HACIENDA MUNICIPAL. EL DESCUENTO IDENTIFICADO COMO "DAP POR AMPAROS 70%" QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO APLICÓ AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, A PARTIR DE AGOSTO DE 2011 EN EL RUBRO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS MUNICIPALES Y DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 98/2011. MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, ESTADO DE GUANAJUATO. 7 DE MARZO DE 2012. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: ALFREDO ORELLANA MOYAO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de marzo de dos mil doce.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pablo Marcial Quintana Ugalde, síndico del Ayuntamiento de Santiago Maravatío, Estado de Guanajuato, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de la entidad y otras autoridades, por los actos siguientes:
"a) Del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que haya emitido para la realización de los descuentos indebidos de las participaciones que le corresponden al Municipio que represento del Fondo de Fomento Municipal, por el concepto de ‘Dap por amparos 70%’, los cuales se precisarán en el inciso 3 de este capítulo de la demanda.
"b) Del secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que haya emitido para la realización de los descuentos indebidos de las participaciones que le corresponden al Municipio que represento del Fondo de Fomento Municipal, por el concepto de ‘Dap por amparos 70%’, los cuales se precisan en el subsecuente inciso.
"c) Del director general de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, se reclaman los indebidos e ilegales descuentos que en forma mensual ha realizado al importe de las participaciones que corresponden al Municipio que represento, provenientes del Fondo de Fomento Municipal, por el concepto de ‘Dap por amparos 70%’, por las anualidades siguientes: de enero a diciembre de dos mil ocho, de febrero a diciembre de dos mil nueve, de enero a diciembre de dos mil diez y de enero a agosto de dos mil once, y que se contienen en los oficios suscritos por esta autoridad responsable ...
"d) Del director de Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, se reclaman las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que haya emitido para la realización de los descuentos indebidos de las participaciones que le corresponden al Municipio que represento del Fondo de Fomento Municipal, por el concepto de ‘Dap por amparos 70%’, los cuales quedaron precisados en el anterior inciso.
"e) Se reclama la invalidez de las ulteriores órdenes para llevar a cabo los descuentos indebidos de las participaciones que le corresponden al Municipio que represento, mensualmente, por el concepto de ‘Dap por amparos 70%’, que emitan las autoridades demandadas a partir del mes de septiembre de dos mil once."
Asimismo, la actora en sus conceptos de invalidez señala:
"... solicito se declare la invalidez de los actos materia de esta demanda, y que en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, se ordene a las autoridades demandadas que se abstengan en lo sucesivo de efectuar los descuentos a las participaciones de mi representado por el concepto especificado en los anteriores párrafos del presente concepto de invalidez, y también se le condene a la restitución y entrega de las cantidades inconstitucionales descontadas de dichas participaciones y que se precisan en la tabla contenida en el presente concepto de invalidez, con un importe total de $5'724,150.72, más los intereses legales correspondientes."
SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados (foja 7 del expediente principal). «Artículos» 14, 16, 115, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Antecedentes (fojas 13 a 16 del expediente principal). La parte actora señaló como tales, los que a continuación se sintetizan:
• De conformidad con el artículo 115 constitucional, al Municipio de Santiago Maravatío, Estado de Guanajuato, le corresponde la prestación del servicio de alumbrado público y la percepción de los ingresos por concepto de derechos de ese servicio, teniendo la facultad de celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo, en forma temporal, de algunos de ellos, o bien, se preste coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.
• Para la prestación del servicio de alumbrado público, el Municipio actor celebró los contratos respectivos con la Comisión Federal de Electricidad, la que ha facturado mensualmente el costo del citado servicio, a través de la expedición de los avisos-recibos que en esa periodicidad entrega al Municipio y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, a la que también se le da a conocer el importe de la recaudación mensual derivada del cobro del derecho de alumbrado público que lleva a cabo dicho organismo federal descentralizado a las personas físicas y morales residentes en el territorio de cada Municipio de la entidad, incluyendo al que promueve esta controversia. Así, el cobro del citado derecho por alumbrado público se realiza a través de la comisión, conforme a un convenio que celebraron este organismo y el Gobierno del Estado de Guanajuato.
• Acorde con el artículo 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, el Gobierno del Estado es el responsable del pago por la prestación del servicio público de alumbrado de los Municipios, conforme a los convenios celebrados con la Comisión Federal de Electricidad, para el cobro de este derecho; asimismo, dicho precepto establece cuatro reglas para el caso en que la recaudación mensual resulte insuficiente para cubrir el costo del consumo de energía eléctrica, por parte de dichos Municipios.
• Conforme a lo anterior, este precepto establece y autoriza que la diferencia entre la recaudación y el consumo de energía eléctrica, se cargue proporcionalmente a cada Municipio en relación a su factor de participaciones, y quienes tengan una recaudación superior al consumo de energía, se les reintegre un 30% del excedente, les sea retenido el 70% de dicho excedente para pagar la diferencia entre la recaudación total y el consumo de energía eléctrica, pero si a pesar de ello aún subsiste diferencia, ésta se aplicará proporcionalmente en relación con el factor de participaciones a los Municipios que obtengan una recaudación mayor al consumo de energía.
• El Municipio actor nunca ha obtenido una recaudación superior al importe de la factura mensual que por la prestación del servicio de alumbrado público expide la Comisión Federal de Electricidad, por ello se dice que es un Municipio "deficitario", a pesar de que a partir del mes de junio de dos mil diez, se redujo el costo de dicha facturación.
• El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, comunica mensualmente a mi representado el monto de participaciones que le corresponden por los siguientes fondos: Fondo General y Fondo de Fomento Municipal. Es de resaltarse que en el segundo de esos rubros invariablemente el Gobierno del Estado disminuye del importe de la participación cantidades diversas por los siguientes conceptos: 1. Derechos de alumbrado público; y, 2. "Dap por amparos 70%".
Respecto del primer descuento, se ha entendido que está autorizado en términos de la fracción I del artículo 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; sin embargo, en lo que concierne al segundo concepto de descuento, se tuvo conocimiento el día dieciocho de agosto de dos mil once a través del oficio AM. 363/2011, al que adjuntó diverso oficio número DGCG. 3988/2011, en el que se explica que ese concepto de descuento del rubro "Dap por amparos 70%", se refería a un subsidio otorgado a favor de otros Municipios que tienen en su ámbito espacial y territorial, personas amparadas contra el cobro del derecho de alumbrado público, a fin de subsidiar el 70% de devoluciones de los amparos concedidos, con cargo a las participaciones de otros Municipios que no tienen particulares protegidos contra el cobro del citado derecho, tal es el caso del actor, hecho que se confirma con lo establecido en el oficio 816.9.3.076/2011, del superintendente de zona de la división de distribución Bajío, Zona Salvatierra, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad.
CUARTO. Concepto de invalidez (fojas 16 a 23 del expediente principal). En el único concepto la parte actora, esencialmente, aduce:
Con los descuentos mensuales a las participaciones del Municipio en el rubro de Fondo de Fomento Municipal, por concepto "Dap por amparos 70%", se transgrede el principio de integridad de los recursos municipales, que consiste en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de sus participaciones, así este descuento, que no está autorizado en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, las Leyes de Ingresos de vigencia anual para el Municipio, la Ley de Coordinación Fiscal federal, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato, ni en alguna otra norma o disposición general, provoca que no se le entreguen en forma completa sus participaciones, que redunda en un perjuicio económico e impacta su autonomía, concretamente en la libertad de administración hacendaria de la que goza por disposición constitucional, al afectarse su autosuficiencia económica y la libre disposición de sus recursos económicos que le corresponden, pues al destinarse parte de sus participaciones a intereses ajenos, como la devolución del derecho de alumbrado público a personas que obtuvieron la protección de la Justicia Federal en contra del pago de ese derecho, residentes en otros Municipios, se le priva del derecho a ejercer sus recursos en los rubros prioritarios y necesarios.
Por otra parte, el inciso c), fracción IV, del artículo 115 constitucional prohíbe a las Legislaturas de los Estados establecer subsidios sobre las participaciones de los Municipios, con mayor razón, no se permite a las autoridades administrativas estatales hacer descuentos de "Dap por amparos 70%", que obedecen a devoluciones del derecho de alumbrado público, para subsidiarlas en un 70%, que sólo tendrían que hacer los Municipios en los que se encuentren ubicados los particulares con un fallo federal favorable.
Además, añade el Municipio actor, que las participaciones federales del Fondo de Fomento Municipal que mensualmente le corresponden, de conformidad con el artículo 2o. A, fracción III, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal federal, deben entregarse íntegramente al Municipio, de acuerdo con lo que establezca la Legislatura Local, lo que se garantiza con lo dispuesto por el artículo 3o., fracción VI, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato, en el que se ordena que los Municipios de la entidad recibirán el cien por ciento de sus participaciones federales del indicado fondo de fomento.
QUINTO. Trámite (fojas 127 a 129 del expediente principal). Por acuerdo de doce de septiembre de dos mil once, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional 98/2011 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien en proveído de la misma fecha reconoció la personalidad del promovente, admitió a trámite la demanda y tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a quien ordenó emplazar; asimismo, con el carácter de terceros interesados se les dio vista a los restantes Municipios del Estado de Guanajuato: San Miguel Allende, Apaseo El Grande, Celaya, Cortázar, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, Purísima del Rincón, Salamanca, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, Silao, Tarimoro, Uriangato, Villagrán y Yuriria, para que en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al que fueron notificados, manifestaran lo que a su derecho conviniera; finalmente, también a la procuradora general de la República se le dio vista para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, expresara las razones que a su representación social correspondieran.
SEXTO. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato (fojas 403 a 419 del expediente principal). Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador del Estado de Guanajuato dio contestación a la demanda que, en síntesis, señala:
Que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria, por extemporaneidad en la presentación de la demanda, ya que conocía de manera completa y exacta la mecánica de los descuentos "Dap por amparos 70%", desde el diez de noviembre de dos mil diez, a través del oficio AM. 413/2010, en el cual obran los sellos de acuse de recibo por parte el citado Municipio actor, además, según se puede advertir del contenido del diverso oficio PMSM/119/2010, de dieciocho de noviembre de dos mil diez, suscrito por el presidente del propio Municipio actor, en el que señala su inconformidad con la mecánica de descuentos descrita en aquel oficio.
Que, por otra parte, los conceptos de invalidez resultan infundados, pues el artículo 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato establece que el Gobierno Estatal es responsable del pago por la prestación del servicio público de alumbrado de los Municipios, atento a los convenios que celebre con la Comisión Federal de Electricidad para el cobro del derecho por el indicado servicio, para ello celebró el veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y uno, un convenio en el que dicho organismo se convirtió en gestor del cobro del derecho.
Que de la responsabilidad establecida en el indicado precepto legal, los tribunales del Poder Judicial de la Federación al conceder a particulares por el cobro del referido derecho que corresponde al Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración para devolver las cantidades pagadas por dicho concepto y no a los Municipios.
Que este sistema de descuentos tiene su origen en la XI Reunión Estatal de Funcionarios Fiscales, en donde se propuso y fue aceptado por las autoridades de los distintos Municipios, un mecanismo más equitativo para tales descuentos con motivo de las devoluciones, tal como se desprende del oficio 1890, de dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve (fojas 427 a 429 del expediente principal).
Que este sistema de cumplimentación de sentencia observa las reglas establecidas en el invocado artículo 247, considerando al efecto que los Municipios, en cuyo territorio se ubiquen los quejosos que obtengan una sentencia favorable, deberán pagar el 30% del importe de la devolución y el restante 70% es subsidiado por aquellos en los que no radican particulares amparados, así este sistema tiene como objeto preservar el Estado de derecho a través del cabal cumplimiento de la Ley de Amparo.
SÉPTIMO. Opinión de la procuradora general de la República (fojas 478 a 519 del expediente principal). En el oficio presentado el diez de enero del año en curso ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, argumentó, en resumen, lo siguiente:
Que es extemporánea la presentación de la demanda porque el Municipio actor tuvo conocimiento del acto impugnado desde el veinticinco de enero de dos mil ocho, fecha del oficio DGC. No. 197/08, mediante el cual se informa al tesorero del Municipio actor el monto de participaciones del mes de enero de dicha anualidad, en el que se establece el descuento por concepto de "Dap por amparos 70%".
Que en cuanto al fondo del asunto, es fundado el concepto de invalidez, pues el acto impugnado transgrede la Constitución Federal, ya que los descuentos mensuales a las participaciones federales del Fondo de Fomento Municipal por concepto de "Dap por amparos 70%", no se encuentran autorizados en ninguna legislación.
OCTAVO. Cierre de instrucción (foja 529 del expediente principal). Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional y debidamente notificados los Municipios a quienes se les reconoció el carácter de terceros interesados en el juicio (fojas 135, 136, 149, 152, 154, 157, 159, 205, 212, 225, 238, 248, 264, 274, 286, 295, 322, 328, 335, 363 y 389 del expediente principal), sin que ninguno de ellos desahogara la vista ordenada en autos; el diecinueve de enero de dos mil doce se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se hizo relación de los autos, se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes y se tuvieron por presentados los alegatos correspondientes, asimismo, se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. Radicación en Sala. Previo dictamen del Ministro instructor, se radicó el asunto en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 7o., fracción I y 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y puntos tercero, fracción I (interpretado en sentido contrario) y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que se trata de una controversia constitucional suscitada entre el Municipio de Maravatío, con el Poder Ejecutivo, ambos pertenecientes al Estado de Guanajuato, en cuyos conceptos de invalidez no se cuestiona una norma general, asunto del cual puede conocer este órgano jurisdiccional en términos del siguiente criterio:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001). El séptimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre sus Salas de los asuntos que le compete conocer, para una mayor prontitud en su despacho y una mejor impartición de justicia. En esta tesitura, los considerandos del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, revelan como uno de sus objetivos esenciales que el Pleno destine sus esfuerzos a los asuntos de mayor importancia para el orden jurídico nacional; en ese orden de ideas, la fracción I de su punto tercero le reserva el conocimiento de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los recursos interpuestos en ellas, cuando sea necesaria su intervención, siendo este último un concepto jurídico indeterminado cuya valoración y aplicación queda al prudente arbitrio de las Salas, quienes ejercerán su facultad de tal forma que se adapte a las exigencias sociales. Por otra parte, en atención a que los Municipios son quienes promueven más controversias constitucionales, a fin de propiciar una resolución pronta de los asuntos en los que sean parte y cumplir con lo dispuesto en los artículos 17 y 94 de la Constitución Federal, el indicado acuerdo debe interpretarse en el sentido de que las Salas tienen competencia para resolver controversias constitucionales, aun respecto del fondo, siempre que se den las siguientes condiciones: a) Que no subsista un problema relativo a la constitucionalidad de una norma general, ya que la declaración de invalidez relativa requiere de un quórum calificado de cuando menos 8 votos, de conformidad con el artículo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y b) Que se trate de alguna de las controversias constitucionales previstas en los incisos b), f), g) e i) de la fracción I del referido artículo 105, es decir, de conflictos en los que intervenga un Municipio."(1)
SEGUNDO. Certeza de los actos impugnados. En cumplimiento al artículo 41, fracción I,(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, procede examinar la certeza de los actos cuya invalidez se reclama:
Son ciertos los actos reclamados consistentes en los descuentos por concepto de "Dap por amparos 70%", en las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor por Fondo de Fomento Municipal que se han efectuado de enero a diciembre de dos mil ocho, de febrero a diciembre de dos mil nueve, de enero a diciembre de dos mil diez y de enero a agosto de dos mil once, así como "las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones para llevar a cabo los citados descuentos", cuya existencia se acreditó con copias certificadas de cuarenta y tres oficios (fojas 25 a 112 del expediente principal) suscritos por el director general de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, cuyo formato es similar (únicamente se van modificando las cantidades), en el último de dichos oficios se establece:
Ver oficio DGCG. No. 4211/11
Asimismo, la actora exhibe en original los oficios AM. 363/2011 y DGCG. 3988/2011, suscritos por la asesora para Asuntos Municipales y el director general de Contabilidad Gubernamental, respectivamente, pertenecientes a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, los cuales señalan:
Ver oficios AM. 363/2011 y DGCG. 3988/2011
Finalmente, la actora demuestra la certeza de los descuentos impugnados con el original del oficio número 816.9.3. 076/2011, suscrito por el superintendente de zona de la Comisión Federal de Electricidad, que señala:
Ver oficio No. 816.9.3. 076/2011
Las anteriores documentales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 1o.(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, en relación a los descuentos de "Dap por amparos 70%" efectuados con posterioridad a la presentación de la demanda y los respectivos intereses, debe precisarse que éstos se hacen depender de la inconstitucionalidad de aquellos cuya certeza se ha establecido; de los cuales el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato reconoce que derivan de un mecanismo implementado para cumplir con las sentencias de amparo.(6)
TERCERO. Oportunidad de la demanda. Como ha quedado establecido, lo impugnado en este asunto son actos consistentes en descuentos que afectan las participaciones federales del Municipio actor, por tanto, para efectos de la oportunidad en su impugnación resulta aplicable lo previsto en el artículo 21, fracción I,(7) de la ley reglamentaria de la materia, así como el criterio sustentado por el Tribunal Pleno, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil siete, al fallar la diversa controversia constitucional 20/2005, cuya parte considerativa, en la parte que interesa, es del siguiente tenor:
"De lo anterior se advierte que el Municipio reclamante solicita a través de la presente controversia constitucional se condene al Gobierno del Estado de Guerrero a la regularización en el pago oportuno de las participaciones federales que le corresponden y además a que le sean resarcidos los daños y perjuicios que supuestamente le fueron ocasionados por las entregas retrasadas de los recursos correspondientes a los años dos mil, dos mil uno, dos mil dos, dos mil tres, dos mil cuatro e inclusive los recursos correspondientes a los meses de enero y febrero de dos mil cinco. Como se ha destacado, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, tratándose de actos concretos, la demanda debe ser presentada dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto o actos reclamados o su ejecución. Acorde con lo anterior, si en el caso lo que se reclaman son actos concretos, que tuvieron lugar en diferentes momentos, según se desprende de la columna número cuatro (fecha cheque) citada en el hecho 6 del escrito de demanda (foja 16 del expediente) y que se fueron actualizando mes con mes, es inconcuso que la presentación de la demanda debió realizarse dentro del término de treinta días a que se refiere el precepto antes citado, es decir, dentro de los treinta días en que se fue actualizando cada una de las entregas extemporáneas reclamadas en la presente instancia; es decir, las participaciones mensuales, relativas a cada uno de los años señalados por el Municipio actor. Ahora bien, si la presentación de la demanda que nos ocupa tuvo verificativo el día siete de marzo de dos mil cinco, según aparece del sello de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, es inconcuso que tal presentación resultó extemporánea en relación con la solicitud de pago de intereses relativo a la entrega de participaciones federales relativas a los años dos mil a dos mil cuatro, ya que fue presentada una vez que ya habían transcurrido con exceso los treinta días a que se refiere la fracción I del artículo 21 de la ley de la materia. Desde luego, la extemporaneidad mencionada no se actualiza respecto de las dos últimas mensualidades reclamadas, es decir, las correspondientes a los meses de enero y febrero de dos mil cinco, ya que respecto de tales meses, la presentación de la demanda resultó oportuna, puesto que el término de treinta días a que se alude debió empezar a contar a partir del día siguiente en que tuvo verificativo el pago relativo al mes de enero de dos mil cinco (23 de febrero de 2005, foja 111 del presente toca), o sea el día veinticuatro de febrero de dos mil cinco y concluía el doce de abril del mismo año, cuando la demanda fue presentada, como se ha visto, el siete de marzo de dos mil cinco."
Criterio que resulta atendible,(8) ya que tratándose de los descuentos identificados como "Dap por amparos 70%", se fueron efectuando mes con mes sobre los recursos federales por Fondo de Fomento Municipal que debía recibir el Municipio actor, lo que aduce le provocó una entrega incompleta y extemporánea de sus recursos.
Acorde con lo anterior, si la demanda de controversia constitucional que nos ocupa se presentó el nueve de septiembre de dos mil once, según el sello de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (foja 24 vuelta del expediente principal), los treinta días hábiles anteriores a esa fecha comenzaron el primero de agosto de dos mil once, debiéndose excluir de dicho plazo los días sábados y domingos: seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto, y tres y cuatro de septiembre de la citada anualidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 3o. y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo Plenario 2/2006.
Ahora, la parte actora señala que tuvo conocimiento "directo, exacto y completo de los actos cuya invalidez se demanda", hasta el dieciocho de agosto de dos mil once, fecha en que le fueron notificados los oficios AM. 363/2011 y DGCG. 3988/2011, transcritos en el considerando anterior; sin embargo, ésta no puede considerarse como la fecha en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien aquella en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
Esto es así, porque a través de dichos oficios y a petición del propio Municipio, se le informan, en resumen, las cantidades de los descuentos que por concepto de derechos de alumbrado público y de amparos le fueron aplicados durante el periodo comprendido de dos mil ocho, hasta julio de dos mil once; lo cual no impide considerar que la afectación se da al momento en que los descuentos se ven reflejados en los informes mensuales de entrega de sus participaciones federales, a través de los cuales tuvo conocimiento cierto de las cantidades correspondientes a los descuentos impugnados por "Dap por amparos 70%", tal como se corrobora con los recibos precisados -incluso transcrito uno de ellos- en el considerando segundo de esta ejecutoria.
En términos similares se pronunció el Tribunal Pleno el ocho de junio de dos mil cuatro, al resolver la controversia constitucional 5/2004, en cuanto a la calificación de la oportunidad de la demanda (considerando tercero).
Aunado a lo expuesto, si bien es cierto que en el o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23629-63766b31/hacienda-municipal-el-descuento-identificado-como-dap-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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