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Modo: Corpus Pro

HACIENDA MUNICIPAL. LOS DESCUENTOS A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, IDENTIFICADOS COMO "DAP POR AMPAROS 70%", CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2012, EN EL RUBRO DE "FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL", QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO APLICÓ AL MUNICIPIO DE YURIRIA, SIN EXISTIR AUTORIZACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL NI REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN ANTE EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS, AUNADO A QUE ÉSTE NO MANIFESTÓ SU CONSENTIMIENTO, VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS MUNICIPALES Y DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 51/2012. · Registro digital (IUS): 24631
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE YURIRIA, ESTADO DE GUANAJUATO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Pág. 2301.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 51/2012. MUNICIPIO DE YURIRIA, ESTADO DE GUANAJUATO. 22 DE MAYO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de mayo de dos mil trece.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido el tres de julio de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Agustín Almanza Andrade, ostentándose con el carácter de síndico del Municipio de Yuriria, Estado de Guanajuato, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, del secretario de Finanzas y Administración, del director general de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y del director de Cuenta Pública de la propia secretaría, todos del Gobierno del Estado de Guanajuato, demandando la invalidez de los siguientes actos:

"1. Del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que haya emitido para que sus subalternos secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, director general de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y director de Cuenta Pública, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, como órganos derivados e inferiores jerárquicos del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, procedan a descontar de manera indebida de las participaciones que le corresponden al Municipio que represento del Fondo de Fomento Municipal, por el concepto de ‘DAP por amparos 70%’. Concretamente, se reclama la invalidez de los dos últimos descuentos que se realizaron a mi representado por el referido concepto de ‘DAP por amparos 70%’, los cuales se contienen en los oficios números DGCG. No. 2471/12, expediente 35/12, y DGCG. No. 3446/12, expediente 35/12, de fechas veinticinco de mayo de dos mil doce y veinticinco de junio de dos mil doce, correspondientes a las participaciones de los meses de mayo y junio del mismo año, respectivamente, suscritos por el director general de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, mismos que exhibo a la presente controversia constitucional como anexos dos y tres. 2. Asimismo, se reclama la invalidez de las ulteriores órdenes para llevar a cabo los descuentos indebidos de las participaciones que le corresponden al Municipio que represento mensualmente por el concepto de ‘DAP por amparos 70%’, que emita o gire la autoridad demandada a las autoridades subalternas que han quedado señaladas con anterioridad, a partir del mes de junio de dos mil doce (sic) y los meses subsecuentes al anterior y hasta que se resuelva la presente controversia constitucional. ..."

El Municipio actor señaló como terceros interesados a los siguientes Municipios del Estado de Guanajuato:

Ver Municipios

SEGUNDO. Como antecedentes de los actos, cuya invalidez se demanda, el Municipio actor narró los siguientes:

"Primero. El Municipio de Yuriria, Gto. es una institución de orden público, base de la división territorial de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, gobernado y administrado por el Ayuntamiento, cuyos miembros se eligen por sufragio universal, libre, secreto y directo, y cuya representación legal está a cargo del síndico. Segundo. De conformidad con el artículo 125 constitucional al Municipio de Yuriria, Gto., le corresponde la prestación del servicio de alumbrado público y la percepción de los ingresos por concepto de derechos de alumbrado público, teniendo la facultad de celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien, se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. Tercero. Para la prestación del servicio de alumbrado público, mi representado celebró los contratos de prestación de servicio de suministro de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, la que ha venido prestando dicho servicio, y mensualmente factura el costo del citado servicio, a través de la expedición de los avisos-recibos que en esa periodicidad mensual entrega a mi representado. Cabe agregar que esa información, relativa a la facturación que mensualmente genera el servicio de energía eléctrica por el alumbrado público, es también proporcionada por el organismo federal descentralizado antes citado a la Secretaría de Fianzas (sic) y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, a la que también se le informa el importe de la recaudación mensual derivada del cobro del derecho de alumbrado público que se hace a través de los avisos-recibos que para el pago del servicio de energía eléctrica expide la Comisión Federal de Electricidad a las personas físicas y morales residentes en el territorio del Municipio de Yuriria, Gto. esto es, el cobro del señalado derecho por alumbrado público se realiza a través de la Comisión Federal de Electricidad, la que incluye en los avisos-recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica el cobro del derecho respectivo, conforme a un convenio que celebró el Gobierno del Estado de Guanajuato con el citado organismo público descentralizado. Cuarto. De acuerdo con lo que dispone el artículo 245 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, el objeto de la contribución denominada servicio público de alumbrado es la prestación del servicio de alumbrado público en las calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común, y su recaudación se destinará al pago del mismo servicio y, en su caso, al mejoramiento de este servicio en colaboración con los contribuyentes beneficiados. Quinto. Conforme a lo que establece el artículo 246 de la ley antes citada, el pago de esta contribución se hará con base en las tarifas generales números 1, 2, 3, O-M, H-M, H-S y H-T, aprobadas y publicadas en los términos de la Ley Federal de Servicio Público de Energía Eléctrica y se liquidará en relación con las mismas, conforme a las tasas que señale anualmente la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Guanajuato. Sexto. Acorde con lo que dispone el artículo 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, el Gobierno del Estado es el responsable del pago por la prestación del servicio público de alumbrado de los Municipios, de conformidad con los convenios que celebre con la Comisión Federal de Electricidad, para el cobro de esta contribución. El mismo precepto legal establece cuatro reglas para el caso en que la recaudación mensual resulte insuficiente para cubrir el costo del consumo de energía eléctrica y consisten en las siguientes: 1. La diferencia se cargará proporcionalmente a cada Municipio en relación a su factor de participaciones; 2. En los Municipios en que la recaudación obtenida sea mayor del monto del consumo de energía por alumbrado público, se le reintegrará el 30% de la cantidad excedente; 3. El 70% restante de la cantidad excedente a que se refiere la regla anterior se aplicará a la diferencia que exista entre la recaudación total de esta contribución y el monto del consumo de energía para alumbrado público; y, 4. En caso de que subsista diferencia, ésta se aplicará en los términos de la primera regla a los Municipios que no estén en el supuesto de la regla segunda. De lo anterior deriva que lo establecido y autorizado por el legislador en el citado artículo 247 de la preinvocada ley hacendaria es que la diferencia entre la recaudación y el consumo de energía eléctrica, se cargue proporcionalmente a cada Municipio en relación a su factor de participaciones, y que a los Municipios que tengan una recaudación superior al consumo de energía se les reintegre un 30% del excedente, y que se les retenga el 70% de dicho excedente para pagarse la diferencia entre la recaudación total y el consumo de energía eléctrica, pero que si, a pesar de ello, aún subsiste diferencia, ésta se aplicará proporcionalmente en relación al factor de participaciones, a los Municipios que obtengan una recaudación mayor al consumo de energía. Por consiguiente, el único cargo que se autoriza realizar a las participaciones de los Municipios que no están en el supuesto de obtener mayor recaudación al importe del consumo de energía, es aquel que deriva de la diferencia de la recaudación mensual y del propio consumo de energía, lo cual se hará en proporción al factor de sus participaciones. Séptimo. El Municipio de Yuriria, Gto., nunca ha obtenido una recaudación superior al importe de la factura mensual que por consumo de energía eléctrica por la prestación del servicio de alumbrado público expide la Comisión Federal de Electricidad y, por ello, se dice que es un Municipio ‘deficitario’, como así se advierte de las gráficas o tablas que obran en los documentos anexos al oficio No. A.M. 355/2012, de fecha diecinueve de abril de dos mil doce, suscrito por la asesora para asuntos municipales del secretario de Finanzas y Administración, C.P. María del Rocío Malagón Castro que acompaño como anexo cinco. Octavo. Es el caso que el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, comunica mensualmente a mi representado el monto de participaciones que le corresponden por los siguientes fondos: Fondo general y Fondo de Fomento Municipal. Es de resaltarse que en el segundo de esos rubros, invariablemente, el Gobierno del Estado disminuye del importe de la participación cantidades diversas por los siguientes conceptos: 1. Derecho de alumbrado público y 2. ‘DAP por amparos 70%’. En cuanto al primero de los descuentos antes referidos, mi representado ha entendido que está autorizado en términos de lo que dispone la fracción I del artículo 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, y que la diferencia que existe entre la recaudación mensual por concepto del derecho de alumbrado público a nivel estatal y el consumo de energía por la prestación de ese servicio también a nivel estatal, se carga a mi representado en forma proporcional a su factor de participaciones; sin embargo, en lo que concierne al segundo concepto de descuento, según consta en el oficio No. A.M. 355/2012, de fecha diecinueve de junio de dos mil doce, suscrito por la asesora para Asuntos Municipales del secretario de Finanzas y Administración, C.P. María del Rocío Malagón Castro, al que se adjuntaron los tres anexos que contienen las respectivas tablas informativas a las que se hizo referencia con antelación, se advierte que ese concepto de descuento del rubro ‘DAP por amparos 70%’, se refería a un subsidio otorgado a favor de otros Municipios que tienen en su ámbito espacial y territorial empresas y particulares amparados contra el cobro del derecho de alumbrado público, para subsidiar el 70% de devoluciones del DAP por amparos concedidos a empresas y particulares de otros Municipios y no del que represento, con cargo a las participaciones de mi representado que, se repite, en el año dos mil once y en el presente año no tiene en su ámbito espacial territorial empresas o particulares protegidos contra el cobro del citado derecho, lo cual se considera inconstitucional y afectatorio de la esfera jurídica del Municipio que represento en materia hacendaria, por cuanto que se afectan sus prerrogativas y atribuciones en dicha materia, conforme a los conceptos de invalidez que enseguida se expresarán, pero previamente a ello, es conveniente manifestar ante esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por lo que respecta al año de dos mil nueve, las cantidades a devolver por amparos concedidos a personas residentes en el Municipio que represento ascendió a la cantidad de $42,585.04 (cuarenta y dos mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/04 M.N.); que en el año de dos mil diez, las cantidades a devolver por amparos concedidos a personas residentes en el Municipio que represento ascendió a la cantidad de $11,781.23 (once mil setecientos ochenta y un pesos 00/23 M.N.), y que en el año de dos mil once, así como en el periodo transcurrido en la presente anualidad, no existen amparos contra el cobro por el derecho de alumbrado público, por lo que no existe cantidad alguna que mi representado tenga que devolver por los amparos concedidos a personas residentes en el Municipio que represento, por tanto, los descuentos que se le hicieron por el concepto de subsidio ‘DAP amparos 70%’, correspondientes a las participaciones de los meses de mayo y junio, cuya invalidez se reclama, son notoriamente indebidos e inconstitucionales. A mayor abundamiento, debe precisarse que como parte del informe mensual que recibe mi representado mediante el oficio número DGCG. 2741/12, le fue descontado al Municipio que represento el monto total de $68,799.99 (sesenta y ocho mil setecientos setenta y nueve pesos 00/99 M.N.) por concepto de ‘DAP amparos 70%’, y que mediante el oficio número DGCG. No. 3446/12, le fueron descontadas al Municipio que represento las cantidades de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) del Fondo de Fomento Municipal, y del Fondo General Complemento, la cantidad de $1'397,485.40 (un millón trescientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos 00/40 M.N.) por concepto ‘DAP amparos 70%’, cuando de la documental que acompaño como anexo cinco se desprende que no existen amparos concedidos a personas residentes en el Municipio que represento durante la presente anualidad."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios para el fortalecimiento de su autonomía:

a) El principio de libre hacienda municipal, que tiene como finalidad fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos.

El citado principio rige únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, ya que las primeras tienen un componente resarcitorio, puesto que su fin es compensar la pérdida que resienten los Estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y municipal, operando con mayor intensidad en los Estados y Municipios económicamente más débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.

b) El principio de ejercicio directo del Ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda municipal, el cual implica que todos ellos, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los Ayuntamientos o por quien ellos autoricen conforme a la ley.

Aun en el caso de las aportaciones federales, esta garantía tiene aplicación, ya que si bien esos recursos están preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los Municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión.

c) El principio de integridad de los recursos municipales, consistente en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente se genera el pago de los intereses correspondientes.

d) El derecho de los Municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

e) El principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los Municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas.

f) La facultad constitucional de los Ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; propuesta que tiene un alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria de las Legislaturas Estatales.

g) La facultad de las Legislaturas Estatales para aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios.

Con los descuentos que se hacen mensualmente a las participaciones del Municipio actor, en el rubro de Fondo de Fomento Municipal, por concepto de "DAP por amparos 70%", se transgrede el principio de integridad de los recursos municipales, ya que se descuentan diversas cantidades en forma mensual a las participaciones del Municipio actor que no están autorizadas en alguna ley, lo que redunda en un perjuicio económico financiero que impacta en su autonomía y concretamente en el ámbito de la libertad de administración hacendaria, de la que también goza por disposición constitucional, dado que se afecta su autosuficiencia económica y la libre disposición de los recursos económicos que le corresponden para la satisfacción de sus propias necesidades, pues es claro que, al destinarse parte de sus participaciones a intereses ajenos, como resulta ser el pago o devolución del derecho de alumbrado público, a personas que obtuvieron la protección de la Justicia Federal en contra del pago de ese derecho, residentes en el Municipio que no corresponde al actor, se le priva del derecho de ejercer sus recursos en los rubros prioritarios y propios que atienden a las necesidades reales de dicho Municipio.

Con los descuentos reseñados se priva al Municipio actor del derecho a ejercer directamente la integridad de sus participaciones para destinarlas a sus necesidades reales, con lo cual se afecta el principio de autonomía de administración financiera del que están investidas dichas participaciones a nivel constitucional, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

Es cierto que conforme al artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal,(2) las Legislaturas de los Estados están facultadas para establecer las bases, los montos y los plazos para cubrir las participaciones federales que le corresponden a los Municipios, empero, el párrafo subsecuente al inciso c) de la disposición constitucional citada, prohíbe a las Legislaturas Locales establecer exenciones o subsidios respecto de las participaciones, a favor de personas o institución alguna.

En ese sentido, si las Legislaturas de los Estados tienen prohibido establecer subsidios sobre las participaciones de los Municipios, con mayor razón existe esa prohibición para las autoridades dependientes del Gobierno del Estado, como en este caso resultan ser la autoridad demandada (Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato), a través de sus subalternos secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, director general de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y director de Cuenta Pública, quienes en forma totalmente inconstitucional han aplicado al Municipio actor los descuentos impugnados de las participaciones que le corresponden, a pesar de no tener personas o empresas amparadas contra el cobro del derecho de alumbrado público en el presente año, y a pesar también de que en los años correspondientes a dos mil nueve y dos mil diez, las cantidades que se tuvieron que reintegrar a las personas físicas y morales residentes en el Municipio que obtuvieron el amparo contra el cobro del derecho de alumbrado público, son notoriamente inferiores a las cantidades que se le descontaron en dichos ejercicios anuales.

Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato imponen de manera unilateral e inconstitucional un subsidio expresamente prohibido por el artículo 115 constitucional, lo que amerita que se declaren inválidos dichos descuentos; aunado a que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. A, fracción III, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, debe ser entregado íntegramente al Municipio, de acuerdo con lo que establezca la Legislatura Local, garantizando que no sea menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia de derechos; máxime que el artículo 3o., fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato garantiza para los Municipios de dicha entidad federativa que deben recibir el 100% del Fondo de Fomento Municipal.

Debe declararse la invalidez de los actos materia de esta controversia constitucional, para que en la sentencia que se dicte se ordene a las autoridades demandadas que se abstengan en lo sucesivo de efectuar descuentos a las participaciones del Municipio actor por el concepto especificado y se le condene a la restitución y entrega de las cantidades descontadas, con importes de $68,799.99 (sesenta y ocho mil setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) y $1'397,485.40 (un millón trescientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 40/100 M.N.), así como las ulteriores que se lleguen a descontar por ese concepto con posterioridad a la presentación de la demanda y que se demostrará a través de la prueba documental superveniente, más el pago de los intereses generados por las cantidades descontadas, aplicando la tasa de recargos establecida para el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.

Son aplicables las consideraciones que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 98/2011, promovida por el Municipio de Santiago Maravatío, Estado de Guanajuato, resuelta en sesión de siete de marzo de dos mil doce, bajo la ponencia del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

CUARTO. El Municipio actor señaló como preceptos violados los artículos 14, 16 y 115, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo de tres de julio de dos mil doce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 51/2012, y ordenó turnar el expediente al Ministro que correspondiera, de conformidad con la certificación del turno respectivo, siendo designado como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.

Mediante proveído de cinco de julio de dos mil doce, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, y tuvo únicamente como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al que ordenó emplazar para que diera contestación a la demanda.

En el mismo proveído ordenó emplazar como terceros perjudicados a los restantes Municipios del Estado de Guanajuato y dar vista a la entonces procuradora general de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, por conducto del gobernador de esa entidad, al dar contestación a la demanda, señaló, esencialmente, lo siguiente:

Las manifestaciones vertidas por el Municipio actor son infundadas. El artículo 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato establece que el Gobierno del Estado es responsable del pago por la prestación del servicio público de alumbrado de los Municipios, atento a los convenios que celebre con la Comisión Federal de Electricidad para el cobro de la contribución especial por servicio de alumbrado público.

El veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y uno, el Gobierno del Estado celebró convenio con la Comisión Federal de Electricidad y, en razón de ello, se convirtió en gestor del cobro de la contribución respectiva, llevando a cabo la recaudación mediante cobranza realizada a los usuarios del servicio de energía eléctrica, al incluir en los recibos el importe a pagar por la contribución de mérito.

Derivado de la responsabilidad legal que establece el artículo 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, los Tribunales del Poder Judicial de la Federación han establecido en sus sentencias que, al corresponder al Estado la recaudación y administración de los ingresos por concepto de la contribución en comento, éste, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, es la autoridad responsable para devolver las cantidades pagadas por concepto de la mencionada contribución y no los Municipios, dado que a sus arcas no ingresan directamente los pagos por la contribución referida, no obstante que se trata de una de carácter municipal, como se desprende de la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, de rubro: "ALUMBRADO PÚBLICO. LAS TESORERÍAS MUNICIPALES NO SON AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE REGULAN ESA CONTRIBUCIÓN, CUANDO SE EFECTÚA SU PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)."

Luego, considerando que la contribución por alumbrado público tiene el carácter de municipal -y no estatal-, y que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación exigen el cumplimiento de sus resoluciones a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, así como en atención a lo dispuesto por los artículos 105 de la Ley de Amparo y 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, se erige el sistema de cumplimiento de sentencias de amparo como garante de la observancia de la ley y, por ende, de la preservación del Estado de derecho en esta entidad federativa.

El sistema para cumplimentar las sentencias emitidas por los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato que ordenan la devolución de contribuciones pagadas por concepto de servicio público de alumbrado, tiene por objeto acatar lo resuelto en las mencionadas sentencias, evitando causar algún tipo de afectación a los particulares (quejosos) que, en términos de esos fallos, tienen el derecho a recibir la devolución inmediata de las cantidades que hubieran pagado por dicha contribución, en cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Amparo.

El citado sistema tiene su origen en la XI Reunión Estatal de Funcionarios Fiscales, en donde se propuso y fue aceptado por las autoridades de los distintos Municipios, con la finalidad de establecer un mecanismo equitativo en los descuentos que se realizan a éstos con motivo de las devoluciones de la contribución en comento, realizadas por la ahora Secretaría de Finanzas y Administración, en cumplimiento a las sentencias de amparo, como se desprende del oficio 1980, de dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve, suscrito por el entonces secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato, que se ofrece como prueba en la presente controversia constitucional.

Es importante mencionar que el sistema de cumplimentación de sentencias observa la mecánica establecida en el artículo 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, para el pago de la prestación del servicio público de alumbrado a la Comisión Federal de Electricidad, considerando que los Municipios, en cuyo territorio se ubiquen los quejosos que obtengan una sentencia de devolución de la contribución en cuestión, deberán pagar el 30% del importe de tal devolución y el restante 70% es subsidiado por los Municipios que no tuvieron amparos.

Por tanto, el sistema de cumplimentación de sentencias, al tener como objeto preservar el Estado de derecho a través del cabal cumplimiento de las normas que rigen la Ley de Amparo, apoyando a los diversos Municipios en la restitución a los quejosos del pago de lo indebido de la contribución municipal en estudio, es legal y, por ende, es procedente que se reconozca la validez de los actos impugnados en esta instancia constitucional.

SÉPTIMO. Al formular su opinión, el procurador general de la República apuntó lo siguiente:

a) En relación con los aspectos procesales:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24631-1523f111/hacienda-municipal-los-descuentos-a-las-participaciones-federales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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