba de una broma hacia su ex compañero, por lo que fue correcto que el ad quem considerara que ese reconocimiento no se trataba de una confesión en los términos exigidos por los artículos 136 y 249 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, porque el dicho del enjuiciado debería comprender la admisión de que el delito existe y el reconocimiento de que participó en su ejecución con la concreción de todos sus elementos típicos, aspectos que no se satisfacían y, para sustentar su resolución, invocó la jurisprudencia V.2o.P.A. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, intitulada: ‘CONFESIÓN. SÓLO PUEDE CONSIDERARSE COMO TAL, LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS QUE REALIZA EL IMPUTADO, CUANDO ELLO IMPLICA EL RECONOCIMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO.’, lo que este tribunal considera acertado, porque es cierto que el justiciable expuso ministerialmente que cuando fue detenido se dirigía al punto de partida, porque se trataba de una broma que le iba a hacer a su compañero, lo que no constituye una confesión, máxime si se toma en consideración que el artículo 136 del ordenamiento legal pre invocado estatuye que lo que debe de entenderse por tal: (se transcribe). Mientras que el dispositivo 249 del mismo ordenamiento estatuye cuáles son los requisitos para que la confesión tenga eficacia jurídica: (se transcribe). A su vez, dado que, en el caso, se analiza un delito que se trata de grave, toda vez que su término medio aritmético es mayor de cinco años, pues por el delito de robo la prisión es de cuatro a diez años, atendiendo a que el monto de lo robado excede de setecientas cincuenta veces el salario mínimo, que equivale a **********, en tanto que la pena correspondiente por la calificativa respecto de vehículo automotriz, es de dos a seis años de restrictiva de la libertad, por consiguiente, el medio aritmético es de once años, y deben atenderse, las reglas de la disminución de la sanción tratándose de confesión de delitos graves y, sobre el particular, los artículos 71 Ter y 71 Quáter del Código Penal capitalino disponen lo que a continuación se transcribe: (se transcriben). En ese tenor, tenemos que la confesión debe ser de ‘hechos propios constitutivos del tipo delictivo materia de la imputación’, lo que no significa que debe referirse exclusivamente a los componentes del tipo penal, como son los objetivos descriptivos, normativos y a los subjetivos (dolo y elementos subjetivos específicos, o bien, culpa), sino que implica que se trata del reconocimiento tanto de esos componentes como de los otros
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23615-0229b926/reduccion-de-la-pena-prevista-en-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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