HACIENDA MUNICIPAL. EL DESCUENTO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES IDENTIFICADO COMO "DAP POR AMPAROS 70%", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, EN EL RUBRO DE "FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL", QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO APLICÓ AL MUNICIPIO DE ABASOLO SIN EXISTIR AUTORIZACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL NI REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN ANTE EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS, AUNADO A QUE ÉSTE NO MANIFESTÓ SU CONSENTIMIENTO, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS MUNICIPALES Y DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 43/2012. MUNICIPIO DE ABASOLO, ESTADO DE GUANAJUATO. 22 DE MAYO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de mayo de dos mil trece.
VISTOS; Y,
RESULTANDO
PRIMERO. Por escrito recibido el siete de junio de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Noé Ceballos Hernández, ostentándose con el carácter de síndico del Municipio de Abasolo, Estado de Guanajuato, promovió controversia constitucional en contra del gobernador del Estado de Guanajuato, del secretario de Finanzas y Administración, del director general de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y del director de Cuenta Pública de la propia secretaría, todos del Gobierno del Estado de Guanajuato, demandando la invalidez de los siguientes actos:
"1. Del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que haya emitido para que sus subalternos, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, director general de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y director de Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, cómo órganos derivados e inferiores jerárquicos del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, procedan a descontar de manera indebida de las participaciones que le corresponden al Municipio que represento del Fondo de Fomento Municipal, por el concepto de ‘Dap por amparos 70%’. Concretamente, se reclama la invalidez de los descuentos que se contienen en los oficios suscritos por el director general de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, cuyos datos de identificación se precisarán a continuación: (se transcribe). 2. Asimismo, se reclama la invalidez de las ulteriores órdenes para llevar a cabo los descuentos indebidos de las participaciones que le corresponden al Municipio que represento, mensualmente por el concepto de ‘Dap por amparos 70%’, que emita o gire la autoridad demandada a las autoridades subalternas que han quedado señaladas con anterioridad, a partir del mes de junio de dos mil doce y los meses subsecuentes al anterior y hasta que se resuelva la presente controversia constitucional ..."
El Municipio actor señaló como terceros interesados a los siguientes Municipios del Estado de Guanajuato:
Ver Municipios
SEGUNDO. Como antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda, el Municipio actor narró los siguientes:
"Primero. El Municipio de Abasolo, Gto., es una institución de orden público, base de la división territorial de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, gobernado y administrado por el Ayuntamiento, cuyos miembros se eligen por sufragio universal, libre, secreto y directo, y cuya representación legal está a cargo del síndico. Segundo. De conformidad con el artículo 125 constitucional, al Municipio de Abasolo, Gto., le corresponde la prestación del servicio de alumbrado público y la percepción de los ingresos por concepto de derechos de alumbrado público, teniendo la facultad de celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. Tercero. Para la prestación del servicio de alumbrado público, mi representado celebró los contratos de prestación de servicio de suministro de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, la que ha venido prestando dicho servicio, y mensualmente factura el costo del citado servicio, a través de la expedición de los avisos-recibos que en esa periodicidad mensual entrega a mi representado. Cabe agregar, que esa información relativa a la facturación que mensualmente genera el servicio de energía eléctrica por el alumbrado público, es también proporcionada por el organismo federal descentralizado antes citado, a la Secretaría de Fianzas (sic) y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, a la que también se le informa el importe de la recaudación mensual derivada del cobro del derecho de alumbrado público que se hace a través de los avisos-recibos que para el pago del servicio de energía eléctrica expide la Comisión Federal de Electricidad a las personas físicas y morales residentes en el territorio del Municipio de Abasolo, Gto., esto es, el cobro del señalado derecho por alumbrado público se realiza a través de la Comisión Federal de Electricidad, la que incluye en los avisos-recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica el cobro del derecho respectivo, conforme a un convenio que celebró el Gobierno del Estado de Guanajuato con el citado organismo público descentralizado. Cuarto. De acuerdo con lo que dispone el artículo 245 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, el objeto de la contribución denominada servicio público de alumbrado, es la prestación del servicio de alumbrado público en las calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común, y su recaudación se destinará al pago del mismo servicio y, en su caso, al mejoramiento de este servicio, en colaboración con los contribuyentes beneficiados. Quinto. Conforme a lo que establece el artículo 246 de la ley antes citada, el pago de esta contribución se hará con base en las tarifas generales números 1, 2, 3, O-M, H-M, H-S y H-T, aprobadas y publicadas en los términos de la Ley Federal de Servicio Público de Energía Eléctrica, y se liquidará en relación con las mismas, conforme a las tasas que señale anualmente la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Guanajuato. Sexto. Acorde con lo que dispone el artículo 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, el Gobierno del Estado es el responsable del pago por la prestación del servicio público de alumbrado de los Municipios, de conformidad con los convenios que celebre con la Comisión Federal de Electricidad, para el cobro de esta contribución. El mismo precepto legal establece cuatro reglas para el caso en que la recaudación mensual resulte insuficiente para cubrir el costo del consumo de energía eléctrica, y consisten en las siguientes: 1. La diferencia se cargará proporcionalmente a cada Municipio en relación a su factor de participaciones; 2. En los Municipios en que la recaudación obtenida sea mayor del monto del consumo de energía por alumbrado público, se le reintegrará el 30% de la cantidad excedente; 3. El 70% restante de la cantidad excedente a que se refiere la regla anterior, se aplicará a la diferencia que exista entre la recaudación total de esta contribución y el monto del consumo de energía para alumbrado público; y, 4. En caso de que subsista diferencia, ésta se aplicará en los términos de la primera regla a los Municipios que no estén en el supuesto de la regla segunda. De lo anterior deriva que lo establecido y autorizado por el legislador en el citado artículo 247 de la preinvocada ley hacendaria, es que la diferencia entre la recaudación y el consumo de energía eléctrica se cargue proporcionalmente a cada Municipio en relación a su factor de participaciones, y que a los Municipios que tengan una recaudación superior al consumo de energía, se les reintegre un 30% del excedente, y que se les retenga el 70% de dicho excedente para pagarse la diferencia entre la recaudación total y el consumo de energía eléctrica, pero que si a pesar de ello aún subsiste diferencia, ésta se aplicará proporcionalmente en relación al factor de participaciones, a los Municipios que obtengan una recaudación mayor al consumo de energía. Por consiguiente, el único cargo que se autoriza realizar a las participaciones de los Municipios que no están en el supuesto de obtener mayor recaudación al importe del consumo de energía, es aquel que deriva de la diferencia de la recaudación mensual y del propio consumo de energía, lo cual se hará en proporción al factor de sus participaciones. Séptimo. El Municipio de Abasolo, Gto., nunca ha obtenido una recaudación superior al importe de la factura mensual que por consumo de energía eléctrica por la prestación del servicio de alumbrado público expide la Comisión Federal de Electricidad y, por ello, se dice que es un Municipio ‘deficitario’, como así se advierte de las gráficas o tablas que obran en los documentos anexos al oficio No. AM. 173/2012, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce, suscrito por la asesora para asuntos municipales del secretario de Finanzas y Administración, C.P. María del Rocío Malagón Castro, que acompaño como anexo cuarenta y uno. Octavo. Es el caso que el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, comunica mensualmente a mí representado el monto de participaciones que le corresponden por los siguientes fondos: Fondo General y Fondo de Fomento Municipal. Es de resaltarse que en el segundo de esos rubros invariablemente el Gobierno del Estado disminuye del importe de la participación cantidades diversas por los siguientes conceptos: 1. Derecho de alumbrado público; y, 2. ‘Dap por amparos 70%’. En cuanto al primero de los descuentos antes referidos, mi representado ha entendido que está autorizado en términos de lo que dispone la fracción I del artículo 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, y que la diferencia que existe entre la recaudación mensual por concepto del derecho de alumbrado público a nivel estatal y el consumo de energía por la prestación de ese servicio también a nivel estatal, se carga a mi representado en forma proporcional a su factor de participaciones; sin embargo, en lo que concierne al segundo concepto de descuento, se tuvo conocimiento el pasado día veinticinco de abril del año en curso, a través del oficio No. AM. 173/2012, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce, suscrito por la asesora para asuntos municipales del secretario de Finanzas y Administración, C.P. María del Rocío Malagón Castro, al que adjuntó los dos anexos que contienen las respectivas tablas informativas a las que se hizo referencia con antelación, que ese concepto de descuento del rubro ‘Dap por amparos 70%’, se refería a un subsidio otorgado a favor de otros Municipios, que tienen en su ámbito espacial y territorial empresas y particulares amparados contra el cobro del derecho de alumbrado público, para subsidiar el 70% de devoluciones del Dap por amparos concedidos a empresas y particulares de otros Municipios, y no del que represento, con cargo a las participaciones de mi representado que, se repite, en el presente año no tiene en su ámbito espacial territorial empresas o particulares protegidos contra el cobro del citado derecho, lo cual se considera inconstitucional y afectatorio de la esfera jurídica del Municipio que represento en materia hacendaria, por cuanto que se afectan sus prerrogativas y atribuciones en dicha materia, conforme a los conceptos de invalidez que enseguida se expresarán pero, previamente a ello, es conveniente manifestar ante esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por lo que respecta al año de dos mil nueve, las cantidades a devolver por amparos concedidos a personas residentes en el Municipio que represento ascendió a la cantidad de $68,414.60 (sesenta y ocho mil cuatrocientos catorce pesos 00/60 M.N.); que en el año de dos mil diez, las cantidades a devolver por amparos concedidos a personas residentes en el Municipio que represento, ascendió a la cantidad de $17,198.63 (diecisiete mil ciento noventa y ocho pesos 00/63 M.N.), y que en el año de dos mil once, las cantidades a devolver por amparos concedidos a personas residentes en el Municipio que represento, ascendió a la cantidad de $101,751.07 (ciento un mil setecientos cincuenta y un pesos 00/07 M.N.), por lo que los descuentos que se le hicieron por el concepto de subsidio ‘Dap amparos 70%’, exceden notoriamente las cantidades descontadas anualmente, que en total suman $187,364.30 (ciento ochenta y siete mil trescientos sesenta y cuatro 00/30 M.N.), como se demostrará con la tabla de descuentos que se incluye en el concepto de invalidez único de la presente demanda de controversia."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios para el fortalecimiento de su autonomía:
a) El principio de libre hacienda municipal, que tiene como finalidad fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos.
El citado principio rige únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, ya que las primeras tienen un componente resarcitorio, puesto que su fin es compensar la pérdida que resienten los Estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y municipal, operando con mayor intensidad en los Estados y Municipios económicamente más débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.
b) El principio de ejercicio directo del Ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda municipal, el cual implica que todos ellos, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los Ayuntamientos o por quien ellos autoricen conforme a la ley.
Aun en el caso de las aportaciones federales, esta garantía tiene aplicación, ya que si bien esos recursos están preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los Municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión.
c) El principio de integridad de los recursos municipales, consistente en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes.
d) El derecho de los Municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
e) El principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los Municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas.
f) La facultad constitucional de los Ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; propuesta que tiene un alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalentes a la facultad decisoria de las Legislaturas Estatales.
g) La facultad de las Legislaturas Estatales para aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios.
Con los descuentos que se hacen mensualmente a las participaciones del Municipio actor, en el rubro de Fondo de Fomento Municipal, por concepto de "Dap por amparos 70%", se transgrede el principio de integridad de los recursos municipales, ya que se descuentan diversas cantidades en forma mensual a las participaciones del Municipio actor que no están autorizadas en alguna ley, lo que redunda en un perjuicio económico financiero que impacta en su autonomía y concretamente en el ámbito de la libertad de administración hacendaria de la que también goza por disposición constitucional, dado que se afecta su autosuficiencia económica y la libre disposición de los recursos económicos que le corresponden para la satisfacción de sus propias necesidades, pues es claro que al destinarse parte de sus participaciones a intereses ajenos, como resulta ser el pago o devolución del derecho de alumbrado público, a personas que obtuvieron la protección de la Justicia Federal en contra del pago de ese derecho, residentes en el Municipio que no corresponde al actor, se le priva del derecho de ejercer sus recursos en los rubros prioritarios y propios que atienden a las necesidades reales de dicho Municipio.
Con los descuentos reseñados, se priva al Municipio actor del derecho a ejercer directamente la integridad de sus participaciones para destinarlas a sus necesidades reales, con lo cual se afecta el principio de autonomía de administración financiera del que están investidas dichas participaciones a nivel constitucional, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
Es cierto que, conforme al artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal,(2) las Legislaturas de los Estados están facultadas para establecer las bases, los montos y los plazos para cubrir las participaciones federales que le corresponden a los Municipios; empero, el párrafo subsecuente al inciso c) de la disposición constitucional citada prohíbe a las Legislaturas Locales establecer exenciones o subsidios respecto de las participaciones, a favor de personas o institución alguna.
En ese sentido, si las Legislaturas de los Estados tienen prohibido establecer subsidios sobre las participaciones de los Municipios, con mayor razón existe esa prohibición para las autoridades dependientes del Gobierno del Estado, como en este caso resultan ser la autoridad demandada (Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato) a través de sus subalternos, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, director general de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y director de Cuenta Pública, quienes en forma totalmente inconstitucional han aplicado al Municipio actor los descuentos impugnados de las participaciones que le corresponden, a pesar de no tener personas o empresas amparadas contra el cobro del derecho de alumbrado público en el año de dos mil doce y de que en los años correspondientes a dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once, las cantidades que se tuvieron que reintegrar a las personas físicas y morales residentes en el Municipio que obtuvieron el amparo contra el cobro del derecho de alumbrado público, son notoriamente inferiores a las cantidades que se le descontaron en dichos ejercicios anuales.
Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato imponen de manera unilateral e inconstitucional un subsidio expresamente prohibido por el artículo 115 constitucional, lo que amerita que se declaren inválidos dichos descuentos; aunado a que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. A, fracción III, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, debe ser entregado íntegramente al Municipio, de acuerdo con lo que establezca la Legislatura Local, garantizando que no sea menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia de derechos; máxime que el artículo 3o., fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato garantiza para los Municipios de dicha entidad federativa que deben recibir el 100% del Fondo de Fomento Municipal.
La retención a las participaciones del Municipio actor ha causado grave y seria afectación a la hacienda municipal por los descuentos que se han efectuado desde el mes de febrero de dos mil nueve hasta el mes de abril de dos mil doce.
Debe declararse la invalidez de los actos materia de esta controversia constitucional, para que en la sentencia que se dicte, se ordene a las autoridades demandadas que se abstengan, en lo sucesivo, de efectuar descuentos a las participaciones del Municipio actor por el concepto especificado y se le condene a la restitución y entrega de las cantidades descontadas y que se precisan en la tabla contenida en la demanda, por un importe de $4'897,060.38 (cuatro millones ochocientos noventa y siete mil sesenta pesos 38/100 moneda nacional), más los intereses generados por las cantidades descontadas, aplicando la tasa de recargos establecida para el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.
Son aplicables las consideraciones que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 98/2011, promovida por el Municipio de Santiago Maravatío, Estado de Guanajuato, resuelta en sesión de siete de marzo de dos mil doce, bajo la ponencia del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
CUARTO. El Municipio actor señaló como preceptos violados los artículos 14, 16 y 115, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de siete de junio de dos mil doce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 43/2012 y ordenó turnar el expediente al Ministro que correspondiera, de conformidad con la certificación del turno respectiva, siendo designado como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.
Mediante proveído de ocho de junio de dos mil doce, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo únicamente como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al que ordenó emplazar para que diera contestación a la demanda.
En el mismo proveído ordenó emplazar como terceros perjudicados a los restantes Municipios del Estado de Guanajuato, y dar vista a la entonces procuradora general de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, por conducto del gobernador de esa entidad, al dar contestación a la demanda señaló, esencialmente, lo siguiente:
a) Causas de improcedencia
Se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 20, fracción II, de dicha legislación.
Lo anterior, porque el Municipio actor controvierte constitucionalmente las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que haya emitido el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato para la realización de los descuentos de las participaciones que le corresponden a dicho Municipio del Fondo de Fomento Municipal, por el concepto de "Dap por amparos 70%".
Sin embargo, el plazo para la impugnación de tales actos se rige por el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, siendo que el Municipio actor tuvo conocimiento de tales actos en el momento en que le fueron comunicados vía oficio, por parte de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato; lo que se corrobora con las constancias que acompañó el Municipio actor a su demanda, a través de las cuales se le hicieron de su conocimiento los descuentos realizados en los meses comprendidos entre enero de dos mil nueve a mayo de dos mil doce, así como en la confesión expresa que realiza el representante legal del Municipio en la foja once del escrito inicial de demanda.
En las documentales a que se ha hecho referencia, se hizo del conocimiento de la parte actora los descuentos que se le hicieron y se le indicó el fondo respecto del cual se realizaba el descuento (Fondo de Fomento Municipal); el concepto por el cual se efectuaba el descuento (derechos de alumbrado público Dap por amparos 70%), así como el monto realizado; elementos que, sin lugar a dudas, le permitían conocer al Municipio actor los descuentos realizados en las fechas en que se llevaron a cabo los descuentos respectivos, los que ahora pretende impugnar de forma extemporánea, siendo incorrecta la aseveración de que tales descuentos se conocieron con motivo de la notificación del oficio AM. 173/2012, emitido por la contadora pública María del Rocío Malagón Castro, en su carácter de asesora para Asuntos Municipales del secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Lo expuesto se robustece con el criterio que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 20/2005, el cual resulta aplicable, debido a que los descuentos identificados como "Dap por amparos 70%", fueron efectuados mes con mes sobre los recursos federales del Fondo de Fomento Municipal que debía recibir el actor, situación análoga a la tratada en el precedente y que se reiteró en las controversias constitucionales 100/2008, 131/2008 y 98/2001, de la propia Primera Sala, siendo que la última fue promovida por el Municipio de Santiago Maravatío, por lo que hace a los mismos actos impugnados en esta controversia constitucional.
b) Contestación a los conceptos de invalidez
Las manifestaciones vertidas por el Municipio actor son infundadas. El artículo 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato establece que el Gobierno del Estado es responsable del pago por la prestación del servicio público de alumbrado de los Municipios, atento a los convenios que celebre con la Comisión Federal de Electricidad para el cobro de la contribución especial por servicio público de alumbrado público.
El veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y uno, el Gobierno del Estado celebró convenio con la Comisión Federal de Electricidad y, en razón de ello, se convirtió en gestor del cobro de la contribución respectiva, llevando a cabo la recaudación mediante cobranza realizada a los usuarios del servicio de energía eléctrica, al incluir en los recibos el importe a pagar por la contribución de mérito.
Derivado de la responsabilidad legal que establece el artículo 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, los Tribunales del Poder Judicial de la Federación han establecido en sus sentencias, que al corresponder al Estado la recaudación y administración de los ingresos por concepto de la contribución en comento, éste, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, es la autoridad responsable para devolver las cantidades pagadas por concepto de la mencionada contribución y no los Municipios, dado que a sus arcas no ingresan directamente los pagos por la contribución referida, no obstante que se trata de una contribución de carácter municipal, como se desprende de la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, de rubro: "ALUMBRADO PÚBLICO. LAS TESORERÍAS MUNICIPALES NO SON AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE REGULAN ESA CONTRIBUCIÓN, CUANDO SE EFECTÚA SU PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)."
Luego, considerando que la contribución por alumbrado público tiene el carácter de municipal -y no estatal-, y que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación exigen el cumplimiento de sus resoluciones a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, así como en atención a lo dispuesto por los artículos 105 de la Ley de Amparo y 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, se erige el sistema de cumplimiento de sentencias de amparo como garante de la observancia de la ley y, por ende, de la preservación del Estado de derecho en esta entidad federativa.
El sistema para cumplimentar las sentencias emitidas por los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, que ordenan la devolución de contribuciones pagadas por concepto de servicio público de alumbrado, tiene por objeto acatar lo resuelto en las mencionadas sentencias, evitando causar algún tipo de afectación a los particulares (quejosos) que, en términos de esos fallos, tienen el derecho a recibir la devolución inmediata de las cantidades que hubieran pagado por dicha contribución, en cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24629-acc50421/hacienda-municipal-el-descuento-a-las-participaciones-federales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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