RECLAMACIÓN. PROCEDE IMPONER MULTA AL RECURRENTE BAJO LA HIPÓTESIS DE INTERPOSICIÓN SIN MOTIVO, CUANDO EN LAS CONSIDERACIONES DEL AUTO RECURRIDO SE CITE UNA JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO PARA JUSTIFICAR SU SENTIDO Y QUE NO HA SIDO INTERRUMPIDA.
RECLAMACIÓN 71/2012. JESÚS ÁLVAREZ LUGO, EN REPRESENTACIÓN DE MICRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V. Y OTRO. 11 DE ABRIL DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: HORACIO NICOLÁS RUIZ PALMA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, de la Ley de Amparo, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, en relación con el punto único del Acuerdo Número 8/2003; ambos emitidos por el Tribunal Pleno, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, y el nueve de abril de dos mil tres, respectivamente, en razón de que se interpone en contra de un acuerdo de trámite dictado por el presidente de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. Es procedente el recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:
"Artículo 103. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresen agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. ..."
De la transcripción que precede se advierte que para la procedencia del recurso de reclamación, es necesario que se surtan los requisitos que enseguida se mencionan:
a) Que se interponga contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las Salas que la integran o de los Tribunales Colegiados de Circuito.
b) La interposición del recurso debe ser por escrito y dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada.
En el presente asunto se cumple con el primer requisito, ya que se reclama el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil doce dictado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por Jesús Álvarez Lugo en representación de Micro Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de Javier Álvarez Quiroz.
También se cumple con el segundo requisito relativo a la temporalidad de la interposición del recurso, pues la notificación del referido auto impugnado se realizó personalmente el martes veintiuno de febrero de dos mil doce, tal como se advierte de la constancia que obra a foja 93 del amparo directo en revisión 369/2012, del índice de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Notificación que surtió sus efectos el miércoles veintidós siguiente, por lo que el plazo de tres días que establece el artículo 103 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de reclamación transcurrió del jueves veintitrés al lunes veintisiete de febrero de la referida anualidad, sin contar en el cómputo respectivo los días veinticinco y veintiséis de dicho mes y año por ser inhábiles en términos de lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En esas condiciones, si el recurso de reclamación fue interpuesto el viernes veinticuatro de febrero de dos mil doce, tal como se desprende del sello que obra en el escrito respectivo (foja 6 vuelta del toca 71/2012), se concluye que su interposición fue oportuna.
TERCERO. Para efectos de resolver el presente recurso de reclamación, es necesario transcribir, en la parte que interesa, el acuerdo recurrido:
"México, Distrito Federal, a dieciséis de febrero de dos mil doce. Con el oficio de remisión de los autos y el escrito original de expresión de agravios, fórmese y regístrese el toca de revisión relativo al juicio de amparo directo promovido por los quejosos al rubro mencionados, contra actos del Juez Décimo Séptimo de Paz Civil del Distrito Federal. Acúsese recibo. Ahora bien, como en el caso el apoderado de los citados quejosos hace valer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecinueve de enero de dos mil doce por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 809/2011, y del análisis de las constancias de autos se advierte que en la demanda no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad de una norma de carácter general o se solicitó la interpretación de algún precepto constitucional y, en consecuencia, en el fallo impugnado no se decidió u omitió decidir sobre esa cuestión, ni se estableció la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, es de concluirse que no se surten los supuestos que establecen los artículos 83, fracción V, de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que proceda el recurso que se interpone, razón por la cual debe desecharse. Sirve de sustento la jurisprudencia de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a./J. 149/2007, cuyo rubro es: ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.’; publicada en la página seiscientos quince, Tomo XXVI, agosto de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; así como la jurisprudencia de la Primera Sala de este Alto Tribunal número 1a./J. 101/2010, con el encabezado siguiente: ‘AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. REQUISITOS DE PROCEDENCIA QUE DEBEN SER REVISADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O DE SUS SALAS.’; publicada en la página setenta y una, Tomo XXXIII, enero de dos mil once del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Por otra parte, con fundamento en el último párrafo del artículo 90 de la Ley de Amparo que señala: ‘... Siempre que el presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en sus respectivos casos, el Pleno, o la Sala correspondiente, desechen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario.’; así como en lo dispuesto en el numeral 3o. Bis, párrafo segundo, del ordenamiento citado, que literalmente establece: ‘El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta ley a los infractores que, a su juicio, hubieren actuado de mala fe’; debe imponerse la multa que prevé el primero de los preceptos citados, pues a pesar de tener pleno conocimiento la parte recurrente de que en el caso concreto no se surten los supuestos del artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que en la demanda de garantías no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad de una norma de carácter general ni se solicitó la interpretación de algún precepto de la Constitución General de la República y, por ende, ante esa falta de planteamiento o solicitud en la sentencia recurrida no se decidió u omitió decidir sobre los aspectos señalados ni se realizó la interpretación directa de algún precepto constitucional, revela su mala fe en términos del artículo 3o. Bis, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dado que de la simple lectura de la normativa aplicable se podría advertir la improcedencia del medio de defensa hecho valer, lo que conduce a imponer al apoderado de los quejosos una multa por la cantidad de $1,869.90 (mil ochocientos sesenta y nueve pesos, noventa centavos) equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en la zona geográfica ‘A’ en la fecha que se interpuso el recurso, que era de $62.33 (sesenta y dos pesos, treinta y tres centavos) diarios, y que corresponde a la sanción mínima prevista en el citado numeral. Finalmente, tampoco ha lugar a proveer respecto de las pruebas que se ofrecen, en virtud del sentido del presente auto. En otro orden de ideas, no obsta para la conclusión anterior, la circunstancia de que el recurrente, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 88 de la Ley de Amparo, transcriba en su pliego de agravios la parte de la sentencia recurrida que considera le causa perjuicio, toda vez que de la simple lectura de dicho documento se advierte con claridad que sólo combate cuestiones de mera legalidad. En consecuencia, con apoyo además en lo dispuesto en la primera parte del artículo tercero transitorio del decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once; en los artículos 10, fracción XI, y 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los puntos segundo, fracción I, y primero transitorio del Acuerdo 5/1999 del Pleno de este Máximo Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, se acuerda: I. Tomando en consideración que el presente recurso de revisión que hace valer la parte quejosa, es competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha por improcedente, en virtud de que no se cumplen los requisitos que establecen los artículos 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. Se impone al apoderado de los quejosos una multa por la cantidad de $1,869.90 (mil ochocientos sesenta y nueve pesos, noventa centavos) equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en la zona geográfica ‘A’ en la fecha que se interpuso el recurso, que era de $62.33 (sesenta y dos pesos, treinta y tres centavos) diarios. III. Una vez que cause estado el presente acuerdo, gírese oficio al Servicio de Administración Tributaria, haciéndole saber los datos de localización del promovente, a fin de que proceda a hacer efectiva la multa impuesta, a través de la administración de recaudación que corresponda, en la inteligencia de que deberá informar a este Alto Tribunal acerca de los resultados que obtenga. IV. Si se interpusiera algún medio de defensa en contra de los proveídos emitidos por el suscrito, se autoriza al subsecretario general de Acuerdos de este Alto Tribunal para que, previa certificación que se elabore en la que se haga constar dicha circunstancia, se forme el asunto correspondiente. V. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. VI. Notifíquese; haciéndolo personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en su recurso de revisión, debiéndosele transcribir íntegramente el presente proveído, en la inteligencia que de existir impedimento legal para llevar a cabo la diligencia encomendada, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, con la referida transcripción del presente acuerdo. Cumplido lo anterior, previa certificación que se elabore en la que se haga constar que este acuerdo causó estado, vuelvan los autos al Tribunal Colegiado del conocimiento y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido."
CUARTO. El recurrente expresó en síntesis, como agravios, los siguientes:
• En el agravio cinco de la demanda de amparo, se solicitó la protección de la Justicia Federal, por haber condenado al codemandado Javier Álvarez Quiroz al pago de las prestaciones reclamadas en el expediente 2725/2010, sin que hubiera confesado haber suscrito el documento base de la acción -pagaré 343449-, lo cual en su concepto vulneró el artículo 14 constitucional. Lo anterior -a su decir- se traduce en que sí se le solicitó al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Primer Circuito una interpretación directa de un precepto de la Constitución en relación con la tesis cuya voz es la siguiente: "LOS TÍTULOS DE CRÉDITO SON PRUEBA PRECONSTITUIDA DE LA ACCIÓN."(sic),(1) toda vez que Javier Álvarez Quiroz siempre negó haberse comprometido con el instrumento mercantil "343449" exhibido por la actora en el juicio natural y se le priva de un bien que es su patrimonio familiar condenándosele a su embargo y remate por el solo hecho de haberlo presentado en juicio, sin que exista confesión del demandado de haberlo signado.
• En el juicio de origen, a los quejosos se les dejó en estado de indefensión con motivo de las diversas violaciones procesales ahí suscitadas, las cuales no fueron suplidas por el tribunal de amparo ni por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.(2)
• A foja 88 vuelta del expediente de amparo directo en revisión 369/2012, el presidente de este Alto Tribunal le impone multa, sin considerar que el Tribunal Colegiado evadió decidir sobre la planteada inconstitucionalidad de la ley e interpretar en forma directa el artículo 14 constitucional en relación con la tesis: "TÍTULOS DE CRÉDITO PRUEBA PRECONSTITUIDA DE LA ACCIÓN."
• De autos, se desprende que evitó dicho pronunciamiento, aplicando en su sentencia el dolo, con lo cual violó el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII, del Código Penal Federal, entre otros ordenamientos penales del ámbito federal, así como del fuero común; asimismo, plasmó el artículo 161 de la Ley de Amparo,(3) para no entrar al estudio de toda una serie de violaciones procesales, pero dolosamente dejó de considerar lo dispuesto en la fracción II del propio numeral, e invocó dos tesis intituladas: "VIOLACIONES PROCESALES REPARACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO." y "VIOLACIONES PROCESALES, OBLIGACIÓN DE AGOTAR LOS RECURSOS PARA IMPUGNARLAS EN EL AMPARO DIRECTO."; tesis que no son aplicables a la demanda de amparo directo.
• El Tribunal Colegiado violó el artículo 159 de la ley de la materia,(4) ya que la omisión de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad planteada y la interpretación de un precepto de la Constitución Federal, es un acto consensado de los Magistrados que resolvieron el amparo directo DC. 809/2011, para dejar en estado de indefensión a los quejosos y evitar que el recurso de revisión fuera admitido.
• Señala estar consciente de que lo antes expuesto no compete resolverlo a este Alto Tribunal, pues no es materia del recurso de revisión en amparo directo, pero que lo señala por la trascendencia que conlleva.
QUINTO. Los sintetizados argumentos son infundados.
Es inexacto que en la demanda de amparo se haya hecho un planteamiento de inconstitucionalidad y solicitado la interpretación del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, los conceptos de violación no contienen un planteamiento de inconstitucionalidad; sustancialmente se dice que la condena a Javier Álvarez Quiroz al pago de las prestaciones reclamadas en el juicio ejecutivo mercantil 2725/2010, quien no confesó haber suscrito el documento base de la acción, transgrede el artículo 14 constitucional y sobre ese tema se hacen múltiples manifestaciones de legalidad; sin embargo, en sus motivos de disenso nunca expuso la necesidad de que se hiciera una interpretación directa a dicho precepto, ni señaló cual debía ser ésta; por otro lado, el Tribunal Colegiado sólo resolvió en el sentido de que los preceptos constitucionales invocados en la demanda de amparo fueron respetados, quien dicho sea de paso no realizó ni desentrañó, esclareció o reveló el sentido de la norma atendiendo a la voluntad del Poder Reformador o al sentido lingüístico, lógico u objetivo de las palabras con el fin de descifrar su auténtico significado, o se prevalió de aspectos históricos, políticos, sociales y económicos para fijar su alcance.
En resumen, basta con imponerse de la demanda de amparo para advertir que no existió planteamiento que obligara al Tribunal Colegiado a pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de alguna ley o la interpretación de algún precepto constitucional.
Por otro lado, todos sus agravios son de legalidad, donde le atribuye al Tribunal Colegiado violaciones de ese tipo, sin que sea acertado que en suplencia de la queja en el amparo directo en revisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga la obligación de reparar las violaciones procesales que a decir de los quejosos tuvieron lugar en el juicio de origen y que no fueron subsanadas por el Tribunal Colegiado, pues ese no es el espíritu del presente recurso.
Así las cosas, es inconcuso que los argumentos relativos a que el Tribunal Colegiado dolosamente evitó analizar las cuestiones de constitucionalidad planteadas en la demanda de garantías, con lo cual dejó en estado de indefensión a los quejosos, pierden sustento.
Son aplicables, la jurisprudencia emitida por esta Primera Sala,(5) así como la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala,(6) que se citan a continuación:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER. La impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley. En este orden, a la parte quejosa, dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, incumbe la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. Así la situación, deberá considerarse carente de la conformación de un verdadero concepto de violación, la simple enunciación como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y un específico derecho tutelado por la Norma Constitucional en su texto y alcance correspondientes."
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. CUANDO EL PLANTEAMIENTO LO HACE IMPROCEDENTE.-Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, de la Ley de Amparo, 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la procedencia del recurso de revisión contra resoluciones que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que en ellas se decida sobre un planteamiento de inconstitucionalidad, o bien, que habiéndose hecho valer un concepto de violación en ese sentido, se hubiera omitido su estudio. Ahora bien, un planteamiento de inconstitucionalidad, como requisito de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, consiste en hacer valer en la demanda de garantías conceptos de violación encaminados a evidenciar la contrariedad que resulta del análisis comparativo entre un precepto secundario y uno de rango constitucional, o bien, en manifestar la necesidad de interpretar un precepto constitucional. En ese sentido, la omisión de dar respuesta al planteamiento formulado en la demanda, mediante el cual se solicita al Tribunal Colegiado de Circuito que realice la interpretación directa de un precepto de la Constitución, bajo el argumento de que es necesaria para establecer el alcance que debe darse a una norma secundaria, no constituye un aspecto que atañe a la interpretación directa de un precepto de la Constitución General de la República, pues tal aseveración no está encaminada a exponer la necesidad de interpretar un precepto constitucional, ni a evidenciar la contrariedad entre un precepto secundario y uno constitucional. Por consiguiente, el hecho de que en la sentencia recurrida se omita realizar una interpretación constitucional en esos términos, no implica que se surta el presupuesto para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo."
En otro orden de ideas, fue legal que el presidente de este Alto Tribunal haya impuesto la multa al recurrente, porque, además de ser notorio que la sentencia impugnada no contiene decisión sobre la constitucionalidad de una ley ni la interpretación directa de un precepto de la Constitución, es evidente su mala fe pues el mismo reconoció estar consciente que lo que expuso no compete resolverlo a este Alto Tribunal al no ser materia del recurso de revisión en amparo directo.
SEXTO.-Corresponde ahora determinar si procede aplicar a la parte reclamante la multa prevista en el último párrafo del artículo 103 de la Ley de Amparo que dispone:
"Artículo 103. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito.
"...
"Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario."
De dicho precepto se desprende que la multa en cuestión debe aplicarse cuando se determine que el recurso de reclamación se interpuso sin motivo, como sucede en este caso, pues no obstante que en el acuerdo combatido se le dijeron claramente a la parte recurrente las razones por las cuales resultaba improcedente dicho recurso y el fundamento constitucional y jurisprudencial en que se sustentaba la determinación, el recurrente insistió en lo contrario, con argumentos dogmáticos para apoyar su pretensión, alargando indebidamente el procedimiento y obstaculizando así la administración de justicia.
Consecuentemente, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, procede imponer a Jesús Álvarez Lugo, apoderado de los quejosos, una multa de diez días de salario mínimo vigente en el momento de la interposición del recurso, que es de $62.33 (sesenta y dos pesos 33/100 M.N.), equivalente a la cantidad de $623.30 (seiscientos veintitrés pesos 30/100 M.N.), que corresponde a la mínima.
Se invoca el criterio emitido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita a continuación:(7)
"RECLAMACIÓN. PROCEDE IMPONER MULTA AL RECURRENTE BAJO LA HIPÓTESIS DE INTERPOSICIÓN SIN MOTIVO, CUANDO EN LAS CONSIDERACIONES DEL AUTO RECURRIDO SE CITE UNA JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO PARA JUSTIFICAR SU SENTIDO Y QUE NO HAYA SIDO INTERRUMPIDA.-Conforme a los artículos 3o. Bis y 103, último párrafo, de la Ley de Amparo, cuando se estime que el recurso de reclamación se interpone sin motivo, se impondrá al recurrente o representante, a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica correspondiente al momento de realizarse la conducta sancionada. Por tanto, dicha sanción debe aplicarse cuando en las consideraciones del auto recurrido se cita una jurisprudencia ininterrumpida que, por ser exactamente aplicable al caso, justifica su sentido. En este supuesto, el recurrente decide instar, contando con un elemento que le anticipa el sentido de la sentencia de reclamación; por lo que si a pesar de ello controvierte el auto, a sabiendas del posible resultado, debe entenderse que ello denota un uso excesivo de ese medio impugnativo con fines dilatorios."
Dicha sanción deberá hacerse efectiva por conducto del Servicio de Administración Tributaria a través de la administración local de recaudación competente, a la que deberá enviarse el oficio correspondiente, debiendo informar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las gestiones realizadas para tal efecto.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, la siguiente jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal:(8)
"MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE.-Del examen sistemático de lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., fracciones I, IV y XIII, y tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se advierte que con el establecimiento del Servicio de Administración Tributaria se creó un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal, encargado de manera especial y exclusiva, entre otras funciones, de las concernientes a la determinación, liquidación y recaudación de las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios, y se reservó a la Tesorería de la Federación el carácter de asesor y auxiliar gratuito del mencionado órgano. Por otro lado, conforme a lo establecido en los artículos 2o., 20, fracciones XVI, XVII, XXIII, LII, párrafos tercero y penúltimo, y 22 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, la Administración General de Recaudación es la unidad administrativa encargada de recaudar directamente o a través de sus oficinas autorizadas, las contribuciones, los aprovechamientos, las cuotas compensatorias, así como los productos federales, y de concentrarlos en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Tesorería de la Federación, de acuerdo con los artículos 11, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; dicha Administración cuenta con facultades para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que respecto del cobro de créditos fiscales derivados de aprovechamientos federales establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, al igual que cuenta con los servicios de las Administraciones Locales de Recaudación que ejercen esas facultades dentro de una circunscripción determinada territorialmente. Atento lo anterior, corresponde a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquél en el que pueden cobrársele, hacer efectivas las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación."
Al haber resultado infundado el recurso de reclamación, lo procedente es confirmar el acuerdo de presidencia recurrido.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es infundado el recurso de reclamación a que este toca se refiere.
SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil doce dictado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 369/2012.
TERCERO.-Se impone multa a Jesús Álvarez Lugo, apoderado de los quejosos, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de la misma y en su oportunidad, archívese el toca relativo al presente recurso de reclamación, como asunto concluido.
Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
_________________
1. Al parecer la tesis a que alude es la siguiente: "TÍTULOS EJECUTIVOS. SON PRUEBA PRECONSTITUIDA.-Los documentos a los que la ley concede el carácter de títulos ejecutivos, constituyen una prueba preconstituida de la acción." Consultable en la Quinta Época, Apéndice de 1988; Parte II, Materia Civil, tesis 1962, página 3175, jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. "Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: ... VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23659-4599cdc9/reclamacion-procede-imponer-multa-al-recurrente-bajo-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ALEGATOS EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL NO ESTAR EXPRESAMENTE REGULADOS EN LA LEY DE AMPARO, NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO)
- DERECHOS. EL ARTÍCULO 289, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER EL CÁLCULO DEL MONTO A PAGAR EN FUNCIÓN DE LA ENVERGADURA DE LAS AERONAVES, NO TRANSGREDE LOS PRINC (AMPARO EN REVISIÓN)
- DERECHOS POR INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD O POSESIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAH (AMPARO EN REVISIÓN)
- CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA CO (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER.- (106)
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER. (214)
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER. (1a./J. 58/99)
- REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA QUE PROCEDA ESE RECURSO ES NECESARIO QUE LA NORMA QUE SE TILDA DE INCONSTITUCIONAL SE APLIQUE AL QUEJOSO EN SU PERJUICIO Y EL PLANTEAMIENTO DE INCO (1a. XXXIX/2014 (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis