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ACUERDOS GENERALES 21/2007 Y 43/2008, AMBOS DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. VAN MÁS ALLÁ DE LO QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS. CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA ESTABLECER, EN ACUERDOS GENERALES, REQUISITOS QUE NO PREVÉ LA LEY DE AMPARO. RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO VÍA ELECTRÓNICA. CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3o., 86 Y 88 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 15/2011. · Registro digital (IUS): 23727
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS, EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRAS AUTORIDADES.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Pág. 1565.

RECLAMACIÓN 15/2011. SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS, EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRAS AUTORIDADES. 24 DE MAYO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: EDUARDO LÓPEZ PÉREZ. PONENTE: SERGIO JAVIER COSS RAMOS. SECRETARIA: MARÍA EUGENIA URQUIZA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los agravios propuestos por la autoridad recurrente son infundados y otros inoperantes, con base en la siguiente argumentación fáctica y jurídica:

En efecto, se estima que el acuerdo que desechó los recursos de revisión presentados vía electrónica, se encuentra ajustado a derecho, ya que se estableció que carecían de la firma autógrafa de las autoridades recurrentes, en contravención de lo dispuesto por los artículos 3o., 86 y 88 de la Ley de Amparo, que establecen que los recursos de revisión deben interponerse por escrito, por conducto del Juez de Distrito y que, con el escrito de agravios, el recurrente debe exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes.

Para dar sustento a la premisa anterior, es conveniente traer a cuenta los artículos 3o., 86 y 88 de la Ley de Amparo, así como los Acuerdos Generales 21/2007 y 43/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el medio de difusión oficial el siete de junio de dos mil siete y once de septiembre de dos mil ocho.

Ley de Amparo.

"Artículo 3o. En los juicios de amparo todas las promociones deberán hacerse por escrito, salvo las que se hagan en las audiencias y notificaciones, así como en las comparecencias a que se refiere el artículo 117 de esta ley.

"Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo, directo o indirecto, no causarán contribución alguna."

"Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá por conducto del Juez de Distrito, de la autoridad que conozca del juicio, o del Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de amparo directo. El término para la interposición del recurso será de diez días, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida.

"La interposición del recurso, en forma directa, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, no interrumpirá el transcurso del término a que se refiere el párrafo anterior."

"Artículo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el cual el recurrente expresará los agravios que le cause la resolución o sentencia impugnada.

"Si el recurso se intenta contra resolución pronunciada en amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, el recurrente deberá transcribir, textualmente, en su escrito, la parte de la sentencia que contiene una calificación de inconstitucionalidad de la ley o establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

"Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes.

"Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que presente las omitidas, dentro del término de tres días; si no las exhibiere, el Juez de Distrito, la autoridad que conozca del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada por éste en amparo directo, tendrán por no interpuesto el recurso."

De los numerales preinsertos se obtienen los siguientes supuestos jurídicos tratándose del juicio de amparo:

a) Todas las promociones deberán hacerse por escrito, salvo las que se realicen en audiencias y notificaciones.

b) El recurso de revisión se interpondrá por conducto del Juez de Distrito o autoridad que conozca del juicio.

c) El término para la interposición de la demanda será de diez días.

d) El recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el cual expresará los agravios que le cause la resolución impugnada.

e) Con el escrito de agravios se deberá exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes.

f) Si faltaren total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que presente las omitidas, dentro del término de tres días; si no las exhibiere, el Juez de Distrito, la autoridad que conozca del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada por éste en amparo directo, tendrán por no interpuesto el recurso.

Ahora, la normativa contenida en el Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil siete, señala:

Ver Acuerdo General 21/2007

En el acuerdo previamente inserto el Consejo de la Judicatura indica el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), señalando en el considerando séptimo, que los avances tecnológicos le han permitido contar con el medio electrónico donde se incluye la configuración del expediente virtual, es decir, una copia digitalizada de las constancias de autos del expediente real y el uso de una firma electrónica para todos los que intervienen en los procedimientos judiciales, este medio de comunicación puede aprovecharse para enviar y recibir todo tipo de comunicaciones, promociones y documentos que se almacenarán para consulta de acuerdo con los procedimientos jurisdiccionales que establecen las leyes de la materia, expidiéndose constancia de recibo y entrega.

En el considerando octavo, señala que el medio electrónico en comento contendrá toda la información de los expedientes en los juicios que conocen los órganos jurisdiccionales, de manera que las partes, los terceros interesados, los auxiliares de la administración de justicia o personas autorizadas por los órganos jurisdiccionales puedan consultar en forma inmediata lo que legalmente les corresponda.

En el considerando décimo establece que las partes, los terceros interesados, los auxiliares de la administración de justicia o personas autorizadas por los órganos jurisdiccionales tengan acceso al expediente electrónico de su interés contenido en el sistema, es necesario que estén autorizadas por el órgano jurisdiccional con una clave personal que se denominará Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y que producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

El formato incluirá la protesta de decir verdad de que los datos asentados en el mismo son ciertos y que pueden verificarse, bajo la pena de incurrir en el delito de falsedad de declaraciones dadas a una autoridad judicial en caso de ser falsos, así como su aceptación de que la clave otorgada es intransferible, que el uso de ésta es de su exclusiva responsabilidad y, por considerarse una firma electrónica avanzada, debe equipararse a su firma estampada en original.

El formato contendrá la manifestación de voluntad de que al usar su clave como Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), para ingresar al sistema y abrir los archivos que contengan acuerdos o resoluciones, se hace sabedor de éstos en la fecha y hora que lo haga, independientemente del día en que se fijen las listas con las publicaciones en los estrados o los rotulones en las puertas de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, según corresponda.

De igual manera, el Acuerdo General 43/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 15/2008 del propio Pleno relativo al inicio de funciones de los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, con jurisdicción en la República Mexicana, para notificar la sentencia y recibir recursos por medio electrónico con utilización de la firma electrónica, dispone:

Ver Acuerdo General 43/2008

En lo que interesa el acuerdo en mención refiere en el considerando sexto que las partes, los terceros interesados, los auxiliares de la administración de justicia o personas autorizadas por los órganos jurisdiccionales tengan acceso al expediente electrónico de su interés, se implementó en el Acuerdo General 21/2007 del propio Consejo, el uso de una clave personal denominada "Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE)", que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

En el acuerdo general en mención se previene que a virtud de que en los informes estadísticos de las oficinas de correspondencia común y oficialías de partes de los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, fue posible advertir la promoción de una gran cantidad de juicios de amparo indirecto promovidos contra la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, se estima que la utilización de la firma electrónica (FESE) podría emplearse para facilitar la notificación de las sentencias que se emitan, así como la interposición de los recursos mediante el uso de medios electrónicos con los que cuentan los órganos jurisdiccionales federales y a los que pueden acceder los justiciables.

Cuando las partes que cuenten con Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), hayan consultado la sentencia y transcurra el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, si alguna o algunas de ellas interpusieran el recurso de revisión, el Juez de Distrito Auxiliar emitirá el acuerdo correspondiente para hacerlo del conocimiento de las demás partes por la misma vía electrónica, y reservará la notificación a las que no cuenten con dicha firma electrónica para que la lleve a cabo el Juzgado de Distrito de origen en cuanto le sean devueltos los autos.

El órgano jurisdiccional auxiliar devolverá al Juzgado de Distrito de origen los autos y, en formato impreso y electrónico, previa certificación del secretario judicial que corresponda, la sentencia y, en su caso, las constancias de consulta y el escrito o escritos de expresión de agravios relativos al recurso o recursos que hubieren interpuesto las partes, así como las constancias de consulta relativas a la tramitación del recurso de revisión.

Ahora bien, de la interpretación armónica y sistemática de las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, en correlación con los Acuerdos Generales 21/2007 y 43/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el procedimiento contenido en cuanto al trámite del recurso de revisión va más allá de la voluntad del legislador, ya que existe una contravención evidente entre lo que establece la ley y los aludidos acuerdos.

Lo anterior, porque si bien los aludidos acuerdos no suprimen la obligación de que los documentos lleven firma de quien promueve, lo cierto es que implementa un aspecto que no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo, como lo es la promoción de un recurso de revisión mediante vía electrónica e, incluso, que la firma autógrafa se sustituya de igual manera electrónicamente, dejando en desuso la diversa disposición de que se aportaren las copias para cada una de las partes; supuestos jurídicos que como se vio, no se encuentran contemplados en la ley reglamentaria.

En el caso, la litis se constriñe a analizar la aplicabilidad o validez de los Acuerdos Generales 21/2007 y 43/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en ese análisis debe atenderse que la tarea de vigilancia que atañe al Consejo de la Judicatura Federal no comprende funciones jurisdiccionales y, por consiguiente, no debe establecer procedimientos para el trámite de los recursos en el juicio de amparo, dada la naturaleza jurisdiccional de éstos.

En efecto, el Consejo de la Judicatura Federal constitucionalmente, es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones y tiene facultades para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones, pues así lo disponen los artículos 94, párrafo segundo y 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, de la distinción entre la labor jurisdiccional y las facultades de naturaleza administrativa, se advierte que no se otorgaron al Consejo de la Judicatura Federal atribuciones de orden jurisdiccional en las causas naturales y, por ende, le está vedado inmiscuirse en la tarea jurisdiccional.

Así, al contener los Acuerdos Generales 21/2007 y 43/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, disposiciones contrarias a las que se establecen en los artículos 3o., 86 y 88 de la Ley de Amparo para la promoción de los recursos de revisión, corresponde al Tribunal Colegiado analizar la validez de tales acuerdos pues, ante su discrepancia con la ley, no resultan obligatorios sólo por haberse emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del que se reconoce superioridad en el orden administrativo.

Al respecto, es importante destacar que para el trámite de los asuntos que son competencia del Tribunal Colegiado, los Magistrados de Circuito se encuentran constreñidos a observar las disposiciones legales aplicables y de ninguna manera subordinados al Consejo de la Judicatura Federal en el desarrollo de la actividad jurisdiccional y, por tanto, el Consejo de la Judicatura Federal no puede, so pena de inmiscuirse en cuestiones jurisdiccionales, establecer formas o métodos para llevar a cabo ese trabajo.

Es aplicable en esta parte de la ejecutoria, la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro IUS 165307, en la Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 12, tesis P. XXVI/2010, tesis aislada. Materia(s): Constitucional, que dispone:

"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO GUARDA UNA RELACIÓN DE JERARQUÍA NI DE DEPENDENCIA CON LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Conforme a los artículos 94 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que, conforme a las bases previstas en dicho ordenamiento fundamental, establezcan las leyes, y cuenta con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. En consecuencia, si se trata de un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación con funciones distintas a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues sus atribuciones no están encaminadas a resolver jurisdiccionalmente conflictos, sino que posee facultades de organización interna y de administración, reglamentarias, de designación, de organización, de disciplina y carrera judicial, es indudable que no existe una relación jerárquica entre el indicado Consejo y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y menos aún de dependencia o sumisión de éstos en relación con aquél en el desarrollo de sus funciones."

Al respecto, cabe señalar que no se está en desacuerdo con el avance tecnológico y que por dicho motivo el Consejo de la Judicatura Federal se preocupe, que ante situaciones extraordinarias, como lo son la presentación de gran cantidad de recursos, trate de dar cierta atención especial, prioridad si es el caso y expeditez, empero, dichos acuerdos no deben alterar el procedimiento establecido en la Ley de Amparo ya que, con ello, dicho órgano administrativo asume funciones de orden legislativo que no le corresponden y, peor aún, jurisdiccional.

Cierto, en el acuerdo de desechamiento se hizo referencia a que el Acuerdo General 21/2007 se refería a la promoción dentro del incidente pero no a la presentación de recursos, además de que en el Acuerdo General 43/2008 se hace referencia a que éste sí lo permite; empero, se insiste en que no se supera el argumento fundamental hecho valer en el acuerdo desechatorio, consistente en que el recurso debe presentarse directamente ante el Juez de Distrito, por escrito, debidamente firmado, con las copias para todas las partes.

Luego, se está en presencia de un problema de jerarquización y no de interpretación, ya que los Acuerdos Generales 21/2007 y 43/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sí van más allá de la voluntad del legislador, pues establecen el uso de la firma electrónica y permiten que los recursos de revisión se interpongan de esta manera, en contravención a lo dispuesto en los artículos 3o., 86 y 88, todos de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, en los juicios de amparo el recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresen los agravios que le cause la resolución impugnada; por conducto del Juez de Distrito; y "el recurrente deberá exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes".

Dice el precepto: "Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que presente las omitidas, dentro del término de tres días; si no las exhibiere, el Juez de Distrito, la autoridad que conozca del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada por éste en amparo directo, tendrán por no interpuesto el recurso".

En cuanto al primer requisito, consistente en que el escrito de agravios se presente por escrito, como se destacó en el auto impugnado, la firma autógrafa constituye una formalidad que debe darse a todo acto jurídico que debe constar por escrito. Ello, en razón de que la expresión clara de la voluntad por parte de quien lo suscribe se expresa a través de la firma autógrafa y en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de garantías se sustanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en la propia ley.

Aunado a lo anterior, el artículo 3o. de la Ley de Amparo, claramente prevé que todas las promociones tendrán que presentarse por escrito y el diverso 87 de la citada legislación indica que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se reclama, por tanto, era indispensable la expresión de desacuerdo de la autoridad mediante la presentación por escrito de su recurso, conteniendo firma autógrafa como expresión de voluntad al estar en desacuerdo con la resolución constitucional.

En relación con el segundo requisito, consistente en que el escrito de agravios se presente por conducto del Juez de Distrito, debe atenderse que conforme al artículo 277 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, los interesados pueden presentar una copia más de sus escritos, para que se les devuelva firmada y sellada por el secretario, con anotación de la hora y fecha de presentación, lo que en el caso no aconteció porque el escrito de agravios se presentó vía electrónica y no por escrito y por conducto del Juez de Distrito.

En los acuerdos generales que se invocan se desatiende que conforme al artículo 88, tercer párrafo, de la Ley de Amparo "el recurrente deberá exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes", requisito que no se cumplió al presentar el escrito de agravios vía electrónica.

Si bien la omisión en el número de copias no amerita el desechamiento del recurso, sino que se prevenga al promovente, lo cierto también es que, en el caso, no se hizo tal requerimiento, así, al no haberse exhibido las copias de los agravios, en términos del propio precepto legal, el Juez de Distrito se encontraba obligado a tener por no interpuesto el recurso.

Por tanto, es evidente que el contenido de los acuerdos generales aludidos no complementan las disposiciones legales invocadas, pues por las razones expuestas, es evidente que no solamente van más allá de lo establecido en ellas, sino que las contrarían.

En lo particular, los juzgadores, ante la contrariedad de una ley, deben decidir cuál es la que resulta aplicable.

Bien, como se sostiene en el acuerdo impugnado, los recursos de revisión deben interponerse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o., 86 y 88 de la Ley de Amparo, por escrito ante el Juzgado de Distrito y un hecho insoslayable lo constituye que el recurso de revisión no cumplió con tales requisitos indispensables, para tenerlo por interpuesto, ya que no se hizo llegar por escrito, y al remitirse por vía electrónica, no se acompañaron las copias para cada una de las partes contendientes en el juicio de garantías, como lo exige el artículo 88 de la Ley de Amparo.

Se reitera que se está de acuerdo con el avance tecnológico para implementar éste y mejores métodos para expeditar los procedimientos; sin embargo, mientras el legislador no modifique la ley, no puede hacerse mediante acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, ya que no pueden incorporarse a la ley circunstancias que, so pretexto de una mejor mayor y mejor impartición de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal crear figuras que no se encuentran previstas específicamente en la Ley de Amparo, máxime si con ello se deja de atender el ordenamiento aplicable, como es, en el caso de que no se remiten las copias suficientes para correr traslado a las demás partes.

Al respecto, no pasa inadvertido que en el proyecto para la emisión de la nueva Ley de Amparo que se pretende discutir en el Senado de la República se reconoce, precisamente, la modificación a los invocados preceptos para establecer la firma autógrafa con la firma electrónica. Si así fuera, en la discusión de la nueva ley no habría necesidad de hacer esta modificación.

En otro aspecto, entre el Consejo de la Judicatura Federal y los Magistrados que integran los Tribunales Colegiados se destaca no existe un orden jerarquizado de naturaleza jurisdiccional, toda vez que las atribuciones de aquél se encuentran plenamente delimitadas en la Ley Fundamental, al encomendarle una actividad meramente administrativa con singulares funciones de vigilancia y sanción, lo que hace evidente que no existan jerarquías orgánicas al interior del Poder Judicial, sino fundamentalmente una distribución de funciones, de acuerdo con los artículos 68 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a los cuales el Consejo de la Judicatura Federal, es un órgano administrativo que, incluso, debe velar, en todo momento, por la autonomía de los órganos del Poder Judicial Federal y por la independencia e imparcialidad de los miembros de este último, con exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral.

Estas consideraciones se establecieron por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. VII/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 69, del tenor literal siguiente:

"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO ES UN ÓRGANO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.-De la interpretación integral de lo dispuesto en los artículos 94 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 68 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se desprende que el Consejo en cita es un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, con funciones distintas a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las del Tribunal Electoral, a las de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y a las de los Juzgados de Distrito, por lo que entre aquel órgano y éstos no existe un orden jerarquizado de naturaleza jurisdiccional, toda vez que sus atribuciones están plenamente delimitadas por la mencionada Constitución Federal, al encomendar a tal Consejo una actividad meramente administrativa con singulares funciones de vigilancia y sanción. Lo anterior se confirma con el contenido de la exposición de motivos de seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, así como del dictamen de veintisiete de abril siguiente elaborado en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de su discusión, respecto de la reforma al citado artículo 94 de la Constitución Federal, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del mencionado año, en el sentido de que la modificación introducida en este precepto precisa el sentido de las reformas constitucionales de 1994, en tanto hace evidente que no existen jerarquías orgánicas al interior del Poder Judicial, sino fundamentalmente una distribución de funciones."

En esos términos, las reglas respecto a la promoción de los recursos que impone el Consejo de la Judicatura Federal, conllevan una actuación radicalmente distinta al contenido de los artículos 3o., 86 y 88 de la Ley de Amparo, que establecen de manera categórica que en los juicios de amparo el recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresen los agravios que le cause la resolución impugnada, por conducto del Juez de Distrito; del mismo modo "el recurrente deberá exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes".

No se desconoce que el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al artículo 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene facultades para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones; sin embargo, lo cierto es que por disposición expresa del artículo 100, octavo párrafo, de la Carta Magna, dicha facultad invariablemente se encuentra supeditada a lo que establezcan las leyes y en el caso, los artículos 3o., 86 y 88, de la Ley de Amparo, establecen de manera categórica que en los juicios de amparo el recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresen los agravios que le cause la resolución impugnada, por conducto del Juez de Distrito, y con una copia para cada una de las partes.

Más aún, porque en términos de lo dispuesto en el artículo 100, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Consejo de la Judicatura Federal estuviera en aptitud de autorizar la recepción de los recursos por medio electrónico con utilización de la firma electrónica (FESE); la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que habérselo solicitado así, por considerar, esta última, que ese procedimiento es necesario para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. Además de que, conforme al propio precepto constitucional invocado, "la ley" establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de esas atribuciones.

Por tanto, aun cuando en el Acuerdo 43/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula entre otras cuestiones vinculadas con el ejercicio propio de la función jurisdiccional de los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, se invocó como fundamento para su emisión el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que dicho acuerdo no hace alusión alguna a que, conforme a la ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya solicitado al Consejo de la Judicatura Federal, regulara lo atinente a la oportunidad de presentar recursos de revisión por medios electrónicos, a través del uso de la firma electrónica, sin atender lo dispuesto en los artículos 3o., 86 y 88 de la Ley de Amparo, que regulan la forma en que debe interponerse tal recurso.

Finalmente, en la interpretación y aplicación de las normas de observancia general que rigen a los órganos del Poder Judicial de la Federación, se permite a los titulares juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a él, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables, conforme lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XV/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 13, del tenor literal siguiente:

"CARRERA JUDICIAL. EN LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE RIGEN A LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL DEBE ARRIBARSE A UNA CONCLUSIÓN QUE SEA ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, EXCELENCIA, OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD Y PROFESIONALISMO.-Conforme a lo establecido en el artículo 100, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ley debe establecer las bases para el desarrollo de la carrera judicial, la cual debe regirse por los principios citados en el rubro. En ese tenor, al fijar el alcance de la regulación de los órganos del Poder Judicial de la Federación debe arribarse a una conclusión que permita a los titulares de esos órganos juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a él, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables, por las razones que el derecho les suministra y no por las que deriven de su modo personal de pensar o de sentir, y que, inclusive dé lugar a un marco jurídico que fomente el ejercicio responsable y serio de la función jurisdiccional así como las virtudes judiciales consistentes en humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, per

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23727-c10b711b/acuerdos-generales-21-2007-y-43-2008-ambos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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